Energía eólica en La Guajira: un dilema sin resolver para los wayuus

Omisión de información en las consultas previas y afectaciones ambientales por la instalación de 1.000 molinos de viento y 700.000 paneles solares son las principales afectaciones que las comunidades wayuus alertan con la llegada de los parques eólicos a la región.

Silvia Corredor Rodríguez
16 de enero de 2023 - 04:00 p. m.
En 2025 finalizaría la construcción de los 16 parques eólicos subastados en el gobierno de Iván Duque.  / El Espectador
En 2025 finalizaría la construcción de los 16 parques eólicos subastados en el gobierno de Iván Duque. / El Espectador
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“Sol y viento”, así describen hoy a La Guajira, un departamento que se ha convertido en epicentro de la producción de energía con molinos de viento. Este potencial ambiental es una oportunidad para el desarrollo económico de la alta y media Guajira, pero para las comunidades wayuus se convirtió en centro de discordia.

“Estas empresas han acabado con nuestra tranquilidad y creencias, y han generado diferencias entre familias. El 10 de abril de 2022, estábamos en la casa y mis hermanos varones salieron a limpiar un caminito que iba hacia el jagüey. Ahí fueron atacados por 20 hombres vestidos de la empresa Renovatio, fuertemente armados, con cinco hombres que sí pudimos reconocer: era la autoridad que está ahora y unos sobrinos”, explicó Elba Jusayú, hija de Moisés Jusayú, autoridad de la comunidad Jawou, quien se opuso a la construcción de las torres de monitoreo del viento para los parques eólicos de esa empresa.

Renovatio es una empresa colombiana que se enfoca en desarrollar proyectos de energía renovable, principalmente, en los municipios de Uribia, Maicao y Albania en La Guajira.

En contexto: Energía eólica: el centro de discordia entre los wayúu en La Guajira

Desde septiembre de 2022, Colombia+20 le está haciendo seguimiento al caso por una historia que se adelantaba para El costo del progreso, una serie de reportajes periodísticos que produjimos, en alianza con la Embajada de Alemania, y se emitieron en Noticias Caracol, sobre los conflictos por el desarrollo en Colombia. Entonces se solicitó una entrevista por correo electrónico, pero la respuesta de Renovatio fue que no podían atender la solicitud, “debido al protocolo de comunicaciones interna y, en especial, a que la única persona autorizada y responsable de la entrega de información no se encuentra en el país”, se lee en el correo.

La historia evidenció las molestias de las comunidades indígenas con la llegada de los parques eólicos, porque aseguran que no habían sido consultadas previamente, tal como lo exige la ley, y denuncian que se ha omitido información sobre los impactos de esos parques en su territorio.

El informe fue publicado a mediados de diciembre y una semana después de su emisión la empresa se comunicó con este diario y afirmó que el caso era un conflicto familiar. “La compañía no toma partido de las diferencias y conflictos que pueda haber entre las familias y clanes que conforman la comunidad wayuu. Hasta la fecha la compañía no ha sido notificada de ninguna investigación o proceso en su contra”, dice el documento.

En la nota emitida, Elba Jusayú también denuncia que su familia fue desplazada del corregimiento de Windpechi, en Uribia, en abril del 2022, pero que desde 2018 vienen recibiendo amenazas y agresiones. El informe también da cuenta de la demanda interpuesta en agosto de 2021 ante la Fiscalía por varios miembros de la comunidad Jawou contra Renovatio por tentativa de homicidio y desplazamiento forzado, entre otros delitos. Aún no han recibido respuesta y 34 personas, entre adultos y niños, siguen viviendo en cambuches y hamacas en el centro cultural del municipio de Uribia porque temen regresar a su territorio.

Antecedentes: Los líos entre clanes wayuus por construcción de parques eólicos

El pasado 12 de diciembre, el equipo de Colombia+20 accedió a una citación enviada por el procurador regional de Instrucción de La Guajira a la compañía EDP Renováveis del Grupo Energía de Portugal, que trabaja con Renovatio, en donde le pedían a la empresa una reunión para conocer sus actuaciones frente e las denuncias manifestadas por Jusayú en nuestro informe. Hasta el momento no se ha podido establecer si se dio ese encuentro.

“Se hicieron unas verificaciones de la calidad de víctimas, en la última actuación que hizo el secretario de Gobierno del municipio de Uribia y estamos a la espera de que ellos hagan las respectivas investigaciones y nosotros como garantes, pues hacerle seguimiento al proceso”, explicó a este diario Eissa Rodríguez, secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira. Aunque esa entidad ha seguido el caso junto a la Procuraduría y la Contraloría, la familia Jusayú asegura que no ha avanzado en nada.

Joanna Barney, encargada del tema de empresas y derechos humanos de Indepaz, instituto que acompaña a las comunidades wayuu desde 2018, le explicó a Colombia+20 que este caso responde a errores cometidos durante las consultas previas. “Lo que nosotros pudimos determinar es que la empresa Renovatio inició consultas previas con una comunidad vecina que no era la dueña del territorio, generando el conflicto que deriva en lo que el señor Moisés y su familia cuentan”, resaltó.

Por su parte, la empresa Renovatio le respondió a esta redacción que “la empresa en todos los proyectos que adelanta ha actuado, en todo momento de buena fe, obrando con diligencia y en el marco del respeto y garantía del derecho fundamental de participación de las comunidades étnicas”.

El dilema de las consultas previas

Las iniciativas de empresas nacionales o internacionales que estén proyectadas dentro de territorios indígenas deben estar mediadas por un proceso de consulta previa. Este es un derecho que tienen las comunidades étnicas de aprobar o rechazar la llegada de un proyecto proteger su integridad cultural, social, económica y garantizar su participación.

Aníbal Mercado, director del Consejo Superior de Palabreros de La Guajira, le dijo a esta redacción que una consulta previa no es recoger firmas ni huellas de los asistentes, sino explicar con profundidad los temas y tener en cuenta la cosmogonía de las comunidades. “El sistema normativo wayuu concibe a toda la naturaleza y seres vivos dentro de un territorio como la misma familia, si yo consulto solo a las personas y no garantizo el derecho y respeto a esas plantas y animales que hacen parte de mi convivencia y supervivencia, como parte de la soberanía alimentaria, entonces no estoy haciendo una buena consulta previa”, manifestó Mercado.

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Sobre el tema de los impactos de parques eólicos, Jackeline Romero Epiayú, integrante de Fuerza de Mujeres Wayuu, una organización que ha acompañado a las comunidades en procesos de consulta previa esperando visitas de las empresas para la construcción de los parques eólicos, afirma: “No se puede hablar de energías limpias, ni siquiera de la famosa transición energética cuando ni siquiera las comunidades tienen plena información de todo lo que se va a desarrollar dentro de esos territorios”.

La comunidad wayuu es plurinacional y su territorio étnico lo comparte con Venezuela. El retorno de familias wayuus desde el vecino país a Colombia ha generado disputas entre clanes por el desarrollo de las consultas previas, ya que se deben hacer con las autoridades que tienen registro en el Ministerio del Interior. “Al ser de aquí y allá, muchos retornados de Venezuela volvieron, llegaron a sus territorios y pidieron nueva consulta previa y ahí se subdividió la comunidad. Muchos no están contentos por cómo se hizo la consulta previa, pero se procura mejorar las negociaciones. A veces se presentan alteraciones del orden, bloqueos, paros y pues ellos negocian directamente con la empresa unas mejores condiciones”, explicó Alfredo Orcasitas, asesor del despacho del gobernador del departamento.

El flamenco rosado: uno de los principales afectados

La Guajira tiene un potencial eólico y solar que permite la posibilidad de integrar alternativas para la generación de energías renovables. Sin embargo, la población que vive allí solo cuenta con el 78 % de cobertura energética.

“Su posición geográfica permitirá ayudar al país en el proceso de diversificación de la matriz energética y también podría ser una estrategia para Colombia, que ha tenido en su tradición exportar electricidad a otros países”, señaló Clara Inés Pardo Martínez, doctora en Economía Energética y docente de la Universidad del Rosario.

El municipio de Uribia es uno de los más grandes de La Guajira y junto a Maicao serán los lugares donde se construirán 16 parques eólicos, que ya cuentan con las licencias otorgadas por las autoridades ambientales de Corpoguajira y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Vea el capítulo completo, a continuación:

Uno de ellos es el parque Jouktai, que significa “viento” en wayuunaiki, idioma oficial de este territorio. También es conocido como Guajira I, está ubicado en Uribia y es de la empresa de generación y comercialización de energía Isagen. Su producción será de 20 megavatios y se presume que iniciará operaciones en los primeros meses de este año.

“Desde el año 2009 venimos trabajando con las comunidades Mushalerrain, Lanshalia y Tarúasaru, que están ubicadas en el área de influencia y seguimos los protocolos y la normatividad vigente establecida por el Ministerio de Interior y en este caso por Corpoguajira, quien otorgó la licencia ambiental del proyecto”, explicó a esta redacción Hedemer Berrío, director de construcción de proyectos de Isagen.

Guajira I se convertiría en uno de los primeros parques eólicos que entraría a operar en La Guajira después de 17 años, tras la salida de Jepírachi de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este parque eólico fue el primer proyecto piloto de energía eólica que llegó a La Guajira en 2004 y en 2022 cumplió su vida útil, por lo que inició su proceso de desmantelamiento, que finalizará en el primer trimestre de este año.

El proyecto abrió las puertas para que llegaran empresas nacionales e internacionales a producir energía eólica en esta zona del país. Cerca de 1.000 molinos de viento y 700.000 paneles solares que generarán una transformación del paisaje y afectaciones a las aves migratorias, muchas de ellas en peligro de extinción, según han denunciado las comunidades.

El flamenco caribeño de La Guajira —que se desplaza entre Colombia y Venezuela— es una especie que está en peligro de extinción. Esta ave migratoria es una de las afectadas por la llegada de los parques eólicos a la región, especialmente con las líneas eléctricas, que les han causado la muerte por electrocución.

Opinión sobre el tema: Vientos cruzados

“La Asociación Ornitológica de La Guajira, desde el 2021, viene levantando la voz porque hay evidencia de muerte de flamencos que se han electrocutado con las líneas eléctricas que hay dispuestas allá. Hablaban de cerca de 300 individuos que habían contabilizado. Estamos hablando de casi el 10 % de toda la población de esos flamencos que hay en Colombia”, explicó Luis Fernando Castillo, biólogo y director de la asociación Calidris, que lleva más de 30 años trabajando por la conservación de las aves y sus hábitats.

Castillo, quien también representa a Colombia ante el Consejo de Conservación de las Aves Acuáticas de las Américas, afirmó que los murciélagos y pájaros más pequeños (como el cardenal guajiro, endémico de la región) también se han visto afectados. Se estima que 40 individuos de aves al año pueden morir por colisión con estas turbinas, que transformarán significativamente el paisaje. Esto no solo representa la disminución de especies, sino la imposibilidad de hacer avistamiento por la alteración del territorio. “Sabemos la importancia de las energías alternativas como es la eólica, pero hay unas afectaciones que no podemos pasar por alto y debemos considerar para encontrarle una solución que sea integral a estas situaciones de crisis climática y energética que estamos intentando resolver”, señaló Castillo.

Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, autoridad ambiental del departamento, aseguró a Colombia+20 que sí se han tomado acciones para evitar afectaciones en los flamencos. “Ningún proyecto tiene que estar dentro de la ruta de los flamencos para precisamente evitar esas colisiones, esos choques de flamencos contra las redes eléctricas y contra los aerogeneradores”.

Sin embargo, para Castillo el tema va más allá. “No es tan simple decir que el parque no está afectando el paso de los flamencos porque ellos no se mueven exactamente por un caminito, sino que es un espacio y definitivamente estos parques eólicos están en los sitios por donde se mueven estas especies que están buscando el viento”, dijo.

¿Cómo se llevará esta energía a La Guajira y al resto del país?

ISA Intercolombia es una empresa que tiene a su cargo la línea de transmisión Cuestecitas-Copey-Fundación, que recibió el respaldo de la ANLA en febrero de 2022 para transportar la energía de los parques eólicos de La Guajira al departamento y al resto del país.

“Si no hay proyectos de transmisión por donde se pueda llevar esa energía de la costa Caribe al centro del país y del centro del país a la costa Caribe, pues no va a haber transición energética porque por más proyectos solares o eólicos que se construyan, si no hay por dónde llevar esa energía, pues la transición energética se queda ahí estancada”, explicó Andrés Faraco, director de ejecución de proyectos para la zona norte de ISA Intercolombia.

Otro contexto: Desde el hambre

Faraco agregó que la línea de transmisión Cuestecitas-Copey-Fundación, que atraviesa al Magdalena, Cesar y La Guajira, es un corredor para transmitir la energía y conectarla con el sistema de transmisión nacional.

Entre 2024 y 2025 finalizaría la construcción de los 16 parques eólicos que fueron subastados durante el gobierno de Iván Duque. El reto del nuevo gobierno que le apuesta a la transición energética es revisar cómo apostarle a este proceso y al desarrollo de La Guajira sin que genere una mayor afectación.

La serie que habla de los conflictos por el desarrollo

“El costo del progreso” es una serie de especiales periodísticos que Colombia+20 realizó en 2022, donde se expusieron los conflictos generados por el desarrollo en zonas afectadas por el conflicto armado.

Desde La Guajira hasta la puerta de la Amazonia en Guaviare, el equipo periodístico viajó y produjo 10 episodios sobre cómo algunas de las grandes obras de infraestructuras o actividades económicas que ayudarían al desarrollo del país generan conflictos en las comunidades, por su impacto ambiental o porque podrían borrar huellas importantes de la memoria histórica.

En video: Hacienda Bellacruz: la lucha que no termina por tierra baldía sembrada en palma

Este proyecto se realizó en alianza con “Noticias Caracol” y el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia.

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