Crisis humanitaria en el Chocó revelaría fisuras en el Eln
La crisis humanitaria se agrava en el sur del Chocó sin que se concrete el piloto de alivios humanitarios acordado entre el Eln y el gobierno nacional.
“La dinámica es continuar la reflexión, continuar el diálogo, el encuentro entre todos los actores, la sociedad civil y el gobierno”, declara desde Istmina el sacerdote Ernesto Zapata, vocero de la diócesis de Istmina-Tadó, a raíz del cruce de declaraciones recientes entre el presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Eln, que desmintió un pronunciamiento oficial según el cual ya se había pactado un cese al fuego. “Como iglesia vamos haciendo un acercamiento a todas las comunidades para dialogar con ellos”, puntualizó el sacerdote.
La situación genera angustia en las comunidades, sobre todo por el reciente anuncio del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien confirmó que se suspendía el decreto que ordenaba el cese al fuego bilateral con esa guerrilla, lo cual implica el reinicio de operaciones militares ofensivas por parte de la Fuerza Pública, mientras ese asunto se define en la mesa de negociación que debe reiniciar el 23 de enero.
La iglesia católica del Chocó ha impulsado con firmeza acuerdos humanitarios que permitan desescalar la confrontación entre grupos armados en la región. El primero de enero terminó la tregua navideña anunciada por el Eln en todo el país y ese mismo día hombres de ese grupo presuntamente secuestraron a Juan David Asprilla Moreno, un campesino que había viajado el 31 de diciembre a pasar el final de año con su familia en el poblado de Las Brisas, un caserío junto al río Sipí, un afluente del San Juan.
En contexto: La zozobra camina por el Alto Tamaná
El pasado 24 de diciembre otro comando del Eln incursionó con ráfagas de fusil en Paimadó, un pueblo sobre el San Juan a menos de una hora de Istmina, río abajo. En ese mismo lugar estuvieron apostados por varios meses los paramilitares de las Agc a comienzos de 2022, por lo que dicha acción fue tomada por la comunidad como un acto de represalia, provocando un desplazamiento masivo hacia San Miguel e Istmina, donde aún permanecen algunas familias. Los choques entre Agc y Eln no han cesado en el río Calima y el río Tamaná desde diciembre del año pasado, al cierre de este artículo proseguían cerca al corregimiento de Bajo Calima, en Buenaventura.
Esto ocurre después de que se escogiera la región del bajo San Juan y el río Calima, la zona selvática que marca el límite entre los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, para que se implementara la primera estrategia de alivios humanitarios que sirvan para desescalar la guerra en los territorios.
Lea también: Paramilitares avanzan en el sur del Chocó
Pero esa propuesta no se ha concretado porque es objeto de negociación en la mesa Gobierno-Eln que debe reiniciar sus sesiones el próximo 23 de enero. “Tenemos sabido que desde Caracas se estableció ese avance para comenzar con la región del San Juan, hay ciertas rutas ya marcadas que el presidente las conoce, lo que no sabemos es si estas últimas declaraciones del Eln hayan cambiado la dinámica”, explica el sacerdote Zapata.
Zapata reconoce que el paro armado decretado por el Eln en diciembre dificultó los acercamientos con las comunidades, que tuvieron que realizarse exclusivamente en Quibdó e Istmina. Esta es una de las medidas concretas que las organizaciones sociales piden a los grupos armados: cesar los paros y bloqueos que impiden la movilidad de las comunidades.
Vea: Mayor del Ejército dice que Clan del Golfo en Chocó está integrado por ex militares
En un documento conjunto firmado por la Juntanza Humanitaria de Buenaventura, el Consejo Comunitario General del río San Juan (ACADESAN) y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, se insta a viabilizar cuanto antes la propuesta de alivio humanitario con algunas acciones puntales afirmativas que llenen el vacío del Estado en dicha región.
“Las organizaciones presentes consideramos que el medio más importante para frenar la crisis humanitaria en el río San Juan y el río Calima es que se declare un cese al fuego multilateral que involucre a la totalidad de los actores armados presentes en el territorio”, asegura el documento que aún no es público pero fue conocido por Colombia+20.
El texto se refiere específicamente a las Agc, también llamadas Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional, y a la Fuerza Pública, en donde incluyen a la Armada, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Además contemplan que grupos de la Segunda Marquetalia, que hacen presencia en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), puedan ingresar eventualmente al río San Juan por la proximidad geográfica, por ello piden incluirlos en dicho cese.
Como lo ha contado Colombia+20 en numerosos reportajes a lo largo del último año, el sur del Chocó es el epicentro de una confrontación brutal entre las Agc y el Eln desde mediados de 2021. La guerrilla ha perdido terreno frente a las Agc en la que fuera su última retaguardia histórica en el centro occidente del país.
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Una persona que participó en las dos reuniones del 20 y 21 de diciembre del año pasado en Buenaventura donde se afinaron detalles para la propuesta del alivio humanitario, contó a esta redacción que en esos encuentros participaron voceros del alto gobierno, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Juan Carlos Cuéllar, el gestor de paz del Ejército de Liberación Nacional.
Según esta fuente, el gestor Cuéllar se habría quejado ante el gobierno pues mientras se realizaba la reunión ocurría en simultáneo un desembarco de tropas en el bajo San Juan muy cerca de donde se encontraban varias unidades guerrilleras.
Dicho reclamo coincide con las quejas de ‘Yerson’, un mando medio del Frente Ché Guevara del Eln, quien ha hecho circular comunicados en videos y en mensajes de audio señalando una supuesta connivencia entre miembros del Ejército y las Agc. El Frente Ché Guevara se encuentra adscrito al llamado Frente de Guerra Occidental, una estructura que opera en Risaralda, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, que había sido reacia a los acercamientos de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Vea: Los operativos irregulares del Ejército en río San Juan
Aunque en septiembre del año pasado Colombia+20 constató de primera mano durante un viaje a la región del río Tamaná, también en el Chocó, que existía cierta voluntad y optimismo de los miembros del Frente Ché Guevara con la propuesta de Paz Total del presidente Gustavo Petro, una persona cercana a esa organización, ahora privada de la liberad, dijo a este diario que resultaba llamativo que en la mesa de diálogos no quedara incluido ningún delegado del Frente de Guerra Occidental, ni siquiera ‘Martha’ o ‘La Abuela’, la última comandante histórica del Eln en el Chocó, de quién se especuló en un primer momento que podría integrarse a la delegación negociadora. Esa ausencia podría revelar, según esta fuente, una fisura con el Frente Occidental.
“En la delegación [de negociaciones] quedaron los mismos de hace cuatro años, que estuvieron cuatro años en una isla lejos de Colombia”, aseguró esa persona: “para tener ascendencia en la tropa y en la militancia toca estar en el territorio”.
Martha tiene más de tres décadas en la guerrilla y había reemplazado a Fabián, capturado por el Ejército y muerto luego como consecuencia de las heridas que sufrió tras un operativo militar en septiembre de 2021, precisamente en el Bajo San Juan.
“Mientras no se logre el cese va a ser una situación compleja”, cree un asesor de los consejos comunitarios que ha acompañado todo el proceso. Las organizaciones pidieron que el alivio humanitario no solamente incluya al bajo San Juan y al río Calima sino a toda le región, abarcando también los municipios de Nóvita y el Medio San Juan, la cuenca del río Tamaná y la región costera chocoana, a donde se ha trasladado la confrontación entre Agc y Eln.
“Reiteramos que la militarización no es la solución a la crisis humanitaria, sino que las condiciones de seguridad dependen principalmente de la intervención de un conjunto de entidades civiles del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, concluyeron las organizaciones.
“La dinámica es continuar la reflexión, continuar el diálogo, el encuentro entre todos los actores, la sociedad civil y el gobierno”, declara desde Istmina el sacerdote Ernesto Zapata, vocero de la diócesis de Istmina-Tadó, a raíz del cruce de declaraciones recientes entre el presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Eln, que desmintió un pronunciamiento oficial según el cual ya se había pactado un cese al fuego. “Como iglesia vamos haciendo un acercamiento a todas las comunidades para dialogar con ellos”, puntualizó el sacerdote.
La situación genera angustia en las comunidades, sobre todo por el reciente anuncio del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien confirmó que se suspendía el decreto que ordenaba el cese al fuego bilateral con esa guerrilla, lo cual implica el reinicio de operaciones militares ofensivas por parte de la Fuerza Pública, mientras ese asunto se define en la mesa de negociación que debe reiniciar el 23 de enero.
La iglesia católica del Chocó ha impulsado con firmeza acuerdos humanitarios que permitan desescalar la confrontación entre grupos armados en la región. El primero de enero terminó la tregua navideña anunciada por el Eln en todo el país y ese mismo día hombres de ese grupo presuntamente secuestraron a Juan David Asprilla Moreno, un campesino que había viajado el 31 de diciembre a pasar el final de año con su familia en el poblado de Las Brisas, un caserío junto al río Sipí, un afluente del San Juan.
En contexto: La zozobra camina por el Alto Tamaná
El pasado 24 de diciembre otro comando del Eln incursionó con ráfagas de fusil en Paimadó, un pueblo sobre el San Juan a menos de una hora de Istmina, río abajo. En ese mismo lugar estuvieron apostados por varios meses los paramilitares de las Agc a comienzos de 2022, por lo que dicha acción fue tomada por la comunidad como un acto de represalia, provocando un desplazamiento masivo hacia San Miguel e Istmina, donde aún permanecen algunas familias. Los choques entre Agc y Eln no han cesado en el río Calima y el río Tamaná desde diciembre del año pasado, al cierre de este artículo proseguían cerca al corregimiento de Bajo Calima, en Buenaventura.
Esto ocurre después de que se escogiera la región del bajo San Juan y el río Calima, la zona selvática que marca el límite entre los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, para que se implementara la primera estrategia de alivios humanitarios que sirvan para desescalar la guerra en los territorios.
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Pero esa propuesta no se ha concretado porque es objeto de negociación en la mesa Gobierno-Eln que debe reiniciar sus sesiones el próximo 23 de enero. “Tenemos sabido que desde Caracas se estableció ese avance para comenzar con la región del San Juan, hay ciertas rutas ya marcadas que el presidente las conoce, lo que no sabemos es si estas últimas declaraciones del Eln hayan cambiado la dinámica”, explica el sacerdote Zapata.
Zapata reconoce que el paro armado decretado por el Eln en diciembre dificultó los acercamientos con las comunidades, que tuvieron que realizarse exclusivamente en Quibdó e Istmina. Esta es una de las medidas concretas que las organizaciones sociales piden a los grupos armados: cesar los paros y bloqueos que impiden la movilidad de las comunidades.
Vea: Mayor del Ejército dice que Clan del Golfo en Chocó está integrado por ex militares
En un documento conjunto firmado por la Juntanza Humanitaria de Buenaventura, el Consejo Comunitario General del río San Juan (ACADESAN) y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, se insta a viabilizar cuanto antes la propuesta de alivio humanitario con algunas acciones puntales afirmativas que llenen el vacío del Estado en dicha región.
“Las organizaciones presentes consideramos que el medio más importante para frenar la crisis humanitaria en el río San Juan y el río Calima es que se declare un cese al fuego multilateral que involucre a la totalidad de los actores armados presentes en el territorio”, asegura el documento que aún no es público pero fue conocido por Colombia+20.
El texto se refiere específicamente a las Agc, también llamadas Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional, y a la Fuerza Pública, en donde incluyen a la Armada, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Además contemplan que grupos de la Segunda Marquetalia, que hacen presencia en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), puedan ingresar eventualmente al río San Juan por la proximidad geográfica, por ello piden incluirlos en dicho cese.
Como lo ha contado Colombia+20 en numerosos reportajes a lo largo del último año, el sur del Chocó es el epicentro de una confrontación brutal entre las Agc y el Eln desde mediados de 2021. La guerrilla ha perdido terreno frente a las Agc en la que fuera su última retaguardia histórica en el centro occidente del país.
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Una persona que participó en las dos reuniones del 20 y 21 de diciembre del año pasado en Buenaventura donde se afinaron detalles para la propuesta del alivio humanitario, contó a esta redacción que en esos encuentros participaron voceros del alto gobierno, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Juan Carlos Cuéllar, el gestor de paz del Ejército de Liberación Nacional.
Según esta fuente, el gestor Cuéllar se habría quejado ante el gobierno pues mientras se realizaba la reunión ocurría en simultáneo un desembarco de tropas en el bajo San Juan muy cerca de donde se encontraban varias unidades guerrilleras.
Dicho reclamo coincide con las quejas de ‘Yerson’, un mando medio del Frente Ché Guevara del Eln, quien ha hecho circular comunicados en videos y en mensajes de audio señalando una supuesta connivencia entre miembros del Ejército y las Agc. El Frente Ché Guevara se encuentra adscrito al llamado Frente de Guerra Occidental, una estructura que opera en Risaralda, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, que había sido reacia a los acercamientos de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Vea: Los operativos irregulares del Ejército en río San Juan
Aunque en septiembre del año pasado Colombia+20 constató de primera mano durante un viaje a la región del río Tamaná, también en el Chocó, que existía cierta voluntad y optimismo de los miembros del Frente Ché Guevara con la propuesta de Paz Total del presidente Gustavo Petro, una persona cercana a esa organización, ahora privada de la liberad, dijo a este diario que resultaba llamativo que en la mesa de diálogos no quedara incluido ningún delegado del Frente de Guerra Occidental, ni siquiera ‘Martha’ o ‘La Abuela’, la última comandante histórica del Eln en el Chocó, de quién se especuló en un primer momento que podría integrarse a la delegación negociadora. Esa ausencia podría revelar, según esta fuente, una fisura con el Frente Occidental.
“En la delegación [de negociaciones] quedaron los mismos de hace cuatro años, que estuvieron cuatro años en una isla lejos de Colombia”, aseguró esa persona: “para tener ascendencia en la tropa y en la militancia toca estar en el territorio”.
Martha tiene más de tres décadas en la guerrilla y había reemplazado a Fabián, capturado por el Ejército y muerto luego como consecuencia de las heridas que sufrió tras un operativo militar en septiembre de 2021, precisamente en el Bajo San Juan.
“Mientras no se logre el cese va a ser una situación compleja”, cree un asesor de los consejos comunitarios que ha acompañado todo el proceso. Las organizaciones pidieron que el alivio humanitario no solamente incluya al bajo San Juan y al río Calima sino a toda le región, abarcando también los municipios de Nóvita y el Medio San Juan, la cuenca del río Tamaná y la región costera chocoana, a donde se ha trasladado la confrontación entre Agc y Eln.
“Reiteramos que la militarización no es la solución a la crisis humanitaria, sino que las condiciones de seguridad dependen principalmente de la intervención de un conjunto de entidades civiles del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, concluyeron las organizaciones.