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“Nunca conocimos un día de paz”. Esa es la sentencia de las comunidades chocoanas, esta vez pronunciada por Víctor Carpio, líder embera de la Mesa Indígena del Chocó.
La misma opinión comparten todos los representantes de la Iglesia Católica y las organizaciones étnico-territoriales de este departamento, en el marco de una rueda de prensa convocada el 18 de noviembre en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, con el propósito de difundir los hallazgos y denuncias producto de 11 misiones humanitarias realizadas en Chocó y el occidente de Antioquia a lo largo del 2021.
Estas caravanas fueron lideradas por las propias organizaciones con acompañamiento de la Iglesia Católica y la cooperación internacional.
El propósito de las caravanas fue “comprender la situación que se vive en el Chocó, visibilizar la crisis humanitaria, su agudización y la reconfiguración del conflicto armado”, puntualizó Abid Manuel Romaña. Estas caravanas recorrieron el río San Juan, el Baudó, el Bajo Atrato y Darién, Bojayá y dos municipios del occidente antioqueño, donde se pudo constatar las “violaciones a los Derechos Humanos en los territorios”, detalló Romaña agregando que “es evidente el confinamiento, el reclutamiento de menores, la presencia de cultivos ilícitos y las amenazas a líderes y comunidades”.
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Según los convocantes, el departamento del Chocó ya suma más de 5.000 desplazados y más de 30.000 confinados en lo corrido de este año. Una emergencia que, según el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, es “compleja” y “desborda la capacidad de respuesta del Estado y de las organizaciones” mientras “el Estado colombiano y el gobierno actual permanecen indiferentes”.
Barreto fue enfático en relacionar la actual situación humanitaria con la grave crisis social del departamento del Chocó insistiendo en que impera un “abandono estatal en todos los niveles e instancias. El Estado es el principal victimario en estos territorios”, concluyó el obispo, agregando que la implementación del acuerdo de La Habana fue decepcionante.
Además de monseñor Barreto y el represente social Romañan, durante la rueda de prensa hubo intervenciones de Elizabeth Moreno Barco, líder del Consejo Comunitario General del río San Juan; la hermana de la misión de la madre Laura, Luz Enith Quintero; Atahualpa Hernández, representante de las iglesias luteranas; y el dirigente indígena Víctor Carpio. También representación de los Consejos Comunitarios del río San Juan, Atrato y Baudó.
Hernández aseguró que “el clamor de las comunidades no ha sido escuchado” y resumió las principales exigencias de las comunidades para salir de la crisis con una acción humanitaria integral que incluye respetar a las autoridades étnicas, dialogar con los grupos armados ilegales y buscar una solución política al conflicto armado. Además, pidió que se garantice la libre movilidad y seguridad a líderes y lideresas, así como un mínimo vital para desplazados y confinados por la guerra, pues “no es suficiente el desarme si no se transforma esta crisis que es la del Estado social de Derecho. Los actores armados son un cáncer que hacen muy difícil el caminar de las comunidades” aseguró.
“La solución militarista no es eficaz y trae un gran costo en vidas humanas”, dijo Hernández, quién hizo un llamado a la implementación del capítulo étnico de los acuerdos de La Habana y a la “reactivación urgente de la mesa de diálogos con el Eln”.
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Además de las organizaciones étnicas y la iglesia las caravanas contaron con acompañamiento de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en cabeza de su delegada Juliette de Rivero, quien declaró que “las comunidades nos han pedido dar las alarmas sobre la situación” que “afecta liderazgos y la permanencia de la gente en sus territorios”. De Rivero llamó la atención sobre el trasfondo de la crisis humanitaria, que son las “desigualdades estructurales y la deuda histórica” del Estado colombiano con el Chocó, donde el 73% de la población no tiene acceso al agua potable o el índice de analfabetismo supera el 20% una de las tasas más altas del país.
Aquello redunda en una crisis que además se expresa en la violencia urbana de Quibdó, otro fenómeno que la Procuraduría ha llamado a afrontar con la directiva 002 de 2021 que formula un plan de acción integral que “debe implementarse” según puntualizó de Rivero.
Una denuncia importante tanto en el Chocó como desde el occidente de Antioquia tuvo que ver con la “connivencia de la fuerza pública con el Clan del Golfo”, en palabras de monseñor Barreto, quien denunció además la presencia “incipiente” de disidencias de las Farc.
La hermana Luz Enith Quintero, que acompañó las caravanas humanitarias en zonas rurales de Frontino y Dabeiba (Antioquia) entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, denunció que para cruzar por la carretera central en las afueras de Dabeiba tuvieron que pedir permiso a los paramilitares del Clan del Golfo, mientras que en La Blanquita, una vereda de Frontino, la presencia de los paramilitares “fue constante”.
“Hay una total ausencia del Estado” puntualizó Quintero, “escuelas en total abandono, muchas veces ocupadas por los grupos armados, hay campos minados”. La hermana Luz Enith Quintero denunció que la primera semana de noviembre quisieron entrar a otra misión de verificación en Frontino y no fue posible por la presión de los actores armados.
Finalmente, Elizabeth Moreno Barco, representante del Consejo Comunitario General del San Juan, en Chocó, resumió el dolor que le produjo la última de todas las caravanas, realizada por el río San Juan entre el 11 y el 15 de octubre: “vimos el dolor de las madres y familias de los menores que han muerto en combate” explicó con un tono vehemente y la voz quebrada: “son familias que no han sido atendidas y las madres piden justicia por sus hijos”.