Desminado y reconocimiento: las peticiones de la minga de Antioquia

Más de 600 integrantes de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) llegaron en caravana esta semana a la capital del departamento para apoyar el paro nacional, que hoy suma 23 días de manifestaciones y protestas en todo el país. Una movilización con una carga simbólica de peso no solo por la presencia de estas comunidades en la protesta social nacional, sino porque también se suma a la minga del Cauca, que durante una semana marchó en Cali y fue víctima de episodios de estigmatización y violencia.

Desde su llegada a Medellín, los representantes de la OIA solicitaron a la Gobernación espacio, tiempo y trato diferencial para que “se escuche la voz indígena”, como lo señaló Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA. Respondiendo a eso, el gobierno departamental instaló mesas de diálogo y concertación que ya llevan dos jornadas y cuentan con la participación del gobernador (e), Luis Fernando Suárez; del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Baena, y de las autoridades indígenas de la región.

Según Santacruz, son varias las razones para la movilización de la minga hasta Medellín. “Nosotros estamos aquí por todas las cosas inconstitucionales que suceden en nuestros territorios y a las que el gobierno departamental y nacional no le ponen la suficiente atención. Está el tema de la educación de nuestros jóvenes, de la salud, también estamos cansados de que en nuestros territorios caminen los actores armados, que siembren las minas antipersonales y que nuestros niños indígenas caigan en esa guerra injusta y que no nos merecemos en nuestros territorios”.

Desde 2017, la OIA viene denunciando la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las autodenominadas Agc en sus territorios. De acuerdo con Santacruz, de los 38.000 indígenas que hay en el departamento, cerca de 20.000 están en riesgo y en los territorios de Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño se presentan las situaciones más delicadas por los enfrentamientos entre estos grupos armados y la siembra de minas antipersonales que han dejado nueve víctimas en el último año, además de los desplazamientos de las comunidades, los casos de confinamiento y el reclutamiento de sus jóvenes.

La consejera señaló que, incluso antes de que comenzara el paro nacional, el pasado 28 de abril, las comunidades indígenas de Antioquia ya venían exigiendo una mesa de diálogo ante la crisis humanitaria en sus territorios: “Si bien sabemos que toda la humanidad está pasando por una pandemia, en los pueblos indígenas muy pocos han muerto por esto, pero más lo han hecho por la guerra que transita por nuestros territorios”. Esta situación también ha sido denunciada a través de las cuatro alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo desde 2018 sobre el tema. La última, en abril de 2020, insistía en que la disputa territorial entre las Agc y el Eln se estaba traduciendo “en la contaminación del territorio con minas antipersonales, municiones abandonadas sin explotar y artefactos explosivos improvisados, enfrentamientos armados, homicidios, amenazas y persecuciones a civiles”.

En marzo de este año, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) alertó sobre la crisis humanitaria de los pueblos embera eyábida y zenú, presentes en el departamento y que en los últimos meses han sido víctimas de desplazamiento, amenazas, robos e intimidaciones por parte de estos actores armados.

Estas preocupaciones fueron las que los representantes de la minga de la OIA llevaron este martes y miércoles ante las autoridades departamentales. De acuerdo con el consejero indígena Edwin Sinigui, ya se han llevado a cabo reuniones con los correspondientes despachos de la Gobernación para atender el tema de la educación y la salud de estas comunidades. Respecto a la presencia de actores armados en sus territorios, Sinigui explicó que “se va a crear una mesa de interlocución con el Ejército y con la Policía, en la que se solicitará un desminado humanitario y militar del terreno, así como una mesa de desplazamiento”.

Dobeyibi Sinigui, gobernador mayor de Murindó, donde se ubican los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, de las comunidades embera eyábidas, hace un llamado mucho más enérgico, pues asegura que la situación allí “es muy difícil y complicada, y el desminado no avanza, pero tampoco da espera”.

En las mesas de concertación las comunidades también le hicieron una petición al Gobierno Nacional a través del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, para que se amplíe el reconocimiento de la autoridad indígena en el departamento. “A pesar de que somos 212 comunidades indígenas en el departamento, en el momento solamente hay reconocidos 44 cabildos. También se pide que se reconozcan los ocho cabildos urbanos que están en la ciudad de Medellín”, dijo Edwin Sinigui.

Según Amanda Tascón, gobernadora mayor de la organización y líder en las mesas de diálogo, la presencia de la minga será indefinida en la capital antioqueña y solo retornarán a sus territorios “cuando el gobierno municipal, departamental y nacional dejen claras nuestras peticiones”. Mientras avanzan estas reuniones, los más de 600 indígenas que se movilizaron se han manifestado de manera pacífica por la ciudad al ritmo de música autóctona, realizando actividades culturales y portando los bastones de la Guardia Indígena.

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Más de 600 integrantes de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) llegaron en caravana esta semana a la capital del departamento para apoyar el paro nacional, que hoy suma 23 días de manifestaciones y protestas en todo el país. Una movilización con una carga simbólica de peso no solo por la presencia de estas comunidades en la protesta social nacional, sino porque también se suma a la minga del Cauca, que durante una semana marchó en Cali y fue víctima de episodios de estigmatización y violencia.

Desde su llegada a Medellín, los representantes de la OIA solicitaron a la Gobernación espacio, tiempo y trato diferencial para que “se escuche la voz indígena”, como lo señaló Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA. Respondiendo a eso, el gobierno departamental instaló mesas de diálogo y concertación que ya llevan dos jornadas y cuentan con la participación del gobernador (e), Luis Fernando Suárez; del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Baena, y de las autoridades indígenas de la región.

Según Santacruz, son varias las razones para la movilización de la minga hasta Medellín. “Nosotros estamos aquí por todas las cosas inconstitucionales que suceden en nuestros territorios y a las que el gobierno departamental y nacional no le ponen la suficiente atención. Está el tema de la educación de nuestros jóvenes, de la salud, también estamos cansados de que en nuestros territorios caminen los actores armados, que siembren las minas antipersonales y que nuestros niños indígenas caigan en esa guerra injusta y que no nos merecemos en nuestros territorios”.

Desde 2017, la OIA viene denunciando la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las autodenominadas Agc en sus territorios. De acuerdo con Santacruz, de los 38.000 indígenas que hay en el departamento, cerca de 20.000 están en riesgo y en los territorios de Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño se presentan las situaciones más delicadas por los enfrentamientos entre estos grupos armados y la siembra de minas antipersonales que han dejado nueve víctimas en el último año, además de los desplazamientos de las comunidades, los casos de confinamiento y el reclutamiento de sus jóvenes.

La consejera señaló que, incluso antes de que comenzara el paro nacional, el pasado 28 de abril, las comunidades indígenas de Antioquia ya venían exigiendo una mesa de diálogo ante la crisis humanitaria en sus territorios: “Si bien sabemos que toda la humanidad está pasando por una pandemia, en los pueblos indígenas muy pocos han muerto por esto, pero más lo han hecho por la guerra que transita por nuestros territorios”. Esta situación también ha sido denunciada a través de las cuatro alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo desde 2018 sobre el tema. La última, en abril de 2020, insistía en que la disputa territorial entre las Agc y el Eln se estaba traduciendo “en la contaminación del territorio con minas antipersonales, municiones abandonadas sin explotar y artefactos explosivos improvisados, enfrentamientos armados, homicidios, amenazas y persecuciones a civiles”.

En marzo de este año, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) alertó sobre la crisis humanitaria de los pueblos embera eyábida y zenú, presentes en el departamento y que en los últimos meses han sido víctimas de desplazamiento, amenazas, robos e intimidaciones por parte de estos actores armados.

Estas preocupaciones fueron las que los representantes de la minga de la OIA llevaron este martes y miércoles ante las autoridades departamentales. De acuerdo con el consejero indígena Edwin Sinigui, ya se han llevado a cabo reuniones con los correspondientes despachos de la Gobernación para atender el tema de la educación y la salud de estas comunidades. Respecto a la presencia de actores armados en sus territorios, Sinigui explicó que “se va a crear una mesa de interlocución con el Ejército y con la Policía, en la que se solicitará un desminado humanitario y militar del terreno, así como una mesa de desplazamiento”.

Dobeyibi Sinigui, gobernador mayor de Murindó, donde se ubican los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, de las comunidades embera eyábidas, hace un llamado mucho más enérgico, pues asegura que la situación allí “es muy difícil y complicada, y el desminado no avanza, pero tampoco da espera”.

En las mesas de concertación las comunidades también le hicieron una petición al Gobierno Nacional a través del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, para que se amplíe el reconocimiento de la autoridad indígena en el departamento. “A pesar de que somos 212 comunidades indígenas en el departamento, en el momento solamente hay reconocidos 44 cabildos. También se pide que se reconozcan los ocho cabildos urbanos que están en la ciudad de Medellín”, dijo Edwin Sinigui.

Según Amanda Tascón, gobernadora mayor de la organización y líder en las mesas de diálogo, la presencia de la minga será indefinida en la capital antioqueña y solo retornarán a sus territorios “cuando el gobierno municipal, departamental y nacional dejen claras nuestras peticiones”. Mientras avanzan estas reuniones, los más de 600 indígenas que se movilizaron se han manifestado de manera pacífica por la ciudad al ritmo de música autóctona, realizando actividades culturales y portando los bastones de la Guardia Indígena.

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