El Carmen del Darién, centro del conflicto

Al salir de Murindó queda atrás el Medio Atrato, ese que fue colonizado a partir de la minería, la madera y la explotación de la tagua. Por delante, río abajo, vienen las comunidades más afectadas por el conflicto armado: Domingodó, El Carmen del Darién, Jiguamiandó y Curvaradó, las cuencas del Truandó y el Salaquí y el sufrido pueblo de Riosucio. Es la zona contigua a la frontera con Panamá. El punto caliente. Por toda la región se mueven trochas para pasar droga, contrabando e inmigrantes indocumentados. Pero además es la cuenca estratégica para el control del Atrato y allí se ha centrado la disputa entre gaitanistas y elenos. Una disputa que se remonta a las raíces históricas de la colonización del Chocó.

El primer blanco en navegar las aguas oscuras del río Atrato fue Vasco Núñez de Balboa, quien fundó en 1510 la primera ciudad de la corona española en territorio americano: Santamaría del Darién (la Antigua). Está ubicada en el extremo norte del Atrato y hoy corresponde al municipio de Unguía. Pero lo detuvieron la selva, las comunidades indígenas y el agua. Mucha agua. Entonces el Atrato se convirtió en refugio de los esclavos cimarrones que escapaban de las minas y las haciendas de Antioquia y Cauca. Y por lo mismo se empezó a formar una caldera de problemas para el orden colonial, hasta que prohibieron su navegación. Esta prohibición parece ser el epígrafe del olvido que hoy sufre el Chocó.

La guerra propiamente dicha sólo llegó con los conflictos civiles del siglo XIX. Por allí pasaron los ejércitos liberales y conservadores rumbo a la frontera con Panamá, donde se dio la batalla definitiva de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Luego vinieron las fiebres del oro y de la extracción de madera, que a su vez trajeron fuertes colonizaciones de Antioquia, Cauca y la región Caribe. A la tala de árboles la siguieron la instauración de haciendas ganaderas y las siembras de palma y banano, y se estrecharon los caminos que unían al Chocó con Urabá.

Los movimientos de gente, tierra y metales atrajeron otras guerras. Esta vez con las guerrillas, los paramilitares, la coca o el contrabando. Y ahora que las Farc, el movimiento insurgente más viejo del continente, ya no tiene armas, dejaron un Atrato sumergido, literalmente, en la pobreza, el miedo, la corrupción y la ilegalidad. Un panorama que no se parece al que les pintaron a las comunidades con el posconflicto y que les ha recordado los peores días de 1997, cuando una avanzada de paramilitares y la Fuerza Pública remontó el Atrato para sacar a las Farc, arrasando con las comunidades.

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El Carmen del Darién

Antes de llegar al casco urbano de El Carmen del Darién, en territorio colectivo de comunidades negras, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caracolí. Allí se ubican entre 90 y 100 excombatientes que han logrado construir una especie de pueblito. Tienen una tienda bien surtida, los caminos limpios y delimitados, las casas decoradas con pinturas coloridas, y se encuentra a escasos 20 minutos de Belén de Bajirá. Sin embargo, los exguerrilleros denuncian graves incumplimientos: año y medio después de haber firmado el Acuerdo de Paz no han podido registrar a 30 niños y no tienen guardería ni profesores que les brinden educación. Los programas de nivelación educativa quedaron a la mitad, no hay señal de celular ni internet. Pero lo más grave es que aquí no habrá tierra para los proyectos productivos de quienes dejaron las armas.

Continuando con el rumbo del Atrato, a una hora aproximadamente del Espacio Territorial se encuentra El Carmen del Darién. El casco urbano está sobre la zona inundable del río, por lo que varios meses al año la gente se la pasa haciendo equilibrismo sobre unos andamios de tabla de no más de 50 centímetros de ancho. En esta población confluyen los habitantes de Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó, cuencas en las que en marzo del año pasado —cuando las Farc se alistaban para dejar las armas— se inició un voraz proceso de ocupación del territorio por parte de las Autodefensas Gaitanistas y el Eln, lo que causó el desplazamiento de cientos de personas que se trasladaron a El Carmen del Darién y Riosucio. Otras comunidades de la zona han visto aparecer un fenómeno invisible hasta el momento: el confinamiento.

En el Chocó, la gente suele tener su casa en el casco urbano y una finca con sus cultivos en área rural. Pero con la confrontación que se vive entre los paras y la guerrilla han vuelto las minas antipersonal y las restricciones al libre tránsito de las personas. Eso implica que no pueden salir a pescar, ni a trabajar en sus cultivos, no pueden cazar, ni trabajar la madera. El pueblo se ve desabastecido y la tensión entre vecinos aumenta minuto a minuto. El país lleva años atendiendo el desplazamiento forzado, el exilio, los asesinatos, pero no sabe qué hacer con una comunidad confinada. En esta lucha por el territorio entre los ilegales, denuncia la gente, la Fuerza Pública mira para otro lado y se mantiene en zonas seguras, y la única manera de romper el confinamiento es que hicieran presencia en la zona.

En este contexto, los líderes de las comunidades se reunieron con el defensor del Pueblo, Carlos Negret. “La situación de seguridad está muy jodida para nosotros. Las amenazas cada día son más fuertes y a la tercera, la bala no avisa. La Unidad de Protección nos dio un celular, que en el mejor de los casos toca hacer rezar para que sirva de protección, porque en la mayoría de comunidades no hay señal. Desde que las Farc salieron de nuestro territorio no hemos tenido un día de paz. Tenemos miedo y llevamos desplazados desde el 27 de marzo”, explicó un líder afro de estas cuencas. Lo secundó un líder embera, quien lo interrumpió para señalar que no sólo los armados amenazan la tranquilidad sino el alud de pescadores del río revuelto de la economía ilícita.

Y cuenca a cuenca la cosa se pone más negra. “El miedo es nuestra realidad. Mucho quisiéramos contarle, señor defensor, pero si lo hacemos, cuando usted ponga un pie en la lancha estaremos muertos. Así es la vida en el Bajo Atrato. Y lo que nos duele es que nosotros no parecemos colombianos ni panameños. Nosotros ni derechos humanos tenemos. Esta es la tierra invisible. Nadie ve. Nadie sabe. Nadie habla. Los noticieros le dedican 30 minutos a que llegaron 200 venezolanos a la frontera y aquí nos desplazamos por miles y ni un segundo le dedican”, agregó otro líder afro. Una vez roto el protocolo, empezaron a hablar. “En Domingodó, la cosa está de llanto. Tenemos tres jóvenes amenazados porque dizque eran colaboradores de los otros. Hace tres días un mando de ese grupo nos reunió y nos dijo que lo mejor era que nos desplazáramos porque aquí lo que iba a llover era bala. No hemos podido ir a la parcela ni a pescar”, añadió.

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A cada denuncia la siguió una más fuerte. “La situación es pésima para las comunidades indígenas. Tenemos en todo Chocó 160 líderes amenazados, pero estamos cansados de llamar la atención. El 19 de enero llegaron 200 paramilitares a la Unión Chogorodó. Qué alguien me diga cómo pasan 200 personas armadas hasta los dientes y nadie se da cuenta. Y si denunciamos, nos matan. Estamos cansados de ser la carne de cañón, de ser los que tenemos que denunciar, los sapos. Y claro, al final somos los que ponemos los muertos. El Gobierno sabe dónde están los paramilitares, dónde está el Eln, ¿porqué no hace nada? Ah, claro, vienen es a pedirnos que denunciemos para ver quién es el próximo muerto”, sostuvo indignado el líder indígena.

“Nótese el silencio con el que empezó la reunión. La gente hablando de la salud, de la luz, de la educación, pero aquí hay gente que habla duro y se sabe defender. Pero es que para nosotros no es un secreto que el que habla se acerca un punto más a la muerte. Contar lo que aquí pasa es meterse en un ataúd”, puntualizó Gregorio, un líder afro que zapateaba contra el piso de tabla con cada señalamiento. “Le agradezco mucho por venir, defensor, esta es la primer a vez en la historia de esta región que viene un funcionario de su nivel. Bienvenido a este nuevo país, al que nadie le importa pero que aparece en el mapa de Colombia. Sólo quiero hacerle ver que aquí no se cumplió la promesa de que el Estado iba a llegar a los territorios de los que salieron las Farc”, concluyó.

Con cada denuncia, otra mano se levantaba para pedir la palabra. Se había roto el silencio y el protocolo. Habían guardado el miedo a morir. “En Domingodó, la cosa está grave. Aquí mandan más los actores ilegales que la Fuerza Pública, hay más presencia de armados que de soldados, hay más narcos que Estado. El trabajo lo ofrecen ellos, la autoridad la ponen ellos, y entonces qué va a hacer la gente. Pero lo único que le pedimos al país es que no vaya a haber otro 96”, expresó otro líder, refiriéndose a la seguidilla de masacres que el paramilitarismo realizó hace más de 20 años. Todas las denuncias de los líderes son vox populi en el Atrato.

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Por eso, el alcalde de El Carmen del Darién, Herlin Ibargüen, aprovechó la presencia del defensor del Pueblo para decirle, delante de los mandos militares y de la Policía, sus preocupaciones: “Aquí el problema de seguridad es enorme y está a punto de haber una tragedia. Tenemos comunidades confinadas, desplazadas, crecen las amenazas, los asesinatos, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la utilización de menores en actividades ilícitas, y todo agravado por la pobreza y el abandono”. La denuncia del alcalde fue secundada por un conocido líder, que pidió, como en todos los casos, la reserva de su nombre: “El Ejército se comprometió a mantener tropas en la desembocadura del río Domingodó, donde se están dando duro los paras y el Eln, pero al poco tiempo las quitó. Quiero dejar constancia de que si alguna tragedia ocurre, como lo que sucedió en Bojayá, será responsabilidad del Ejército”.

“Domingodó es una olla de presión. O el Estado asume o va correr sangre. Los paras están dentro del casco urbano, igual que aquí en El Carmen del Darién, y el Eln ha dicho que si no salen los van a sacar a bombazos. La Fuerza Pública se hace la de la vista gorda para esperar a ver qué curso toman las armas. Ayer, los paras hicieron una reunión para invitar a nuestros jóvenes a sumarse a ellos. Están pagando buenos sueldos. A los exmiembros de las Farc les ofrecen entre $1 millón y $8 millones, dependiendo del rango. Esto está muy hijueputa para vivir”, puntualizó.

Al salir de Murindó queda atrás el Medio Atrato, ese que fue colonizado a partir de la minería, la madera y la explotación de la tagua. Por delante, río abajo, vienen las comunidades más afectadas por el conflicto armado: Domingodó, El Carmen del Darién, Jiguamiandó y Curvaradó, las cuencas del Truandó y el Salaquí y el sufrido pueblo de Riosucio. Es la zona contigua a la frontera con Panamá. El punto caliente. Por toda la región se mueven trochas para pasar droga, contrabando e inmigrantes indocumentados. Pero además es la cuenca estratégica para el control del Atrato y allí se ha centrado la disputa entre gaitanistas y elenos. Una disputa que se remonta a las raíces históricas de la colonización del Chocó.

El primer blanco en navegar las aguas oscuras del río Atrato fue Vasco Núñez de Balboa, quien fundó en 1510 la primera ciudad de la corona española en territorio americano: Santamaría del Darién (la Antigua). Está ubicada en el extremo norte del Atrato y hoy corresponde al municipio de Unguía. Pero lo detuvieron la selva, las comunidades indígenas y el agua. Mucha agua. Entonces el Atrato se convirtió en refugio de los esclavos cimarrones que escapaban de las minas y las haciendas de Antioquia y Cauca. Y por lo mismo se empezó a formar una caldera de problemas para el orden colonial, hasta que prohibieron su navegación. Esta prohibición parece ser el epígrafe del olvido que hoy sufre el Chocó.

La guerra propiamente dicha sólo llegó con los conflictos civiles del siglo XIX. Por allí pasaron los ejércitos liberales y conservadores rumbo a la frontera con Panamá, donde se dio la batalla definitiva de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Luego vinieron las fiebres del oro y de la extracción de madera, que a su vez trajeron fuertes colonizaciones de Antioquia, Cauca y la región Caribe. A la tala de árboles la siguieron la instauración de haciendas ganaderas y las siembras de palma y banano, y se estrecharon los caminos que unían al Chocó con Urabá.

Los movimientos de gente, tierra y metales atrajeron otras guerras. Esta vez con las guerrillas, los paramilitares, la coca o el contrabando. Y ahora que las Farc, el movimiento insurgente más viejo del continente, ya no tiene armas, dejaron un Atrato sumergido, literalmente, en la pobreza, el miedo, la corrupción y la ilegalidad. Un panorama que no se parece al que les pintaron a las comunidades con el posconflicto y que les ha recordado los peores días de 1997, cuando una avanzada de paramilitares y la Fuerza Pública remontó el Atrato para sacar a las Farc, arrasando con las comunidades.

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El Carmen del Darién

Antes de llegar al casco urbano de El Carmen del Darién, en territorio colectivo de comunidades negras, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caracolí. Allí se ubican entre 90 y 100 excombatientes que han logrado construir una especie de pueblito. Tienen una tienda bien surtida, los caminos limpios y delimitados, las casas decoradas con pinturas coloridas, y se encuentra a escasos 20 minutos de Belén de Bajirá. Sin embargo, los exguerrilleros denuncian graves incumplimientos: año y medio después de haber firmado el Acuerdo de Paz no han podido registrar a 30 niños y no tienen guardería ni profesores que les brinden educación. Los programas de nivelación educativa quedaron a la mitad, no hay señal de celular ni internet. Pero lo más grave es que aquí no habrá tierra para los proyectos productivos de quienes dejaron las armas.

Continuando con el rumbo del Atrato, a una hora aproximadamente del Espacio Territorial se encuentra El Carmen del Darién. El casco urbano está sobre la zona inundable del río, por lo que varios meses al año la gente se la pasa haciendo equilibrismo sobre unos andamios de tabla de no más de 50 centímetros de ancho. En esta población confluyen los habitantes de Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó, cuencas en las que en marzo del año pasado —cuando las Farc se alistaban para dejar las armas— se inició un voraz proceso de ocupación del territorio por parte de las Autodefensas Gaitanistas y el Eln, lo que causó el desplazamiento de cientos de personas que se trasladaron a El Carmen del Darién y Riosucio. Otras comunidades de la zona han visto aparecer un fenómeno invisible hasta el momento: el confinamiento.

En el Chocó, la gente suele tener su casa en el casco urbano y una finca con sus cultivos en área rural. Pero con la confrontación que se vive entre los paras y la guerrilla han vuelto las minas antipersonal y las restricciones al libre tránsito de las personas. Eso implica que no pueden salir a pescar, ni a trabajar en sus cultivos, no pueden cazar, ni trabajar la madera. El pueblo se ve desabastecido y la tensión entre vecinos aumenta minuto a minuto. El país lleva años atendiendo el desplazamiento forzado, el exilio, los asesinatos, pero no sabe qué hacer con una comunidad confinada. En esta lucha por el territorio entre los ilegales, denuncia la gente, la Fuerza Pública mira para otro lado y se mantiene en zonas seguras, y la única manera de romper el confinamiento es que hicieran presencia en la zona.

En este contexto, los líderes de las comunidades se reunieron con el defensor del Pueblo, Carlos Negret. “La situación de seguridad está muy jodida para nosotros. Las amenazas cada día son más fuertes y a la tercera, la bala no avisa. La Unidad de Protección nos dio un celular, que en el mejor de los casos toca hacer rezar para que sirva de protección, porque en la mayoría de comunidades no hay señal. Desde que las Farc salieron de nuestro territorio no hemos tenido un día de paz. Tenemos miedo y llevamos desplazados desde el 27 de marzo”, explicó un líder afro de estas cuencas. Lo secundó un líder embera, quien lo interrumpió para señalar que no sólo los armados amenazan la tranquilidad sino el alud de pescadores del río revuelto de la economía ilícita.

Y cuenca a cuenca la cosa se pone más negra. “El miedo es nuestra realidad. Mucho quisiéramos contarle, señor defensor, pero si lo hacemos, cuando usted ponga un pie en la lancha estaremos muertos. Así es la vida en el Bajo Atrato. Y lo que nos duele es que nosotros no parecemos colombianos ni panameños. Nosotros ni derechos humanos tenemos. Esta es la tierra invisible. Nadie ve. Nadie sabe. Nadie habla. Los noticieros le dedican 30 minutos a que llegaron 200 venezolanos a la frontera y aquí nos desplazamos por miles y ni un segundo le dedican”, agregó otro líder afro. Una vez roto el protocolo, empezaron a hablar. “En Domingodó, la cosa está de llanto. Tenemos tres jóvenes amenazados porque dizque eran colaboradores de los otros. Hace tres días un mando de ese grupo nos reunió y nos dijo que lo mejor era que nos desplazáramos porque aquí lo que iba a llover era bala. No hemos podido ir a la parcela ni a pescar”, añadió.

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A cada denuncia la siguió una más fuerte. “La situación es pésima para las comunidades indígenas. Tenemos en todo Chocó 160 líderes amenazados, pero estamos cansados de llamar la atención. El 19 de enero llegaron 200 paramilitares a la Unión Chogorodó. Qué alguien me diga cómo pasan 200 personas armadas hasta los dientes y nadie se da cuenta. Y si denunciamos, nos matan. Estamos cansados de ser la carne de cañón, de ser los que tenemos que denunciar, los sapos. Y claro, al final somos los que ponemos los muertos. El Gobierno sabe dónde están los paramilitares, dónde está el Eln, ¿porqué no hace nada? Ah, claro, vienen es a pedirnos que denunciemos para ver quién es el próximo muerto”, sostuvo indignado el líder indígena.

“Nótese el silencio con el que empezó la reunión. La gente hablando de la salud, de la luz, de la educación, pero aquí hay gente que habla duro y se sabe defender. Pero es que para nosotros no es un secreto que el que habla se acerca un punto más a la muerte. Contar lo que aquí pasa es meterse en un ataúd”, puntualizó Gregorio, un líder afro que zapateaba contra el piso de tabla con cada señalamiento. “Le agradezco mucho por venir, defensor, esta es la primer a vez en la historia de esta región que viene un funcionario de su nivel. Bienvenido a este nuevo país, al que nadie le importa pero que aparece en el mapa de Colombia. Sólo quiero hacerle ver que aquí no se cumplió la promesa de que el Estado iba a llegar a los territorios de los que salieron las Farc”, concluyó.

Con cada denuncia, otra mano se levantaba para pedir la palabra. Se había roto el silencio y el protocolo. Habían guardado el miedo a morir. “En Domingodó, la cosa está grave. Aquí mandan más los actores ilegales que la Fuerza Pública, hay más presencia de armados que de soldados, hay más narcos que Estado. El trabajo lo ofrecen ellos, la autoridad la ponen ellos, y entonces qué va a hacer la gente. Pero lo único que le pedimos al país es que no vaya a haber otro 96”, expresó otro líder, refiriéndose a la seguidilla de masacres que el paramilitarismo realizó hace más de 20 años. Todas las denuncias de los líderes son vox populi en el Atrato.

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Por eso, el alcalde de El Carmen del Darién, Herlin Ibargüen, aprovechó la presencia del defensor del Pueblo para decirle, delante de los mandos militares y de la Policía, sus preocupaciones: “Aquí el problema de seguridad es enorme y está a punto de haber una tragedia. Tenemos comunidades confinadas, desplazadas, crecen las amenazas, los asesinatos, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la utilización de menores en actividades ilícitas, y todo agravado por la pobreza y el abandono”. La denuncia del alcalde fue secundada por un conocido líder, que pidió, como en todos los casos, la reserva de su nombre: “El Ejército se comprometió a mantener tropas en la desembocadura del río Domingodó, donde se están dando duro los paras y el Eln, pero al poco tiempo las quitó. Quiero dejar constancia de que si alguna tragedia ocurre, como lo que sucedió en Bojayá, será responsabilidad del Ejército”.

“Domingodó es una olla de presión. O el Estado asume o va correr sangre. Los paras están dentro del casco urbano, igual que aquí en El Carmen del Darién, y el Eln ha dicho que si no salen los van a sacar a bombazos. La Fuerza Pública se hace la de la vista gorda para esperar a ver qué curso toman las armas. Ayer, los paras hicieron una reunión para invitar a nuestros jóvenes a sumarse a ellos. Están pagando buenos sueldos. A los exmiembros de las Farc les ofrecen entre $1 millón y $8 millones, dependiendo del rango. Esto está muy hijueputa para vivir”, puntualizó.