Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El lunes 22 de noviembre a las tres de la tarde, una docena de hombres con fusiles de asalto M4 y prendas de color verde oscuro, sin ningún distintivo o insignia oficial, llegaron al caserío de Guachal, en jurisdicción del Litoral del San Juan, Chocó.
A la misma hora través de varios trinos desde su cuenta de Twitter oficial, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló que el objetivo de las operaciones miliares en esa zona era alias ‘Schumager’ o ‘Marlon’, un mando medio del Ejército de Liberación Nacional (Eln) acusado por la Fiscalía de delitos graves como el asesinato del reincorporado de las Farc Robert Hurtado y del secuestro del excongresista Odín Sánchez. Un francotirador neutralizó a ‘Schumager’, quien recibió un tiro cuando se encontraba en el corredor de una casa abandonada. La versión de los vecinos sugiere que ‘Schumager’ fue rematado en el suelo, ya herido y sin capacidad de defenderse. Un experto en criminalística consultado explicó que los cambios del color de la sangre en la madera de la casa indican que son producto de dos momentos diferentes, lo que da fuerza a esta versión.
El resto del comando se trenzó en un tiroteo con otros guerrilleros que se dieron a la fuga en medio de la presencia de civiles, en una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario por parte de ambos actores. Esta ha sido una petición constante del Consejo Comunitario General del San Juan y otras organizaciones chocoanas, que en una iniciativa conocida como el Acuerdo Humanitario Ya! han exigido al Eln y al Ejército colombiano no ocupar los poblados y caseríos.
Además: Desplazamiento forzado en Colombia: 198 % mayor que en 2020
Todo esto ocurrió en medio de las casas de madera, poniendo en riesgo a los habitantes del caserío que se resguardaron en las pocas viviendas de cemento de Guachal. Los hombres que ejecutaban el operativo detonaron una granada junto a la casa de las hermanas González: las esquirlas y las balas quedaron incrustadas en paredes, techos y una pipeta de gas.
De acuerdo con las versiones de los habitantes, los hombres dispararon contra algunos civiles sin herirlos, capturaron a un muchacho y lo golpearon, mientras otros sacaban arrastrado el cuerpo de ‘Schumager’ hasta un terreno lejos de las casas, donde media hora más tarde fueron evacuados por tres helicópteros militares.
Al día siguiente, 23 de noviembre, el ministro Molano anunció en otro tuit que había sido abatido alias Schumager, advirtió que “ahora este criminal ya no podrá extorsionar, asesinar y desplazar”. Molano no dio más detalles de la baja.
Un detalle llamó la atención de los pobladores: los hombres tenían la barba y el cabello crecido, llevaban machetes, calzaban botas pantaneras y no portaban ninguna insignia oficial, ni uniformes reconocibles como del Ejército o la Policía. Además, se rehusaron a identificarse cuando la comunidad los rodeó y les reclamó por haber desatado un combate en medio de sus casas, dicen las versiones. Todo esto puede apreciarse en un video grabado por los mismos pobladores.
En el contexto del Chocó lo anterior podría constituirse como una violación a la norma 62 del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, que prohíbe el “uso indebido de las banderas o los emblemas militares, las insignias o los uniformes del adversario”. En esa zona históricamente ha habido una práctica común entre guerrilleros y paramilitares para utilizar prendas verdes y oscuras sin distintivos, lo que no permite a la población civil saber con qué actor armado están tratando.
También le puede interesar: Los focos del conflicto armado en Colombia durante el 2020 según Indepaz
El uso de prendas civiles por parte de los combatientes no está estrictamente prohibido, sin embargo, de acuerdo con Toni Pfaner, editor de la revista de la Cruz Roja, “para proteger a la población civil, el uniforme militar puede y debe jugar un rol importante para satisfacer la exigencia del principio de distinción de la población no combatiente”.
Según el Comando General de las Fuerzas Armadas “al lugar de los hechos de manera inmediata fueron insertados los efectivos de Policía Judicial para la realización de los actos urgentes”, lo que en palabras comunes significa el levantamiento del cadáver con acordonamiento del área para recoger pruebas. Pero la comunidad sostiene que los hechos no ocurrieron así y que el cuerpo fue sacado a rastras del lugar, como puede evidenciarse en algunos videos.
“En las reuniones que se han hecho de justicia transicional, los mandos militares y el mismo viceministro del Interior han asumido la responsabilidad de los hechos que han ocurrido, en el sentido de decir que son operativos ordenados desde la Presidencia. El temor de la comunidad es que estos operativos hacen un daño a la comunidad y ese daño está muy lejos de ser reconocido o ser reparado por el Estado”, manifestó Kleider Andrés Palacios, personero del Litoral del San Juan, agregando que esos operativos “los han puesto en peligro y ha generado una alteración, sobre todo en los niños y los adultos mayores” agregó.
“La protesta de nosotros es por eso, porque fue dentro del pueblo” explica Jazmín González, profesora de un caserío vecino. “Tienen que entender que este es nuestro territorio. Es como si usted tuviera su casa y cualquiera puede entrar y salir, y usted no puede preguntar”.
González puntualiza que no es la primera vez que el Ejército realiza operativos irregulares en la zona: “lo hemos venido denunciando consecutivamente, se presenta un grupo de personas que nosotros pensamos que es el Ejército, porque llegan helicópteros después, pero no podemos llamarlos militares porque no tienen una identificación. Ese es nuestro temor, no sabemos con quién nos estamos enfrentando”.
Colombia+20 conoció denuncias similares en el río San Juan por lo menos desde junio de 2021, cuando un grupo de militares se presentó en la vereda Montebravo disparando a las viviendas, robando enseres y dinero en efectivo. Según los pobladores este grupo portaba brazaletes blancos y rojos haciéndose pasar por miembros de una disidencia de las Farc. Estas denuncias fueron confirmadas con informes y comunicados de la Personería de Istmina, la Defensoría del Pueblo, la Red de Derechos Humanos del Pacífico y el Consejo Comunitario General del San Juan, quienes han realizado varias visitas de verificación.
A mediados de septiembre ocurrió otro hecho cerca al caserío Corriente Palo, donde hombres que fingieron ser miembros del Eln dijeron a varios pobladores que no cruzaran un camino porque iban a instalar minas antipersonal. No obstante, los vecinos notaron que luego estos mismos sujetos eran evacuados por un helicóptero militar.
Esta denuncia la hicieron los habitantes de ese caserío delante de funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, la Misión de Verificación de la OEA y el obispo de Istmina, monseñor Mario Álvarez, en el marco de la Caravana Humanitaria que recorrió el río San Juan entre el 11 y el 15 de octubre de este año.
Dependiendo de las circunstancias, los operativos irregulares podrían incluir un elemento de perfidia, es decir, el engaño en el marco de las hostilidades para infringir un daño al enemigo. Además, podrían violar los propios principios del Ejército establecidos con la doctrina Damasco, en particular lo consignado en el Manual Fundamental de Referencia para el Derecho de Operaciones Terrestres que establece que “cuando el ambiente operacional lo permita, los miembros de las FF.MM. se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego”.
Por otra parte, el Manual de Referencia para Operaciones Especiales establece que estas deben hacerse en concordancia con “las normas legales” pues esto “fortalece la legitimidad como factor crucial en el planeamiento, la preparación, la ejecución y la evaluación” incluyendo como mandatos “la ética, la moral y la transparencia”.
Dos expertos en Derecho Internacional Humanitario consultados señalaron que, si bien estas operaciones pudieron ser legítimas desde las normas de la guerra, hechos como estos “quiebran los esfuerzos de recuperación de la confianza de la Fuerza Pública con las comunidades, en medio de un proceso de construcción de paz en donde esa construcción de confianza debería ser también una prioridad”.
La carta del general Murillo
Otra acusación generalizada de las organizaciones sociales y la iglesia chocoana tiene que ver con la “connivencia” entre el Ejército y el Clan del Golfo, reiterada en la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal el 18 de noviembre, donde monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, afirmó que el “Estado es el principal victimario” en el departamento del Chocó, refiriéndose al abandono institucional y la crisis humanitaria.
Vea también: “El gobierno es indiferente con la crisis humanitaria del chocó”
Estas afirmaciones motivaron el rechazo del ministro Molano y una solicitud de rectificación del general Óscar Leonel Murillo con fecha del 26 de noviembre. Murillo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán que coordina las operaciones militares en el Chocó, envió un documento de 62 páginas a las organizaciones étnicas y diócesis que participaron de las caravanas humanitarias.
El documento señala por cada subregión los golpes que sus hombres han dado a las estructuras armadas ilegales, haciendo énfasis en el Clan del Golfo, lo que según el general Murillo demostraría que “no existen evidencias sólidas que confirmen que unidades del Ejército Nacional actúen de manera unánime y coordinada con integrantes de esta organización armada al margen de la ley”.
Murillo explicó en el documento que sus hombres han duplicado las acciones ofensivas (de 56 en 2020 se pasó a 127 en lo corrido de 2021) y también las operaciones militares contra grupos al margen de la ley (de 131 en 2020 a 306 en 2021). Añadió que incrementaron el pie de fuerza con cuatro pelotones adicionales para el río San Juan.
No obstante, las cifras que aporta el general revelan por lo menos un desequilibrio en la manera como se combate al Clan del Golfo en el departamento. En 2020, por ejemplo, capturaron a 106 presuntos miembros del Eln contra 36 miembros de grupos delincuenciales organizados, categoría donde se incluye al Clan del Golfo.
Y para la subregión del San Juan el desequilibrio es todavía mayor: de acuerdo con los datos aportados por el general Murillo en su documento, este año no se ha producido ninguna captura a integrantes del Clan del Golfo, a pesar de que aquella organización se encuentra en plena expansión territorial en la región. No obstante, sí se han producido múltiples muertes en combate de miembros del Eln.
Contactamos varias veces a los asesores de prensa del general Murillo y también a los de su superior jerárquico, el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima ivisión del Ejército, para consultarlos sobre todos los hechos mencionados en este reportaje, pero ambos generales prefirieron no dar declaraciones.
