El clamor caucano por un territorio en paz, sin narcotráfico y grupos ilegales
Líderes y lideresas sociales del norte del Cauca y la subregión de la cordillera, autoridades políticas regionales, voceros empresariales, representación indígena local y jóvenes se sentaron a hablar con la Comisión de la Verdad acerca de los casi cinco años de posconflicto y le hicieron propuestas al Estado para superar la guerra.
El departamento del Cauca supo vivir durante más de cincuenta años de conflicto armado con dignidad. Por sus territorios pasaron barbaries sistemáticas, resumidas en tomas armadas, enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas y otro sinfín de crímenes de guerra y lesa humanidad que afectaron directamente a las comunidades asentadas allí.
Según cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el Cauca se concentran más de 281.338 víctimas del conflicto armado, principalmente, afectadas por hechos victimizantes como desplazamientos forzados (391.546 episodios), homicidios (52.391) o atentados u hostigamientos de actores armados (20.496), tan solo por mencionar algunos capítulos crudos que la violencia armada dejó en el territorio.
A casi cinco cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, el panorama de seguridad sigue dejando más sombras que luces en el seno de miles de familias que no tienen consuelo ni certeza de cuándo por fin verán a su natal Cauca en paz. En estos años, distintos centros de investigación y ONG concuerdan en que, entre noviembre de 2016 y agosto de 2018, se perpetraron 69 asesinatos en el departamento (asociados a situaciones de conflicto), en los que fueron víctimas sobre todo líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Y que, entre agosto de 2018 hasta el primer semestre de 2021, fueron asesinadas 206 personas en esas mismas causas; un promedio de siete homicidios al mes.
Líderes y lideresas sociales del norte del Cauca y la subregión de la Cordillera, autoridades políticas regionales, voceros empresariales, representación indígena local y jóvenes del departamento hicieron énfasis en las causas de la perdurabilidad de esta violencia durante el Diálogo Regional: El Cauca habla de otros futuros posibles, un encuentro de la Comisión de la Verdad apoyado por Colombia+20 de El Espectador.
Además, le hablaron al país para mostrar su situación en materia de seguridad, economía y dinámicas políticas, en aras de evidenciar que, a pesar de la persistencia de las lógicas de guerra, en varios municipios caucanos siguen siendo primordiales en sus agendas comunitarias las iniciativas de arte, cultura y paz para cambiarle el rostro a su tierra.
El primero en tomar la palabra fue Edwin Mauricio Capaz, consejero regional del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), quien advirtió que en su territorio y en municipios vecinos al norte del departamento hay intereses inacabables de “poderosos que quieren mantener escenarios de inestabilidad y que invalidan procesos locales de participación”. “Estos poderes se nutren de economías ilegales para mantener hegemonía en las regiones y de esta forma pretenden invalidar las acciones de reclamación de derechos”, agregó Capaz.
En su misma línea, Clemencia Carabalí, lideresa de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom), denunció que las personas que señalaba Edwin Capaz son los mismos que tienen a la guerra como un negocio y que se fortalecen con la falta de atención integral sobre los territorios. “Necesitamos una presencia del Estado efectiva y eficaz para detener esta situación y, por supuesto, que vaya más allá de la presencia de pie de fuerza que de poco o nada sirve y con la que han intentado camuflar problemas estructurales que nos afectan”, sentenció. Para Carabalí, el diagnóstico está hecho, pero falta una respuesta de la institucionalidad.
Y es que, según Valeria Mosquera, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, hay “una institucionalidad muy poco preparada o poco acostumbrada a manejar el poder público frente la violencia”. Calificó como “grave” que hasta hoy no se haya podido generar un diálogo para darle trámite al descontento social. Un ejemplo de ello claro fue el último paro nacional.
A eso hay que sumarle, dijo Mosquera, la impunidad en los crímenes, “que envía un mensaje de que la gente puede hacer lo que quiera sin que haya una responsabilidad pública o penal. Dando a entender que estas vidas no importan tanto”.
Por otro lado, los altos niveles de desigualdad, conjugados con índices que van por las nubes de necesidades básicas insatisfechas, fueron los dos factores que el alcalde de Argelia, Jhonathan Patiño, encasilló como los mayores catalizadores de la guerra. Según el mandatario local, su municipio tan solo es una muestra de lo que genera un Estado que no se preocupa en descentralizar funciones o darle una mirada completa a lo que sucede en las regiones. “No se implementó el acuerdo, la reincorporación, la reforma rural, ahí van los PDET. Y todo eso hace que sea más fácil que lleguen los armados. En Colombia es más fácil montar un grupo que montar una empresa”, señaló.
Carlos Arturo López, presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, resumió el problema en una “falta de competitividad departamental”. Si bien su argumento se basó en la importancia comercial que tiene el Cauca por su locación geográfica, la perspectiva fue rebatida por otros panelistas como César William Díaz, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), para quien el problema ha sido la participación de personas del gremio empresarial en la violencia. Y resaltó: “Esta república ha fracasado porque se ha basado en la acumulación ilimitada, en la idea de que la naturaleza es infinita, en la vanidad y el egocentrismo”.
A nivel político y educativo, Luis Eliécer Rueda, conocido en la guerra como Matías Aldecoa, del partido Comunes, insistió en que ni el Acuerdo de Paz pudo frenar las masacres en el norte del Cauca porque “el régimen político colombiano es antidemocrático y la falta de implementación de lo pactado en La Habana (Cuba) ha generado desconcierto, falta de confianza institucional y pérdida de esperanza de muchas familias que no tiene otra salida que la de someterse a la guerra”. Asimismo, el narcotráfico continúa con fuerza y “emparentado con la clase política y algunos agentes de la institucionalidad”.
Mientras que Laura Lozano, vocera de la Agenda Joven de Paz, invitó a todos los asistentes al evento a ver las consecuencias de la guerra sobre los niños y niñas, quienes trabajan en economías ilegales porque no hay rentabilidad para educarse. . “Las tasas de deserción escolar por los enfrentamientos armados en el posconflicto son altísimas, los niños tienen que estudiar y nuestras autoridades no pueden olvidar jamás que en últimas ellas son las garantes de eso”, sintetizó.
Por un Cauca en paz
La fuerza en la legitimidad del Estado, la fragilidad institucional a nivel regional, la marginación de ideas comunitarias desde el Gobierno, los estancamientos en el avance de acuerdos humanitarios que ayuden a superar la guerra y sus causas o la aún vaga difusión pedagógica de varios puntos del Acuerdo de Paz en aulas de clase por todo el país fueron los puntos que los panelistas resaltaron a la hora de trabajar sobre una paz estable y duradera en el Cauca.
Hablando sobre intereses específicos de la guerra y de alianzas estratégicas entre actores armados que perduran, en una segunda parte del evento quedó la sensación de que la constante desarticulación entre las necesidades urgentes en los territorios y las políticas públicas en materia de desarrollo generan una cancha amplia para que las armas sigan aterrorizando.
Ese conjunto de ideas las expuso Víctor Armero, diputado del departamento del Cauca, quien reflexionó sobre su oficio y el de sus colegas, al decir que “hay una distancia notoria entre los gobiernos y la gente, que une cada vez más al narcotráfico con poblaciones vulnerables. Los actos de omisión son los que desencadenan esta guerra de nunca acabar”.
Clemencia Carabalí dijo que sueña con un pronto regreso a sus hogares de personas como las más de 80 familias que tuvieron que salir recientemente de la zona del Mazamorrero, en Buenos Aires (Cauca), porque su tranquilidad va a dar aportes de que pensar y apostarle a la paz del país va a tener resultados si se trabaja en conjunto.
Recogidos estos testimonios, la comisionada Alejandra Miller aseguró que estas peticiones serán recogidas en el informe final que la CEV publicará el próximo mes de noviembre. Además, Miller dijo que estos dolores de tipo estructural que se están viviendo al norte del Cauca tendrán una resolución si se superan las afectaciones en gobernabilidad, si se generan cadenas colectivas para hacer más integraciones económicas en la región, si se toman serias riendas sobre la implementación integral del Acuerdo de Paz y si las comunidades que antes recibieron el dolor, de ahora en adelante comienzan a retomar sus sueños y a pensar que un mejor futuro es posible.
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Según cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el Cauca se concentran más de 281.338 víctimas del conflicto armado, principalmente, afectadas por hechos victimizantes como desplazamientos forzados (391.546 episodios), homicidios (52.391) o atentados u hostigamientos de actores armados (20.496), tan solo por mencionar algunos capítulos crudos que la violencia armada dejó en el territorio.
A casi cinco cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, el panorama de seguridad sigue dejando más sombras que luces en el seno de miles de familias que no tienen consuelo ni certeza de cuándo por fin verán a su natal Cauca en paz. En estos años, distintos centros de investigación y ONG concuerdan en que, entre noviembre de 2016 y agosto de 2018, se perpetraron 69 asesinatos en el departamento (asociados a situaciones de conflicto), en los que fueron víctimas sobre todo líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Y que, entre agosto de 2018 hasta el primer semestre de 2021, fueron asesinadas 206 personas en esas mismas causas; un promedio de siete homicidios al mes.
Líderes y lideresas sociales del norte del Cauca y la subregión de la Cordillera, autoridades políticas regionales, voceros empresariales, representación indígena local y jóvenes del departamento hicieron énfasis en las causas de la perdurabilidad de esta violencia durante el Diálogo Regional: El Cauca habla de otros futuros posibles, un encuentro de la Comisión de la Verdad apoyado por Colombia+20 de El Espectador.
Además, le hablaron al país para mostrar su situación en materia de seguridad, economía y dinámicas políticas, en aras de evidenciar que, a pesar de la persistencia de las lógicas de guerra, en varios municipios caucanos siguen siendo primordiales en sus agendas comunitarias las iniciativas de arte, cultura y paz para cambiarle el rostro a su tierra.
El primero en tomar la palabra fue Edwin Mauricio Capaz, consejero regional del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), quien advirtió que en su territorio y en municipios vecinos al norte del departamento hay intereses inacabables de “poderosos que quieren mantener escenarios de inestabilidad y que invalidan procesos locales de participación”. “Estos poderes se nutren de economías ilegales para mantener hegemonía en las regiones y de esta forma pretenden invalidar las acciones de reclamación de derechos”, agregó Capaz.
En su misma línea, Clemencia Carabalí, lideresa de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom), denunció que las personas que señalaba Edwin Capaz son los mismos que tienen a la guerra como un negocio y que se fortalecen con la falta de atención integral sobre los territorios. “Necesitamos una presencia del Estado efectiva y eficaz para detener esta situación y, por supuesto, que vaya más allá de la presencia de pie de fuerza que de poco o nada sirve y con la que han intentado camuflar problemas estructurales que nos afectan”, sentenció. Para Carabalí, el diagnóstico está hecho, pero falta una respuesta de la institucionalidad.
Y es que, según Valeria Mosquera, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, hay “una institucionalidad muy poco preparada o poco acostumbrada a manejar el poder público frente la violencia”. Calificó como “grave” que hasta hoy no se haya podido generar un diálogo para darle trámite al descontento social. Un ejemplo de ello claro fue el último paro nacional.
A eso hay que sumarle, dijo Mosquera, la impunidad en los crímenes, “que envía un mensaje de que la gente puede hacer lo que quiera sin que haya una responsabilidad pública o penal. Dando a entender que estas vidas no importan tanto”.
Por otro lado, los altos niveles de desigualdad, conjugados con índices que van por las nubes de necesidades básicas insatisfechas, fueron los dos factores que el alcalde de Argelia, Jhonathan Patiño, encasilló como los mayores catalizadores de la guerra. Según el mandatario local, su municipio tan solo es una muestra de lo que genera un Estado que no se preocupa en descentralizar funciones o darle una mirada completa a lo que sucede en las regiones. “No se implementó el acuerdo, la reincorporación, la reforma rural, ahí van los PDET. Y todo eso hace que sea más fácil que lleguen los armados. En Colombia es más fácil montar un grupo que montar una empresa”, señaló.
Carlos Arturo López, presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, resumió el problema en una “falta de competitividad departamental”. Si bien su argumento se basó en la importancia comercial que tiene el Cauca por su locación geográfica, la perspectiva fue rebatida por otros panelistas como César William Díaz, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), para quien el problema ha sido la participación de personas del gremio empresarial en la violencia. Y resaltó: “Esta república ha fracasado porque se ha basado en la acumulación ilimitada, en la idea de que la naturaleza es infinita, en la vanidad y el egocentrismo”.
A nivel político y educativo, Luis Eliécer Rueda, conocido en la guerra como Matías Aldecoa, del partido Comunes, insistió en que ni el Acuerdo de Paz pudo frenar las masacres en el norte del Cauca porque “el régimen político colombiano es antidemocrático y la falta de implementación de lo pactado en La Habana (Cuba) ha generado desconcierto, falta de confianza institucional y pérdida de esperanza de muchas familias que no tiene otra salida que la de someterse a la guerra”. Asimismo, el narcotráfico continúa con fuerza y “emparentado con la clase política y algunos agentes de la institucionalidad”.
Mientras que Laura Lozano, vocera de la Agenda Joven de Paz, invitó a todos los asistentes al evento a ver las consecuencias de la guerra sobre los niños y niñas, quienes trabajan en economías ilegales porque no hay rentabilidad para educarse. . “Las tasas de deserción escolar por los enfrentamientos armados en el posconflicto son altísimas, los niños tienen que estudiar y nuestras autoridades no pueden olvidar jamás que en últimas ellas son las garantes de eso”, sintetizó.
Por un Cauca en paz
La fuerza en la legitimidad del Estado, la fragilidad institucional a nivel regional, la marginación de ideas comunitarias desde el Gobierno, los estancamientos en el avance de acuerdos humanitarios que ayuden a superar la guerra y sus causas o la aún vaga difusión pedagógica de varios puntos del Acuerdo de Paz en aulas de clase por todo el país fueron los puntos que los panelistas resaltaron a la hora de trabajar sobre una paz estable y duradera en el Cauca.
Hablando sobre intereses específicos de la guerra y de alianzas estratégicas entre actores armados que perduran, en una segunda parte del evento quedó la sensación de que la constante desarticulación entre las necesidades urgentes en los territorios y las políticas públicas en materia de desarrollo generan una cancha amplia para que las armas sigan aterrorizando.
Ese conjunto de ideas las expuso Víctor Armero, diputado del departamento del Cauca, quien reflexionó sobre su oficio y el de sus colegas, al decir que “hay una distancia notoria entre los gobiernos y la gente, que une cada vez más al narcotráfico con poblaciones vulnerables. Los actos de omisión son los que desencadenan esta guerra de nunca acabar”.
Clemencia Carabalí dijo que sueña con un pronto regreso a sus hogares de personas como las más de 80 familias que tuvieron que salir recientemente de la zona del Mazamorrero, en Buenos Aires (Cauca), porque su tranquilidad va a dar aportes de que pensar y apostarle a la paz del país va a tener resultados si se trabaja en conjunto.
Recogidos estos testimonios, la comisionada Alejandra Miller aseguró que estas peticiones serán recogidas en el informe final que la CEV publicará el próximo mes de noviembre. Además, Miller dijo que estos dolores de tipo estructural que se están viviendo al norte del Cauca tendrán una resolución si se superan las afectaciones en gobernabilidad, si se generan cadenas colectivas para hacer más integraciones económicas en la región, si se toman serias riendas sobre la implementación integral del Acuerdo de Paz y si las comunidades que antes recibieron el dolor, de ahora en adelante comienzan a retomar sus sueños y a pensar que un mejor futuro es posible.
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