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La lucha por la tierra que han emprendido los excombatientes es resultado de un asunto complejo: no se pactó en el Acuerdo de Paz. El Gobierno y las Farc, en la mesa de negociación en La Habana, no acordaron la compra de predios para que los firmantes de paz desarrollaran, con total seguridad, un proceso colectivo de reinserción económica. Este vacío llevó al Gobierno actual a prometer la compra de tierras y titulárselas a los exguerrilleros, para lo que destinó $16.000 millones solo para la compra de los terrenos donde están los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), donde, según la Misión de Verificación de la ONU, únicamente viven entre 2.500 y 3.000 excombatientes (el 20 % de los 13.000 ex-Farc). Pero a la fecha solo ha adquirido nueve y la propiedad sigue siendo del Gobierno, no de los excombatientes ni sus cooperativas.
Sin embargo, solos o agrupados en cooperativas o asociaciones, los firmantes del Acuerdo de Paz que dejaron los AETCR han gestionado por sí mismos y con el apoyo de terceros, como familiares, comunidades amigas y ONG, la consecución de terrenos donde proyectan su futuro. Pero no ha sido fácil, la estigmatización de la que son sujetos, los altos precios de los predios, la inseguridad económica y la inexperiencia en los trámites legales y bancarios han sido retos del día a día, sin contar con el riesgo que enfrenta su seguridad en las regiones más apartadas, donde se recicla la violencia.
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Nuevas Áreas de Reincorporación
Los excombatientes no estaban obligados a permanecer en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y, de hecho, esa figura jurídica expiró en agosto de 2019. Paulatinamente, fueron saliendo de esos espacios y se fue configurando lo que se conoce como la nueva geografía de la reincorporación. Buena parte de ellos volvió a sus regiones de origen a encontrarse con sus familias y seguir su tránsito a la legalidad de forma individual. Pero otros decidieron asociarse colectivamente, se fueron de sus espacios y en otras zonas del país levantaron Nuevas Áreas de Reincorporación, hoy conocidas como NAR. Según la Misión de Verificación de la ONU, actualmente pueden ser unas 75 NAR en todo el país, aunque el Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) calcula que hay unas 85.
Según Laura Villa, delegada CNR-Farc, las NAR surgieron por cuenta del lento y precario avance de los proyectos productivos en los AETCR, ubicados, la mayoría, en zonas alejadas y sin vías adecuadas que las conectaran con centros urbanos para la comercialización de sus productos. Además, había inconformidad frente a la infraestructura y condiciones de habitabilidad de los AETCR, porque no se ajustaban a lo pactado. En consecuencia, muchos firmantes de paz empezaron a gestionar su propio proceso de reincorporación.
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Si bien no hay consenso en qué caracteriza a una NAR, pueden entenderse como proyectos en los que excombatientes se han asociado para llevar su proceso de reincorporación colectivo a buen término, caracterizadas por la autogestión y la cooperatividad. En algunos casos, los firmantes del Acuerdo viven y producen en las NAR, pero en otros trabajan la tierra y no la habitan. Para la Misión de Verificación de la ONU, hay al menos dos criterios para definirlas: excombatientes que participan en actividades productivas colectivas o áreas en las que al menos vivan diez reincorporados que trabajan conjuntamente en proyectos productivos.
Para el Componente Farc del CNR, son una forma a través de la cual los firmantes del Acuerdo de Paz comparten dinámicas asociativas y se integran a los territorios en su proceso de reincorporación. “Es una versión colectiva de futuro, a pesar de las dificultades, de seguir trabajando y generando asentamientos en zonas rurales o urbanas. Trascienden la geografía a los lazos de la colectividad, y del vivir y trabajar juntos”, señala Villa. Y el Gobierno, por su parte, no las reconoce por no estar contempladas en el Acuerdo y carecer de figura jurídica. Sin embargo, desde el mandato de Santos se amplió el abastecimiento propio de los AETCR a lo que el Gobierno llamó 25 “zonas aledañas”, donde también vive población excombatiente.
Para quienes habitan las NAR, la ruta de acceso a tierras no está tan clara. En noviembre de 2020, el Gobierno expidió un decreto que habilitó la posibilidad de que predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), objeto de extinción de dominio, fueran transferidos a excombatientes de las Farc. La única condición es que los firmantes del Acuerdo tengan un proyecto productivo aprobado por el CNR en el caso de los colectivos, o por la ARN, en el caso de los individuales. Hasta el momento, por esa ruta solo se ha entregado un predio, en Huila, y no contempla la adjudicación de tierras para la construcción de sus viviendas.
Sin tierra no hay reincorporación colectiva
En un rastreo que La Paz en el Terreno adelantó en 28 NAR de varias regiones del país, se identificaron más de 1.220 excombatientes reunidos en grupos de seis a 125 personas, con un promedio de 55 firmantes por NAR, que en su mayoría planean o llevan a cabo proyectos productivos, sobre todo agropecuarios, en más de 804 hectáreas (h) conseguidas a pulso. Sin embargo, la mayoría no cuenta con las tierras necesarias para trabajar y en al menos once NAR aún no tienen hectáreas disponibles.
Si bien existe un número limitado de terrenos donados a los colectivos o dados en comodato —préstamo de tierra por un tiempo establecido—, la gran mayoría de las NAR se asientan en predios arrendados o de sus familiares, necesarios para el desarrollo de sus proyectos productivos, que van desde la piscicultura —principalmente de tilapia—, la apicultura y el cultivo de café, cacao, papaya, aguacate, fríjol, ñame y plátano, hasta la crianza de aves, cerdos y ganado. También hay proyectos de ecoturismo, costura y renta de servicios como lavadoras. Muchos, sin embargo, han tenido que empezar nuevos proyectos después de que sus primeros intentos fallaran, porque las cosechas no fueron exitosas, los animales enfermaron, les tocó reubicarse y perder lo invertido o por inexperiencia con su ejecución.
La mayoría de estos proyectos colectivos son autogestionados y autofinanciados, al menos en algún porcentaje. De las 75 NAR que monitorea la Misión de Verificación de la ONU, solo en cerca de 25 hay proyectos aprobados por el CNR. Allí, los excombatientes tuvieron que arreglárselas para asegurar tierras que pudieran usar, pues es uno de los requisitos para que el CNR apruebe el proyecto. No obstante, de acuerdo con el Componente Farc del CNR, habría muchos reincorporados que para arrendar o hacer pequeñas compras de tierra han tenido que utilizar su capital semilla; es decir, los $8 millones que les otorgó el Acuerdo de Paz para financiar sus proyectos productivos, de vivienda y educativos. “Eso termina afectando la estabilidad de los proyectos productivos, que se supone es el destino de ese capital”, asegura Laura Méndez, integrante del Componente.
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“Esto representa una carga financiera que asumen los mismos excombatientes con los recursos aprobados, afectando notablemente la rentabilidad de los proyectos y su sostenibilidad. Es por esto que el acceso a tierra es un elemento fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación económica y social”, asegura la Misión de la ONU.
Los contados casos en los que han podido comprar tierra con recursos propios generalmente deviene del ahorro de su renta básica —el 90 % del salario mínimo que cada excombatiente acreditado recibe mensualmente— y de las ganancias de los proyectos productivos. Estos son los casos de la NAR San José de León, en Mutatá (Antioquia), donde hay 47 hectáreas a nombre de una cooperativa con sesenta afiliados, aunque haya integrantes que desean trabajar allí su tierra propia. Mensualmente, entre otros proyectos, producen cuatro toneladas de pescado.
Y el caso de la NAR de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda), donde han cancelado el 60 % de la deuda para las escrituras de 27 hectáreas, también a nombre de su cooperativa —aún les resta un saldo de $45 millones—. Aún no tienen proyectos productivos en marcha, pues la prioridad es pagar el terreno. Han recibido capacitaciones del PNUD y el SENA, y apoyo del CNR con la planeación de un proyecto piscícola, pero buena parte de la financiación devendrá del capital semilla.
En otros casos, autoridades locales, el sector privado y ONG han facilitado o donado predios, como ocurrió en la NAR de Quibdó (Chocó), donde 51 reincorporados también están organizados en una cooperativa. Después de que el CNR les aprobara un proyecto de tilapia roja y desestimaran la compra de un terreno por su inalcanzable valor, un comerciante de la región les ofreció un predio de 7 hectáreas. “Inicialmente nos lo dio en comodato, mientras que se daban los procesos de compra, lo cual nunca se dio, por lo que el comerciante decidió donarnos la tierra para el terreno de la cooperativa.
Desde ahí, empezamos todo el trámite legal para el traspaso, pero todo son recursos y nosotros no tenemos con qué. Esos trámites tienen un costo y en eso estamos estancados en este momento. No hemos podido conseguir el dinero para esto”, aseguró un reincorporado de la NAR. Aproximándose los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, es común que los proyectos planeados no se hayan podido ejecutar por la falta de tierra.
Para el Componente Farc del CNR, es imperativo que el Gobierno reconozca la existencia de las NAR y les entregue una oferta diferencial por su condición de excombatientes, para así llevar con éxito el proceso de reincorporación social y económica. Al cierre de esta edición, la ARN no había respondido a las preguntas de este medio para conocer su perspectiva sobre la realidad de las NAR.
Una dificultad adicional para los reincorporados, según denuncian, surge con el sector bancario al solicitar créditos para adquirir tierras para las NAR o invertir en proyectos productivos que superan en costos el capital semilla. Eso se debe a que los excombatientes no tienen historia crediticia ni respaldos financieros; además, algunos están en la Lista Clinton.
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Excombatientes, en la mira de los armados
Hay 34 NAR que se pueden ver amenazadas por la presencia en esos territorios de grupos paramilitares, de las disidencias de las Farc y fracciones del Eln, según conocieron La Paz en el Terreno y la UIP. Incluso, algunos líderes de los excombatientes han sido asesinados en esos territorios, como el sonado caso de Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, antiguo líder de La Pista, NAR ubicada en Uribe, Meta.
“La gente no resiste quedarse dentro de los AETCR. Eso ha sido un detonante, una bomba atómica a punto de explotar en diferentes partes del país. El asedio y la persecución política nos han venido afectando bastante”, relata Pedro Pablo Ibatá, reincorporado de las Farc e integrante hoy de la NAR urbana de Villavicencio.
Con contundente indignación denuncia: “Nos están matando la gente en el territorio. Hace poco nos mataron dos más: uno en Caquetá y uno en Nariño”. Pedro se refiere al asesinato de Pablo Ramírez Yate, reincorporado asesinado en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, en marzo; y al de José Alirio Jojoa Carrera, asesinado en el sector de Plazuelas, en el departamento de Nariño, en abril.
Osmany, uno de los líderes en las NAR de Montes de María, en la que al menos 226 excombatientes se encuentran asentados en distintos municipios de la región, explica con preocupación que un reto que enfrentan es la seguridad. “Hay grupos armados en la zona. Se encuentran sobre uno de los corredores del narcotráfico en Montes de María, al sur del Bolívar, hasta el mar Caribe (...), que atraviesa todo Sucre, y en esas partes, fundamentalmente Colosó, Chalán, Ovejas, Morroa (...), hay personas armadas. Hasta el momento hay un reincorporado asesinado”. No obstante, asegura, dicho riesgo no les ha impedido organizarse para adelantar proyectos productivos.
En la vereda Bocas de San Francisco, en Yondó, Antioquia, viven 61 excombatientes provenientes del AETCR de Carrizal, en Remedios, Antioquia, que decidieron irse por el incumplimiento del Gobierno a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Jorge Barbosa Angarita, conocido como Fabián Díaz, es uno de ellos. Él asegura que los compañeros que conforman esta NAR no viven juntos en el territorio, porque no han resuelto el tema de vivienda, por eso algunos viven en Yondó, otros en Barrancabermeja donde sus familias y otros en fincas cercanas.
Jorge relata que, después de que las Farc entregaron las armas, ha habido grupos ilegales que han querido crecer en las NAR y en los AETCR, por lo que les han hecho propuestas a los excombatientes para seguir en esos grupos; aún así, con la falta de voluntad política, “ahí nos mantenemos y por eso hemos decidido sacar de nuestro bolsillo y tratar de sacar este Acuerdo de Paz adelante, de cumplir y demostrarle al Gobierno de que nosotros sí tenemos ganas de apostarle a la paz”.
En efecto, la inseguridad es un problema que desvela a los reincorporados, y sienten, según fuentes entrevistadas para este especial, que el Gobierno no reacciona como debería, pese al asesinato de 278 excombatientes, las 63 tentativas de homicidio y las 21 desapariciones forzadas que reporta la Misión de Verificación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Paz.
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