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Desde enero de 2017, tras dos meses de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) -garantes del cumplimiento del Acuerdo- habían hecho públicos los informes en los que advertían el crecimiento inminente del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en gran parte del territorio nacional.
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Pero el escándalo solo se desató en noviembre de 2019 cuando el país supo que el Ejército Nacional de Colombia había bombardeado, un par de meses atrás, un campamento de las disidencias de las Farc, ubicado en zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá, en el que se encontraban 8 menores. Sin embargo, hasta esa fecha ni el gobierno, ni los medios de comunicación tradicionales, ni la opinión pública habían hecho de ese delito un tema de debate nacional.
Para entonces, la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano llevaba cuatro meses estudiando los informes de los organismos multilaterales expuestos, y comparándolos con las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo había emitido sobre el crecimiento del reclutamiento de menores tras la firma del Acuerdo.
La triangulación de esos documentos, elaborados y publicados entre enero de 2017 y agosto de 2019, revelan que tras la firma del Acuerdo de Paz, 25 departamentos de los 32 que tiene Colombia cuentan con municipios en alerta por reclutamiento ilícito y utilización de menores de edad para la guerra, es decir, el 78% de los departamentos del país.
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Los 10 que presentan mayor número de menciones en los documentos estudiados son: Chocó, Antioquia, Meta, Cundinamarca, Arauca, Guaviare, Cauca, Córdoba, Casanare y Bolívar. De esos departamentos los que presentan un alto porcentaje de territorio afectado son: Arauca con el 71,4%; Chocó con el 64,3%; Meta con el 51,7%; Cauca con el 32% y Cundinamarca con el 27,6%.
Los documentos de la OEA, la ONU y la Defensoría del Pueblo indican que las poblaciones más afectadas son las indígenas y afrocolombianas, así como los migrantes que residen o circulan por los municipios de Arauca y Norte de Santander que limitan con Venezuela; y los municipios de Nariño que limitan con Ecuador.
El riesgo en las fronteras coincide con datos entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en los que se refleja que en zonas limítrofes se han producido 20 desvinculaciones de menores. En la zona fronteriza con Venezuela se han desvinculado 11 menores, en la zona fronteriza con Ecuador 6, y en la zona fronteriza con Panamá 3.
Las cifras que invisibilizan a las víctimas
Los hechos victimizantes del conflicto armado colombiano con alto índice de subregistro es el reclutamiento forzado de menores de edad. Entre las razones está el miedo que sienten las familias de las víctimas de denunciar, por las amenazas que sobre ellos recae; el temor de las víctimas por el riesgo que corren sus vidas, razón por la que optan por el silencio; y la adaptación de algunos menores a la vida en el grupo armado, por las necesidades que allí les satisfacen de comida, protección y salarios, lo que hace que no vean en el reclutamiento un delito.
En consecuencia, el país carece de cifras exactas sobre el número de menores que históricamente han sido reclutados. Sin embargo, el Registro Único de Víctimas establece que entre enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2019 se han reportado 8.075 víctimas de este flagelo y 8.648 eventos, vale aclarar que un evento puede implicar a más de una víctima, y que una persona puede ser víctima del mismo delito en más de una ocasión.
Aunque tras las cifras expuestas hay un importante subregistro, el país sí cuenta con el número de menores que han ingresado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en condición de desvinculados de grupos armados. Esta institución indica que entre el año 1999 y julio de 2019 fueron atendidos 6.715 niños, niñas y adolescentes. De esa cifra 70% son hombres y 30% mujeres.
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación reafirma, a través del boletín 14024, que justamente “uno de los mayores picos de reclutamiento de menores ocurrió entre los años 1998 y 2002 cuando se desarrolló la zona de distensión”, que implicó 42 mil kilómetros cuadrados que el gobierno de turno le concedió a las Farc, libres de fuerza pública.
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En consecuencia, los años siguientes al final del fallido proceso produjeron el mayor pico de desvinculaciones de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el informe que entregó la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con la que esta última abrió el caso 007, destinado a investigar delitos de reclutamiento cometidos por las Farc previos a diciembre de 2016, el conteo desde el año 1975 hasta 2014 era de 11.556 menores reclutados por esa guerrilla.
Al respecto, Carlos Lozada, exmiembro del secretariado de las Farc y actual senador de la república por el grupo Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común le dice al equipo periodístico “¿ustedes cómo tienen forzosamente a una persona entrenada militarmente y armada? yo me rodeo de 10 personas que tengo obligadas y armadas ¿y qué me pasa?, me matan y se van” y acto seguida argumenta: “es decir, el reclutamiento forzado no puede existir como política en la guerra, es imposible”.
Lozada también apunta que, según el Derecho Internacional Humanitario, todos los ejércitos a nivel internacional pueden vincular a personas mayores de 15 años a actividades militares; en consecuencia, asume que las Farc se adhirió a esa norma. No obstante, reconoce que sí hubo casos donde incorporaron menores de 15, “pero no como una política de reclutamiento, sino por casos excepcionales que se daban por situaciones propias del conflicto. Por ejemplo, alcanzamos a recoger muchos hijos de personas que fueron apoyo de la organización y que quedaron huérfanos a causa del accionar de paramilitares”.
No obstante, en Colombia el delito de reclutamiento ilícito está tipificado en el artículo 162 del código penal. Según la ley quien “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a c<iento ochenta (180) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Procesos judiciales por reclutamiento de menores
La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano le pidió a la Fiscalía General de la Nación una base de datos en la que se pudieran revisar los procesos vinculados a este delito, las etapas en las que se encuentran y el estado actual.
El análisis muestra que entre el año 2000 y octubre de 2019 se abrieron 4.685 procesos por reclutamiento forzado de menores de edad. Al respecto la Fiscalía aclara que: “Los procesos no representan necesariamente hechos individuales. Por ello es posible que uno o más grupos (de víctimas) estén registrados en más de una noticia criminal o en el marco de una noticia criminal podría investigarse más de un hecho”.
El reclutamiento y el uso de menores
De acuerdo con organizaciones estatales y de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las dinámicas del conflicto armado se han modificado, lo que conlleva transformaciones en la manera como se vincula hoy a los/las menores de edad a la guerra.
Tras la firma del Acuerdo de Paz no solo continúo el reclutamiento -lo que implica para el menor convivir cotidianamente con el grupo armado-, sino que aumentó la utilización o el uso, que no exige vivir con la estructura armada sino servirle sin abandonar su lugar de vivienda. Es decir, antes el reclutamiento se ligaba únicamente con la persona combatiente, de botas y fusil; ahora el papel de los menores es de carácter logístico y operativo sin necesidad de estar constantemente con la organización.
Carlos Otálora, profesional de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF explica que ya no se necesitan organizaciones muy grandes en la guerra, por ello el número de integrantes en los grupos es cada vez más variable. En consecuencia, explica que en la actualidad: “es menos protuberante el reclutamiento, pero puede que sea más sostenida la utilización para cometer algunos delitos, o para realizar actividades propias de los intereses estratégicos de la organización criminal”.
Katherine Herrera, coordinadora del proyecto Mi futuro es hoy de UNICEF, afirma que los niños son utilizados “para que sean normalmente campaneros; o son los que llevan los artefactos explosivos; o son los razoneros, los que llevan la razón de un lado al otro; o en otros casos, por ejemplo, en el caso de uso, los utilizan los grupos de sicariato para que maten a las personas o les hagan daño”.
Herrera denuncia la cosificación de los menores por parte de las estructuras armadas para evitar los filtros de la fuerza pública. Expone que “nadie va a pensar que un niño de 7 años está cargando atrás en su mochila artefactos explosivos. Entonces no revisan, ni el Ejército, ni otras las autoridades pueden hacer esa revisión, y de esa forma es que ha venido incrementando el uso”.
Luz Alcira Granada, directora nacional de Incidencia Política y Comunicaciones de Save The Children, explica que las estructuras armadas ilegales están usando a los menores en trabajos de inteligencia, así como en el transporte de armas, alimentos y otra serie de objetos. Además, indica que las niñas muchas veces son usadas como esclavas sexuales.
Enfatiza en que “en la actualidad lo que más se da es el uso de menores sobre el reclutamiento ilícito, porque los grupos no tienen necesidad de tener recursos extra para la alimentación o el transporte del reclutado. Así, los menores siguen viviendo en sus casas, asistiendo al colegio -los que pueden-, pero desde ahí sirven a los grupos ilegales”.
Razones del reclutamiento y la utilización
El reclutamiento infantil se da en el país por la fragilidad del Estado y la carencia de fuerza pública en las regiones más apartadas de Colombia, cuya consecuencia es el control territorial de los grupos armados ilegales y las dinámicas que imponen a los pobladores.
De acuerdo con la Fiscalía, el ICBF, Save de Children, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y la Defensoría del Pueblo, entre las razones por las que los menores deciden ingresar a los grupos armados son: falta de oferta educativa; venganza, por el asesinato de un miembro de la familia; violencia intrafamiliar; el poder que otorga estar dentro del grupo; obtención de un sustento alimenticio; fascinación por las armas; carencia de recursos económicos; remuneración económica por parte de grupos ligados a la delincuencia común, quienes ofrecen un pago promedio entre 400 mil pesos y $1’200.000. En conclusión: un evidente abandono estatal, sobre todo en las regiones rurales y periféricas de las ciudades.
Para enfrentar el riesgo que corren los niños, niñas y adolescentes en un alto porcentaje del territorio nacional, el ICBF informa que posterior a la firma del Acuerdo de Paz, entre el año 2017 y julio de 2019 se habían destinado para la prevención del reclutamiento ilícito y la atención de los menores desvinculados de grupos armados ilegales 17.584 millones de pesos destinados a 134 municipio de 26 departamentos, una cifra que se queda corta frente a la magnitud de un delito que no cesa.