“El énfasis debe ser en una política para desmantelar grupos armados”: ONU DD.HH

Justo un día después de que el presidente Iván Duque reclamara ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la comunidad internacional no puede ser indiferente frente a la situación que vive Venezuela en materia de respeto por los derechos humanos, un duro informe de una agencia de ese organismo multilateral fue presentado en Colombia con cifras que hacen volver la mirada a territorio colombiano. Se trata del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,Michelle Bachelet, que mapeó la situación para los líderes sociales, defensores y las comunidades rurales en Colombia durante 2020.

Entre los hallazgos resaltan las 76 masacres confirmadas por esa oficina entre enero y diciembre del año pasado, en las que fueron asesinadas 292 personas; 24 eran niños y niñas. El país no tenía una cifra tan alta de masacres desde 2014, según esa oficina. Igualmente, el reporte habla de 133 casos de homicidios de líderes en 2020 sobre los que recibieron información, de los cuales han sido ya verificados 90. A esas cifras, entre otras, se les agregan por lo menos 94 desplazamientos masivos con 25.366 víctimas, concentrados en solo tres departamentos: Antioquia, Chocó y Nariño.

(Le recomendamos leer: En 2020 se registraron 76 masacres, la cifra más alta desde 2014: Derechos Humanos de la ONU)

Juliette de Rivero es la representante en Colombia de la alta comisionada Michelle Bachelet, y fue quien presentó ayer el informe anual de esa oficina. Según dijo, adoptar una política pública para desmantelar los grupos herederos del paramilitarismo es fundamental para mejorar las garantías de seguridad de líderes, defensores y comunidades en Colombia.

En homicidios de líderes, masacres y desplazamientos aparecen las mismas regiones: el andén Pacífico colombiano y el departamento de Antioquia. ¿Qué pasa en esos lugares?

Lo que estamos viendo es que hay algunas regiones que están particularmente afectadas por esta violencia, y esto corresponde a regiones donde la presencia del Estado es bastante débil. También son regiones donde los índices de pobreza multidimensional son muy altos. Nosotros pensamos que son contextos que favorecen la violencia y la presencia de estos actores armados.

El documento reitera la urgencia de adoptar una política pública para el desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Han evidenciado esfuerzos del Gobierno por sacar adelante esa política?

Ha habido varias reuniones de la Comisión de Garantías de Seguridad que han sido convocadas por el Gobierno, y el presidente Duque muchas veces ha expresado su compromiso con los Acuerdos de Paz. Nosotros creemos que se puede acelerar la adopción de esta política pública, lo que implica un diálogo más fuerte con las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo propuestas en ese sentido y por eso hemos pedido al Gobierno que dé prioridad al avance del trabajo de esta comisión.

¿Por qué es tan importante esa política?

Porque la idea es incidir en el contexto generador de violencia y estas redes, estos grupos criminales, estas estructuras son las que están en el origen de los ataques contra líderes sociales. Ellos atacan a los líderes porque están tratando de silenciar a toda una comunidad y de someter a toda una comunidad. Es importante el desmantelamiento para generar condiciones en las que los liderazgos y las comunidades puedan vivir en paz.

Desde 2018, según el informe, las cifras de las masacres han aumentado. ¿Cómo evalúa las acciones del Gobierno para frenar este fenómeno?

El Gobierno nos informó que han creado una unidad especial para encargarse de este tema, y eso es algo positivo, nosotros vemos que el Gobierno es consciente de este problema de violencia en los territorios y que en 2021 se puede hacer más. Para darles una respuesta más eficaz a las alertas tempranas se debe enfocar en lo que están pidiendo los Acuerdos de Paz, que son las garantías de seguridad y el despliegue de la presencia del Estado con una reforma rural integral. Creemos que el Gobierno está tomando medidas, y esas medidas pueden ser reforzadas, desde el punto de vista de la implementación del Acuerdo de Paz.

(Le puede interesar: Las advertencias que el Gobierno conocía sobre las masacres)

El informe dice que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría es fundamental para la prevención de violencias. ¿Están siendo ignoradas esas alertas?

No, para nada están siendo ignoradas. Están ayudando mucho a visibilizar situaciones de riesgo. Pero se puede mejorar la respuesta institucional, se puede mejorar la coordinación en los diferentes niveles, entre lo municipal, lo departamental y lo nacional, y nosotros queremos acompañar al Gobierno en ese esfuerzo y creemos que se puede reforzar y que existe una voluntad para hacerlo, y eso lo sentí en la conversación que tuve con el ministro del Interior.

Dijo que van a trabajar con el ministro del Interior, Daniel Palacios, para mejorar la respuesta estatal a esas alertas. ¿De qué se trata esa cooperación?

Lo que queremos es acompañar al Ministerio del Interior en este rol que ellos tienen de coordinación de las respuestas a las alertas para ayudarlos a ajustar metodologías para que realmente estas reuniones sirvan para la búsqueda de soluciones y para la prevención, y asesorar al Ministerio para integrar los marcos de protección de derechos humanos y los estándares internacionales en esa actividad.

Cuando se anunció unificar cifras entre Fiscalía, Defensoría y Procuraduría, sobre asesinatos de líderes, usted dijo que eso no era lo importante. ¿Cuál es la prioridad?

Es importante que las instituciones del Estado se coordinen para erradicar este problema, pero es importante que cada una cumpla su función. Si la función es investigar, que investigue; si la función es dar seguimiento, pues darle seguimiento; prevenir, entonces prevenir. Que cada una cumpla su función constitucional frente a este tema y al mismo tiempo que se incida en los contextos generadores de violencia, o sea acá no se trata de ir caso por caso, acá se trata de incidir en lo que está generando esa violencia, por eso el énfasis es en una política pública de desmantelamiento y en acciones de prevención de la violencia.

(Lea también: Cajibío: el sigiloso avance de la coca y las disidencias de las Farc)

¿Cree que hay algún riesgo en esa unificación de las cifras?

Creo que cada institución tiene cifras que representan un poco las tendencias; incluso nuestras cifras no son el universo completo de asesinatos, sino que son una muestra de los casos que nosotros hemos conocido. Esas cifras nos permiten a nosotros detectar esas tendencias, ver qué es lo que está causando esta violencia y asesorar al Gobierno, pero no pretendemos que nuestras cifras sean un universo absoluto. Es importante reconocer que diferentes entidades pueden llegar a diferentes cifras, pero que cada una cumpla con su deber constitucional y sus obligaciones en materia internacional de derechos humanos.

En los homicidios de líderes, el informe identifica como autores a las Farc, al Eln, a la Fuerza Pública y una buena parte a “grupos criminales”. ¿Y las Agc?

De manera general nosotros vemos que la mayoría de los asesinatos y los ataques son cometidos por grupos armados no estatales y criminales, que incluyen este tipo de grupos. Ellos son los principales generadores de violencia, y también las disidencias. Para nosotros lo importante es señalar el deber del Estado de proteger a las poblaciones frente a estas violencias y el accionar de estos grupos.

¿Qué tanto impacto podría tener negociar la paz con el Eln y ofrecer sometimiento a las Agc, sobre las cifras de violencia?

Vemos de manera positiva este tipo de diálogos si el resultado va a ser una mejor protección de la población; nuestro enfoque es cómo se logra proteger a estas poblaciones que están viviendo un momento muy difícil de zozobra y de miedo. Si diálogos humanitarios pueden ayudar a mejorar esa protección, pues lo vemos favorable.

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Entre los hallazgos resaltan las 76 masacres confirmadas por esa oficina entre enero y diciembre del año pasado, en las que fueron asesinadas 292 personas; 24 eran niños y niñas. El país no tenía una cifra tan alta de masacres desde 2014, según esa oficina. Igualmente, el reporte habla de 133 casos de homicidios de líderes en 2020 sobre los que recibieron información, de los cuales han sido ya verificados 90. A esas cifras, entre otras, se les agregan por lo menos 94 desplazamientos masivos con 25.366 víctimas, concentrados en solo tres departamentos: Antioquia, Chocó y Nariño.

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Juliette de Rivero es la representante en Colombia de la alta comisionada Michelle Bachelet, y fue quien presentó ayer el informe anual de esa oficina. Según dijo, adoptar una política pública para desmantelar los grupos herederos del paramilitarismo es fundamental para mejorar las garantías de seguridad de líderes, defensores y comunidades en Colombia.

En homicidios de líderes, masacres y desplazamientos aparecen las mismas regiones: el andén Pacífico colombiano y el departamento de Antioquia. ¿Qué pasa en esos lugares?

Lo que estamos viendo es que hay algunas regiones que están particularmente afectadas por esta violencia, y esto corresponde a regiones donde la presencia del Estado es bastante débil. También son regiones donde los índices de pobreza multidimensional son muy altos. Nosotros pensamos que son contextos que favorecen la violencia y la presencia de estos actores armados.

El documento reitera la urgencia de adoptar una política pública para el desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Han evidenciado esfuerzos del Gobierno por sacar adelante esa política?

Ha habido varias reuniones de la Comisión de Garantías de Seguridad que han sido convocadas por el Gobierno, y el presidente Duque muchas veces ha expresado su compromiso con los Acuerdos de Paz. Nosotros creemos que se puede acelerar la adopción de esta política pública, lo que implica un diálogo más fuerte con las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo propuestas en ese sentido y por eso hemos pedido al Gobierno que dé prioridad al avance del trabajo de esta comisión.

¿Por qué es tan importante esa política?

Porque la idea es incidir en el contexto generador de violencia y estas redes, estos grupos criminales, estas estructuras son las que están en el origen de los ataques contra líderes sociales. Ellos atacan a los líderes porque están tratando de silenciar a toda una comunidad y de someter a toda una comunidad. Es importante el desmantelamiento para generar condiciones en las que los liderazgos y las comunidades puedan vivir en paz.

Desde 2018, según el informe, las cifras de las masacres han aumentado. ¿Cómo evalúa las acciones del Gobierno para frenar este fenómeno?

El Gobierno nos informó que han creado una unidad especial para encargarse de este tema, y eso es algo positivo, nosotros vemos que el Gobierno es consciente de este problema de violencia en los territorios y que en 2021 se puede hacer más. Para darles una respuesta más eficaz a las alertas tempranas se debe enfocar en lo que están pidiendo los Acuerdos de Paz, que son las garantías de seguridad y el despliegue de la presencia del Estado con una reforma rural integral. Creemos que el Gobierno está tomando medidas, y esas medidas pueden ser reforzadas, desde el punto de vista de la implementación del Acuerdo de Paz.

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El informe dice que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría es fundamental para la prevención de violencias. ¿Están siendo ignoradas esas alertas?

No, para nada están siendo ignoradas. Están ayudando mucho a visibilizar situaciones de riesgo. Pero se puede mejorar la respuesta institucional, se puede mejorar la coordinación en los diferentes niveles, entre lo municipal, lo departamental y lo nacional, y nosotros queremos acompañar al Gobierno en ese esfuerzo y creemos que se puede reforzar y que existe una voluntad para hacerlo, y eso lo sentí en la conversación que tuve con el ministro del Interior.

Dijo que van a trabajar con el ministro del Interior, Daniel Palacios, para mejorar la respuesta estatal a esas alertas. ¿De qué se trata esa cooperación?

Lo que queremos es acompañar al Ministerio del Interior en este rol que ellos tienen de coordinación de las respuestas a las alertas para ayudarlos a ajustar metodologías para que realmente estas reuniones sirvan para la búsqueda de soluciones y para la prevención, y asesorar al Ministerio para integrar los marcos de protección de derechos humanos y los estándares internacionales en esa actividad.

Cuando se anunció unificar cifras entre Fiscalía, Defensoría y Procuraduría, sobre asesinatos de líderes, usted dijo que eso no era lo importante. ¿Cuál es la prioridad?

Es importante que las instituciones del Estado se coordinen para erradicar este problema, pero es importante que cada una cumpla su función. Si la función es investigar, que investigue; si la función es dar seguimiento, pues darle seguimiento; prevenir, entonces prevenir. Que cada una cumpla su función constitucional frente a este tema y al mismo tiempo que se incida en los contextos generadores de violencia, o sea acá no se trata de ir caso por caso, acá se trata de incidir en lo que está generando esa violencia, por eso el énfasis es en una política pública de desmantelamiento y en acciones de prevención de la violencia.

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¿Cree que hay algún riesgo en esa unificación de las cifras?

Creo que cada institución tiene cifras que representan un poco las tendencias; incluso nuestras cifras no son el universo completo de asesinatos, sino que son una muestra de los casos que nosotros hemos conocido. Esas cifras nos permiten a nosotros detectar esas tendencias, ver qué es lo que está causando esta violencia y asesorar al Gobierno, pero no pretendemos que nuestras cifras sean un universo absoluto. Es importante reconocer que diferentes entidades pueden llegar a diferentes cifras, pero que cada una cumpla con su deber constitucional y sus obligaciones en materia internacional de derechos humanos.

En los homicidios de líderes, el informe identifica como autores a las Farc, al Eln, a la Fuerza Pública y una buena parte a “grupos criminales”. ¿Y las Agc?

De manera general nosotros vemos que la mayoría de los asesinatos y los ataques son cometidos por grupos armados no estatales y criminales, que incluyen este tipo de grupos. Ellos son los principales generadores de violencia, y también las disidencias. Para nosotros lo importante es señalar el deber del Estado de proteger a las poblaciones frente a estas violencias y el accionar de estos grupos.

¿Qué tanto impacto podría tener negociar la paz con el Eln y ofrecer sometimiento a las Agc, sobre las cifras de violencia?

Vemos de manera positiva este tipo de diálogos si el resultado va a ser una mejor protección de la población; nuestro enfoque es cómo se logra proteger a estas poblaciones que están viviendo un momento muy difícil de zozobra y de miedo. Si diálogos humanitarios pueden ayudar a mejorar esa protección, pues lo vemos favorable.

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