A Alberto García Pai, gobernador suplente del resguardo Guiza Sábalo, no lo escucharon cuando denunció que en distintas zonas rurales que conectan a San Andrés de Tumaco con Pasto las disidencias de las FARC habían colocado minas antipersonales cerca a viviendas y escuelas para amedrentar a la población.
El líder indígena awá cayó en uno de estos artefactos explosivos el pasado 17 de mayo y si bien pudo sobrevivir, el hecho dejó graves secuelas sobre su pierna izquierda. Su caso no fue aislado y fue la copa que rebosó el vaso al interior de una población étnica que sigue padeciendo este flagelo en el distrito de Tumaco.
Según la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), en lo corrido del año, con el accidente que sufrió García Pai, “hemos denunciado seis víctimas awá de minas antipersonal, uno de ellos falleció. En varios resguardos indígenas, especialmente en el Gran Sábalo, la instalación de minas antipersonal se ha convertido en un flagelo constante y un peligro de muerte para cualquier persona que camina por la selva […]”.
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Lejos de cesar con este tipo de ataques, que han sido atribuidos a la disidencia Segunda Marquetalia y el Frente Oliver Sinisterra a lo largo de 2023, las amenazas e instalación de este tipo de artefactos se han hecho mayores y ahora los habitantes en este municipio del Pacífico temen que accidentes similares puedan ocurrir en cualquier momento.
De hecho, el pasado 19 de junio el Ejército encontró y desactivó con dinamita un campo minado a menos de 100 metros de una escuela en la vereda La Feliciana, a 20 minutos en moto de la cabecera municipal de Tumaco. Los combatientes del Oliver Sinisterra dejaron rastros en el lugar de los hechos para que los pobladores supieran que ellos habían sido los responsables y, lejos de ser una casualidad, hicieron saber que si la población en distintas áreas rurales de Tumaco no se somete a su ley, los que pagarán las consecuencias son los más chicos de las comunidades.
“En Inda Guacaray comenzaron las amenazas en forma desde abril. Estos grupos armados siguen buscando el reclutamiento de muchachos para sus filas, quieren que la gente siga cultivando coca a pesar de la baja rentabilidad y como han encontrado resistencia tomaron la alternativa de intimidar a los pueblos indígenas y negros con desquitarse con los muchachos. Eso del colegio del otro día no fue porque sí. Es como la muestra de ellos de mostrar hasta dónde pueden y quieren llegar”, denunció Francisco*, líder social de un consejo comunitario en el distrito.
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En la escuela de La Feliciana no hubo víctimas, pero sí una desazón que pervive en las veredas y corregimientos de Tumaco. Sienten que las minas antipersonales nunca han dejado el territorio. Lo que más le duele a la población tumaqueña fue la promesa hecha trizas de que su distrito sería uno de los lugares priorizados para adelantar campañas de desminado y, a su vez, promover las campañas de desminado humanitario como una práctica constante para construir paz y reconciliación en ese lugar.
“Este tema se sale de las manos. Está la voluntad de cuidar a la población, pero la voluntad de algunos actores armados está en no escuchar las voluntades de paz. Las minas son indescifrables, se pueden encontrar en cualquier lado y eso cómo no va a asustar a nuestra gente”, lamentó Emilsen Angulo, alcaldesa de San Andrés de Tumaco.
De acuerdo con el más reciente informe del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), el distrito de San Andrés de Tumaco es el municipio nariñense y a nivel nacional con más registros de accidentes de este tipo en los últimos 15 meses (con corte al 1 de abril de 2023). Los hechos, representados en 32 episodios y un saldo de 41 víctimas, son muestra de una guerra desgarradora que ahora se está ensañando con las juventudes.
¿Por qué no llega el desminado humanitario?
Uberley Ramírez, analista de asuntos de riesgo y conflicto armado en Tumaco habló con Colombia+20 hace unos días sobre este flagelo y generalidades de seguridad en el distrito e indicó que este tipo de conducta criminal ha tomado una relevancia a lo largo de 2023 que no se veía desde hace más de 15 años.
“Recuerdo que por las fechas de fin de año de 2022, El Espectador publicó un reportaje sobre las afectaciones por minas a la población awá en Tumaco. Los meses siguientes el panorama siguió siendo el mismo e incluso peor. En febrero, por ejemplo, casi 7.000 personas estuvieron confinadas en Alto Mira y Frontera. En esa zona, desde el último trimestre de 2022, han sido mutiladas más de 50 personas y ni esas cifras tan altas han generado un desarrollo de una campaña de desminado decente. Ahora se escucha que los jóvenes son blanco de eso porque sus comunidades no quieren que los recluten. Los grupos armados se ven apretados y su decisión frente a eso es desquitarse como puedan”, explicó.
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Desde Roberto Payán, una lideresa social que pidió no ser identificada en esta nota periodística aseguró que no entiende por qué en los límites entre su municipio y Tumaco la actividad del Ejército es de constante monitoreo con perros antiexplosivos y detectores de metales, pero no ha llegado en forma una campaña de desminado que los saque de tantos temores.
“En febrero estuvo la Fuerza Hércules desarmando cinco minas en un campo que dejaron en la escuela a la que asisten niños de aquí y una decena de muchachos que viven en el norte de Tumaco. Por la zona ahora se ven panfletos de la Segunda Marquetalia que invitan a los jóvenes a unirse a las filas de su grupo. Como sabemos desde acá que no son muchos los que atienden ese reclutamiento, naturalmente esos señores se enojan y la manera “más sencilla” para ellos de hacerse notar es metiéndose con los más chicos”, insistió.
En la vereda Pueblo Rico, jurisdicción de Tumaco, la sensación es similar. Entre abril y mediados de junio de 2023, seis personas han sido víctimas de minas antipersonales y a pesar de haber denunciado esas situaciones, la respuesta por parte de las autoridades ha sido nula y siguen a la espera de esclarecer por qué esta actividad criminal sigue vigente a pesar de la presencia constante de uniformados del Ejército y de la Armada allí, quienes custodian los cauces del río Mira; un afluente estratégico que utilizan las disidencias para el envío de cocaína hacia el Pacífico.
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Hay hermetismo en Tumaco y una impotencia constante. Francisco dice que él, sus vecinos y conocidos de los resguardos awá se sienten en una “cacería de fantasmas”, porque saben quiénes ponen las minas, pero desconocen cuándo y dónde estallará el siguiente campo con civiles a su alrededor.
“Acá se escucha que las ponen cerca a sus laboratorios de coca. Pero, ¿laboratorios que queden al lado de las escuelas? Esa versión es rara y difícil de creer. Amenazan jóvenes a cada rato y ahora vienen a decir que lo hacen por defender su negocio. Por Dios, defender de quién, si allí no llega nadie más que niños que están estudiando. Niños negros, niños indígenas que quieren estudiar a pesar de las dificultades. Una campaña de desminado y paz es algo básico que pedimos, no podemos seguir así”, concluyó Francisco.
*Cambio en el nombre de la fuente por seguridad