El campesino que murió por un disparo del Ejército en el Catatumbo

El cuerpo de Alejandro Carvajal yace sobre las piernas de su padre, Teófilo Carvajal. A su alrededor, decenas de campesinos desesperados le gritan a un grupo de militares, que están a unos 300 metros más abajo en la montaña: “¿Por qué lo mataron?”. Varios labriegos se aprestan a abalanzarse sobre los uniformados para tratar de descargarles su furia, pero otros compañeros lo impiden. “No, contrólense. Nosotros quedémonos quietos porque llevamos las de perder atacándolos. Dirán que es que nosotros los atacamos y que por culpa nuestra lo mataron a él”, advierte uno de los campesinos mientras graba el momento con su celular. “Nos van a tener que matar a todos”, grita otro en medio de la desesperación.

El jueves 26 de marzo, Alejandro Carvajal almorzó con su esposa, María Alejandrina Uribe, y su hijo Jesús David, de cinco años, en su casa en la vereda Guayacanes, en el corregimiento La Victoria, en Sardinata (Norte de Santander). Se despidió y cogió la trocha a pie hacia la vecina vereda de Santa Teresita, para sumarse a los labriegos que desde hacía tres días estaban instalados al filo de una montaña en asentamiento campesino, turnándose para vigilar que los militares no empezaran a arrancarles sus matas de coca sin que ellos se dieran cuenta. La caminata lo dejó exhausto y entonces guindó de dos árboles la hamaca que había llevado para prestar guardia junto a sus compañeros, vecinos de las veredas de la zona.

Hacía 15 días que un grupo de alrededor de 800 erradicadores, entre militares, policías y civiles, habían llegado a Sardinata, el segundo municipio del Catatumbo con más coca sembrada y el quinto en todo el país, con 5.487 hectáreas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Desde el 11 de marzo estos grupos de erradicadores llegaron a los corregimientos de El Guamo, San Miguel y Las Mercedes, y a la par comenzaron las movilizaciones de los campesinos que luego salieron a bloquear las vías que comunican a Cúcuta con Ocaña y Tibú. “Las organizaciones campesinas, la Asamblea Departamental, el alcalde de Sardinata y el gobernador de Norte de Santander elevaron la solicitud al presidente Duque sobre la posibilidad de suspender, al menos durante la cuarentena (por el COVID-19), las operaciones de erradicación forzada de cultivos de coca”, explica Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

El llamado no fue atendido y desde el Ministerio de Defensa aseguraron que los operativos de erradicación forzada no se detendrán durante esta cuarentena. Sin embargo, los campesinos levantaron los bloqueos teniendo en cuenta el aislamiento preventivo para contener el virus. A los erradicadores, por su parte, los recogieron y luego los descargaron en la vereda Santa Teresita, hacia el lunes 23 de marzo

.Allí los campesinos se organizaron en un asentamiento campesino para defender los cultivos, pero no hubo enfrentamientos entre labriegos y erradicadores. “Ya tenían tres días ahí, había habido diálogo entre la comunidad y el Ejército, no había habido ningún choque, hasta tinto y limonada habían tomado. Los campesinos estaban, eso sí, pendientes de que no fueran a ir a erradicar y les dijeron que si lo hacían, ellos se metían a los cultivos”, cuenta María Carvajal, tía de Alejandro y reconocida lideresa del Catatumbo.

Antes de que empezaran estos nuevos operativos de erradicación en la región, Alejandro Carvajal, de 22 años, venía impulsando en su vereda un proceso de sustitución de cultivos de coca por caña panelera, a través de la Asociación de Cañicultores Paneleros de Sardinata (Asocapasar). Habían logrado ya un préstamo del banco para el proyecto. Alejandro era también el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde vivía.

Casi todos allí viven de la coca. Como en las veredas vecinas de San Sebastián, El Diamante, La Cristalina y San Gil. Hace mucho que no se ven cultivos de yuca, plátano y maíz, porque no hay vías por dónde sacarlos. Son veredas que quedan a unas tres horas de Sardinata, la mitad de ese recorrido en mula. Pero tampoco es que tengan mucha coca. “Para las otras veredas que conozco en el Catatumbo, eso allá no hay prácticamente nada. Cada uno tiene de a un cuarto o media hectárea. Eso daba era pena mirar ese pedacito de coca ahí donde iban a erradicar”, relata María Carvajal.

Por eso los labriegos insistían en las protestas para detener la erradicación forzada en esas veredas, más cuando en Sardinata, desde septiembre de 2017, se firmó un acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos de coca, al que se acogieron unas 1.500 familias. Sin embargo, solo fueron caracterizadas 302 familias y, de esas, solamente 129 han recibido los pagos mensuales, que es apenas el primer paso del Programa Nacional Integral de Sustitución. De proyectos productivos, también contenidos en el programa, aún no hay nada.

El jueves 26 de marzo, hacia las 3:00 p.m., Alejandro Carvajal estaba en el asentamiento campesino junto a su padre, uno de sus hermanos y demás campesinos de la zona. Entre 250 y 300 metros más abajo estaban los uniformados del Batallón de Operaciones Terrestres número 9, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército. Desde allí accionaron un fusil y la bala atravesó mortalmente a Alejandro por la espalda y le salió por el pecho. De inmediato se desplomó y cayó frente a su padre y a su hermano.

Los campesinos se desesperan mientras desde abajo empieza a subir un puñado de uniformados, incluido un enfermero, mientras uno de los labriegos graba con su celular. El enfermero se aproxima al cuerpo del joven y le toma el pulso para constatar que ya había muerto. Los soldados no responden la lluvia de reclamos por parte de los campesinos. “Fue en todo el pecho, eso fue apuntado”, señala uno. “Búsquense una excusa bien buena porque nosotros le vamos a decir a la prensa. ¿Ustedes nos dijeron que nos relajáramos para agarrarnos así?”, les grita otro a los uniformados. “No fuimos todos, no fuimos todos”, alcanza a decir uno de los uniformados.

“Los militares proponen trasladar el cuerpo, obviamente en el Catatumbo ya tenemos decenas de experiencias de qué implica permitir eso. Lo que se procedió fue a custodiarlo hasta que llegara la Fiscalía a hacer el levantamiento”, dijo Juan Carlos Quintero.

(Le puede interesar: 'Gobierno traicionó a los campesinos que dejaron sus cultivos de coca': líder campesino)

Según respondió el Ejército Nacional a un cuestionario enviado por Colombia 2020, quien estaba al mando del Batallón de Operaciones Terrestres número 9, el jueves 26 de marzo, era el teniente coronel Whílmar Montoya Cardona, “quien fue la primera persona en informar al comando superior”. De acuerdo con esa institución, actualmente avanza en el Juzgado 36 de Instrucción Penal Militar investigación formal de radicado número 5851 por homicidio culposo. “Se encuentra vinculado un miembro de la institución de grado soldado profesional”, dice el comunicado. También avanza la investigación en la Fiscalía primera con sede en Cúcuta y según esta entidad hasta el momento se han adelantado algunas labores de Policía judicial, tales como entrevistas a testigos e inspecciones en el lugar de los hechos. 

¿Por qué fue disparada la bala que acabó con la vida de Alejandro Carvajal? Esa es la pregunta que ahora deberán resolver las autoridades.

La muerte de Alejandro Carvajal se suma a una serie de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército que han hecho públicas las comunidades del Catatumbo. El caso más sonado es el homicidio del exmiliciano de las Farc Dimar Torres en Convención, del que este mes se cumple un año y por el cual está recluido con medida de aseguramiento el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita. Además, pobladores de la vereda Mesitas de Hacarí aseguran que el 6 de junio de 2018 murió el campesino de 19 años Yurjen Soto Gutiérrez, luego de que un explosivo (presuntamente lanzado por los uniformados) cayera en su vivienda. En la región también señalan a la Fuerza Pública de asesinar a un campesino en la vereda Tamaco, de El Carmen, el 27 de noviembre de 2018.  Esos hechos también estaban siendo investigados tanto por el Ejército cómo por la Fiscalía. 

El cuerpo de Alejandro Carvajal yace sobre las piernas de su padre, Teófilo Carvajal. A su alrededor, decenas de campesinos desesperados le gritan a un grupo de militares, que están a unos 300 metros más abajo en la montaña: “¿Por qué lo mataron?”. Varios labriegos se aprestan a abalanzarse sobre los uniformados para tratar de descargarles su furia, pero otros compañeros lo impiden. “No, contrólense. Nosotros quedémonos quietos porque llevamos las de perder atacándolos. Dirán que es que nosotros los atacamos y que por culpa nuestra lo mataron a él”, advierte uno de los campesinos mientras graba el momento con su celular. “Nos van a tener que matar a todos”, grita otro en medio de la desesperación.

El jueves 26 de marzo, Alejandro Carvajal almorzó con su esposa, María Alejandrina Uribe, y su hijo Jesús David, de cinco años, en su casa en la vereda Guayacanes, en el corregimiento La Victoria, en Sardinata (Norte de Santander). Se despidió y cogió la trocha a pie hacia la vecina vereda de Santa Teresita, para sumarse a los labriegos que desde hacía tres días estaban instalados al filo de una montaña en asentamiento campesino, turnándose para vigilar que los militares no empezaran a arrancarles sus matas de coca sin que ellos se dieran cuenta. La caminata lo dejó exhausto y entonces guindó de dos árboles la hamaca que había llevado para prestar guardia junto a sus compañeros, vecinos de las veredas de la zona.

Hacía 15 días que un grupo de alrededor de 800 erradicadores, entre militares, policías y civiles, habían llegado a Sardinata, el segundo municipio del Catatumbo con más coca sembrada y el quinto en todo el país, con 5.487 hectáreas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Desde el 11 de marzo estos grupos de erradicadores llegaron a los corregimientos de El Guamo, San Miguel y Las Mercedes, y a la par comenzaron las movilizaciones de los campesinos que luego salieron a bloquear las vías que comunican a Cúcuta con Ocaña y Tibú. “Las organizaciones campesinas, la Asamblea Departamental, el alcalde de Sardinata y el gobernador de Norte de Santander elevaron la solicitud al presidente Duque sobre la posibilidad de suspender, al menos durante la cuarentena (por el COVID-19), las operaciones de erradicación forzada de cultivos de coca”, explica Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

El llamado no fue atendido y desde el Ministerio de Defensa aseguraron que los operativos de erradicación forzada no se detendrán durante esta cuarentena. Sin embargo, los campesinos levantaron los bloqueos teniendo en cuenta el aislamiento preventivo para contener el virus. A los erradicadores, por su parte, los recogieron y luego los descargaron en la vereda Santa Teresita, hacia el lunes 23 de marzo

.Allí los campesinos se organizaron en un asentamiento campesino para defender los cultivos, pero no hubo enfrentamientos entre labriegos y erradicadores. “Ya tenían tres días ahí, había habido diálogo entre la comunidad y el Ejército, no había habido ningún choque, hasta tinto y limonada habían tomado. Los campesinos estaban, eso sí, pendientes de que no fueran a ir a erradicar y les dijeron que si lo hacían, ellos se metían a los cultivos”, cuenta María Carvajal, tía de Alejandro y reconocida lideresa del Catatumbo.

Antes de que empezaran estos nuevos operativos de erradicación en la región, Alejandro Carvajal, de 22 años, venía impulsando en su vereda un proceso de sustitución de cultivos de coca por caña panelera, a través de la Asociación de Cañicultores Paneleros de Sardinata (Asocapasar). Habían logrado ya un préstamo del banco para el proyecto. Alejandro era también el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde vivía.

Casi todos allí viven de la coca. Como en las veredas vecinas de San Sebastián, El Diamante, La Cristalina y San Gil. Hace mucho que no se ven cultivos de yuca, plátano y maíz, porque no hay vías por dónde sacarlos. Son veredas que quedan a unas tres horas de Sardinata, la mitad de ese recorrido en mula. Pero tampoco es que tengan mucha coca. “Para las otras veredas que conozco en el Catatumbo, eso allá no hay prácticamente nada. Cada uno tiene de a un cuarto o media hectárea. Eso daba era pena mirar ese pedacito de coca ahí donde iban a erradicar”, relata María Carvajal.

Por eso los labriegos insistían en las protestas para detener la erradicación forzada en esas veredas, más cuando en Sardinata, desde septiembre de 2017, se firmó un acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos de coca, al que se acogieron unas 1.500 familias. Sin embargo, solo fueron caracterizadas 302 familias y, de esas, solamente 129 han recibido los pagos mensuales, que es apenas el primer paso del Programa Nacional Integral de Sustitución. De proyectos productivos, también contenidos en el programa, aún no hay nada.

El jueves 26 de marzo, hacia las 3:00 p.m., Alejandro Carvajal estaba en el asentamiento campesino junto a su padre, uno de sus hermanos y demás campesinos de la zona. Entre 250 y 300 metros más abajo estaban los uniformados del Batallón de Operaciones Terrestres número 9, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército. Desde allí accionaron un fusil y la bala atravesó mortalmente a Alejandro por la espalda y le salió por el pecho. De inmediato se desplomó y cayó frente a su padre y a su hermano.

Los campesinos se desesperan mientras desde abajo empieza a subir un puñado de uniformados, incluido un enfermero, mientras uno de los labriegos graba con su celular. El enfermero se aproxima al cuerpo del joven y le toma el pulso para constatar que ya había muerto. Los soldados no responden la lluvia de reclamos por parte de los campesinos. “Fue en todo el pecho, eso fue apuntado”, señala uno. “Búsquense una excusa bien buena porque nosotros le vamos a decir a la prensa. ¿Ustedes nos dijeron que nos relajáramos para agarrarnos así?”, les grita otro a los uniformados. “No fuimos todos, no fuimos todos”, alcanza a decir uno de los uniformados.

“Los militares proponen trasladar el cuerpo, obviamente en el Catatumbo ya tenemos decenas de experiencias de qué implica permitir eso. Lo que se procedió fue a custodiarlo hasta que llegara la Fiscalía a hacer el levantamiento”, dijo Juan Carlos Quintero.

(Le puede interesar: 'Gobierno traicionó a los campesinos que dejaron sus cultivos de coca': líder campesino)

Según respondió el Ejército Nacional a un cuestionario enviado por Colombia 2020, quien estaba al mando del Batallón de Operaciones Terrestres número 9, el jueves 26 de marzo, era el teniente coronel Whílmar Montoya Cardona, “quien fue la primera persona en informar al comando superior”. De acuerdo con esa institución, actualmente avanza en el Juzgado 36 de Instrucción Penal Militar investigación formal de radicado número 5851 por homicidio culposo. “Se encuentra vinculado un miembro de la institución de grado soldado profesional”, dice el comunicado. También avanza la investigación en la Fiscalía primera con sede en Cúcuta y según esta entidad hasta el momento se han adelantado algunas labores de Policía judicial, tales como entrevistas a testigos e inspecciones en el lugar de los hechos. 

¿Por qué fue disparada la bala que acabó con la vida de Alejandro Carvajal? Esa es la pregunta que ahora deberán resolver las autoridades.

La muerte de Alejandro Carvajal se suma a una serie de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército que han hecho públicas las comunidades del Catatumbo. El caso más sonado es el homicidio del exmiliciano de las Farc Dimar Torres en Convención, del que este mes se cumple un año y por el cual está recluido con medida de aseguramiento el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita. Además, pobladores de la vereda Mesitas de Hacarí aseguran que el 6 de junio de 2018 murió el campesino de 19 años Yurjen Soto Gutiérrez, luego de que un explosivo (presuntamente lanzado por los uniformados) cayera en su vivienda. En la región también señalan a la Fuerza Pública de asesinar a un campesino en la vereda Tamaco, de El Carmen, el 27 de noviembre de 2018.  Esos hechos también estaban siendo investigados tanto por el Ejército cómo por la Fiscalía.