El Pacífico: una caldera por apagar

A las tres de la madrugada del pasado 6 de junio, Gobierno y líderes de Buenaventura armaban con pinzas el acuerdo que le daría fin al paro que ya sumaba semanas. La alborada ese día llegó con la noticia de un pacto entre las partes, en el que el Ejecutivo y la Gobernación del Valle se comprometieron con inversiones que ascienden a los $1,5 billones en la ciudad. (Vea el especial de circunscripciones especiales de paz)

Pero Buenaventura no salió a protestar porque una mañana se levantó sin nada. Por supuesto que no. Buenaventura es el ejemplo de un rincón que alberga problemas estructurales que afectan a sus pobladores desde hace décadas, mejor dicho, desde siempre.

Además de no tener cubiertas las necesidades básicas, la violencia es constante en la ciudad que alberga el que se considera el puerto más importante del país. Entre finales de 2013 y comienzos de 2014, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la batalla campal entre los Urabeños y remanentes de la Empresa, dos de las bandas criminales que se disputan el manejo del narcotráfico en la región, encendió las alarmas.

No sólo hubo un incremento de los homicidios, sino desplazamientos internos, y se denunciaron prácticas “tan brutales como el pique de víctimas estando vivas”, señala la publicación. Una cruenta disputa por el territorio que antes dominaban las Farc y los paramilitares. Lo más grave es que la posición estratégica de Buenaventura lleva a que su violencia también alcance poblaciones aledañas. (Le puede interesar: "Chocó y Antioquia, a elecciones en medio de la guerra")

Razones suficientes para que la zona rural de Buenaventura, junto a Guapi, López y Timbiquí, municipios del Cauca, conformen la novena circunscripción especial de paz, que puede elegir en las elecciones de 2018 un representante a la Cámara que lleve la bandera de sus intereses como región afectada por la guerra.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el asunto indica que en los tres municipios del Cauca, de acuerdo con registros entre 2014 y 2016, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), mientras que en Buenaventura hay actividad extrema de bandas de crimen organizado y hasta 2011 el arraigo del paramilitarismo era extremo. (Lea: "La séptima circunscripción de paz, en terrenos de la disidencia de las Farc")

A esto se suma la alta densidad de cultivos ilícitos: que en Timbiquí llega a 907 hectáreas, en López a 867, en Buenaventura a 627 y en Guapi a 256. Factores que en conjunto podrían ser una de las razones por las que la dificultad de acceso a los 167 puestos de votación (667 mesas) se ubique en media y alta.

En esta circunscripción se estima que hay 496.668 habitantes, de los cuales 265.059 hacen parte del censo electoral, sin embargo, la participación en 2014 para Cámara, Senado y segunda vuelta presidencial apenas sobrepasó el 41 %. Para la votación del plebiscito del 2 de octubre, por ejemplo, la participación fue apenas del 29,9 %. (Vea: "Hambre de paz en los Montes de María")

Según los resultados electorales de 2014, en la región hay un gran poderío del Partido Liberal, que obtuvo la mayor votación en tres de los cuatro municipios para la Cámara y el Senado, a excepción de Guapi, en donde ganaron la Unión Patriótica en la Cámara y el Partido de la U en Senado.

Asimismo, el apoyo al presidente Juan Manuel Santos es innegable. En todos los municipios de la circunscripción ganó en primera y segunda vuelta, con amplias mayorías, y el Sí en el plebiscito obtuvo más del 90 % de los votos.

Pero querer la paz es una cosa y tenerla es otra. Entre enero de 2016 y el 20 de abril de este año se han presentado ocho episodios que se califican como violencia política y social, todos ellos en Buenaventura, donde se registraron cuatro amenazas (una a un diputado electo) y cuatro asesinatos de líderes sociales. (Cuarta entrega sobre las circunscripciones especiales de paz: "La complejidad del Bajo Cauca")

La zona es una caldera en la que se cocinan diferentes tipos de violencia, rutas del narcotráfico y problemas estructurales, como pobreza, salud, infraestructura y acceso a la educación, y donde la presencia del Estado es escasa, sobre todo en cuanto al acceso a la justicia.

De cara al posacuerdo y a las elecciones de 2018, hay varios retos urgentes. El primero, garantizar la estabilidad de una región que estuvo paralizada y exige compromisos por parte de un Estado que había vuelto sus ojos. Segundo, que además es un tema que se discute hoy en el Congreso: se debe lidiar con nuevas formas de expresión de la violencia, frenar la expansión de las bandas de crimen organizado y evitar que éstas, como otros actores armados, interfieran en la selección de los candidatos que aspirarán por los movimientos sociales y no se coaccione a los electores.

A las tres de la madrugada del pasado 6 de junio, Gobierno y líderes de Buenaventura armaban con pinzas el acuerdo que le daría fin al paro que ya sumaba semanas. La alborada ese día llegó con la noticia de un pacto entre las partes, en el que el Ejecutivo y la Gobernación del Valle se comprometieron con inversiones que ascienden a los $1,5 billones en la ciudad. (Vea el especial de circunscripciones especiales de paz)

Pero Buenaventura no salió a protestar porque una mañana se levantó sin nada. Por supuesto que no. Buenaventura es el ejemplo de un rincón que alberga problemas estructurales que afectan a sus pobladores desde hace décadas, mejor dicho, desde siempre.

Además de no tener cubiertas las necesidades básicas, la violencia es constante en la ciudad que alberga el que se considera el puerto más importante del país. Entre finales de 2013 y comienzos de 2014, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la batalla campal entre los Urabeños y remanentes de la Empresa, dos de las bandas criminales que se disputan el manejo del narcotráfico en la región, encendió las alarmas.

No sólo hubo un incremento de los homicidios, sino desplazamientos internos, y se denunciaron prácticas “tan brutales como el pique de víctimas estando vivas”, señala la publicación. Una cruenta disputa por el territorio que antes dominaban las Farc y los paramilitares. Lo más grave es que la posición estratégica de Buenaventura lleva a que su violencia también alcance poblaciones aledañas. (Le puede interesar: "Chocó y Antioquia, a elecciones en medio de la guerra")

Razones suficientes para que la zona rural de Buenaventura, junto a Guapi, López y Timbiquí, municipios del Cauca, conformen la novena circunscripción especial de paz, que puede elegir en las elecciones de 2018 un representante a la Cámara que lleve la bandera de sus intereses como región afectada por la guerra.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el asunto indica que en los tres municipios del Cauca, de acuerdo con registros entre 2014 y 2016, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), mientras que en Buenaventura hay actividad extrema de bandas de crimen organizado y hasta 2011 el arraigo del paramilitarismo era extremo. (Lea: "La séptima circunscripción de paz, en terrenos de la disidencia de las Farc")

A esto se suma la alta densidad de cultivos ilícitos: que en Timbiquí llega a 907 hectáreas, en López a 867, en Buenaventura a 627 y en Guapi a 256. Factores que en conjunto podrían ser una de las razones por las que la dificultad de acceso a los 167 puestos de votación (667 mesas) se ubique en media y alta.

En esta circunscripción se estima que hay 496.668 habitantes, de los cuales 265.059 hacen parte del censo electoral, sin embargo, la participación en 2014 para Cámara, Senado y segunda vuelta presidencial apenas sobrepasó el 41 %. Para la votación del plebiscito del 2 de octubre, por ejemplo, la participación fue apenas del 29,9 %. (Vea: "Hambre de paz en los Montes de María")

Según los resultados electorales de 2014, en la región hay un gran poderío del Partido Liberal, que obtuvo la mayor votación en tres de los cuatro municipios para la Cámara y el Senado, a excepción de Guapi, en donde ganaron la Unión Patriótica en la Cámara y el Partido de la U en Senado.

Asimismo, el apoyo al presidente Juan Manuel Santos es innegable. En todos los municipios de la circunscripción ganó en primera y segunda vuelta, con amplias mayorías, y el Sí en el plebiscito obtuvo más del 90 % de los votos.

Pero querer la paz es una cosa y tenerla es otra. Entre enero de 2016 y el 20 de abril de este año se han presentado ocho episodios que se califican como violencia política y social, todos ellos en Buenaventura, donde se registraron cuatro amenazas (una a un diputado electo) y cuatro asesinatos de líderes sociales. (Cuarta entrega sobre las circunscripciones especiales de paz: "La complejidad del Bajo Cauca")

La zona es una caldera en la que se cocinan diferentes tipos de violencia, rutas del narcotráfico y problemas estructurales, como pobreza, salud, infraestructura y acceso a la educación, y donde la presencia del Estado es escasa, sobre todo en cuanto al acceso a la justicia.

De cara al posacuerdo y a las elecciones de 2018, hay varios retos urgentes. El primero, garantizar la estabilidad de una región que estuvo paralizada y exige compromisos por parte de un Estado que había vuelto sus ojos. Segundo, que además es un tema que se discute hoy en el Congreso: se debe lidiar con nuevas formas de expresión de la violencia, frenar la expansión de las bandas de crimen organizado y evitar que éstas, como otros actores armados, interfieran en la selección de los candidatos que aspirarán por los movimientos sociales y no se coaccione a los electores.