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El numeral 2.3.6 del Acuerdo de Paz es claro cuando establece que los candidatos que aspiren a tener una silla en la Cámara de Representantes por medio de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz deben ser habitantes de una de las 16 subregiones más afectadas por el conflicto armado y su nombre tiene que ser inscrito por “grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de paz y el mejoramiento de las condiciones sociales de la región”.
Ese es el punto de partida. Y hasta allí todo figura en orden para el candidato Pedro Norberto Castro Araújo, acreditado en el Registro Único de Víctimas (RUV), por ser víctima de secuestro por parte del Eln en 1991. Se inscribió a las curules de paz por la Fundación por un Vivir Mejor (Funvimejor), una entidad con sede en el barrio San Joaquín, Valledupar, que se muestra como una organización sin ánimo de lucro interesada en “el mejoramiento de las condiciones sociales de las personas con escasos recursos económicos o que se encuentran bajo la línea de la pobreza, incluyendo población desplazada, reinsertada e indígena”.
Desde la creación de Funvimejor, en 2001, su perfil ha sido bajo a nivel nacional, aunque es ampliamente reconocida por la comunidad valduparense. Sin embargo, su nombre comenzó a retumbar más allá de las fronteras del Cesar cuando en abril de 2020 el medio local Diario Libertad reveló una serie de contratos de esa Gobernación, liderada por Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en la que se mostraron que para la atención a la población el despacho firmó convenios para la adquisición de mercados con tan solo cuatro fundaciones, por un valor total de $2.645.946.000. Allí estaba incluida Funvimejor con un contrato de $633.000.000, segunda cifra más alta detrás del acuerdo con la Fundación Abiezer del Cesar, que ascendió los $1.012.824.000.
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El candidato Castro, que este año cumplirá 49 años, es tío del actual alcalde de Valledupar, José Santos Castro González, popularmente conocido como “Mello” Castro, político que a pesar de su corta edad (39 años) ya cuenta con una trayectoria electoral extensa en el Cesar y varias controversias públicas, como una orden de arresto por parte del Juzgado Tercero Civil de Circuito de Valledupar en 2021 por no haber acatado un fallo de tutela que le ordenaba el desalojo inmediato de una propiedad en invasión, o por la ventilación de unas llamadas telefónicas, documentadas en este diario, que relacionarían a su campaña para llegar a la Alcaldía de Valledupar con José “Ñeñe” Hernández Aponte y su hijo José Miguel Hernández.
Los Castro son una familia tradicional y poderosa en la región, sobre la cual han recaído acusaciones judiciales graves, que incluso llegaron a los tribunales de Justicia y Paz, con testimonios como los del paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez ‘Monoleche’, quien con gravedad de juramento dijo que entre los Castro había cofundadores del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Algo que resulta paradójico, pues el mismo Pedro Castro fue raptado por este grupo cuando aspiraba por primera vez al Congreso hace 20 años.
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Más que una novela de caciques políticos, nepotismo o aspiraciones electorales varias, para algunos miembros de la Mesa de Víctimas del Cesar y opositores de los Castro-Araújo–Gnecco, su caso puede abrir el debate de si la aspiración a una curul de paz de Pedro Castro es o no legítima.
“Los delitos de sangre no existen y sería injusto condenar a una persona por el pasado de los suyos. Aun así, creo que eso no es una excepción para dejar de cuestionar a alguien con el perfil de un Castro Araújo en el Cesar”, le dijo a Colombia+20 un líder de la Mesa Departamental de Víctimas, que prefiere no dar su identidad por temor a represalias.
En línea con esto, hace quince años, Pedro Castro fue muy cercano a su excuñado Álvaro Araujo Castro, entonces esposo de su hermana, heredero del clan Araújo en Magdalena y condenado por parapolítica, en un caso que abrió investigaciones y la posterior condena para el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, patriarca del Movimiento Equipo Colombia, que en las elecciones legislativas de 2006 fue aliado de Mayorías Liberales, organización de los Araujo.
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Cabe acotar que los Araújo del Cesar y los Araujo de Magdalena son dos clanes diferentes, pero se han mezclado a partir de sus alianzas para obtener cargos públicos desde las elecciones locales de 2003, año en el que sus vínculos se robustecieron.
Víctima y ¿cercano a victimarios?
El pasado de José “Pepe” Castro, exgobernador del Cesar, cabeza visible del Partido Liberal en la región Caribe y padre de Pedro Castro Araújo, y los nexos del “Mello” Castro, su sobrino, tampoco pasan por alto en las intenciones políticas del aspirante a la curul de paz.
En una sentencia de restitución de tierras en la zona de Becerril y en otra de Justicia y Paz, José Castro (también víctima de grupos armados) figura en un testimonio de Jesús Roldán ‘Monoleche’ como cofundador de un grupo paramilitar de la siguiente manera: “Los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar, Carlos Mattos, Pepe Castro y Uber Rodríguez financiaron la creación, junto con Salvatore Mancuso del Bloque Norte”.
Testimonio de Monoleche en la sentencia 110016000253-2006-82611 del Tribunal Superior de Medellín y frente al tribunal de Justicia y Paz (párrafos 325 y 326):
Por su parte, el alcalde “Mello” Castro, siempre cercano a su tío para cuestiones políticas y personales, es de la esfera íntima del clan Gnecco (a pesar de las diferencias históricas entre ambas familias) y su nexo con ellos, según afirmó el analista León Valencia en su libro Los clanes políticos que mandan en Colombia “goza del apoyo irrestricto del representante a la Cámara José Eliécer Salazar y de José Alfredo Gnecco Zuleta”.
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Y aunque el mismo Castro Araújo haya dicho ante el diario El Pilón que no estaba de acuerdo con la campaña a una curul de paz de Jorge Rodrigo Tovar, pues “no es lo mismo ser hijo de una víctima que del victimario”, señalando un secuestro que el sufrió en 2002, cuando fue raptado por el Bloque Norte de las extintas Auc, lo cierto es que las acusaciones son de parte y parte entre Castro y el candidato Tovar.
Está documentado que el alcalde de Valledupar ha sido cercano a Jorge Barros Gnecco, Luis Monsalvo Gnecco, Cielo Gnecco y Ernesto Orozco Durán; este último acusado de financiar el bloque paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40′.
Recientemente, la esposa de Pedro Castro Araújo, Claudia Elena Lozano, ha estado envuelta en un lío judicial, pues tras una serie de denuncias del periodista Daniel Coronell, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado cuando se disponía a hacer los trámites para ser juez en Valledupar y entregó una tarjeta profesional falsa de abogada.
Las campañas políticas siguen. Persisten las faltas de anticipos a los candidatos dentro de las circunscripciones de paz; situación de la cual ya está atento el Consejo Nacional Electoral, y perviven las denuncias por faltas de garantías de seguridad para los candidatos, incluyendo las que también ha sufrido Castro Araújo, quien denunció desde enero pasado que fue víctima de hostigamientos por parte de personas armadas que intentaron dispararle en Valledupar para que dejara sus aspiraciones a la Cámara.
Este diario intentó comunicarse con el candidato Castro, para hablar sobre los señalamientos que tiene su campaña, sin embargo no fue posible entablar una comunicación directa.