El operativo que infló la Fiscalía contra la deforestación en La Macarena

El 7 de julio pasado, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, llegó a Villavicencio luego de un recorrido por los departamentos del Guaviare y Casanare. Allí, anunció el resultado de un operativo que ese mismo día había llevado a cabo en conjunto con la dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército. La operación, dijo, “impactó una red criminal conocida como ‘Los Invasores’; estos personajes eran responsables de auspiciar la deforestación para la cría de ganado en el Parque Natural de la Serranía de La Macarena. Los principales articuladores de estos delitos fueron capturados”.

Horas antes, en cinco operativos simultáneos, las autoridades ejecutaron cinco órdenes de captura en Bogotá, Vélez (Santander), Villavicencio y Vista Hermosa (Meta). En este último, tres helicópteros Black Hawk de la Policía llegaron primero, sobre las 7:30 a.m., a la vereda Caño Ánimas, con el fin de aprehender a Emiliano Díaz.

Para ese momento, ese líder campesino apenas empezaba el día, pues desde hace semanas venía con una enfermedad en el pie que lo había mantenido alejado de las labores del campo; las mismas a las que se ha dedicado desde hace 48 años, cuando llegó a la región siendo un niño, de la mano de su padre, un colono campesino que tumbó monte, fundó su terruño y se quedó. Así, se convirtió en uno de los fundadores de lo que hoy es la vereda Caño Ánimas.

Todas las familias campesinas de esa zona de Vista Hermosa conocen a don Emiliano. Saben que fue de los primeros colonos que abrieron a pulso la trocha ganadera que de ese municipio lleva a La Macarena, por la que se demoraban ocho días a pie. Sólo hasta cuando se acordó la zona de despeje, en los diálogos de las Farc con el gobierno de Andrés Pastrana, la guerrilla convirtió la trocha en vía y pasaron por allí los primeros carros.

Lea: Los cuestionamientos a las capturas de la campaña Artemisa contra la deforestación

De su liderazgo da fe Jorge Iván Sánchez, personero del municipio: “Él es un referente en esa región. La persona que viva en Vista Hermosa y no conozca a don Emiliano es porque no ha estado mucho tiempo en la zona. Sus hijos con nacidos y criados acá”.

Ya con Emiliano a bordo, los helicópteros llegaron hasta la vereda Caño Amarillo, por otro de los objetivos: Henry Guzmán. Más temprano había llegado hasta su finca una decena de militares que entraron a su casa, tomaron limonada, desayunaron con él y entablaron charla. Cuando el campesino quiso salir, lo retuvieron hasta que llegaran los investigadores de la Policía a hacer efectiva la captura.

En esa vereda ha vivido Henry desde que llegó con su familia, a sus 12 años. Allí se crio hasta que llegaron los paramilitares en el 2000 y lo sacaron de la tierra con amenazas. Fue a parar a Villavicencio, donde se hizo mecánico y conductor de taxi. También fue transportador de carga y llegó hasta Bogotá, a manejar buses de transporte público. Pero la tierra llama y hace seis años que, en medio del proceso de paz entre las Farc y el Estado, y sin ningún acompañamiento, volvió a la tierra donde se juntaría con Elizabeth Palacios, quien hoy es su esposa. Ella, también criada en la región, había salido desplazada, después de que las Farc le asesinaron a dos de sus hermanos.

En esa finca nos recibió ella, en medio de una comisión de prensa organizada por el Programa Somos Defensores y el Comité Cívico del Meta. Una vereda a cuatro horas de Vista Hermosa, por un camino apenas transitable en camionetas de doble tracción. Como es usual en estas semanas de invierno, alguno de los cuatro caños que hay que cruzar en la vía puede estar crecido y es imposible pasar. A veces, entre tramo y tramo, algún labriego echa pala y pica en el camino, tratando de hacerlo más transitable a cambio de un par de monedas.

Allí se reunieron los líderes campesinos, agobiados por un temor que desde hace semanas los invade porque han escuchado de una larga lista de personas de la región próximas a capturar. Su delito, afirmaron, es vivir dentro del parque de la Serranía de La Macarena y haber talado para fundar sus fincas principalmente ganaderas. “Los campesinos que han talado necesitan asesoría o tendrían que meternos a todos a la cárcel”, reclamó uno de los campesinos más antiguos.

Mientras en Caño Amarillo se reunían para preguntar por el futuro de los campesinos que hoy viven en el parque, a Emiliano y a Henry, detenidos en la base Antinarcóticos de San José del Guaviare, el fiscal quinto especializado contra las violaciones a Derechos Humanos, Jairo Orlando Porras, les imputaba, junto a los otros tres capturados en Vélez, Bogotá y Villavicencio, los delitos de invasión en áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales y concierto para delinquir.

Este último porque, en la hipótesis del fiscal, los cinco campesinos estarían asociados para comprar reses en Arauca y traerlos a la zona del parque para el engorde, y luego venderlos, con documentos falsos, en Villavicencio y Bogotá.

El problema es que Henry Guzmán no conocía a Emiliano Díaz ni a los otros tres capturados. Además, su deuda por la tala que hizo en el pasado ya la tiene saldada. El 18 de octubre de 2018, el campesino firmó un acuerdo de restauración ecológica participativa con Parques Nacionales, con respecto a una finca que compró asociado con otro labriego cuando regresó de su desplazamiento y que parcialmente estaba en zona del parque.

El documento, firmado por él y por el director territorial de la Orinoquia de Parques Naturales, se hizo sobre la finca Buenos Aires, en la vereda Agua Linda – Santo Domingo, que de sus 172 hectáreas tenía 87 al interior del parque de La Macarena. En el predio, el campesino había desarrollado actividades ganaderas y tumbado monte. En el acuerdo, las partes se comprometieron a la implementación de acciones de restauración ecológica en la parte de la finca ubicada dentro del parque y de sistemas sostenibles para la conservación en la parte que queda por fuera. Además, el campesino les aseguró que no ampliaría la frontera agrícola y pecuaria. El cumplimiento del acuerdo lo verificó Parques Naturales y, de hecho, el año pasado Henry Guzmán vendió la finca a otro poblador.

En el caso de Emiliano, el fiscal sustentaba su teoría con base en transacciones que el propietario de la finca vecina, oriundo de Vélez y también capturado en esta operación, le hizo a él a su cuenta bancaria. Según la versión campesina y su defensa jurídica, los pagos son el resultado de los jornales que de vez en cuando trabaja el líder campesino en esa finca contigua, guadañando.

Y en relación con su finca, dedicada al ganado, la parte talada corresponde principalmente a la vía que cruza a La Macarena, que hicieron las Farc en su momento. Más recientemente, ya firmado el Acuerdo de Paz, las disidencias de Gentil Duarte, quienes dominan la zona, dieron la orden de talar 50 metros a lado y lado de esa vía.

Su predio tiene hoy 150 hectáreas y allí mantiene alrededor de 160 reses. Propias son 20, y las demás las tiene “al aumento”, una costumbre común en la zona, en la que el dueño de la tierra recibe animales de otros campesinos, los mantiene y luego se reparten las ganancias.

Si bien la vereda está dentro del parque, desde el 25 de septiembre de 2007, su junta de acción comunal cuenta con personería jurídica y la escuela cuenta con un profesor asignado. “A nosotros nadie nos dijo ‘ustedes aquí no se pueden entrar, ustedes aquí no pueden trabajar’”, reclamó Marta Pérez, esposa de Emiliano.

Hasta 1989 la zona se constituyó como Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, con una extensión de 605.793 hectáreas sobre los municipios de Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena. Para ese momento, ya las familias como la de Emiliano llevaban varias décadas viviendo en la zona. De hecho, ahora su familia va por la tercera generación nacida y criada dentro del parque. Con los recursos que han obtenido del ganado se han formado sus hijos – solo hasta primaria – y se están criando a sus nietos, quienes sí llegarán a graduarse de bachillerato.

Lea también: Deforestación en 2020 creció en Colombia: se talaron 171.685 hectáreas

Según el último reporte entregado por el ministerio de Ambiente y el IDEAM, el sur del Meta en 2020 fue uno de los tres núcleos más importantes de deforestación en todo el país (con el 10.5% del total nacional) y el parque de La Macarena puso buena parte de las 15.886 hectáreas de bosque talado al interior de los parques naturales.

Sin embargo, el primer encuentro que están teniendo los campesinos asentados en la zona con el Estado ha sido a través de la justicia. Como este operativo, muchos otros se han venido ejecutando bajo la Operación Artemisa, que lanzó el gobierno de Iván Duque, en abril de 2019, para combatir la deforestación en los parques naturales. Como han cuestionado centros de estudio, como la Fundación Ideas para la Paz, se trata de ambiciosas operaciones militares que dejan como resultado la captura de decenas de campesinos que en la mayoría de los casos fueron dejados en libertad.

El pasado 16 de julio, 12 científicos colombianos publicaron una carta en la prestigiosa revista Science, en la que cuestionaron esa estrategia del Gobierno para abordar el problema de la deforestación en los parques. De acuerdo con la misiva, el Gobierno “lanzó una controversial operación militar que penaliza a las comunidades locales por su rol relativamente mínimo en la deforestación sin fiscalizar a los actores políticamente influyentes y bien conectados que se sabe que impulsan la deforestación a escalas mucho mayores”.

Le recomendamos: “Jalón de orejas” de científicos a Duque en una carta en la revista Science

Esa posición la compartió el juez que atendió las capturas de este operativo de la Fiscalía. En su argumentación, sostuvo que enviando cinco campesinos a la cárcel no se iba a arreglar el problema de la deforestación. Por eso, dejó a los capturados en libertad y a algunos de ellos, como Emiliano, con medidas restrictivas como no salir de su finca entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

En la presentación del operativo, el fiscal Barbosa aseguró: “Para nosotros el medio ambiente, la protección de la naturaleza y el fomento del desarrollo sostenible en el país es muy importante. Para nosotros, en todo el oriente colombiano se habla con resultados”. Pero parece que la banda conocida como ‘Los Invasores’, de la que habló el funcionario, era conocida así solamente por la Fiscalía, según las versiones recolectadas por este diario.

La problemática de los campesinos en parques fue uno de los puntos en la mesa de negociación que se mantuvo durante este mes en Villavicencio, entre los campesinos del sur del Meta y el Guaviare con las autoridades departamentales y nacionales. El pasado 19 de julio esa mesa se levantó con el compromiso de iniciar en toda la región asambleas populares, cuya logística apoyaría el Gobierno, para que las comunidades decidan cuáles serán sus propuestas concretas para el todo el campesinado que habita en la zona. Algunos de ellos ya lo han dicho: quieren parques con campesinos. Piden que se les enseñe a vivir en estas zonas protegidas, bajo iniciativas productivas de conservación.

El 7 de julio pasado, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, llegó a Villavicencio luego de un recorrido por los departamentos del Guaviare y Casanare. Allí, anunció el resultado de un operativo que ese mismo día había llevado a cabo en conjunto con la dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército. La operación, dijo, “impactó una red criminal conocida como ‘Los Invasores’; estos personajes eran responsables de auspiciar la deforestación para la cría de ganado en el Parque Natural de la Serranía de La Macarena. Los principales articuladores de estos delitos fueron capturados”.

Horas antes, en cinco operativos simultáneos, las autoridades ejecutaron cinco órdenes de captura en Bogotá, Vélez (Santander), Villavicencio y Vista Hermosa (Meta). En este último, tres helicópteros Black Hawk de la Policía llegaron primero, sobre las 7:30 a.m., a la vereda Caño Ánimas, con el fin de aprehender a Emiliano Díaz.

Para ese momento, ese líder campesino apenas empezaba el día, pues desde hace semanas venía con una enfermedad en el pie que lo había mantenido alejado de las labores del campo; las mismas a las que se ha dedicado desde hace 48 años, cuando llegó a la región siendo un niño, de la mano de su padre, un colono campesino que tumbó monte, fundó su terruño y se quedó. Así, se convirtió en uno de los fundadores de lo que hoy es la vereda Caño Ánimas.

Todas las familias campesinas de esa zona de Vista Hermosa conocen a don Emiliano. Saben que fue de los primeros colonos que abrieron a pulso la trocha ganadera que de ese municipio lleva a La Macarena, por la que se demoraban ocho días a pie. Sólo hasta cuando se acordó la zona de despeje, en los diálogos de las Farc con el gobierno de Andrés Pastrana, la guerrilla convirtió la trocha en vía y pasaron por allí los primeros carros.

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De su liderazgo da fe Jorge Iván Sánchez, personero del municipio: “Él es un referente en esa región. La persona que viva en Vista Hermosa y no conozca a don Emiliano es porque no ha estado mucho tiempo en la zona. Sus hijos con nacidos y criados acá”.

Ya con Emiliano a bordo, los helicópteros llegaron hasta la vereda Caño Amarillo, por otro de los objetivos: Henry Guzmán. Más temprano había llegado hasta su finca una decena de militares que entraron a su casa, tomaron limonada, desayunaron con él y entablaron charla. Cuando el campesino quiso salir, lo retuvieron hasta que llegaran los investigadores de la Policía a hacer efectiva la captura.

En esa vereda ha vivido Henry desde que llegó con su familia, a sus 12 años. Allí se crio hasta que llegaron los paramilitares en el 2000 y lo sacaron de la tierra con amenazas. Fue a parar a Villavicencio, donde se hizo mecánico y conductor de taxi. También fue transportador de carga y llegó hasta Bogotá, a manejar buses de transporte público. Pero la tierra llama y hace seis años que, en medio del proceso de paz entre las Farc y el Estado, y sin ningún acompañamiento, volvió a la tierra donde se juntaría con Elizabeth Palacios, quien hoy es su esposa. Ella, también criada en la región, había salido desplazada, después de que las Farc le asesinaron a dos de sus hermanos.

En esa finca nos recibió ella, en medio de una comisión de prensa organizada por el Programa Somos Defensores y el Comité Cívico del Meta. Una vereda a cuatro horas de Vista Hermosa, por un camino apenas transitable en camionetas de doble tracción. Como es usual en estas semanas de invierno, alguno de los cuatro caños que hay que cruzar en la vía puede estar crecido y es imposible pasar. A veces, entre tramo y tramo, algún labriego echa pala y pica en el camino, tratando de hacerlo más transitable a cambio de un par de monedas.

Allí se reunieron los líderes campesinos, agobiados por un temor que desde hace semanas los invade porque han escuchado de una larga lista de personas de la región próximas a capturar. Su delito, afirmaron, es vivir dentro del parque de la Serranía de La Macarena y haber talado para fundar sus fincas principalmente ganaderas. “Los campesinos que han talado necesitan asesoría o tendrían que meternos a todos a la cárcel”, reclamó uno de los campesinos más antiguos.

Mientras en Caño Amarillo se reunían para preguntar por el futuro de los campesinos que hoy viven en el parque, a Emiliano y a Henry, detenidos en la base Antinarcóticos de San José del Guaviare, el fiscal quinto especializado contra las violaciones a Derechos Humanos, Jairo Orlando Porras, les imputaba, junto a los otros tres capturados en Vélez, Bogotá y Villavicencio, los delitos de invasión en áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales y concierto para delinquir.

Este último porque, en la hipótesis del fiscal, los cinco campesinos estarían asociados para comprar reses en Arauca y traerlos a la zona del parque para el engorde, y luego venderlos, con documentos falsos, en Villavicencio y Bogotá.

El problema es que Henry Guzmán no conocía a Emiliano Díaz ni a los otros tres capturados. Además, su deuda por la tala que hizo en el pasado ya la tiene saldada. El 18 de octubre de 2018, el campesino firmó un acuerdo de restauración ecológica participativa con Parques Nacionales, con respecto a una finca que compró asociado con otro labriego cuando regresó de su desplazamiento y que parcialmente estaba en zona del parque.

El documento, firmado por él y por el director territorial de la Orinoquia de Parques Naturales, se hizo sobre la finca Buenos Aires, en la vereda Agua Linda – Santo Domingo, que de sus 172 hectáreas tenía 87 al interior del parque de La Macarena. En el predio, el campesino había desarrollado actividades ganaderas y tumbado monte. En el acuerdo, las partes se comprometieron a la implementación de acciones de restauración ecológica en la parte de la finca ubicada dentro del parque y de sistemas sostenibles para la conservación en la parte que queda por fuera. Además, el campesino les aseguró que no ampliaría la frontera agrícola y pecuaria. El cumplimiento del acuerdo lo verificó Parques Naturales y, de hecho, el año pasado Henry Guzmán vendió la finca a otro poblador.

En el caso de Emiliano, el fiscal sustentaba su teoría con base en transacciones que el propietario de la finca vecina, oriundo de Vélez y también capturado en esta operación, le hizo a él a su cuenta bancaria. Según la versión campesina y su defensa jurídica, los pagos son el resultado de los jornales que de vez en cuando trabaja el líder campesino en esa finca contigua, guadañando.

Y en relación con su finca, dedicada al ganado, la parte talada corresponde principalmente a la vía que cruza a La Macarena, que hicieron las Farc en su momento. Más recientemente, ya firmado el Acuerdo de Paz, las disidencias de Gentil Duarte, quienes dominan la zona, dieron la orden de talar 50 metros a lado y lado de esa vía.

Su predio tiene hoy 150 hectáreas y allí mantiene alrededor de 160 reses. Propias son 20, y las demás las tiene “al aumento”, una costumbre común en la zona, en la que el dueño de la tierra recibe animales de otros campesinos, los mantiene y luego se reparten las ganancias.

Si bien la vereda está dentro del parque, desde el 25 de septiembre de 2007, su junta de acción comunal cuenta con personería jurídica y la escuela cuenta con un profesor asignado. “A nosotros nadie nos dijo ‘ustedes aquí no se pueden entrar, ustedes aquí no pueden trabajar’”, reclamó Marta Pérez, esposa de Emiliano.

Hasta 1989 la zona se constituyó como Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, con una extensión de 605.793 hectáreas sobre los municipios de Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena. Para ese momento, ya las familias como la de Emiliano llevaban varias décadas viviendo en la zona. De hecho, ahora su familia va por la tercera generación nacida y criada dentro del parque. Con los recursos que han obtenido del ganado se han formado sus hijos – solo hasta primaria – y se están criando a sus nietos, quienes sí llegarán a graduarse de bachillerato.

Lea también: Deforestación en 2020 creció en Colombia: se talaron 171.685 hectáreas

Según el último reporte entregado por el ministerio de Ambiente y el IDEAM, el sur del Meta en 2020 fue uno de los tres núcleos más importantes de deforestación en todo el país (con el 10.5% del total nacional) y el parque de La Macarena puso buena parte de las 15.886 hectáreas de bosque talado al interior de los parques naturales.

Sin embargo, el primer encuentro que están teniendo los campesinos asentados en la zona con el Estado ha sido a través de la justicia. Como este operativo, muchos otros se han venido ejecutando bajo la Operación Artemisa, que lanzó el gobierno de Iván Duque, en abril de 2019, para combatir la deforestación en los parques naturales. Como han cuestionado centros de estudio, como la Fundación Ideas para la Paz, se trata de ambiciosas operaciones militares que dejan como resultado la captura de decenas de campesinos que en la mayoría de los casos fueron dejados en libertad.

El pasado 16 de julio, 12 científicos colombianos publicaron una carta en la prestigiosa revista Science, en la que cuestionaron esa estrategia del Gobierno para abordar el problema de la deforestación en los parques. De acuerdo con la misiva, el Gobierno “lanzó una controversial operación militar que penaliza a las comunidades locales por su rol relativamente mínimo en la deforestación sin fiscalizar a los actores políticamente influyentes y bien conectados que se sabe que impulsan la deforestación a escalas mucho mayores”.

Le recomendamos: “Jalón de orejas” de científicos a Duque en una carta en la revista Science

Esa posición la compartió el juez que atendió las capturas de este operativo de la Fiscalía. En su argumentación, sostuvo que enviando cinco campesinos a la cárcel no se iba a arreglar el problema de la deforestación. Por eso, dejó a los capturados en libertad y a algunos de ellos, como Emiliano, con medidas restrictivas como no salir de su finca entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

En la presentación del operativo, el fiscal Barbosa aseguró: “Para nosotros el medio ambiente, la protección de la naturaleza y el fomento del desarrollo sostenible en el país es muy importante. Para nosotros, en todo el oriente colombiano se habla con resultados”. Pero parece que la banda conocida como ‘Los Invasores’, de la que habló el funcionario, era conocida así solamente por la Fiscalía, según las versiones recolectadas por este diario.

La problemática de los campesinos en parques fue uno de los puntos en la mesa de negociación que se mantuvo durante este mes en Villavicencio, entre los campesinos del sur del Meta y el Guaviare con las autoridades departamentales y nacionales. El pasado 19 de julio esa mesa se levantó con el compromiso de iniciar en toda la región asambleas populares, cuya logística apoyaría el Gobierno, para que las comunidades decidan cuáles serán sus propuestas concretas para el todo el campesinado que habita en la zona. Algunos de ellos ya lo han dicho: quieren parques con campesinos. Piden que se les enseñe a vivir en estas zonas protegidas, bajo iniciativas productivas de conservación.