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Nadie hasta el momento ha podido confirmar el día exacto en que tres indígenas awás fueron asesinados en la remota comunidad del Aguacate, en el resguardo Pialapí Pueblo Viejo, en Ricaurte (Nariño). Pero todo indica que la masacre habría ocurrido hace más de 10 días. Luego de recibir alertas de esa zona sobre una posible masacre, una comisión humanitaria encabezada por el gobernador del resguardo y el coordinador de tierra y justicia del Cabildo Mayor de Ricaurte (Camawari) se trasladó al territorio el pasado lunes y apenas este miércoles en la tarde fueron hallados los tres cuerpos, en avanzado estado de descomposición. Según Miguel Caicedo, gobernador del resguardo, los habitantes de la comunidad no habían denunciado los hechos por miedo.
Jhon Kevin Guanga Guanga, de 18 años, Lumar Leonel Guanga Nastacuas, de 24 años, y Eider Sebastian Guanga, de 18, son los tres comuneros indígenas asesinados según pudo establecer este diario. Sus asesinatos tardarían en conocerse, además, porque ocurrieron en la más lejana de las 10 comunidades del resguardo, ubicada a casi 12 horas del casco urbano de Ricaurte y completamente incomunicada a través de señales telefónicas. Para acceder al Aguacate se necesitan primero dos horas de recorrido en moto o en carro y en adelante otras 10 a pie o a lomo de mula. De ahí que, al ser difícil el acceso, la desinformación llevó a hablar en principio de más de 10 indígenas desaparecidos, lo cual finalmente no confirmaron el gobernador del resguardo ni el coordinador de Camawari.
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Pero las autoridades indígenas de la zona recordaron que estas tres víctimas de la masacre no son los primeros indígenas awás de la comunidad del Aguacate, en el resguardo Pialapí Pueblo Viejo, que han muerto de forma violenta durante estos meses de pandemia. El primero fue Ángel Artemio Nastacuas, quien murió a manos de agentes de la Policía Antinarcóticos, producto de una política que viene arrasando con la cultura awá en el departamento de Nariño, como lo reconoció recientemente el Tribunal Superior de Pasto.
El 22 de abril de 2020, Nastacuas participaba de una protesta contra la erradicación forzada de cultivos de coca en el resguardo awá de Inda Sabaleta, en el municipio de Tumaco. Pese a ser oriundo de Ricaurte, se encontraba en ese territorio, pues, como se ha hecho natural, los comuneros awás muchas veces abandonan sus resguardos para buscar suerte como raspachines de hoja de coca en las plantaciones que han ido ganando espacio en sus territorios ancestrales. La protesta escaló a confrontación con la Fuerza Pública y en medio de esos choques Nastacuas murió producto de un disparo de los uniformados. Había llegado a ser regidor (una autoridad indígena que está por debajo del gobernador del resguardo) precisamente de la comunidad del Aguacate, donde se presentó la masacre.
A raíz de la muerte de Ángel Artemio Nastacuas, el pueblo awá del resguardo Inda Sabaleta interpuso una tutela ante un juez para detener la erradicación forzada de coca en su territorio ancestral. Si bien en primera instancia fue negada, el Tribunal Superior de Pasto les dio la razón en un fallo del 17 de julio de 2020 y argumentó que la erradicación forzada compromete la supervivencia, la seguridad alimentaria y el mínimo vital del pueblo awá. Si bien la decisión se limita a suspender la erradicación en el resguardo Inda Sabaleta, tiene importancia para todo el pueblo awá en Nariño.
La presencia de esos cultivos en el territorio ancestral de los awás en Nariño está entre los factores que ponen en riesgo a esta comunidad, según ha advertido la Defensoría del Pueblo. El 31 de octubre de 2019 esa entidad emitió la alerta temprana No. 045-19 sobre los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, y en particular sobre los indígenas awás asentados en resguardos de esos tres municipios. Allí, advirtió que en especial situación de riesgo estaban las dos organizaciones del pueblo awá en Nariño: la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y Camawari.
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Pero además de los cultivos de coca en territorios awás, su ubicación geográfica es estratégica para los grupos armados ilegales: se trata de “un corredor estratégico por la existencia de grandes extensiones de selva, la entrada a la bota caucana y al macizo colombiano, el acceso directo al departamento de Putumayo y a Ecuador, territorios utilizados para la movilización de tropas, armas y artefactos explosivos, así como la producción y comercialización de narcóticos, el paso del Oleoducto Transandino, “que atraviesa todo el territorio del pueblo awá desde Orito (Putumayo) hasta el puerto de Tumaco. Así como la producción y comercialización de oro, plata y otros recursos naturales, de movilidad para la realización de actividades ilícitas, entre ellas el clima propicio para la siembra de cultivos de uso ilícito, procesamiento y tráfico de cocaína, y la explotación ilegal de la minería, aspectos que, por demás, ocasionan daños ambientales en los ríos, manglares y esteros del territorio”, se lee en el documento de la Defensoría.
Por eso, según esa alerta, actualmente en los territorios que habitan los awás tienen presencia las Guerrillas Unidas del Pacífico, el frente Óliver Sinisterra, el frente Comuneros del Sur del Eln, grupos armados posdesmovilización de las Auc, como las Autodefensas Gaitanistas, y la estructura armada de los Contadores.
Por su parte, la Corte Constitucional también ha reconocido el impacto de la guerra en el pueblo awá. En 2009, la corte emitió el Auto 004, en el que alertó sobre la situación de 32 pueblos indígenas al borde de la extinción física y cultural por la afectación sistemática y desproporcionada a sus territorios con ocasión al conflicto armado, y allí incluyó a la comunidad awá. Impacto que reiteró en el auto 174 de 2011, mediante el cual instó a que se adoptaran medidas cautelares para proteger los derechos del pueblo awá de Nariño y Putumayo.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre la situación de los awás. El 16 de marzo de 2011, esa comisión otorgó medidas cautelares a favor de esta comunidad, luego de verificar su especial afectación por el conflicto armado. y particularmente en ese momento por las minas antipersonal. Por eso, la comisión solicitó al Estado colombiano adoptar medidas en consenso con ese pueblo indígena para garantizar su vida y su integridad personal, que deberían incluir acciones de desminado en su territorio ancestral.
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