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Por medio de un comunicado emitido este viernes, la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC) le reclamó el alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al presidente Gustavo Petro, por no haber una prórroga en el cese al fuego bilateral, suspendido desde mayo pasado tras el asesinato por parte de ese grupo armado de cuatro menores de edad indígenas que habían huido de las filas del frente Carolina Ramírez en Putumayo.
“Es menester que el comisionado de paz, Danilo Rueda, y el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, expliquen al país por qué se negaron a prorrogar el cese al fuego con nuestra organización. Tal como lo demuestran las actas de las reuniones con los delegados del gobierno, cuando fuimos insistentes, como delegación de Paz, sobre la necesidad de continuar evitando la confrontación”, dice el documento.
El diálogo con esa guerrilla se reactivó el pasado 8 de julio, cuando las partes afirmaron que se restablecían las conversaciones y la agenda de paz y que el siguiente paso sería la instalación de la mesa de diálogos. La guerrilla desconoce que esa es la razón por la que aún no se puede hacer una prórroga del cese al fuego, pues se necesitan aún los protocolos para el monitoreo y la verificación del mismo. Así ha sucedido con otros procesos como el que se lleva con el ELN.
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La instalación de la mesa de diálogos también había tenido retrasos porque la Fiscalía aún no había levantado las órdenes de captura de los negociadores de esa disidencia, cuyos nombres se confirmaron al inicio de esta semana a través de una resolución firmada por Presidencia. Este viernes, la Fiscalía hizo el levantamiento de las órdenes de captura de Carlos Eduardo García Téllez (conocido como Andrey), Leidy Tatiana Rojas Olaya (conocida como Ángela), Jaime Muñoz Dorado, Jonatan Jair Narváez, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda y José Luis Rodríguez Mora.
También está Alexander Farfán Suárez, conocido como Gafas o el carcelero de las antiguas FARC, y quien fue capturado en la Operación Jaque, en la que fueron liberadas 15 personas, entre ellas Ingrid Betancourt. Farfán perteneció al frente 1 de esa extinta guerrilla y estuvo involucrado en el secuestro de políticos y uniformados a quienes llamaban ‘canjeables’ y con quienes se esperaba un acuerdo humanitario para sacar de la cárcel a guerrilleros.
Según el comunicado de la disidencia, esperan empezar “cuanto antes con la fase preparatoria a la instalación de la mesa” para lo que se necesita “la creación de una zona especial donde las partes puedan discutir sin tensiones de ningún tipo”, dice el documento.
El Gobierno Nacional creó un mecanismo de diálogo con el EMC para trabajar, entre otras cosas, en un cese al fuego bilateral y verificado internacionalmente por Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y el Reino de Noruega.
Camilo González Posso, que fue designado como jefe de la delegación por parte del Gobierno, manifestó ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que “todo lo que pueda ser susceptible de solucionar de manera pacífica se hará por el diálogo, al lado de la acción del Estado”, en referencia a los acercamientos con la guerrilla.
Sobre él también cayeron señalamientos por parte de las EMC, quienes aseguraron que en sus declaraciones se veía a nivel general que “pareciera que la participación de la población civil es secundaria y marginal”.
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En el comunicado, esa disidencia desestima su responsabilidad sobre los hechos que cortaron el cese al fuego, insistiendo en que “se tergiversó las edades de los fallecidos y se omite la infiltración de un soldado que incitó a dos jóvenes reclutas dentro de nuestras unidades a hacer inteligencia sobre mando, lo que conllevó a los sucesos trágicos”. En su momento, el EMC dijo que se responsabilizaba del asesinato de tres jóvenes “que fueron ajusticiados por dejar nuestras filas”.
En el documento, el grupo guerrillero aseguró, sin aportar pruebas, que el Ejército fue el perpetrador del asesinato de una niña de cuatro años en zona rural de La Plata (Huila) y que habría cometido ataques contra la población civil en Caquetá, Arauca y Antioquia.
Si bien, a la fecha de publicación de esta nota no hay una respuesta oficial por parte del Gobierno Nacional, el Batallón de Infantería No.26 del Ejército anunció en redes sociales que cuentan con pruebas para demostrar que ellos no abrieron fuego de forma irresponsable en La Plata -Huila- como dicen las disidencias y que tienen detalles de inteligencia para desmentir.
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