El costo del viento en La Guajira

El 23 de diciembre de 2019 un miembro del Movimiento Indígena Nación Wayuu recibió un panfleto firmado, aparentemente, por las Águilas Negras. La amenaza se produjo un día después de que la ONG realizara unas visitas de acompañamiento a 15 comunidades de la jurisdicción del cerro La Teta, municipio de Uribia, La Guajira, en donde las autoridades étnicas denunciaron que había desinformación alrededor de los procesos de consulta adelantados por varias empresas de parques eólicos en la zona. “Viejo, hay una orden para usted, pero antes le mandan decir que mejor se retire de su ONG y deje a las empresas quietas”, se lee en el pasquín en el que además advierten al líder social que pueden atentar contra su familia.

El tema tiene como telón de fondo uno de los proyectos más ambiciosos de la región: el auge de la energía eólica en la Alta y Media Guajira. En octubre de 2019, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entidad que se encarga de planear el desarrollo de ese sector en el país, adjudicó, a través de una subasta, seis parques eólicos de energía renovable que deberán prestar servicio durante los próximos 15 años y que funcionarán en La Guajira. Dentro de estos proyectos aprobados está el de la compañía AES y su desarrollador Jemeiwaa Ka’i, con los parques Casa Eléctrica y Apotolorru, que contarán con 51 turbinas en el municipio de Uribia.

Como la mayoría de los proyectos se desarrollan en territorios en los que hay resguardos de comunidades indígenas, las empresas deben realizar procesos de consulta previa con los pueblos asentados para lograr acuerdos que no solo permitan la puesta en marcha de los planes de energía, sino que también entreguen beneficios a las comunidades. Sin embargo, el camino en ese sentido ha sido espinoso, pues por un lado se han presentado conflictos internos en la comunidad que dificultan la consecución de pactos y, por el otro, en algunos casos las comunidades alegan que no tienen información o desconocen los proyectos.

Por ejemplo, el mismo líder que recibió la amenaza contó que la comunidad ubicada en la jurisdicción del cerro ha manifestado su preocupación por reuniones citadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), para hablar de una consulta previa sobre los proyectos de la empresa en la región. Los indígenas aseguraron que no tenían claras las condiciones del proceso y que aunque solicitaron una explicación del proyecto, no obtuvieron respuesta. Eso sí, aseguran, levantaron actas y recogieron sus firmas. “Cuando revisamos los documentos, nos damos cuenta de que ya se encuentran en la tercera etapa de consulta y los indígenas no sabían. Ellos no tienen ni la más mínima idea sobre qué es un proceso consultivo y cuáles deben ser sus garantías. Un pueblo con hambre es fácil de manipular y eso es lo que está pasando en La Guajira”, explicó este líder a El Espectador.

Sin embargo, al preguntar por el proceso de consulta previa, el GEB explicó a este diario que el área de influencia del proyecto no está dentro del cerro La Teta y que, por tanto, no ha hecho reuniones con los habitantes de esa zona. “La comunidad más cercana al cerro, de las que están certificadas, se encuentra a 17,5 km en una línea recta”, señaló el grupo. Diego García, gerente del proyecto Colectora (que transmitirá la energía renovable desde La Guajira al país y que será desarrollado por el GEB), explicó que en el primer tramo hay 208 comunidades wayuus y cuatro pueblos de la Sierra.

Dicho tramo comprende la zona ubicada entre la subestación Colectora, en el municipio de Uribia, y Cuestecitas, en el municipio de Albania. En total, el proyecto que fue adjudicado en 2018 al Grupo de Energía de Bogotá transportaría 2.000 mW de energía y conectaría la energía generada en La Guajira con el Sistema de Transmisión Nacional.

Frente a las firmas que la comunidad dice que fueron recogidas, García explicó que el Ministerio del Interior es el encargado de realizar las actas. “No es que se firmen documentos, lo que hacemos es la debida diligencia, donde el Ministerio es quien lidera el proceso”, dijo y añadió que el grupo acompaña la consulta para informar a las comunidades, quienes deben estar de acuerdo para iniciar el proceso. “Lo que nos queda son las grabaciones (videos y fotografías) para que eso sea la garantía (...) con total seguridad podemos decir que a hoy en ninguna de las comunidades tenemos un acuerdo. Hasta ahora estamos en los procesos de identificación”.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha investigado y publicado dos informes sobre las multinacionales y la transición de energía eólica en territorio wayuu, entre 2021 y 2023 entrarían en funcionamiento varios parques eólicos que llegarían a producir el 20 % de la energía eléctrica que demanda Colombia. Para 2031 se proyecta que en el territorio wayuu de la Alta y Media Guajira entren a funcionar 57 parques, con aproximadamente 2.000 aerogeneradores, produciendo siete gigavatios (GW) para el Sistema Interconectado Nacional.

“Estos proyectos van a tener una capacidad equivalente a tres Hidroituangos. Lo que nos dicen es que una vez arranquen estos primeros, el número se va a duplicar”, explicó Camilo González, director de Indepaz.

Insiste en que el proceso en La Guajira ha comenzado al revés debido a que el Gobierno decidió autorizar una serie de proyectos eólicos sin consultar primero a las comunidades wayuus. “Después de haber iniciado el proceso de subastas, se plantean las consulta para el pueblo wayuu. La consulta deja de ser previa para ser consulta a posteriori (...) son inversiones muy grandes, más de US$6.000 millones que están en juego, y las comunidades no están informadas de las características técnicas, ni de las condiciones de inversión”, aseguró González.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del convenio 169, establece que en caso de que la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, se deben mantener los procedimientos de consulta con los pueblos “a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. A las comunidades les preocupa que no se cumpla con la norma y que no tengan garantías, sobre todo teniendo en cuenta los panfletos amenazantes que circulan en algunas comunidades.

Según Hernán Coronado, especialista de asuntos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la consulta solo hay dos actores: el Gobierno y los pueblos indígenas. “La consulta es un proceso de diálogo, no es un acto de votación o de referéndum, donde las partes buscan puntos en común para llegar a un acuerdo. Los países ratificantes están obligados a realizar el proceso de consulta, tal es el caso de Colombia”, explicó Coronado, quien agregó que la consulta tiene un carácter previo a cualquier decisión que pueda adoptar el Gobierno.

Para las comunidades no solo es importante que haya consulta sobre los proyectos, sino que quede claro cómo afectarán a la gente y cuáles serán los beneficios que traerán. En el caso de la empresa Jemeiwaa Ka’i, por ejemplo, una líder indígena de Uribia contó que aunque la empresa está haciendo procesos consultivos en los corregimientos de Media Luna e Irraipa, hay algunos conflictos dentro de la comunidad.

“El Ministerio del Interior lo que nos dice es que esto fortalecerá el territorio y que habrá empleo. Lo que no entiendo es qué tipo de fortalecimiento si nos van a desplazar. Las empresas nos dicen que cuando se pongan los aerogeneradores no puede haber casas”, explicó la líder al señalar que las firmas de estas consultas están generando rivalidad entre la comunidad. “Las empresas, si no convencen a un líder, buscan a otro y generan conflicto dentro del mismo territorio. Hay amenazas porque las personas que firmaron la consulta, pueda que sean autoridades tradicionales, pero no ancestrales, quienes son quienes deben tomar este tipo de decisiones en conjunto con la comunidad”.

Diego Patrón, gerente de Jemeiwaa Ka’i —empresa encargada del proyecto Casa Eléctrica y Apotolorru—, explicó que durante el proceso de consulta previa se pactaron unas distancias mínimas respecto a la ubicación de las infraestructuras. “Por ejemplo, de 3.500 hectáreas, que es la perimetral del proyecto de Casa Eléctrica, solo se va a ocupar el 2,5 %. En promedio, este es el porcentaje que será utilizado en todos los parques. En un proyecto eólico no hay cerco, todo está dentro del territorio de las comunidades, por lo que ellos mismos tienen que haber aceptado el proyecto para que se pueda desarrollar”, dijo aclarando, además, que en ninguno de los dos proyectos las comunidades tendrán que dejar su territorio.

“Cuando la ley en términos de consulta previa te dice que debe haber medidas especiales, lo primero que hay que saber es cómo toman decisiones las comunidades indígenas, y lo hacen en asamblea. Todos los ejercicios de negociación y trabajo los realizamos en asamblea y en su territorio”. En el proyecto Casa Eléctrica ya se protocolizaron los acuerdos, mientras que en Apotolorru todavía están en preconsulta.

El gerente de Jemeiwaa Ka’i fue enfático al señalar que las autoridades ancestrales participaron durante el proceso. “En el certificado aparecen las autoridades tradicionales, porque es lo que convocó el Ministerio del Interior, pero en el proceso estuvieron presentes los propietarios ancestrales del territorio, quienes a partir de su sistema consuetudinario pueden tomar decisiones. Nosotros levantamos la alerta y le dijimos al Ministerio del Interior que la consulta debe hacerse con las ancestrales”.

En muchos casos no existe una clara definición de cuáles son las autoridades tradicionales y ancestrales en los territorios, lo que puede generar conflictos. De hecho, la Corte Constitucional, en la sentencia T 172 de 2019, ya había ordenado al Ministerio del Interior que realizara “un estudio etnológico del pueblo indígena wayuu en el que se determinen los elementos de la organización política, social y cultural de este grupo social que deben ser considerados por el Estado para lograr una interlocución respetuosa de sus particularidades e instituciones”.

Asimismo pidió que se establecieran “los impactos culturales y sociales en el pueblo wayuu generados por la aplicación de las reglas vigentes sobre el registro de grupos étnicos, autoridades tradicionales y asociaciones de cabildos y autoridades”. Indepaz informó que la cartera no ha socializado la sentencia con las comunidades. Intentamos comunicarnos con el Ministerio del Interior sin recibir respuesta.

Un miembro de la comunidad wayuu, que trabajó en una consultoría para una empresa de energía que opera en la región, aseguró que durante los trámites con las comunidades no hay igualdad de condiciones. “El wayuu desconoce lo que es una consulta previa en el sentido occidental. El indígena no conoce los aspectos técnicos evaluados para dar las licencias ambientales. Las multinacionales contratan personas como yo para persuadir y para imponer sus lineamientos, por lo que ellos terminan comprometiéndose”.

Javier Cerchar, uno de los líderes ancestrales del resguardo Alaina, ubicado en la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, dijo que a pesar de que el grupo Enel Green Power y el Ministerio del Interior han acompañado a la comunidad durante el proceso, hay información pertinente sobre el proyecto que no ha sido entregada a la comunidad. “No nos han suministrado la información necesaria para entender la magnitud del proyecto. Solicitamos un acompañamiento por parte de un asesor, pero ellos han intentado sacar eso por la tangente”, dijo Cerchar, quien además agregó que hay conflicto dentro de algunas rancherías. “Dentro del proyecto Urraihi-Chemesky están haciendo el proceso con nueve rancherías, con ellos ya tienen preacuerdos. Sin embargo, con las comunidades de Alaina, Merunakat y Kousholojuna no hemos podido llegar a eso por temas de conflicto”.

En el informó a través de un comunicado, emitido en junio de 2019, que tres de los diez parques que para la fecha la empresa tenía en trámite estaban con conexión aprobada por la UPME y las otras siete en trámite. En cuanto a la consulta previa, la empresa insistió en que este proceso es parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA): “La caracterización social, económica y cultural del EIA se construye de la mano de las comunidades, pues es a través de ellas que se obtiene información para realizar dicho capítulo del estudio. Así mismo, el taller de impactos y medidas de manejo es parte integral de la consulta previa y es en esta instancia en donde las comunidades expresan lo que consideran los impactos hacia su comunidad y cuáles son las medidas de manejo que proponen para mitigar dichos impactos (...) por lo cual no es acertado afirmar que el EIA no se hace con apoyo de la comunidad”.

Con el tiempo corriendo en contra para la puesta en marcha de los proyectos eólicos ya adjudicados, la principal preocupación en algunas comunidades sigue siendo la falta de información. Aunque las empresas insisten en que los procesos se han hecho respetando lo que dicta la ley, la sensación en varias rancherías es que no han sido incluidas todas las voces dentro de la conversación.

Sin duda, el proyecto de energía eólica será un gran avance para el departamento, y las comunidades han dejado claro que no quieren convertirse en una piedra en el zapato para el desarrollo de la región. Lo único que piden es inclusión.

El 23 de diciembre de 2019 un miembro del Movimiento Indígena Nación Wayuu recibió un panfleto firmado, aparentemente, por las Águilas Negras. La amenaza se produjo un día después de que la ONG realizara unas visitas de acompañamiento a 15 comunidades de la jurisdicción del cerro La Teta, municipio de Uribia, La Guajira, en donde las autoridades étnicas denunciaron que había desinformación alrededor de los procesos de consulta adelantados por varias empresas de parques eólicos en la zona. “Viejo, hay una orden para usted, pero antes le mandan decir que mejor se retire de su ONG y deje a las empresas quietas”, se lee en el pasquín en el que además advierten al líder social que pueden atentar contra su familia.

El tema tiene como telón de fondo uno de los proyectos más ambiciosos de la región: el auge de la energía eólica en la Alta y Media Guajira. En octubre de 2019, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entidad que se encarga de planear el desarrollo de ese sector en el país, adjudicó, a través de una subasta, seis parques eólicos de energía renovable que deberán prestar servicio durante los próximos 15 años y que funcionarán en La Guajira. Dentro de estos proyectos aprobados está el de la compañía AES y su desarrollador Jemeiwaa Ka’i, con los parques Casa Eléctrica y Apotolorru, que contarán con 51 turbinas en el municipio de Uribia.

Como la mayoría de los proyectos se desarrollan en territorios en los que hay resguardos de comunidades indígenas, las empresas deben realizar procesos de consulta previa con los pueblos asentados para lograr acuerdos que no solo permitan la puesta en marcha de los planes de energía, sino que también entreguen beneficios a las comunidades. Sin embargo, el camino en ese sentido ha sido espinoso, pues por un lado se han presentado conflictos internos en la comunidad que dificultan la consecución de pactos y, por el otro, en algunos casos las comunidades alegan que no tienen información o desconocen los proyectos.

Por ejemplo, el mismo líder que recibió la amenaza contó que la comunidad ubicada en la jurisdicción del cerro ha manifestado su preocupación por reuniones citadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), para hablar de una consulta previa sobre los proyectos de la empresa en la región. Los indígenas aseguraron que no tenían claras las condiciones del proceso y que aunque solicitaron una explicación del proyecto, no obtuvieron respuesta. Eso sí, aseguran, levantaron actas y recogieron sus firmas. “Cuando revisamos los documentos, nos damos cuenta de que ya se encuentran en la tercera etapa de consulta y los indígenas no sabían. Ellos no tienen ni la más mínima idea sobre qué es un proceso consultivo y cuáles deben ser sus garantías. Un pueblo con hambre es fácil de manipular y eso es lo que está pasando en La Guajira”, explicó este líder a El Espectador.

Sin embargo, al preguntar por el proceso de consulta previa, el GEB explicó a este diario que el área de influencia del proyecto no está dentro del cerro La Teta y que, por tanto, no ha hecho reuniones con los habitantes de esa zona. “La comunidad más cercana al cerro, de las que están certificadas, se encuentra a 17,5 km en una línea recta”, señaló el grupo. Diego García, gerente del proyecto Colectora (que transmitirá la energía renovable desde La Guajira al país y que será desarrollado por el GEB), explicó que en el primer tramo hay 208 comunidades wayuus y cuatro pueblos de la Sierra.

Dicho tramo comprende la zona ubicada entre la subestación Colectora, en el municipio de Uribia, y Cuestecitas, en el municipio de Albania. En total, el proyecto que fue adjudicado en 2018 al Grupo de Energía de Bogotá transportaría 2.000 mW de energía y conectaría la energía generada en La Guajira con el Sistema de Transmisión Nacional.

Frente a las firmas que la comunidad dice que fueron recogidas, García explicó que el Ministerio del Interior es el encargado de realizar las actas. “No es que se firmen documentos, lo que hacemos es la debida diligencia, donde el Ministerio es quien lidera el proceso”, dijo y añadió que el grupo acompaña la consulta para informar a las comunidades, quienes deben estar de acuerdo para iniciar el proceso. “Lo que nos queda son las grabaciones (videos y fotografías) para que eso sea la garantía (...) con total seguridad podemos decir que a hoy en ninguna de las comunidades tenemos un acuerdo. Hasta ahora estamos en los procesos de identificación”.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha investigado y publicado dos informes sobre las multinacionales y la transición de energía eólica en territorio wayuu, entre 2021 y 2023 entrarían en funcionamiento varios parques eólicos que llegarían a producir el 20 % de la energía eléctrica que demanda Colombia. Para 2031 se proyecta que en el territorio wayuu de la Alta y Media Guajira entren a funcionar 57 parques, con aproximadamente 2.000 aerogeneradores, produciendo siete gigavatios (GW) para el Sistema Interconectado Nacional.

“Estos proyectos van a tener una capacidad equivalente a tres Hidroituangos. Lo que nos dicen es que una vez arranquen estos primeros, el número se va a duplicar”, explicó Camilo González, director de Indepaz.

Insiste en que el proceso en La Guajira ha comenzado al revés debido a que el Gobierno decidió autorizar una serie de proyectos eólicos sin consultar primero a las comunidades wayuus. “Después de haber iniciado el proceso de subastas, se plantean las consulta para el pueblo wayuu. La consulta deja de ser previa para ser consulta a posteriori (...) son inversiones muy grandes, más de US$6.000 millones que están en juego, y las comunidades no están informadas de las características técnicas, ni de las condiciones de inversión”, aseguró González.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del convenio 169, establece que en caso de que la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, se deben mantener los procedimientos de consulta con los pueblos “a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. A las comunidades les preocupa que no se cumpla con la norma y que no tengan garantías, sobre todo teniendo en cuenta los panfletos amenazantes que circulan en algunas comunidades.

Según Hernán Coronado, especialista de asuntos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la consulta solo hay dos actores: el Gobierno y los pueblos indígenas. “La consulta es un proceso de diálogo, no es un acto de votación o de referéndum, donde las partes buscan puntos en común para llegar a un acuerdo. Los países ratificantes están obligados a realizar el proceso de consulta, tal es el caso de Colombia”, explicó Coronado, quien agregó que la consulta tiene un carácter previo a cualquier decisión que pueda adoptar el Gobierno.

Para las comunidades no solo es importante que haya consulta sobre los proyectos, sino que quede claro cómo afectarán a la gente y cuáles serán los beneficios que traerán. En el caso de la empresa Jemeiwaa Ka’i, por ejemplo, una líder indígena de Uribia contó que aunque la empresa está haciendo procesos consultivos en los corregimientos de Media Luna e Irraipa, hay algunos conflictos dentro de la comunidad.

“El Ministerio del Interior lo que nos dice es que esto fortalecerá el territorio y que habrá empleo. Lo que no entiendo es qué tipo de fortalecimiento si nos van a desplazar. Las empresas nos dicen que cuando se pongan los aerogeneradores no puede haber casas”, explicó la líder al señalar que las firmas de estas consultas están generando rivalidad entre la comunidad. “Las empresas, si no convencen a un líder, buscan a otro y generan conflicto dentro del mismo territorio. Hay amenazas porque las personas que firmaron la consulta, pueda que sean autoridades tradicionales, pero no ancestrales, quienes son quienes deben tomar este tipo de decisiones en conjunto con la comunidad”.

Diego Patrón, gerente de Jemeiwaa Ka’i —empresa encargada del proyecto Casa Eléctrica y Apotolorru—, explicó que durante el proceso de consulta previa se pactaron unas distancias mínimas respecto a la ubicación de las infraestructuras. “Por ejemplo, de 3.500 hectáreas, que es la perimetral del proyecto de Casa Eléctrica, solo se va a ocupar el 2,5 %. En promedio, este es el porcentaje que será utilizado en todos los parques. En un proyecto eólico no hay cerco, todo está dentro del territorio de las comunidades, por lo que ellos mismos tienen que haber aceptado el proyecto para que se pueda desarrollar”, dijo aclarando, además, que en ninguno de los dos proyectos las comunidades tendrán que dejar su territorio.

“Cuando la ley en términos de consulta previa te dice que debe haber medidas especiales, lo primero que hay que saber es cómo toman decisiones las comunidades indígenas, y lo hacen en asamblea. Todos los ejercicios de negociación y trabajo los realizamos en asamblea y en su territorio”. En el proyecto Casa Eléctrica ya se protocolizaron los acuerdos, mientras que en Apotolorru todavía están en preconsulta.

El gerente de Jemeiwaa Ka’i fue enfático al señalar que las autoridades ancestrales participaron durante el proceso. “En el certificado aparecen las autoridades tradicionales, porque es lo que convocó el Ministerio del Interior, pero en el proceso estuvieron presentes los propietarios ancestrales del territorio, quienes a partir de su sistema consuetudinario pueden tomar decisiones. Nosotros levantamos la alerta y le dijimos al Ministerio del Interior que la consulta debe hacerse con las ancestrales”.

En muchos casos no existe una clara definición de cuáles son las autoridades tradicionales y ancestrales en los territorios, lo que puede generar conflictos. De hecho, la Corte Constitucional, en la sentencia T 172 de 2019, ya había ordenado al Ministerio del Interior que realizara “un estudio etnológico del pueblo indígena wayuu en el que se determinen los elementos de la organización política, social y cultural de este grupo social que deben ser considerados por el Estado para lograr una interlocución respetuosa de sus particularidades e instituciones”.

Asimismo pidió que se establecieran “los impactos culturales y sociales en el pueblo wayuu generados por la aplicación de las reglas vigentes sobre el registro de grupos étnicos, autoridades tradicionales y asociaciones de cabildos y autoridades”. Indepaz informó que la cartera no ha socializado la sentencia con las comunidades. Intentamos comunicarnos con el Ministerio del Interior sin recibir respuesta.

Un miembro de la comunidad wayuu, que trabajó en una consultoría para una empresa de energía que opera en la región, aseguró que durante los trámites con las comunidades no hay igualdad de condiciones. “El wayuu desconoce lo que es una consulta previa en el sentido occidental. El indígena no conoce los aspectos técnicos evaluados para dar las licencias ambientales. Las multinacionales contratan personas como yo para persuadir y para imponer sus lineamientos, por lo que ellos terminan comprometiéndose”.

Javier Cerchar, uno de los líderes ancestrales del resguardo Alaina, ubicado en la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, dijo que a pesar de que el grupo Enel Green Power y el Ministerio del Interior han acompañado a la comunidad durante el proceso, hay información pertinente sobre el proyecto que no ha sido entregada a la comunidad. “No nos han suministrado la información necesaria para entender la magnitud del proyecto. Solicitamos un acompañamiento por parte de un asesor, pero ellos han intentado sacar eso por la tangente”, dijo Cerchar, quien además agregó que hay conflicto dentro de algunas rancherías. “Dentro del proyecto Urraihi-Chemesky están haciendo el proceso con nueve rancherías, con ellos ya tienen preacuerdos. Sin embargo, con las comunidades de Alaina, Merunakat y Kousholojuna no hemos podido llegar a eso por temas de conflicto”.

En el informó a través de un comunicado, emitido en junio de 2019, que tres de los diez parques que para la fecha la empresa tenía en trámite estaban con conexión aprobada por la UPME y las otras siete en trámite. En cuanto a la consulta previa, la empresa insistió en que este proceso es parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA): “La caracterización social, económica y cultural del EIA se construye de la mano de las comunidades, pues es a través de ellas que se obtiene información para realizar dicho capítulo del estudio. Así mismo, el taller de impactos y medidas de manejo es parte integral de la consulta previa y es en esta instancia en donde las comunidades expresan lo que consideran los impactos hacia su comunidad y cuáles son las medidas de manejo que proponen para mitigar dichos impactos (...) por lo cual no es acertado afirmar que el EIA no se hace con apoyo de la comunidad”.

Con el tiempo corriendo en contra para la puesta en marcha de los proyectos eólicos ya adjudicados, la principal preocupación en algunas comunidades sigue siendo la falta de información. Aunque las empresas insisten en que los procesos se han hecho respetando lo que dicta la ley, la sensación en varias rancherías es que no han sido incluidas todas las voces dentro de la conversación.

Sin duda, el proyecto de energía eólica será un gran avance para el departamento, y las comunidades han dejado claro que no quieren convertirse en una piedra en el zapato para el desarrollo de la región. Lo único que piden es inclusión.