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En las últimas horas, las disidencias de las FARC les informaron a los pobladores y empresas de trasporte fluvial de Caquetá que pueden volver a movilizarse con normalidad por los ríos que conectan a ese departamento con Putumayo.
Como denunció El Espectador en su edición dominical, el paro en los ríos completó 27 días y fue el más largo de la última década, dejando alrededor de 5.000 personas confinadas, millonarias pérdidas económicas y una grave crisis en poblaciones sin carreteras a las que solo se puede acceder a través de los ríos.
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En la tarde de este domingo, horas después de la publicación, se conoció un pronunciamiento de los Comandos de Frontera, el grupo armado -adscrito a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia- señalado de haber ordenado la suspensión de la navegabilidad.
En el comunicado, los Comandos justifican su accionar como una “defensa armada del territorio” ante los intentos de expansión del frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia con la que se disputan la región. Sin embargo, advierten que están “comprometido con el inicio formal de un proceso de paz” con la Segunda Marquetalia.
Según fuentes del territorio, luego de ese pronunciamiento el grupo ilegal se comunicó con las compañías de transporte para notificar que a partir de este lunes podían navegar nuevamente los ríos. La ruta más afectada fue la del río Orteguaza, que comunica a Florencia con Solano, el municipio del sur del Caquetá donde más se siente la disputa territorial entre ambas disidencias.
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Tras el anuncio, fueron reactivados los servicios desde Puerto Arango hacia poblaciones caqueteñas y putumayenses como San Antonio, Mecaya, La Tagua, Yurilla y Pelas Rojas, que llevaban casi un mes sin posibilidad de movilizarse.
Lo riesgos persistentes en la región
Como contó Colombia+20, al margen de las restricciones en los ríos, la mayor preocupación en la zona está relacionada con el aumento de violaciones de derechos humanos cometidas tanto por los Comandos de Frontera como por el frente Carolina Ramírez.
De acuerdo con los testimonios recogidos por este diario, en la zona sur de Caquetá y Putumayo hay listados de líderes sociales declarados objetivo militar, masacres que nunca salen a la luz, escuelas de entrenamiento militar para los nuevos combatientes, extorsiones, presiones a las organizaciones comunitarias, reclutamientos forzados, confinamientos, asesinatos selectivos y combates.
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Ante esta situación, en los últimos días varias poblaciones han hecho un llamado para que estos grupos -que están vinculados a la apuesta de paz total del Gobierno- demuestren su voluntad de ponerle fin al conflicto y se comprometan con erradicar las afectaciones a la población civil.
“El llamado urgente que están haciendo las comunidades de la región es que los diálogos de paz avancen. Se necesitan mesas nacionales articuladas con las regionales, donde se reciban las denuncias por las vulneraciones de los grupos y se haga un monitoreo serio de lo que está ocurriendo, porque esta no es una situación nueva”, señaló Estefanía Ciro, investigadora y fundadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia A la Orilla Del Río.
