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A través de un comunicado -conocido este miércoles aunque fechado el 21 de mayo-, la disidencia de las FARC autodenominada como Estado Mayor Central (EMC) reconoce que sí ejecutó el asesinato de niños pertenecientes a la comunidad indígena de Murui, que habían sido reclutados por esta guerrilla en Putumayo. Esaa acción llevó al Gobierno hace unos días a suspender temporalmente el cese al fuego con ese grupo en cuatro departamentos.
“Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (No fueron cuatro) que fueron ajusticiados”, dice el comunicado en el que agregan que los menores tenían la edad que “exige el derecho internacional humanitario para su reclutamiento” y que en ese caso se hizo de “manera voluntaria”.
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En el documento, esa disidencia también se compromete a la reparación de la comunidad por ese hecho. “Asumiremos nuestra responsabilidad, reconociendo los errores cometidos y asumiendo compromisos claros para la reparación con las comunidades”. Según un reporte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el asesinato ocurrió en la comunidad El Estrecho, zona limítrofe entre Caquetá y Amazonas.
Así mismo, esa guerrilla dice que se compromete a delegar una comisión de paz, “toda vez que no existe el mecanismo de verificación local”, para la atención de los pueblos indígenas del Amazonas.
Justamente una de las razones de que no pudieran ser resueltas las acusaciones mutuas entre el Gobierno y esa guerrilla es que los componentes locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación no se instalaron en los territorios y el componente nacional no tenía alcance para llegar a los sitios puntuales donde se hacían las denuncias.
La guerrilla del EMC también reiteró su “férreo compromiso de lucha por la paz” e invitó a los colombianos “a rodear el proceso de diálogo con el Gobierno nacional”.
De acuerdo con información conocida por Colombia+20, una de las peticiones que había hecho el gobierno de Gustavo Petro a esa guerrilla antes de la suspensión del cese al fuego era un pronunciamiento oficial a las disidencias condenando el asesinato de los menores de edad, pero el grupo armado se había negado con el argumento de que esa su acción obedeció a que los indígenas habían desertado de sus filas con armamento y que esa conducta se castiga con la muerte.
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El asesinato de los menores de edad fue confirmado el pasado sábado 20 de mayo, a través de un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego de que fueran reclutados de manera forzada por el frente Carolina Ramírez, una de las estructuras del EMC que hace presencia en Putumayo.
A través de su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro calificó como “un crimen atroz, una bofetada a la paz” el asesinato de los menores. La vicepresidenta Francia Márquez también rechazó y condenó el crimen. “Duele en el alma que niñas y niños paguen el costo de una guerra absurda. Seguimos trabajando de manera incansable por la Paz de Colombia. Estos hechos crimínales no pueden quedar en impunidad”, dijo en su cuenta de Twitter.
Por ahora el cese al fuego sigue vigente en otros lugares del país donde las disidencias del EMC FARC hacen presencia. De hecho, la decisión no interrumpe el proceso de diálogo que adelanta el gobierno con este grupo armado comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. El presidente anunciará próximamente sus delegados para instalar la mesa de diálogo con esta guerrilla e invitó a su contraparte a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales de verificación.
Las partes seguirán trabajando en la instalación de la mesa de diálogo que había sido anunciada inicialmente para el 16 de mayo, pero que fue postergada ante la demora en la suspensión de las órdenes de captura de algunos voceros guerrilleros. Fue esa situación la que afectó el despliegue del componente local del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, que es indispensable para verificar en terreno las acciones de las partes y poder prevenir incidentes que pongan en riesgo el cese al fuego y la negociación.
En el mismo comunicado las disidencias aseguraron que no son responsables de las acciones armadas en Caquetá, en el corregimiento del Pato, que originaron el desplazamiento de personas en esos territorios y que tampoco están detrás de la muerte de dos firmantes de paz en el Meta.
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Sobre lo ocurrido en Caquetá, hay denuncias sobre confrontaciones entre las disidencias de las FARC, Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia que se están disputando el territorio, dejando de por medio graves afectaciones a la población civil. El hecho llevó a la visita de una Misión de Paz en la zona de reserva del río Pato y Valle Balsillas, ubicada en San Vicente del Caguán.
En Cartagena del Chairá, también en ese departamento hay denuncias de amenazas y desplazamiento de población, confirmadas por su alcalde, Edilberto Molina, quien lleva dos semanas desplazado en Florencia, la capital, por tener graves amenazas contra su vida.
En el caso de la situación del Meta, habitantes del espacio territorial Georgina Ortiz, en Vista Hermosa, afirmaron que están siendo blanco de amenazas y denunciaron el asesinato de los firmantes de paz Henry Buitrago y Alfonso Correa Zapata, que llevaban su proceso de reincorporación en la zona. Aunque en el comunicado de ese ETCR no se menciona al Estado Mayor Central, es ese grupo el que tiene mayor incidencia en la zona.
Este no es el primer caso de amenazas hacia firmantes de paz en el Meta. El pasado mes de marzo, cerca de 200 familias ubicadas en el ETCR Mariana Páez en Mesetas, recibieron amenazas del EMC, que les dio 30 días para abandonar el territorio.