Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En las últimas horas, al celular de la líder social Yuri Quintero, quien pertenece a la Red de Derechos Humanos del Putumayo, le repitieron el mismo mensaje que hace días la viene mortificando: que la orden es tumbarlos por hablar mal de la organización armada ilegal y que les disgustó que haya rechazado el crimen del presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, Marco Rivadeneira, quien fue secuestrado y luego abaleado el 19 de marzo pasado en este departamento.
El pasado primero de abril, la organización Marcha Patriótica, envió una carta al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Daniel Palacios Martínez, con el fin de que asignara de manera urgente protección a Quintero y que extremara las medidas para el líder y exdiputado, Yule Anzueta, y para Wilmar Madroñero, pues un campesino de la región los advirtió con una llamada telefónica: “Dígale a Yury (Quintero) y Yule (Anzueta) que por acá (San Miguel) están diciendo que la orden es tumbarlos (asesinarlos) a los dos”. Mismo mensaje que recibió Wilmar Madroñero a principios de febrero.
La solicitud expresa que dicho movimiento social hizo a la UNP, es que asigne un esquema de protección a Quintero, ya que cuenta solamente con la vigilancia intermitente de la Policía y el Ejército, después de que le tocó salir de la vereda La Carmelita. Igualmente, dicha solicitud habla de los otros dos líderes, que cuentan con esquemas de seguridad del Estado, pero a los que deberían reubicar o reforzarles mucho más sus esquemas de seguridad con Fuerza Pública. “A nuestro juicio se encuentran en grave riesgo debido a que los hechos fueron causados por integrantes de la disidencia del frente 48 de las Farc”, dice la misiva, los cuales tienen amplia presencia en el departamento del Putumayo y están al mando del jefe guerrillero conocido como “Manuel Político”.
(También lea: Los 10 líderes sociales a los que una jueza urge proteger)
Dicho frente disidente del proceso de paz, según informes policiales, está al mando de Luis Gustavo Cuellar Pajoy, conocido como “Manuel Político”, quien durante el proceso de reincorporación estuvo a cargo del espacio ubicado en la vereda La Pradera, en Puerto Asís (Putumayo), en el histórico sitio que tuvo la guerrilla de las Farc en la frontera con Ecuador. En esa zona, según registros oficiales, hubo más de 200 excombatientes antes de que se declararan en disidencia.
Las amenazas contra Yuri Quintero y los otros dos líderes se acrecentaron, luego de que la Red de DDHH del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño) emitiera un comunicado de rechazo por los hechos en los que fue asesinado el líder Marco Rivadeneira. "De acuerdo con información de las mismas autoridades en nuestro departamento hay presencia de varios grupos al margen de la ley que hoy se disputan el territorio y el control del narcotráfico, estando las comunidades en medio del fuego cruzado y su acción criminal, sin que hasta el momento se den resultados contundentes para el esclarecimiento de los asesinatos, pero que además se garantice la tranquilidad y el derecho a la vida para hombres y mujeres que habitamos este territorio. Hoy se cuestiona desde las comunidades que dicho accionar se dé en forma campante ante los ojos y presencia de fuerza militar y policial, en esta zona del país", escribieron los integrantes de esa organización en la última carta enviada al Gobierno de Iván Duque a finales de marzo pasado.