Luis Antonio Tombé estuvo listo a primera hora, y hacia las seis de la mañana se paró a las puertas de su finca, en una vereda de Corinto (Cauca), a esperar a que su hijo Júnior lo recogiera en la moto, como habían acordado. Recorrieron por 20 minutos la vía hacia Miranda, hasta la finca comunitaria Las Palmas, donde se habían dado cita ese domingo 1° de mayo con el resto de la comunidad para salir a fincas de la zona y tumbar la caña de azúcar. Ambos estuvieron juntos hasta que Luis Antonio cayó baleado en una calle de Miranda horas después.
Ese domingo ya se cumplían tres meses desde que el 30 de enero la comunidad del resguardo indígena Cilia La Calera, de Miranda, había tomado la determinación de activar las jornadas de liberación de la Madre Tierra, como le llama el pueblo nasa a ocupar las fincas y cortar la caña. Desde entonces, semanalmente formaban mingas de comuneros indígenas para meterse a las fincas sembradas de caña que le venden al ingenio Incauca y tumbarles las plantaciones.
De acuerdo con las autoridades -y la ley-, esa acción es avasallamiento de bien inmueble o invasión de predios.
María Llicenia Cifuentes es la autoridad ancestral de ese resguardo y lo explica así: “A ojos de la opinión pública, el ejercicio que hacen las comunidades indígenas se ve como una invasión a la propiedad privada o un robo de tierras. Para nosotros el proceso de liberar va más allá y apela a todo el daño que se les ha causado a las tierras durante décadas con la industria de la caña; hay que decir que son predios que nunca se dejan descansar, siempre están allí produciendo”.
La jornada estaba programada desde primera hora hasta cerca del mediodía, pero la interrumpió un grupo de pobladores afros de la zona que discutieron con los indígenas. Decían que esas no eran tierras de ningún ingenio, que eran predios de economía familiar y que dependían de esos cultivos.
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El mandato del movimiento indígena no es recuperar pequeños predios que pertenezcan a pobladores, sino aquellos que están en manos de los grandes propietarios y los ingenios de la región. “Pero si usted se para desde la vía hacia abajo usted solo ve caña, y no puede decir este sí es de los grandes, este no es”, dice la autoridad María Llicenia.
Luis Antonio Tombé se conocía bien los procesos de liberación de tierra porque había participado en ellos en varios municipios del norte del Cauca. De hecho, como resultado de las recuperaciones que se hicieron en Corinto, a él le habían asignado esa finca en la que se la pasaba trabajando los días previos a su muerte.
También los conocía porque desde hace por lo menos dos décadas había sido parte activa del movimiento indígena desde su resguardo. En 2004 fue elegido alguacil de su cabildo, que en la estructura anterior de los nasas era una figura clave del resguardo, junto con la del gobernador. Entró a la Guardia Indígena y en 2008 fue elegido presidente de la junta de la vereda La Unión, que él ayudó a fundar. Lo reeligieron y estuvo ocho años como líder de su comunidad.
Algo de eso heredaron sus seis hijos, porque uno por uno se han metido a la organización. Élmer, de 19 años, es actualmente el presidente de esa vereda, donde también fue presidente su papá; Rosalía, de 22, fue hasta hace un año coordinadora de la Guardia Indígena en Miranda; Arley, de 28 años y el mayor de los seis, perteneció al movimiento juvenil y llegó a ser alguacil del cabildo. Todos han sido kiwe thegnas, guardias indígenas, como lo fue hasta el último día su papá.
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En la tarde de ese domingo, el brigadier general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Región No. 4 de Policía, hizo una declaración y sostuvo que más temprano habían recibido un requerimiento ciudadano -a través de la red de apoyo- sobre una invasión de tierras que se estaba presentando en dos fincas de la zona rural de Miranda. En respuesta, dijo, enviaron un grupo especial de intervención y habían capturado a dos personas en flagrancia.
El general no explicó que el grupo de uniformados no llegó a las fincas que se estaban ocupando, que llevan por nombre Las Cañas y Maracaibo. En realidad, los policías arribaron al corazón del resguardo, donde no estaban los liberadores de tierra: la finca comunitaria Las Palmas, que había sido el punto de encuentro en la mañana y que es prácticamente la sede del cabildo. Allí no había ningún ejercicio de liberación, porque esa finca pertenece legalmente al resguardo y allí viven 175 familias.
Paradójicamente, es una finca que el Estado les entregó en 2000 a los nasas como una medida de reparación por la masacre de El Nilo, en la que asesinaron a 20 indígenas. Ese hecho ocurrió el 16 de diciembre de 1991, en medio, precisamente, de una jornada de recuperación de tierra.
Las comuneras Maryluz Chilhueso Valencia y Maritza Johana Chilhueso Mosquera iban de salida de esa finca cuando irrumpieron los agentes de la Policía. Según la comunidad, ellas no estaban participando en la invasión de los predios y fueron detenidas en la finca que es propiedad del resguardo. Con las dos personas capturadas, los agentes se marcharon y la comunidad avisó a quienes para ese momento regresaban de la tumba de caña.
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Un grupo de los mingueros, empuñando los machetes, cogió la carretera por la que en 10 minutos se llega caminando a Miranda, con la idea de que a las capturadas las trasladarían a la estación del municipio y ellos podrían presionar su liberación. Una decena de ellos se adelantó. A la cabeza del grupo iba Luis Antonio Tombé junto a su hijo y otros guardias.
Pero a las dos comuneras se las llevaron las autoridades para Puerto Tejada. Según dio a conocer días después el coronel Gustavo Martínez, comandante del Departamento de Policía en Cauca, las dos fueron enviadas por un juez a la cárcel de Jamundí sindicadas de los delitos de avasallamiento de bien inmueble y obstrucción a la función pública. Hoy ambas permanecen allí.
Según la comunidad indígena, cuando los primeros comuneros estaban a una cuadra de llegar a la estación, los uniformados que allí permanecían accionaron sus armas de fuego para contener su avance. Los mingueros intentaron defenderse con piedras y los uniformados dispararon también gases lacrimógenos. El general Ruiz explicó que los miembros de la estación hablaron de cerca de 100 personas, entre ellos varios encapuchados, que “arremeten contra la integridad física y las instalaciones, utilizando piedras, artefactos explosivos y, al parecer, armas de fuego. Es así que el personal activa el plan de defensa y repele la agresión”.
Hasta ahora no hay evidencia que indique que entre la comunidad que intentó llegar a la estación había personas con armas de fuego. De hecho, al día siguiente, cuando el propio director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, habló del hecho, no mencionó que desde la comunidad hubieran disparado ni que ningún uniformado hubiera resultado herido.
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En varios videos que han circulado, grabados desde teléfonos celulares, se ve a un puñado de mingueros que corren entre las calles de Miranda, pero no se observa el centenar de indígenas que refirió el general Ruiz.
Luis Antonio Tombé, de 54 años, fue el primero en recibir los impactos de bala. Luego John Cunda, quien había sido autoridad del resguardo, también fue impactado por un disparo. Y, además de ellos dos, fue impactado Edwin Johan Dagua. Sobre ellos tres, el general Ruiz reconoció que tuvieron conocimiento de que al hospital de Miranda ingresaron tres heridos por arma de fuego, de los cuales uno murió. A John Cunda lo trasladaron a la clínica Valle del Lily, en Cali, y a Edwin Johan Dagua, a la clínica Los Remedios, también en esa ciudad. Hoy ambos se recuperan de las heridas.
En la declaración entregada al día siguiente, el general Jorge Luis Vargas sostuvo que en respuesta a esos hechos se dispuso de inmediato la presencia del inspector general de la Policía hacia Miranda, con un equipo del grupo especial de investigación. Además, sostuvo que dos de los uniformados de la estación fueron suspendidos, al ser los presuntos responsables de la muerte de Luis Antonio Tombé y los disparos a los otros dos indígenas. La investigación quedó en manos de la Dirección Seccional de Fiscalías Cauca, desde donde rechazaron entregar información a Colombia+20, porque el caso está en actos urgentes todavía.
