El 50 % de los líderes asesinados en el Cauca eran indígenas

Con cada hecho de violencia, con cada carro bomba, masacre o asesinato en el departamento del Cauca, el país se vuelca a tratar de entender la situación en esta zona y las autoridades, a dar una respuesta. Sin embargo, no son hechos aislados, hacen parte una crisis humanitaria, de actores armados, y de vulneración a los derechos humanos que se agrava con los años.

Este departamento es donde se registra el mayor número de asesinatos a lideres sociales en Colombia, con el 28% del total nacional. Y en el 2020, año de la pandemia donde la mayoría del país y el mundo estaban confinados, los asesinatos a defensores aumentaron en un 40 % con respecto al año anterior.

Así lo describe el último informe realizado por la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías Cifuentes”; la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y las Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca.

El documento titulado “Situación de emergencia por vulneraciones a los derechos humanos en el departamento del Cauca” fue financiado por la Fundación Heinrich Böll; el Fondo Noruego para los Derechos Humanos; el Principado de Asturias Pueblo y Dignidad; el Cantón de Ginebra; Meyrin, y la Asociación Turpial.

Para entender porqué en el Cauca la violencia no cesa es necesario identificar los actores que convergen en este territorio. De acuerdo con el informe, luego de la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc, y de “las deficiencias notorias en el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, en este departamento se ha experimentado la militarización de los territorios que contrata con la recomposición de grupos armados ilegales y las disputas por el control de las zonas que antes ocupaban las Farc.

Como lo muestra el siguiente mapa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una fuerte influencia en el departamento y también en la costa como Bolívar y Sucre. En el Cauca los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez Castaño hacen presencia principalmente en Argelia, Santander de Quilichao, Caldono, Caloto La Sierra y Timbiquí.

Además de esta guerrilla, también hay otros grupos armados como el EPL, especialmente el frente Andrey Peñaranda, que pese a tener una presencia histórica en el Catatumbo, se ha extendido hasta llegar al Cauca y el Calle, principalmente en Mercaderes, Miranda y Toribío.

Como si fuera poco, las comunidades caucanas tienen que afrontar la violencia que perpetúan los grupos residuales paramilitares. Entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las autodenominadas “Águilas Negras”, quienes han instaurado el miedo por medio de asesinatos selectivos y la distribución de panfletos y amenazas. La presencia de las Agc, pese ha ser “esporádica”, dice el documento, se han instaurado con mayor fuerza en Santander de Quilichao, Caloto, Guachené y Corinto.

No hay que olvidar, además, que el Cauca afronta el rearme de antiguos exguerrilleros de las Farc y milicianos que no se sometieron a los Acuerdos de paz y que conforman lo que se conoce como “disidencias”. Por ejemplo, la columna móvil Jaime Martinez, el Frente Carlos Patiño, la “Nueva o Segunda Marquetalia”, y la columna móvil Dabogerto Ramos también se disputan el dominio de estos territorios.

Esta situación ya ha sido denunciada por líderes sociales, organizaciones y la comunidad internacional. Esta última ha hecho énfasis en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz, lograr la sustición efectiva de cultivos ilícitos y garantizar la seguridad de las comunidades y los defensores de derechos humanos.

De hecho, tras el asesinato de la autoridad Neehwe’sx Cristina Bautista y el líder indígena José Gerardo Soto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha hecho numerosas denuncias públicas sobre la presencia de las disidencias de la guerrilla de las Fars, los grupos neoparamilitares y las represalias contra quienes lideran procesos comunitarios en el Cauca.

Y es que las cifras son aterradoras. Según el documento, de los 271 líderes asesinados en el Cauca desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el 50.9 % eran indígenas. Ellos han denominado este fenómeno como el “genocidio indígena”, por el que se han movilizado en mingas, llegando a las diferentes ciudades principales para que el país conozca, desde la voz de ellos, lo que pasa en el Cauca.

Además, los campesinos, afros y líderes que pertenecen a organizaciones sociales o sindicales también han sido víctimas fatales. Con el agravante que quienes lideran procesos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) son unos de los principales objetivos de los grupos armados ilegales. En esta región, clave por el cultivo de hoja de coca y también por las rutas para su comercialización, quienes intentan erradicar las economías ilegales del Cauca, asegura, “tienen una lápida en el cuello”.

La situación de vulneración de derechos humanos y del asesinato sistemático de líderes en el Cauca se ha agravado en los últimos tres años. Así como lo muestra la siguiente gráfica:

Desde el año 2018, inicio del gobierno actual de Ivan Duque, hasta el 2020, los asesinatos a líderes en el Cauca han aumentado en casi un 70 %.

Sumado a esto, el factor geográfico indica que en el 88 % de los municipios del Cauca han asesinado, al menos, a un líder social. Es decir, casi en su totalidad, este territorio ha sido afectado por este tipo de crímenes. Los municipios más impactados, como se muestra a continuación, son aquellos donde convergen los distintos actores armados ilegales como las guerrillas del ELN, EPL, las disidencias y los grupos neoparamilitares.

En estos territorios, como lo señala la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada”.

Sobre el modus en el que se cometen los asesinatos, el informe asegura que “continúa la tendencia que se ha identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda o en el sitio de trabajo o sus alrededores; esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio de los líderes sociales, defensores y defensoras en el Cauca.”

Estos hallazgos confirman que las cifras de las violencias en el Cauca continúan acrecentando. Una realidad que vienen denunciando, casi que diariamente, organizaciones sociales, campesinas e indígenas. Mientras el pueblo caucano vive en medio del conflicto, los jóvenes piden que no estigmaticen más a los líderes pues sin ellos “seríamos comunidades huérfanas”.

Le recomendamos leer y escuchar:

*Caos en el Cauca: Defensoría despliega comisión humanitaria por violencia armada

*(Pódcast): Las memorias que se llevó el río Cauca

*El informe sobre salud y glifosato que pocos quieren leer

Con cada hecho de violencia, con cada carro bomba, masacre o asesinato en el departamento del Cauca, el país se vuelca a tratar de entender la situación en esta zona y las autoridades, a dar una respuesta. Sin embargo, no son hechos aislados, hacen parte una crisis humanitaria, de actores armados, y de vulneración a los derechos humanos que se agrava con los años.

Este departamento es donde se registra el mayor número de asesinatos a lideres sociales en Colombia, con el 28% del total nacional. Y en el 2020, año de la pandemia donde la mayoría del país y el mundo estaban confinados, los asesinatos a defensores aumentaron en un 40 % con respecto al año anterior.

Así lo describe el último informe realizado por la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías Cifuentes”; la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y las Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca.

El documento titulado “Situación de emergencia por vulneraciones a los derechos humanos en el departamento del Cauca” fue financiado por la Fundación Heinrich Böll; el Fondo Noruego para los Derechos Humanos; el Principado de Asturias Pueblo y Dignidad; el Cantón de Ginebra; Meyrin, y la Asociación Turpial.

Para entender porqué en el Cauca la violencia no cesa es necesario identificar los actores que convergen en este territorio. De acuerdo con el informe, luego de la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc, y de “las deficiencias notorias en el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, en este departamento se ha experimentado la militarización de los territorios que contrata con la recomposición de grupos armados ilegales y las disputas por el control de las zonas que antes ocupaban las Farc.

Como lo muestra el siguiente mapa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una fuerte influencia en el departamento y también en la costa como Bolívar y Sucre. En el Cauca los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez Castaño hacen presencia principalmente en Argelia, Santander de Quilichao, Caldono, Caloto La Sierra y Timbiquí.

Además de esta guerrilla, también hay otros grupos armados como el EPL, especialmente el frente Andrey Peñaranda, que pese a tener una presencia histórica en el Catatumbo, se ha extendido hasta llegar al Cauca y el Calle, principalmente en Mercaderes, Miranda y Toribío.

Como si fuera poco, las comunidades caucanas tienen que afrontar la violencia que perpetúan los grupos residuales paramilitares. Entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las autodenominadas “Águilas Negras”, quienes han instaurado el miedo por medio de asesinatos selectivos y la distribución de panfletos y amenazas. La presencia de las Agc, pese ha ser “esporádica”, dice el documento, se han instaurado con mayor fuerza en Santander de Quilichao, Caloto, Guachené y Corinto.

No hay que olvidar, además, que el Cauca afronta el rearme de antiguos exguerrilleros de las Farc y milicianos que no se sometieron a los Acuerdos de paz y que conforman lo que se conoce como “disidencias”. Por ejemplo, la columna móvil Jaime Martinez, el Frente Carlos Patiño, la “Nueva o Segunda Marquetalia”, y la columna móvil Dabogerto Ramos también se disputan el dominio de estos territorios.

Esta situación ya ha sido denunciada por líderes sociales, organizaciones y la comunidad internacional. Esta última ha hecho énfasis en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz, lograr la sustición efectiva de cultivos ilícitos y garantizar la seguridad de las comunidades y los defensores de derechos humanos.

De hecho, tras el asesinato de la autoridad Neehwe’sx Cristina Bautista y el líder indígena José Gerardo Soto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha hecho numerosas denuncias públicas sobre la presencia de las disidencias de la guerrilla de las Fars, los grupos neoparamilitares y las represalias contra quienes lideran procesos comunitarios en el Cauca.

Y es que las cifras son aterradoras. Según el documento, de los 271 líderes asesinados en el Cauca desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el 50.9 % eran indígenas. Ellos han denominado este fenómeno como el “genocidio indígena”, por el que se han movilizado en mingas, llegando a las diferentes ciudades principales para que el país conozca, desde la voz de ellos, lo que pasa en el Cauca.

Además, los campesinos, afros y líderes que pertenecen a organizaciones sociales o sindicales también han sido víctimas fatales. Con el agravante que quienes lideran procesos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) son unos de los principales objetivos de los grupos armados ilegales. En esta región, clave por el cultivo de hoja de coca y también por las rutas para su comercialización, quienes intentan erradicar las economías ilegales del Cauca, asegura, “tienen una lápida en el cuello”.

La situación de vulneración de derechos humanos y del asesinato sistemático de líderes en el Cauca se ha agravado en los últimos tres años. Así como lo muestra la siguiente gráfica:

Desde el año 2018, inicio del gobierno actual de Ivan Duque, hasta el 2020, los asesinatos a líderes en el Cauca han aumentado en casi un 70 %.

Sumado a esto, el factor geográfico indica que en el 88 % de los municipios del Cauca han asesinado, al menos, a un líder social. Es decir, casi en su totalidad, este territorio ha sido afectado por este tipo de crímenes. Los municipios más impactados, como se muestra a continuación, son aquellos donde convergen los distintos actores armados ilegales como las guerrillas del ELN, EPL, las disidencias y los grupos neoparamilitares.

En estos territorios, como lo señala la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada”.

Sobre el modus en el que se cometen los asesinatos, el informe asegura que “continúa la tendencia que se ha identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda o en el sitio de trabajo o sus alrededores; esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio de los líderes sociales, defensores y defensoras en el Cauca.”

Estos hallazgos confirman que las cifras de las violencias en el Cauca continúan acrecentando. Una realidad que vienen denunciando, casi que diariamente, organizaciones sociales, campesinas e indígenas. Mientras el pueblo caucano vive en medio del conflicto, los jóvenes piden que no estigmaticen más a los líderes pues sin ellos “seríamos comunidades huérfanas”.

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