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Hace casi 20 años, con la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional por el crecimiento desbordado del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado, la Corte Constitucional estableció una guía sólida para que el Estado tomara acciones de fondo para atenderlas. Aunque se han alcanzado grandes avances en estos dos décadas gracias a la sentencia T-025, lo cierto es que todavía siguen en la agenda varios pendientes.
Al revisar los indicadores de seguimiento de la Corte y de distintas organizaciones, el vaso se podría ver medio lleno si se hiciera un comparativo en la atención que se les ha brindado a las víctimas desde 2004 hasta ahora, versus la casi nula que existía antes de ese año. A partir de esa fecha se consolidaron registros en el número de víctimas y su lugar de origen, se avanzó en la asistencia humanitaria y urgente y se amplió la cobertura en salud.
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Pero el vaso, por otro lado, también puede verse medio vacío, si se entiende que la garantía de los derechos de la población víctima de desplazamiento no solo debe ser asistencialista, sino que las medidas adoptadas deben apuntar a un mismo objetivo: que cada persona pueda reconstruir su proyecto de vida y que este perdure a largo plazo, ya sea en su territorio o en otro. Ahí es donde el Estado se ha quedado corto.
Esas fueron algunas de las conclusiones que se dieron en el encuentro ¿Hacia dónde va la atención de las víctimas de desplazamiento en Colombia?, realizado por la Oficina de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Colombia, en alianza con Colombia+20 y El Espectador este 10 de octubre.
Una muestra de ello, como lo explicó Nathalia Romero, directora de Registro y Gestión de la Información en la Unidad de Víctimas, es que el reciclaje del conflicto armado se ha ensañado “contra las mismas comunidades y en los mismos territorios”.
Esto quiere decir que hay grupos poblacionales que llevan décadas atrapadas en el mismo bucle de victimización, a pesar de que distintos actores armados han dejado las armas.
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Esa situación se traduce en que los procesos para salir de la pobreza se hacen más complejos. “Este es un desplazamiento de larga duración donde hay varias generaciones de hogares que están en las ciudades reproduciendo una condición de precariedad social”, dijo durante el encuentro Marco Romero, director de director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Los ojos puestos en la reforma a la Ley de Víctimas
Y como la violencia no se ha detenido, pero sí se tienen que tomar acciones para dar los mínimos vitales a la población afectada, las esperanzas están puestas en la reforma a la Ley de Víctimas (que en 2021 cumplió 10 años, pero tuvo que ser prorrógada debido al bajo margen de cumplimiento)
La actualización en la normativa, según señaló Nathalia Romero, tiene como objetivo agilizar la reparación e indemnización a la población víctima. La funcionaria de la Unidad de Víctimas agregó que el Gobierno planea incluir algunas de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad en su informe final.
Romero anticipó que una de las piedras angulares de la reforma será la ampliación de características para considerar a una persona víctima del conflicto armado, como los rangos de edad de quienes fueron reclutados por los actores armados ilegales o aquellos que han sido confinados en su territorio.
Las víctimas no son una minoría. El 20 % del país no es una minoría y las necesidades de las víctimas no son las de una minoría, es la realidad de un país.
Sin embargo, hay varias preocupaciones. Una de ellas, y quizá la más importante, es la financiación. Los recursos que se han presupuestado no son suficientes para dar hacer una reparación integral y efectiva en corto o mediano plazo. Hecho que ha resaltado en distintas oportunidades el mismo presidente Gustavo Petro.
“Las víctimas no son una minoría. El 20 % del país no es una minoría y las necesidades de las víctimas no son las de una minoría, es la realidad de un país. Las políticas tienen que volcarse a eso”, aseveró la funcionaria de la Unidad de Víctimas.
Por otro lado, Mireille Girard, representante de Acnur Colombia, señaló durante el panel, que “una de las preocupaciones en la reforma de la Ley de Víctimas es el esquema de la restitución de tierras”.
Esto porque, en su concepto, la reforma no puede validar o legitimar el despojo de tierra. “Se tiene que mantener el esquema de pesos y contrapesos entre el poder ejecutivo y judicial para la protección de derechos”, agregó.
La preocupación por el enfoque étnico
Los informes que ha emitido la Corte Constitucional frente a la acción del Estado para el cumplimiento de los derechos de las personas dejan un gran saldo rojo con la población étnica. No solo son la población más vulnerada dentro de las vulneradas, sino que la implementación de las medidas para su protección son las más retrasadas.
“La violencia ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos étnicos, al pueblo afro, a las mujeres. Las prácticas de desplazamiento forzado han destruido el tejido familiar, social, las prácticas humanitarias”, resaltó Luz Marina Becerra, secretaria de Afrodes y fundadora de La Comadre.
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Por eso, también alertó que dentro de la reforma a la Ley de Víctimas, el Gobierno debe considerar una ampliación en la forma en la que se repara a esta población de forma colectiva.
“Se ha pensado que se repara con enfoque étnico a las comunidades que están en los territorios, en las zonas rurales, pero para nosotros no está limitado a un espacio, a un lindero, a un pedazo de tierra, a un territorio. Una cosa que es bastante absurda porque si no estamos en los territorios es justamente por el desplazamiento, por el conflicto armado”, indicó.