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En lo que va corrido de 2022 han sido asesinados 13 exintegrantes de las antiguas Farc. Los dos casos más recientes ocurrieron el fin de semana del 2 y 3 de abril. El primer asesinato ocurrió en San José del Guaviare contra Edwin Sánchez, líder en el ETCR ‘Jaime Pardo Leal’. El del 3 de abril fue en Bogotá contra Carlos Humberto Siabato, en Bogotá.
Colombia+20 habló con compañeros, conocidos y amigos de Edwin Sánchez y Carlos Siabato, para conocer más sobre su trayectoria de líderes en el posacuerdo y las circunstancias en las que fueron asesinados.
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Edwin Sánchez, una voz de reconciliación en el Guaviare
“La cochina muerte estuvo persiguiendo a Edwin Andrés por casi dos años. El fin de semana pasado por fin dio con él”. Esta afirmación se la dio a Colombia+20 una mujer que pidió identificarse como Lizeth*, exguerrillera desde San José del Guaviare que era allegada a Edwin Sánchez Varón, el firmante de paz número 311 en ser asesinado tras la firma del Acuerdo de Paz. En medio de su dolor, con reserva de identidad, aseguró que ni este ni ningún otro asesinato los va a hacer regresar a las armas: “Edwin nos inculcó los valores alrededor del perdón, la gallardía para agachar la cabeza y ofrecer disculpas, y una voluntad de paz inquebrantable, al servicio de los más débiles”, sentenció.
Corría octubre de 2020 cuando Edwin desempeñaba activamente funciones de coordinador en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Jaime Pardo Leal’, en Colinas (Guaviare), una vereda a un par de horas del casco urbano de San José en el que los antiguos combatientes de las Farc decidieron apostarle a una vida civil, con el arte de muralismos y la elaboración de proyectos productivos campesinos como grandes protagonistas.
Cuando se podía y veía oportunidades estratégicas, Edwin llamaba a sus vecinos del ETCR Marco Aurelio Buendía, en Charras, para unir esfuerzos y trabajar en conjunto. Claro, eso no era del agrado de un grupo de disidentes que por ese entonces llevaban poco más de un año reactivados en armas.
El 13 de octubre de 2020, Edwin Sánchez fue a hacer diligencias a San José del Guaviare, pese a las advertencias de algunos de sus compañeros en el ETCR. “Dos días antes, por los lados del ‘Jaime Pardo Leal’, asesinaron a Plutarco Cardozo. Era un compañero reincorporado al que sin mediar palabra le fueron disparando hasta asesinarlo. Era una advertencia para los demás líderes y eso fue lo que le dijimos a Edwin”, comentó Léider, un exFarc en Colinas que ante medios siempre opta por dar su nombre de guerra.
Aquel día se cumplió el presagio de los cercanos a Edwin. A la altura de Termales, corregimiento en El Retorno, a Edwin lo interceptaron dos personas que le dispararon en una pierna y un brazo. En ese momento perdió mucha sangre, pero su vida la salvó la pronta llegada de una ambulancia que lo trasladó a un hospital de la capital guaviarense.
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“Desde ese día le dijimos que anduviera con cuidado, que se cuidara, porque no queríamos que le pasara nada. Tal vez, en el fondo Edwin sabía que eventualmente algo malo le iba a suceder. Parece una frase de cajón, pero no importa que se repita… cuando matan a uno de nosotros, se llevan un poco de nuestros corazones. Ahora la tarea es no dejar morir su legado”, sentenció Léider.
Pasó 2021 sin mayores novedades. Edwin siguió liderando proyectos locales de producción, encabezaba reuniones comunales para la defensa del medioambiente, hablaba con propiedad del Chiribiquete y se resistía a la idea de que los armados le quitaran la tranquilidad que supo ganar luego de desmovilizarse en 2016.
“En 2019 y 2021 hubo dos Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que nos puso con los pelos de punta a todos, pero particularmente a Edwin. Allí identificaron, como se decía secreteado a voces, que las disidencias de los frentes 1 y 7 estaban operando de forma seguida en San José y merodeaban Colinas. Veíamos gente rara al lado del ETCR, pero no le dimos mayor importancia. Algunos de por acá decían que buscaban acabar con personas que denunciaran cosas de reclutamiento, desplazamientos forzados o extorsiones; y si me toca ser franca, Edwin era uno de esos que sin desparpajo denunciaban”, narró Lizeth.
Estos temores se materializaron el 2 de abril de 2022. En la noche de aquel sábado, Edwin Andrés Sánchez fue asesinado por personas en una motocicleta, sin identificar, en una zona conocida como La Libertad, en San José del Guaviare. Los reportes forenses señalaron que el firmante de paz recibió seis impactos de bala que le ocasionaron la muerte inmediata.
“La identidad de los autores materiales sigue en investigación. Sin embargo, hay certeza en que la placa de la motocicleta que movilizaba a los asesinos es XT 125″, reza un documento de la Policía en la capital del Guaviare.
Edwin Sánchez es el excombatiente de las Farc número 12 en ser asesinado en lo corrido de 2022. Para Alfonso Gómez, compañero suyo en el espacio territorial, esta pérdida marca un hito tristísimo del que será difícil reponerse.
“Nos quitaron a un amigo, a un convencido de la paz, a una persona que a pesar de los errores sabía reparar y perdonar. Lo vamos a mantener vivo en nuestros pensamientos… siempre con zozobra, pero con la tarea de querer cumplir a diario con su legado de vivir con dignidad. No se trata de ponerle el rol de héroe a nadie, simplemente perdimos a una persona a la que era fácil querer”, agregó.
Carlos Siabato, un líder silencioso y comprometido con su comunidad
Carlos Humberto Siabato fue uno de los miembros fundadores de la Asociación de Construcción Colectiva, Unidad y Transformación en Colombia - Asocunt - un colectivo creado en 2020, conformado por más de 120 excombatientes de las Farc, personas víctimas de desplazamiento forzado y líderes sociales representantes de sectores vulnerables de la capital. Durante la pandemia crearon una granja en la localidad de Usme y se organizaron para llevar comida a las familias más vulnerables de sus comunidades.
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Siabato vivía desde hace cuatro años en el barrio La Playa, en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. Allí vivía con su compañera y hace ocho meses había nacido su primera hija. En esta misma zona, él y su pareja administraban una tienda de víveres y eran miembros activos de su comunidad local, según Pedro*, uno de los miembros de la junta directiva de Asocunt, que se encuentra en proceso de reincorporación y prefirió no ser nombrado por motivos de seguridad.
Al igual que varios de los miembros de Asocunt, Siabato fue uno de los presos políticos beneficiados por la Ley 1820 de Amnistía e Indulto, una de las normas que implementa el Punto 3 del Acuerdo Final. Sin embargo, y a pesar de que trabajaron muy de cerca en estos procesos, Pedro no sabe mucho más de la historia de Carlos Siabato antes de su llegada a Bogotá. “El compañero era reservado con sus cosas, pero lideraba varios procesos en su barrio, por medio de su trabajo y de la labor social de la organización”, recordó.
Carlos Siabato fue asesinado en su casa en el barrio La Playa. Según denunciaron sus compañeros, un hombre se instaló en una casa vecina el viernes 2 de abril, y al día siguiente le disparó varias veces y huyó.
El firmante de paz fue atendido en un hospital, pero no sobrevivió a las heridas del ataque. Pedro reiteró que no se trató de un hecho de intolerancia porque el hombre que le disparó era completamente desconocido por la comunidad: “llegó armado un día, cometió el crimen al otro y salió corriendo, esto no es característico de riñas ni cosas de ese estilo”, dijo. Por lo pronto, la Fiscalía está investigando los hechos.
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Líderes del partido Comunes y enlaces de reincorporación territoriales, que prefirieron no ser identificados en la elaboración de esta nota, han denunciado que además de los asesinatos de Edwin Sánchez y Carlos Siabato, este mes, otro firmante del Acuerdo en Bogotá fue sacado de su casa y golpeado por miembros de la policía en un CAI de Soacha (Cundinamarca).
Además, por medio de un video, Pastor Alape, miembro de la dirección nacional del partido Comunes y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, denunció también que el 2 y 3 de abril miembros del Colectivo de excombatientes “La Granja” en Puerto Guzmán (Putumayo) reportaron la presencia de hombres armados patrullando esa zona. En este mismo lugar fue asesinado el 24 de febrero Jorge Santofimio, que en ese momento lideraba este colectivo.
¿Por qué ocurren estos asesinatos?
Según Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las razones detrás de estos asesinatos es la falta de una política pública que regule el Decreto Ley 154 de febrero de 2017 mediante el cual se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
La CNGS fue creada por el Acuerdo de Paz con el objetivo de “desmantelar las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz” según se lee en el decreto. A pesar de que en muchos casos aún no se conoce quiénes son los responsables de los asesinatos, miembros del partido Comunes afirman que las estructuras armadas herederas del paramilitarismo y los grupos armados que no fueron parte del proceso de paz representan la mayor amenaza para los excombatientes. Al menos esa es una de las sospechas dentro de las investigaciones del asesinato de Edwin Andrés Sánchez.
En febrero de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Procuraduría, de forma vehemente, investigar los asesinatos a los firmantes de paz para no continuar con las altas cifras que dejaron los años anteriores durante el posconflicto. Según una audiencia pública que convocó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de este tribunal, uno de los grades vacíos en la implementación se ve evidenciado en la falta de garantías de seguridad para las personas en proceso de reincorporación.
La alerta más importante que se ha dado sobre este tema la dio en enero pasado la Corte Constitucional. El tribunal declaró que hay un estado de cosas inconstitucional sobre los incumplimientos en materia de garantías seguridad para los exintegrantes de las Farc en su regreso a la vida civil.
La decisión fue la respuesta a la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, revelada por El Espectador en agosto pasado, en la que aclaró que existe una violación masiva del Acuerdo de Paz, por cuanto los firmantes no tienen garantías de seguridad y están siendo asesinados sin que el Estado haga algo.
“Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”, dijo la magistrada Pardo.
Colombia+20 hizo una recopilación de algunos casos en los que el Estado no garantizó la protección a excombatientes de Farc como los dos espacios territoriales que se han tenido que trasladar completos por falta de garantías, los 35 reincorporados de las Farc que enviaron solicitudes de protección fueron asesinados, entre otros.
*Cambio en el nombres de las fuentes, por petición expresa de los entrevistados