“El asesinato de gobernador indígena en Putumayo fracturó a todas las comunidades”

En los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo) todos tienen miedo de hablar. Los líderes históricos del territorio, las familias de las víctimas y otros gobernadores indígenas cuentan sus relatos con temor a ser identificados y amenazados, tras el ataque armado ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo, en el que se reportaron 11 personas muertas. La Fuerza Pública habló de un operativo contra disidentes de las Farc, pero las organizaciones sociales han denunciado que se trataría de “falsos positivos”.

Una de las víctimas mortales fue Pablo Panduro Coquinche, el gobernador indígena del resguardo de El Bajo Remanso, un pueblo Kiwcha. Según Álvaro Rivadeneira, líder indígena siona de la zona, venían trabajando desde hacía tres semanas en los bazares comunitarios que realizan cada que necesitan recolectar dinero para autogestionar los arreglos de las comunidades. “Esos bazares siempre los hacemos cuando queremos mejorar la infraestructura de la escuela, por ejemplo, o cuando hay que hacer algún arreglo en las vías, ya veníamos haciéndolo en otros resguardos como el del Bajo Remanso y se realizan cada ocho días en cada comunidad”, comenta.

Habían arrancado los eventos interveredales en el Bajo Remanso, donde Panduro era gobernador indígena. Allí lograron recolectar dinero para avanzar en un proyecto de educación y sostenibilidad con la comunidad y el segundo fin de semana, el del pasado 26 y 27 de marzo, era el segundo encuentro. En este espacio, según han dicho organizaciones como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), los líderes de la Junta de Acción Comunal, como el presidente Divier Hernández, habían logrado recaudar $11 millones.

(Lea: Opiac denuncia presunto caso de falsos positivos en Putumayo)

Rivadeneira dice con seguridad que Pablo Panduro siempre había participado de estos espacios, incluso antes de ser gobernador, cargo al que llegó apenas el 15 de enero de 2022, cuando se posesionó ante la alcaldía municipal de Puerto Leguízamo. Cuenta que se conocieron desde hace más de 20 años en medio de un congreso indígena del Putumayo cuando ambos eran adolescentes y asegura que su causa principal siempre fue la defensa del medioambiente. “Para todos nosotros que somos comunidades ribereñas es importante cuidar el río, por ejemplo, pero para él eso tenía mucho más valor. Yo creo que por eso él quiso llegar a ser gobernador”, dice con la convicción de que, además, el hecho de haber pasado por cargos inferiores como secretario, tesorero, aguacil mayor y menor dentro de la comunidad, era una muestra de su compromiso.

Pablo Panduro era oriundo de la cabecera municipal de Puerto Leguízamo, pero había vivido toda su vida en los resguardos ubicados en la zona rural. Su amigo Álvaro Rivadeneira dice que su liderazgo era heredado y que gran parte de su familia había pertenecido a las guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región, aunque la mayor parte de su familia vivía en cabeceras urbanas. De hecho, contó que antes de llegar al cargo que ocupaba, lo veía en reuniones con otras autoridades planeando proyectos de sostenibilidad y empleabilidad para jóvenes. “La última vez que nos vimos fue el sábado antes de los hechos (26 de marzo de 2022). Recuerdo que él me comentó que la idea era hacer el bazar en otras comunidades de la ribera para recaudar fondos y nos comprometimos a encontrarnos ese fin de semana allá en Alto Remanso”, cuenta con la voz bajita.

Álvaro nunca llegó al bazar porque su esposa sufrió una decaída de salud y tuvo que quedarse en la cabecera municipal el fin de semana cuando ocurrieron los hechos, pero dice que le había prometido a Panduro apoyar la organización del resto de actividades en las otras veredas. Sin embargo, asegura que dos de sus cuñados sí lograron llegar y sobrevivieron al ataque armado porque “cuando comenzaron los disparos y las ráfagas, ellos pudieron salir del territorio en unas canoas hacia la vereda que había más abajo. Allí se refugiaron”.

Por eso, cuando el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, aseguró que se trataba de un combate entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc de Comandos de la Frontera, los líderes alertaron que se trataría de un montaje bajo la modalidad de los “falsos positivos”. “Lo primero que nosotros hicimos cuando nos comunicamos con la familia de él fue salir del territorio. En Alto Remanso no queda nadie, todos salieron desplazados hacia otras cabeceras municipales o a otros cabildos porque creemos que puede haber represalias por las denuncias. El hecho de que hayan asesinado al gobernador fracturó a todas las comunidades”, comenta.

En eso coincide Aureliano Garreta, otro líder indígena de ese territorio que dice que, aunque no fue cercano al gobernador, conoció su trabajo porque coincidieron en reuniones para planear proyectos con los niños, niñas y adolescentes para fomentar las costumbres étnicas a los más pequeños. “Como comunidades indígenas nosotros nos identificamos unos con otros y Pablo era uno de los líderes firmes para rechazar a los grupos armados al interior de las comunidades, porque defendía la neutralidad de la población civil”, asegura.

(Vea: “Eran civiles, no guerrilleros”: organización indígena que denuncia falsos positivos)

Para Garreta una de las grandes contradicciones es que el líder, recientemente, había participado de procesos con otras autoridades que pretendían armonizar el territorio por la creciendo ola de conflicto armado que se vive en el país. “En los congresos anuales étnicos que hacemos en Putumayo habíamos hablado de la necesidad de hacer actividades con las comunidades para fortalecer el tejido social porque se está rompiendo, justo antes de que sucedieran estos hechos”.

Aureliano también advirtió del subregistro de personas desaparecidas en medio del ataque armado cuando se reportaron personas lanzándose al río Putumayo en busca de un refugio. “Es imposible determinar quiénes están en esa condición porque muchas personas lograron sobrevivir y salieron del territorio pero están refugiadas e incomunicadas”, comenta.

Para llegar hasta la vereda Alto Remanso donde ocurrió el ataque armado hay que tomar un bote que tarda cuatro horas desde Puerto Leguízamo por el río Putumayo. De hecho, los familiares de los cascos urbanos de las víctimas no han podido llegar hasta el lugar porque también desconocen las condiciones de seguridad. Sin embargo, el líder aseguró que una sobrina del gobernador lleva dos noches en Medicina Legal de Mocoa a la espera de la identificación del cuerpo de Pablo. “La gente dice que él está ahí, peor todavía no los han dejado entrar a identificarlo. Hay muchas inconsistencias porque dicen que el levantamiento de los cuerpos lo hizo el Ejército y no la Fiscalía, entonces en quién se confía”.

Por el momento, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades judiciales velar por el esclarecimiento de los hechos mientras los familiares y líderes aseguran no tener garantías para retornar, como mencionó Aureliano, que asegura haber sido desplazado en dos momentos de su vida. “Muchos, por no decir todos, hemos sido víctimas del conflicto y si no hay garantías para el retorno, lo más probable es que las 232 comunidades indígenas que habitamos allí, nos desarticulemos y se pierdan tantos años de trabajo”.

En los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo) todos tienen miedo de hablar. Los líderes históricos del territorio, las familias de las víctimas y otros gobernadores indígenas cuentan sus relatos con temor a ser identificados y amenazados, tras el ataque armado ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo, en el que se reportaron 11 personas muertas. La Fuerza Pública habló de un operativo contra disidentes de las Farc, pero las organizaciones sociales han denunciado que se trataría de “falsos positivos”.

Una de las víctimas mortales fue Pablo Panduro Coquinche, el gobernador indígena del resguardo de El Bajo Remanso, un pueblo Kiwcha. Según Álvaro Rivadeneira, líder indígena siona de la zona, venían trabajando desde hacía tres semanas en los bazares comunitarios que realizan cada que necesitan recolectar dinero para autogestionar los arreglos de las comunidades. “Esos bazares siempre los hacemos cuando queremos mejorar la infraestructura de la escuela, por ejemplo, o cuando hay que hacer algún arreglo en las vías, ya veníamos haciéndolo en otros resguardos como el del Bajo Remanso y se realizan cada ocho días en cada comunidad”, comenta.

Habían arrancado los eventos interveredales en el Bajo Remanso, donde Panduro era gobernador indígena. Allí lograron recolectar dinero para avanzar en un proyecto de educación y sostenibilidad con la comunidad y el segundo fin de semana, el del pasado 26 y 27 de marzo, era el segundo encuentro. En este espacio, según han dicho organizaciones como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), los líderes de la Junta de Acción Comunal, como el presidente Divier Hernández, habían logrado recaudar $11 millones.

(Lea: Opiac denuncia presunto caso de falsos positivos en Putumayo)

Rivadeneira dice con seguridad que Pablo Panduro siempre había participado de estos espacios, incluso antes de ser gobernador, cargo al que llegó apenas el 15 de enero de 2022, cuando se posesionó ante la alcaldía municipal de Puerto Leguízamo. Cuenta que se conocieron desde hace más de 20 años en medio de un congreso indígena del Putumayo cuando ambos eran adolescentes y asegura que su causa principal siempre fue la defensa del medioambiente. “Para todos nosotros que somos comunidades ribereñas es importante cuidar el río, por ejemplo, pero para él eso tenía mucho más valor. Yo creo que por eso él quiso llegar a ser gobernador”, dice con la convicción de que, además, el hecho de haber pasado por cargos inferiores como secretario, tesorero, aguacil mayor y menor dentro de la comunidad, era una muestra de su compromiso.

Pablo Panduro era oriundo de la cabecera municipal de Puerto Leguízamo, pero había vivido toda su vida en los resguardos ubicados en la zona rural. Su amigo Álvaro Rivadeneira dice que su liderazgo era heredado y que gran parte de su familia había pertenecido a las guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región, aunque la mayor parte de su familia vivía en cabeceras urbanas. De hecho, contó que antes de llegar al cargo que ocupaba, lo veía en reuniones con otras autoridades planeando proyectos de sostenibilidad y empleabilidad para jóvenes. “La última vez que nos vimos fue el sábado antes de los hechos (26 de marzo de 2022). Recuerdo que él me comentó que la idea era hacer el bazar en otras comunidades de la ribera para recaudar fondos y nos comprometimos a encontrarnos ese fin de semana allá en Alto Remanso”, cuenta con la voz bajita.

Álvaro nunca llegó al bazar porque su esposa sufrió una decaída de salud y tuvo que quedarse en la cabecera municipal el fin de semana cuando ocurrieron los hechos, pero dice que le había prometido a Panduro apoyar la organización del resto de actividades en las otras veredas. Sin embargo, asegura que dos de sus cuñados sí lograron llegar y sobrevivieron al ataque armado porque “cuando comenzaron los disparos y las ráfagas, ellos pudieron salir del territorio en unas canoas hacia la vereda que había más abajo. Allí se refugiaron”.

Por eso, cuando el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, aseguró que se trataba de un combate entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc de Comandos de la Frontera, los líderes alertaron que se trataría de un montaje bajo la modalidad de los “falsos positivos”. “Lo primero que nosotros hicimos cuando nos comunicamos con la familia de él fue salir del territorio. En Alto Remanso no queda nadie, todos salieron desplazados hacia otras cabeceras municipales o a otros cabildos porque creemos que puede haber represalias por las denuncias. El hecho de que hayan asesinado al gobernador fracturó a todas las comunidades”, comenta.

En eso coincide Aureliano Garreta, otro líder indígena de ese territorio que dice que, aunque no fue cercano al gobernador, conoció su trabajo porque coincidieron en reuniones para planear proyectos con los niños, niñas y adolescentes para fomentar las costumbres étnicas a los más pequeños. “Como comunidades indígenas nosotros nos identificamos unos con otros y Pablo era uno de los líderes firmes para rechazar a los grupos armados al interior de las comunidades, porque defendía la neutralidad de la población civil”, asegura.

(Vea: “Eran civiles, no guerrilleros”: organización indígena que denuncia falsos positivos)

Para Garreta una de las grandes contradicciones es que el líder, recientemente, había participado de procesos con otras autoridades que pretendían armonizar el territorio por la creciendo ola de conflicto armado que se vive en el país. “En los congresos anuales étnicos que hacemos en Putumayo habíamos hablado de la necesidad de hacer actividades con las comunidades para fortalecer el tejido social porque se está rompiendo, justo antes de que sucedieran estos hechos”.

Aureliano también advirtió del subregistro de personas desaparecidas en medio del ataque armado cuando se reportaron personas lanzándose al río Putumayo en busca de un refugio. “Es imposible determinar quiénes están en esa condición porque muchas personas lograron sobrevivir y salieron del territorio pero están refugiadas e incomunicadas”, comenta.

Para llegar hasta la vereda Alto Remanso donde ocurrió el ataque armado hay que tomar un bote que tarda cuatro horas desde Puerto Leguízamo por el río Putumayo. De hecho, los familiares de los cascos urbanos de las víctimas no han podido llegar hasta el lugar porque también desconocen las condiciones de seguridad. Sin embargo, el líder aseguró que una sobrina del gobernador lleva dos noches en Medicina Legal de Mocoa a la espera de la identificación del cuerpo de Pablo. “La gente dice que él está ahí, peor todavía no los han dejado entrar a identificarlo. Hay muchas inconsistencias porque dicen que el levantamiento de los cuerpos lo hizo el Ejército y no la Fiscalía, entonces en quién se confía”.

Por el momento, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades judiciales velar por el esclarecimiento de los hechos mientras los familiares y líderes aseguran no tener garantías para retornar, como mencionó Aureliano, que asegura haber sido desplazado en dos momentos de su vida. “Muchos, por no decir todos, hemos sido víctimas del conflicto y si no hay garantías para el retorno, lo más probable es que las 232 comunidades indígenas que habitamos allí, nos desarticulemos y se pierdan tantos años de trabajo”.