El riesgo de la población de la región del Telembí, en Nariño, no se detiene. Así lo advirtió la Organización Indígena de Colombia (ONIC), que este jueves presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en la zona y la afectación a la comunidad awá.
Tras alertar que se mantiene el reclutamiento forzado, la persecución a familias, la utilización de espacios educativos por parte de los grupos armados ilegales, la compra de tierras colectivas, entre otros hechos, se hicieron una serie de solicitudes a la guerrilla del ELN y al Gobierno, que actualmente adelantan un proceso de diálogos de paz.
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“Desde hace varios años los actores armados han ocupado comunidades y resguardos, con una práctica que denominamos reclutamiento intracomunitario. Esos son los casos del resguardo de Pipalta Palví Yaguapí, y más recientemente en la comunidad de Palicito del resguardo Pulgande Tronquería. Allí han afectado las relaciones familiares y la gobernabilidad a través de personas Awá”, advirtió la ONIC.
Le piden al ELN un cese total de hostilidades
Para las comunidades del Telembí, la condición necesaria para darle credibilidad y legitimidad a los diálogos con el ELN es que el grupo armado se comprometa con un cese total de hostilidades hacia las comunidades y organizaciones indígenas.
“Para que el cese de hostilidades sea efectivo y tenga repercusiones tangibles, es imprescindible que se manifieste en acciones concretas y sostenidas. Esto incluye la retirada del ELN de los territorios indígenas, un alto total al fuego, y la eliminación de cualquier forma de amenaza, control o intimidación, especialmente las dirigidas hacia el pueblo awá”, informó la ONIC en un comunicado.
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Además, la organización pidió que las mujeres, jóvenes y ancianos de los territorios sean incorporados en el proceso para asegurar que sus necesidades sean tenidas en cuenta.
También le pidieron al grupo guerrillero admitir “su participación en el genocidio de los pueblos indígenas durante las últimas décadas”, como parte del camino hacia la reparación y la construcción de la paz.
Al respecto, el informe resalta que entre 1994 y 2023 en la zona del Telembí se han presentado más de 300 hechos victimizantes contra la población, que incluyen 108 homicidios, más de 60 amenazas colectivas e individuales y 19 desplazamientos forzados masivos.
Las exigencias al Gobierno Petro
Las comunidades también le hicieron una serie de peticiones al Ejecutivo y al Congreso de la República.
“El gobierno debe asegurar la protección de los participantes y de sus comunidades, hasta que se implementen los acuerdos alcanzados. En este contexto, instamos a la Presidencia de la República a convocar un gabinete ministerial en el territorio para tratar la grave situación que enfrenta el pueblo Awá”, pidió la ONIC, y añadió que es necesario establecer puntos temporales de atención humanitaria para los afectados.
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Además, la organización solicitó poner la lupa a la población escolar, la cual enfrenta el impacto negativo por la ocupación de instalaciones educativas por actores armados exponiéndolos a un elevado riesgo de reclutamiento.
Otra de las peticiones fue establecer como mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas la realización de una Audiencia Pública de la Comisión de Paz del Senado de la República, asegurando la verificación efectiva por parte del poder ejecutivo.
“Urgimos a que se designe esta área como zona de protección especial debido al alto riesgo de genocidio que aún persiste”, concluye el comunicado.