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Casi ocho de cada 10 víctimas de desplazamiento forzado (el 76,1%) están en situación de pobreza monetaria, y lo más grave, cuatro de cada 10 ya están en pobreza extrema.
Este es uno de los principales hallazgos de la IV Encuesta Nacional de Verificación sobre las condiciones de vida y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en Colombia, aplicada en 2023 por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Se estima que en Colombia más de 8,6 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por la fuerza, de las cuales 6,9 millones aún necesita asistencia o reparación. La encuesta fue aplicada a 9.715 hogares de población desplazada y 1.982 de población vecina, en 80 municipios del país.
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“Los hallazgos de esta encuesta son fundamentales para ofrecer soluciones duraderas a la población desplazada”, dijo Mireille Girard, representante de Acnur en Colombia, durante el lanzamiento de los resultados del estudio.
¿Qué encontró el estudio?
Otra de las alertas que presenta la encuesta es que la tasa de desempleo en esta población es del 17,6% (seis puntos porcentuales por encima de la media nacional).
A eso se le suma una altísima tasa de informalidad (82,4%) que profundiza la vulnerabilidad de los desplazados. De hecho, solo el 21,8% de esta población recibe ingresos laborales mayores a un salario mínimo.
Además, cuatro de cada 10 encuestados se quejaron de hambre por falta de alimentos o dinero para comprarlos.
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“La población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia continúa siendo la población más vulnerable entre las vulnerables del país”, indicó durante la presentación del estudio el economista Luis Jorge Garay, director del equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento.
En efecto, se encontró que el 42,4% de la población desplazada dejó de consumir al menos una comida principal (desayuno, almuerzo o cena) en la semana anterior a la aplicación de la encuesta.
También es preocupante lo que ocurre en materia de educación, pues más de la mitad de los desplazados mayores de 27 años tiene niveles bajos (el 11,3% no tiene ningún nivel educativo, mientras que el 39,8% llegó máximo hasta la primaria).
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“Lo que se ha hecho para atender a la población desplazada han sido acciones aisladas, caso por caso, sin mirar su contexto”, agregó Garay.
Solo el 5% de las víctimas de desplazamiento quieren retornar
La encuesta también indagó en el derecho al retorno. Según los resultados, solo el 5,2% de los hogares desplazados desea volver a su lugar de origen.
De hecho, alrededor de siete de cada 10 víctimas (el 74,9%) desea permanecer en el lugar donde vive actualmente.
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La encuesta fue presentada en la sede de la Unidad para las Víctimas en Bogotá. Durante el evento, Patricia Tobón, directora de esa entidad, resaltó la importancia de la medición e invitó a tomar sus resultados “como una oportunidad histórica para contribuir a la atención de millones desplazados que han esperado de este Gobierno del cambio una oportunidad para avanzar en el goce efectivo de los derechos”.