Disputa por tierras de Víctor Carranza en Meta

Hace seis años falleció el zar esmeraldero Víctor Carranza, cuyos nexos con los grupos paramilitares nunca fueron del todo esclarecidos por la justicia. Parte de su herencia era un predio de 27.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Meta), llamado El Porvenir, que fue usado por su empresa familiar, La Cristalina, para la ganadería. Desde antes de que Carranza se convirtiera en su dueño, estas tierras comenzaron a ser ocupadas por campesinos, los cuales, en 2016, serían reconocidos por la Corte Constitucional como ocupantes históricos y, por ende, con derecho a tener propiedad sobre la extensa finca. Según los cálculos del alto tribunal, ese asunto debía estar ya resuelto hoy. Nada más lejos de la realidad.

En febrero pasado, durante la última mesa interinstitucional, un espacio donde varias entidades del Estado hacen seguimiento al caso de El Porvenir, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio un parte desalentador para los ocupantes históricos. El organismo, encargado de manejar las tierras del Estado, les dijo que apenas estaban determinando cuáles de las familias censadas en El Porvenir pueden tener acceso a estas tierras. Esta medida, junto con la titulación de la tierra de los campesinos históricos, era una tarea que la Corte ordenó que se cumpliera, a más tardar, en noviembre de 2017. Es decir, los campesinos reconocidos por el alto tribunal llevan un año y cinco meses esperando.

En noviembre de 2016, la Corte Constitucional profirió un fallo en el que exigió poner orden en El Porvenir. A raíz de los incumplimientos que se han visto desde entonces, El Espectador supo que la Procuraduría General está a punto de abrir un proceso disciplinario en contra de algunos funcionarios de la Agencia, la cual hace seis meses, tras ser nombrada por el presidente Iván Duque, dirige Myriam Carolina Martínez. A su vez, el Ministerio Público está evaluando si presenta un segundo incidente de desacato en contra de la ANT por este mismo caso, pues la Corporación Claretiana Norman Pérez, ONG que ha acompañado a los ocupantes históricos, ya había radicado uno en julio de 2018.

En este proceso de la ANT, en el cual se decide qué pobladores de El Porvenir serán titulados, la Corporación Claretiana prendió las alarmas sobre la posibilidad de que personas que llegaron hace poco a la finca se cuelen en la adjudicación de tierras. Pues, desde 2015, a El Porvenir han llegado invasores y desplazados de otras regiones del país, lo cual ha generado también graves problemas de convivencia con los ocupantes históricos. Bryan Contreras, abogado de la Corporación Claretiana, advierte que a El Porvenir han llegado personas que quieren figurar como campesinos históricos sin serlo, lo que podría llevar a una nueva injusticia. El Espectador se contactó con la ANT para que respondiera sobre este asunto, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.

¿Quién está detrás de las tierras de El Porvenir ?

Según Contreras, uno de los grupos invasores que quiere colarse en medio de la repartición de tierras de El Porvenir es Asoyopo. Tres fuentes que viven en Puerto Gaitán, y que forman parte de la administración local, le contaron a este diario que esta asociación está conformada por extrabajadores de La Cristalina, la empresa familiar del clan Carranza, y el esmeraldero Juan Beetar Dow. En 2016, la Corte reconoció que, en el pasado reciente, La Cristalina ocupó irregularmente El Porvenir por interpuesta persona, al punto que el alto tribunal dispuso que se verificara que esa empresa no sigue en la finca.

No es tan claro, sin embargo, que esa orden de la Corte Constitucional se haya cumplido al pie de la letra. Otra fuente, que también pidió quedar en el anonimato, aseguró que uno de los exempleados que es parte de Asoyopo es Josefina Rodríguez, quien “durante muchos años fue la mano derecha de Víctor Carranza, era su secretaria, una mujer de su total confianza”.

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Los Carranza niegan cualquier nexo con las denunciadas invasiones. El Espectador se contactó con Hollman Carranza, el hijo mayor del fallecido zar de las Esmeraldas, quien rechazó de tajo cualquier relación entre su familia y La Cristalina con las asociaciones que son señaladas de invadir las antiguas tierras de su padre. “Esas personas no tienen nada que ver conmigo. No las conozco. En abril de 2015, en un evento público, hice entrega voluntaria y formal al entonces presidente Juan Manuel Santos de El Porvenir. A partir de ese momento no tenemos nada que ver con ese predio”, puntualizó el reconocido ganadero.

El segundo grupo que invade hoy El Porvenir, la Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura (Asdepagral) es liderada por Élber Abril Santamaría, señalado públicamente por el senador Iván Cepeda Castro de ofrecer tierras de El Porvenir sin tener derecho a ello. En septiembre de 2015, el congresista denunció que el entonces candidato a la Alcaldía de Puerto Gaitán por el Centro Democrático, Josué Ardila, prometía estas tierras a quienes lo apoyaran en su aspiración electoral y que Abril era parte del ofrecimiento irregular. Cepeda también mencionó que Floro Salgado, exadministrador de La Cristalina, hacía parte de este entramado.

Otro personaje que, según los campesinos reconocidos por la Corte Constitucional, está aprovechando el limbo de El Porvenir para ocupar esas tierras es Jesús Alberto Contreras Martínez, un viejo conocido de los asuntos judiciales. Como miembro de la Red de Veedurías, Contreras Martínez fue condenado a tres años de prisión en agosto de 2000 por haberse apropiado de recursos de cooperación internacional que el gobierno de Holanda había dado a ese organismo cívico para combatir la corrupción. Pablo Bustos, hoy presidente de ese colectivo, ha hecho visible ante los medios de comunicación este caso.

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Amenazas contra los líderes

En medio de esta refriega jurídica y social, los campesinos beneficiados por la Corte Constitucional han sido blanco de amenazas. Los habitantes históricos de El Porvenir, quienes en las últimas tres décadas han sido víctimas de la guerrilla y los paramilitares, ahora lidian con intimidaciones de desconocidos y hombres que hicieron parte de grupos criminales como el del fallecido narcotraficante y paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, quien, según la versión oficial, murió ahogado en un riachuelo mientras la Policía desplegaba un operativo para capturarlo.

El 20 de marzo pasado, Mauro Chipiaje, gobernador kubeo-sikuani del asentamiento indígena que está radicado en El Porvenir, fue intimidado vía telefónica por un desconocido. A su vez, en febrero pasado y octubre de 2018, integrantes del resguardo fueron intimidados por hombres armados. Sin embargo, el hecho que más ha atemorizado a los habitantes de El Porvenir fue la amenaza que sufrió la líder de tierras Luz Day García en julio de 2018. Esa vez, un hombre a bordo de una motocicleta, sin quitarse el casco, la increpó por denunciar la presencia de grupos criminales en la zona.

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Los ocupantes históricos están más desesperanzados que nunca. Ellos han visto cómo muchos de sus vecinos han sido desplazados por las amenazas. Ahora tienen mucho miedo de hablar sobre lo que pasa en la zona”, le dijo Bryan Contreras a este diario.”

Hace seis años falleció el zar esmeraldero Víctor Carranza, cuyos nexos con los grupos paramilitares nunca fueron del todo esclarecidos por la justicia. Parte de su herencia era un predio de 27.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Meta), llamado El Porvenir, que fue usado por su empresa familiar, La Cristalina, para la ganadería. Desde antes de que Carranza se convirtiera en su dueño, estas tierras comenzaron a ser ocupadas por campesinos, los cuales, en 2016, serían reconocidos por la Corte Constitucional como ocupantes históricos y, por ende, con derecho a tener propiedad sobre la extensa finca. Según los cálculos del alto tribunal, ese asunto debía estar ya resuelto hoy. Nada más lejos de la realidad.

En febrero pasado, durante la última mesa interinstitucional, un espacio donde varias entidades del Estado hacen seguimiento al caso de El Porvenir, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio un parte desalentador para los ocupantes históricos. El organismo, encargado de manejar las tierras del Estado, les dijo que apenas estaban determinando cuáles de las familias censadas en El Porvenir pueden tener acceso a estas tierras. Esta medida, junto con la titulación de la tierra de los campesinos históricos, era una tarea que la Corte ordenó que se cumpliera, a más tardar, en noviembre de 2017. Es decir, los campesinos reconocidos por el alto tribunal llevan un año y cinco meses esperando.

En noviembre de 2016, la Corte Constitucional profirió un fallo en el que exigió poner orden en El Porvenir. A raíz de los incumplimientos que se han visto desde entonces, El Espectador supo que la Procuraduría General está a punto de abrir un proceso disciplinario en contra de algunos funcionarios de la Agencia, la cual hace seis meses, tras ser nombrada por el presidente Iván Duque, dirige Myriam Carolina Martínez. A su vez, el Ministerio Público está evaluando si presenta un segundo incidente de desacato en contra de la ANT por este mismo caso, pues la Corporación Claretiana Norman Pérez, ONG que ha acompañado a los ocupantes históricos, ya había radicado uno en julio de 2018.

En este proceso de la ANT, en el cual se decide qué pobladores de El Porvenir serán titulados, la Corporación Claretiana prendió las alarmas sobre la posibilidad de que personas que llegaron hace poco a la finca se cuelen en la adjudicación de tierras. Pues, desde 2015, a El Porvenir han llegado invasores y desplazados de otras regiones del país, lo cual ha generado también graves problemas de convivencia con los ocupantes históricos. Bryan Contreras, abogado de la Corporación Claretiana, advierte que a El Porvenir han llegado personas que quieren figurar como campesinos históricos sin serlo, lo que podría llevar a una nueva injusticia. El Espectador se contactó con la ANT para que respondiera sobre este asunto, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.

¿Quién está detrás de las tierras de El Porvenir ?

Según Contreras, uno de los grupos invasores que quiere colarse en medio de la repartición de tierras de El Porvenir es Asoyopo. Tres fuentes que viven en Puerto Gaitán, y que forman parte de la administración local, le contaron a este diario que esta asociación está conformada por extrabajadores de La Cristalina, la empresa familiar del clan Carranza, y el esmeraldero Juan Beetar Dow. En 2016, la Corte reconoció que, en el pasado reciente, La Cristalina ocupó irregularmente El Porvenir por interpuesta persona, al punto que el alto tribunal dispuso que se verificara que esa empresa no sigue en la finca.

No es tan claro, sin embargo, que esa orden de la Corte Constitucional se haya cumplido al pie de la letra. Otra fuente, que también pidió quedar en el anonimato, aseguró que uno de los exempleados que es parte de Asoyopo es Josefina Rodríguez, quien “durante muchos años fue la mano derecha de Víctor Carranza, era su secretaria, una mujer de su total confianza”.

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Los Carranza niegan cualquier nexo con las denunciadas invasiones. El Espectador se contactó con Hollman Carranza, el hijo mayor del fallecido zar de las Esmeraldas, quien rechazó de tajo cualquier relación entre su familia y La Cristalina con las asociaciones que son señaladas de invadir las antiguas tierras de su padre. “Esas personas no tienen nada que ver conmigo. No las conozco. En abril de 2015, en un evento público, hice entrega voluntaria y formal al entonces presidente Juan Manuel Santos de El Porvenir. A partir de ese momento no tenemos nada que ver con ese predio”, puntualizó el reconocido ganadero.

El segundo grupo que invade hoy El Porvenir, la Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura (Asdepagral) es liderada por Élber Abril Santamaría, señalado públicamente por el senador Iván Cepeda Castro de ofrecer tierras de El Porvenir sin tener derecho a ello. En septiembre de 2015, el congresista denunció que el entonces candidato a la Alcaldía de Puerto Gaitán por el Centro Democrático, Josué Ardila, prometía estas tierras a quienes lo apoyaran en su aspiración electoral y que Abril era parte del ofrecimiento irregular. Cepeda también mencionó que Floro Salgado, exadministrador de La Cristalina, hacía parte de este entramado.

Otro personaje que, según los campesinos reconocidos por la Corte Constitucional, está aprovechando el limbo de El Porvenir para ocupar esas tierras es Jesús Alberto Contreras Martínez, un viejo conocido de los asuntos judiciales. Como miembro de la Red de Veedurías, Contreras Martínez fue condenado a tres años de prisión en agosto de 2000 por haberse apropiado de recursos de cooperación internacional que el gobierno de Holanda había dado a ese organismo cívico para combatir la corrupción. Pablo Bustos, hoy presidente de ese colectivo, ha hecho visible ante los medios de comunicación este caso.

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Amenazas contra los líderes

En medio de esta refriega jurídica y social, los campesinos beneficiados por la Corte Constitucional han sido blanco de amenazas. Los habitantes históricos de El Porvenir, quienes en las últimas tres décadas han sido víctimas de la guerrilla y los paramilitares, ahora lidian con intimidaciones de desconocidos y hombres que hicieron parte de grupos criminales como el del fallecido narcotraficante y paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, quien, según la versión oficial, murió ahogado en un riachuelo mientras la Policía desplegaba un operativo para capturarlo.

El 20 de marzo pasado, Mauro Chipiaje, gobernador kubeo-sikuani del asentamiento indígena que está radicado en El Porvenir, fue intimidado vía telefónica por un desconocido. A su vez, en febrero pasado y octubre de 2018, integrantes del resguardo fueron intimidados por hombres armados. Sin embargo, el hecho que más ha atemorizado a los habitantes de El Porvenir fue la amenaza que sufrió la líder de tierras Luz Day García en julio de 2018. Esa vez, un hombre a bordo de una motocicleta, sin quitarse el casco, la increpó por denunciar la presencia de grupos criminales en la zona.

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Los ocupantes históricos están más desesperanzados que nunca. Ellos han visto cómo muchos de sus vecinos han sido desplazados por las amenazas. Ahora tienen mucho miedo de hablar sobre lo que pasa en la zona”, le dijo Bryan Contreras a este diario.”