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Yonny Abril me muestra una cartilla de 87 páginas que titula Ruta para la construcción de una paz estable y duradera, publicada el 24 de noviembre del 2016 y que algunos llaman con esperanza el acuerdo de paz. Allí está sistematizado el proceso de sustitución gradual de cultivos de usos ilícito para el Catatumbo y lo que significa para ellos esta palabra como comunidades campesinas, que no es otra cosa que inversión social en la región, satisfacer todos los índices de necesidades básicas insatisfechas y tener posibilidades de producción económica.
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–¿Qué es eso de gradual? –le pregunto.
–Son pagos que deben darse al campesino para que deje el cultivo de coca –me responde.
Esos pagos, me explica como coordinador general de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, tienen una primera fase que es la de parar de cultivar, aquí debe dársele un millón de pesos al campesino. Luego, en el proceso de retirar la mata, un desembolso más por otro millón. Finalmente, el tercer pago estaría alrededor de tres millones. Me explica que esto es solo un subsidio para que el campesino haga el proceso de transición y no se muera de hambre con su familia.
Luego pasa a darme cifras más completas, consultando esta cartilla, que es como la biblia del proceso campesino.
–La cosa sería así: $1’800.000 por una vez, $12 millones por 6 meses, $9 millones para un proyecto a largo plazo, $10 millones para otro proyecto más y $3 millones de asistencia técnica –explica, mientras guardo silencio y comprendo por qué tal vez es tan difícil negociar con el Gobierno.
Me explica que sobre eso trata el plan de atención inmediata, pero que un proceso de sustitución debe tener un plan integral de sustitución para desarrollo alternativo y atención a las familias campesinas. Pese a este programa, en el que podrían estar de acuerdo, la Mesa MIA Catatumbo (una mesa de trabajo entre cultivadores y raspachines producto de varias movilizaciones campesinas en 2013) hace un año está frenada. La razón, según ellos, es el incumplimiento del 50 % a la cumbre agraria campesina, étnica y popular, que nació también en el 2013 como un gran escenario de reivindicación campesina. Tampoco avanzan las zonas de reserva campesina.
–Por eso se piensa un fuerte paro para el 12 de octubre a nivel nacional –dice, sereno, Yonny.
No sería el primero. La discusión sobre sustitución de cultivos ilícitos entre los campesinos del Catatumbo y el Gobierno viene de tiempo atrás. El antecedente de sus desagravios tiene origen en el año 1998, cuando se dio la gran movilización del nororiente y estaba en sus inicios el Plan Colombia. Ese año se realizó un pliego de exigencias y se propuso por primera vez la sustitución y no la erradicación de la hoja de coca.
–Ese año fue muy interesante, porque quedó posicionado un tema que marcó la discusión política sobre cultivos ilícitos en todo el país, recuerda Yonny.
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Pasaron 15 años durante los cuales el Gobierno se inclinó por la erradicación y criminalización del campesino que sembraba coca, asociándolo a sectores de la insurgencia. Pero el 11 de junio de 2013, los campesinos estallaron en cólera, fruto de años de incumplimiento manifestado en un acumulado de necesidades sociales y carencias de todo tipo en la región. Se movilizaron 17.000 campesinos en 53 días de paro. Estas jornadas dejaron 200 heridos y cinco capturados. La resistencia se logró amainar en 13 exigencias concretas, entre las cuales sobresalen las zonas de reserva campesina, el respeto a los derechos humanos, la construcción de carreteras y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Cuatro años después, según estos líderes campesinos, el Gobierno ha cumplido con el 70 % de ese pliego de exigencias.
Por lo pronto, en el Catatumbo continúan los combates entre el Eln y el Ejército en el municipio de Hacarí, en la vereda La Laguna, y los desembarcos de tropa, que en cifras de esta asociación van casi en 8.000 efectivos. Como en los tiempos de la guerra con el Plan Colombia, sigue aumentando el pie de fuerza y nada de sustitución de cultivos para los campesinos de esta región que implique realmente un proceso de transformación social.
*Colaborador Colombia2020