El polvorín de la erradicación en Nariño

Esta semana, en una emisora de Tumaco, anunciaban el relevo de 102 uniformados que hacían presencia en el área rural del municipio como una medida para “oxigenar la tropa”. La decisión la tomó el presidente Juan Manuel Santos cinco días después del asesinato de siete campesinos en la vereda El Tandil. Los líderes de esta zona llevaban varios días pidiendo que los uniformados que estaban el día de la masacre salieran.

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La situación era insostenible. “Usted mató a mi sobrino”, “usted mató a mi amigo”, fueron los señalamientos que les hicieron campesinos de la región a los policías. Estos últimos respondieron con burlas y grabando con sus teléfonos celulares. Esta escena se dio minutos antes del hostigamiento policial contra la comisión humanitaria de verificación y prensa que estuvo allí el pasado 8 de octubre.

Aunque personas de la comisión lograron aplacar los ánimos, la confianza con los uniformados ya estaba averiada. Incluso, varios campesinos contaron que luego de la masacre, miembros del Esmad les gritaron “¿Quieren más, guerrilleros hijueputas?”, y que otros policías les dijeron que los iban a “legalizar” (hacerlos pasar como muertos en combate). Razones suficientes para que la gente haya decidido transitar por la zona en grupos grandes.

La crisis que se vive en Tumaco es tal que el vicepresidente, Óscar Naranjo, despachó durante siete días desde ese municipio, en el cual se reunió con víctimas de la masacre y con la comisión humanitaria que fue atacada por la Policía. Los testimonios de las personas que estaban en el lugar de la masacre contienen denuncias sensibles. Por ejemplo, dicen que vieron cómo un uniformado ultimó a un campesino que les pedía ayuda. También, que los policías les dispararon luego de que el capitán que estaba en el lugar hiciera una llamada por el teléfono que tenía.

Los policías a los que los campesinos señalaban como culpables de la masacre no quisieron dar declaraciones ni versiones del hecho. Por el contrario, un soldado de la Brigada Móvil Número 4, apostada a unos 400 metros del lugar de la masacre, aseguró, en tono reservado que en la mañana de los hechos no se escucharon cilindros bomba como lo aseguró el comunicado que el Ejército y la Policía difundieron. Por la masacre del 5 de octubre, la Procuraduría Nacional abrió investigación contra 36 uniformados (ya había ordenado la suspensión de cuatro policías) y 14 miembros del Ejército. También ordenó la suspensión por tres meses de los dos uniformados de la Policía que estaban al mando en el momento en que la comisión de verificación fue hostigada: el teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación y al subintendente Didier Leandro Grajales Marín, comandante del Esmad.

La coca en Tumaco

Con la entrada en vigencia del Plan Colombia, la Fuerza Pública enfocó su accionar hacia los cultivos que se encontraban en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Esto ocasionó que las plantaciones se trasladaran a otras zonas, como Tumaco. En Nariño, las hectáreas de esta planta aumentaron de 776 en 1999 a 5.065 en 2012. Hoy, el 70 % de los cultivos de uso ilícito en ese departamento se encuentran en los municipios de la costa pacífica. Tumaco, Barbacoas y El Charco encabezan la lista.

Para 2016, según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Tumaco alcanzó las 23.148 hectáreas de coca. Según Hárold Ruiz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño, la situación hoy puede ser peor. “Nosotros creemos que hay subregistro”, sentencia.

Ruiz explica que el fenómeno se multiplicó por tres factores: las bandas de crimen organizado han dado tierras a algunos campesinos para que cultiven coca, a otros los han amenazado para que de sus pequeñas parcelas destinen dos o tres hectáreas para la siembra de esta mata y en años anteriores las Farc incentivaron el cultivo con el fin de negociar favorablemente el punto 4 de La Habana sobre la solución al problema de las drogas.

Las Farc dejaron las armas, pero el problema con los cultivos ilícitos siguió ahí. Se calcula que en Tumaco hay 14 grupos armados que controlan el narcotráfico hacia Ecuador y Panamá. Tumaco tiene frontera con Ecuador por el río Mataje. Las bandas más fuertes son el Clan del Golfo, comandado por Contador, un satélite del Cartel de Sinaloa, comandado por David, y la disidencia (aunque según Iván Márquez no pertenecía a la guerrilla en el momento de la dejación de las armas) que comanda Guacho, que cuenta con unos 100 integrantes.

En el Gobierno esperaban que unos mil combatientes de las Farc llegaran hasta la zona veredal de normalización de La Playa, pero solamente llegaron unos 300. El resto, estiman, pueden ser parte de las disidencias que operan en Tumaco o se fueron a otros grupos armados.

Es fácil verlos. A la entrada del resguardo awá de Piedra Sellada nos encontramos con una mujer armada que, nos enteramos después, hacía parte de la disidencia. En el lugar conocido como Las Minas han convocado a reuniones a los líderes indígenas, campesinos y negros. En estas han dicho que las comunidades tienen que salir a movilizaciones convocadas por la estructura armada. La guardia indígena se ha negado diciendo que ellos tienen sus propios procesos organizativos, y protestan cuando el pueblo awá lo considera necesario. Por su parte, los campesinos de El Tandil niegan de manera vehemente que el día de la masacre estuvieran manifestándose a pedido de los armados.

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Aunque el acuerdo de paz contempla que las estrategias de sustitución voluntaria serán priorizadas sobre la erradicación forzada, en Tumaco sienten que no se está procediendo así. Incluso, el pasado jueves el gobernador de Nariño, Camilo Romero, publicó el trino: “Cómo es posible que Congreso apruebe $300 mil millones para sustitución en todo el país, cuando solo Nariño requiere un billón”.

Ruiz, que coordina un equipo de 15 personas de la Gobernación que trabajan en el tema de la sustitución voluntaria, se queja con recurrencia de que “la erradicación forzada tiene todo el dinero del mundo y es apoyada por Estados Unidos, mientras que la dirección de la Sustitución de Cultivos de la Alta Consejería para el Posconflicto tiene 60 funcionarios en todo el país”. Ejemplifica diciendo que al consejo comunitario Alto Mira y Frontera llegó un destacamento para erradicación forzada compuesto por 2.000 unidades y en contraste hay una sola persona para atender la sustitución en Tumaco, el municipio con mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca en el país.

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A las comunidades que viven en el área rural de Tumaco, el asunto las desconcierta. Cuentan que han firmado actas de compromiso para la sustitución de los arbustos y días después han visto aterrizar a la Policía Antinarcóticos a erradicar forzosamente o el Estado ha incumplido sus acuerdos. “Se ha hecho erradicación forzada en pequeñas extensiones y han afectado a los campesinos, indígenas y afrodescendientes”, admite Ruiz.

“Ese es un espejo que nosotros vemos”, dijo un campesino a escasos metros de donde se perpetró la masacre. “Si el Gobierno quiere acabar la coca, bien pueda, pero que nos cumpla las promesas”, complementó un líder indígena desde su resguardo. El sin sabor lo comparte Ruiz, quien entiende que “una razón del desespero en el territorio son los ritmos superlentos que tiene la sustitución”.

La mafia, en cambio, se mueve a otro compás. Junto a los pequeños cultivos de dos o tres hectáreas que tienen los campesinos, hay sembradíos industriales de coca que pertenecen a narcotraficantes. Muchos labriegos terminan vinculados a estos cultivos, trabajando como cuidadores o como raspachines (recolectores de hoja de coca). El pequeño productor termina dependiendo de créditos gota a gota que manejan los carteles y de la relación comercial que se establece con quienes les compran su cosecha. Las comunidades viven atemorizadas y presionadas. El Clan del Golfo y el grupo satélite del Cartel de Sinaloa hacen una fuerte oposición a la sustitución, mientras que Guacho tiene una posición más neutra.

La tierra

Pero sería ingenuo decir que sólo la presión de los armados impide que las comunidades sustituyan. También hay desacuerdos sobre la propiedad de la tierra y ese es otro gran escollo. Por ejemplo, en los territorios del consejo comunitario de Alta Mira y Frontera hay colonos que llegaron de la mano de las Farc a repoblar ese territorio. La aceptación política de la exguerrilla por este suceso quedó explícita cuando en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno se comprometieron a devolver tierras que pertenecen a los negros.

Eso se suma a la incertidumbre que ya tienen los colonos que están dentro del consejo comunitario y quieren sustituir. A pesar de tener la voluntad de hacerlo, no han firmado las actas de sustitución por temor a que no se llegue a un acuerdo con los afros con respecto a la tierra y tengan que salir de la zona. Las comunidades, aunque matan el hambre con la coca, han cargado con problemas de seguridad y de estigmatización tan fuertes que por las cercanías el río Mira, a quien se le pregunta por la sustitución, dice que la quiere adelantar. La oposición está del lado de los grandes carteles y de los conflictos por la tierra. Sin embargo, hechos como la masacre del 5 de octubre minan la confianza de los labriegos con el Estado, y quizás no haya nada más necesario para adelantar la sustitución.

Por lo pronto, lo que más preocupa, tanto a las instituciones como a los habitantes de la región, es que los choques con las fuerzas estatales persisten. El pasado jueves, el gobernador Romero trinó: “¡Hoy alertamos al país! En Cumbitara está ocurriendo lo mismo que en Tumaco. Hay un cordón humanitario impidiendo la erradicación forzada”. Al cierre de esta edición, los choques violentos entre los policías antinarcóticos y algunos cocaleros ya eran noticia en los municipios nariñenses de Cumbitara y Sotomayor.

*El viaje a la zona de la masacre fue posible gracias al apoyo de Somos Defensores y Asociación Minga

Esta semana, en una emisora de Tumaco, anunciaban el relevo de 102 uniformados que hacían presencia en el área rural del municipio como una medida para “oxigenar la tropa”. La decisión la tomó el presidente Juan Manuel Santos cinco días después del asesinato de siete campesinos en la vereda El Tandil. Los líderes de esta zona llevaban varios días pidiendo que los uniformados que estaban el día de la masacre salieran.

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La situación era insostenible. “Usted mató a mi sobrino”, “usted mató a mi amigo”, fueron los señalamientos que les hicieron campesinos de la región a los policías. Estos últimos respondieron con burlas y grabando con sus teléfonos celulares. Esta escena se dio minutos antes del hostigamiento policial contra la comisión humanitaria de verificación y prensa que estuvo allí el pasado 8 de octubre.

Aunque personas de la comisión lograron aplacar los ánimos, la confianza con los uniformados ya estaba averiada. Incluso, varios campesinos contaron que luego de la masacre, miembros del Esmad les gritaron “¿Quieren más, guerrilleros hijueputas?”, y que otros policías les dijeron que los iban a “legalizar” (hacerlos pasar como muertos en combate). Razones suficientes para que la gente haya decidido transitar por la zona en grupos grandes.

La crisis que se vive en Tumaco es tal que el vicepresidente, Óscar Naranjo, despachó durante siete días desde ese municipio, en el cual se reunió con víctimas de la masacre y con la comisión humanitaria que fue atacada por la Policía. Los testimonios de las personas que estaban en el lugar de la masacre contienen denuncias sensibles. Por ejemplo, dicen que vieron cómo un uniformado ultimó a un campesino que les pedía ayuda. También, que los policías les dispararon luego de que el capitán que estaba en el lugar hiciera una llamada por el teléfono que tenía.

Los policías a los que los campesinos señalaban como culpables de la masacre no quisieron dar declaraciones ni versiones del hecho. Por el contrario, un soldado de la Brigada Móvil Número 4, apostada a unos 400 metros del lugar de la masacre, aseguró, en tono reservado que en la mañana de los hechos no se escucharon cilindros bomba como lo aseguró el comunicado que el Ejército y la Policía difundieron. Por la masacre del 5 de octubre, la Procuraduría Nacional abrió investigación contra 36 uniformados (ya había ordenado la suspensión de cuatro policías) y 14 miembros del Ejército. También ordenó la suspensión por tres meses de los dos uniformados de la Policía que estaban al mando en el momento en que la comisión de verificación fue hostigada: el teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación y al subintendente Didier Leandro Grajales Marín, comandante del Esmad.

La coca en Tumaco

Con la entrada en vigencia del Plan Colombia, la Fuerza Pública enfocó su accionar hacia los cultivos que se encontraban en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Esto ocasionó que las plantaciones se trasladaran a otras zonas, como Tumaco. En Nariño, las hectáreas de esta planta aumentaron de 776 en 1999 a 5.065 en 2012. Hoy, el 70 % de los cultivos de uso ilícito en ese departamento se encuentran en los municipios de la costa pacífica. Tumaco, Barbacoas y El Charco encabezan la lista.

Para 2016, según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Tumaco alcanzó las 23.148 hectáreas de coca. Según Hárold Ruiz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño, la situación hoy puede ser peor. “Nosotros creemos que hay subregistro”, sentencia.

Ruiz explica que el fenómeno se multiplicó por tres factores: las bandas de crimen organizado han dado tierras a algunos campesinos para que cultiven coca, a otros los han amenazado para que de sus pequeñas parcelas destinen dos o tres hectáreas para la siembra de esta mata y en años anteriores las Farc incentivaron el cultivo con el fin de negociar favorablemente el punto 4 de La Habana sobre la solución al problema de las drogas.

Las Farc dejaron las armas, pero el problema con los cultivos ilícitos siguió ahí. Se calcula que en Tumaco hay 14 grupos armados que controlan el narcotráfico hacia Ecuador y Panamá. Tumaco tiene frontera con Ecuador por el río Mataje. Las bandas más fuertes son el Clan del Golfo, comandado por Contador, un satélite del Cartel de Sinaloa, comandado por David, y la disidencia (aunque según Iván Márquez no pertenecía a la guerrilla en el momento de la dejación de las armas) que comanda Guacho, que cuenta con unos 100 integrantes.

En el Gobierno esperaban que unos mil combatientes de las Farc llegaran hasta la zona veredal de normalización de La Playa, pero solamente llegaron unos 300. El resto, estiman, pueden ser parte de las disidencias que operan en Tumaco o se fueron a otros grupos armados.

Es fácil verlos. A la entrada del resguardo awá de Piedra Sellada nos encontramos con una mujer armada que, nos enteramos después, hacía parte de la disidencia. En el lugar conocido como Las Minas han convocado a reuniones a los líderes indígenas, campesinos y negros. En estas han dicho que las comunidades tienen que salir a movilizaciones convocadas por la estructura armada. La guardia indígena se ha negado diciendo que ellos tienen sus propios procesos organizativos, y protestan cuando el pueblo awá lo considera necesario. Por su parte, los campesinos de El Tandil niegan de manera vehemente que el día de la masacre estuvieran manifestándose a pedido de los armados.

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Aunque el acuerdo de paz contempla que las estrategias de sustitución voluntaria serán priorizadas sobre la erradicación forzada, en Tumaco sienten que no se está procediendo así. Incluso, el pasado jueves el gobernador de Nariño, Camilo Romero, publicó el trino: “Cómo es posible que Congreso apruebe $300 mil millones para sustitución en todo el país, cuando solo Nariño requiere un billón”.

Ruiz, que coordina un equipo de 15 personas de la Gobernación que trabajan en el tema de la sustitución voluntaria, se queja con recurrencia de que “la erradicación forzada tiene todo el dinero del mundo y es apoyada por Estados Unidos, mientras que la dirección de la Sustitución de Cultivos de la Alta Consejería para el Posconflicto tiene 60 funcionarios en todo el país”. Ejemplifica diciendo que al consejo comunitario Alto Mira y Frontera llegó un destacamento para erradicación forzada compuesto por 2.000 unidades y en contraste hay una sola persona para atender la sustitución en Tumaco, el municipio con mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca en el país.

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A las comunidades que viven en el área rural de Tumaco, el asunto las desconcierta. Cuentan que han firmado actas de compromiso para la sustitución de los arbustos y días después han visto aterrizar a la Policía Antinarcóticos a erradicar forzosamente o el Estado ha incumplido sus acuerdos. “Se ha hecho erradicación forzada en pequeñas extensiones y han afectado a los campesinos, indígenas y afrodescendientes”, admite Ruiz.

“Ese es un espejo que nosotros vemos”, dijo un campesino a escasos metros de donde se perpetró la masacre. “Si el Gobierno quiere acabar la coca, bien pueda, pero que nos cumpla las promesas”, complementó un líder indígena desde su resguardo. El sin sabor lo comparte Ruiz, quien entiende que “una razón del desespero en el territorio son los ritmos superlentos que tiene la sustitución”.

La mafia, en cambio, se mueve a otro compás. Junto a los pequeños cultivos de dos o tres hectáreas que tienen los campesinos, hay sembradíos industriales de coca que pertenecen a narcotraficantes. Muchos labriegos terminan vinculados a estos cultivos, trabajando como cuidadores o como raspachines (recolectores de hoja de coca). El pequeño productor termina dependiendo de créditos gota a gota que manejan los carteles y de la relación comercial que se establece con quienes les compran su cosecha. Las comunidades viven atemorizadas y presionadas. El Clan del Golfo y el grupo satélite del Cartel de Sinaloa hacen una fuerte oposición a la sustitución, mientras que Guacho tiene una posición más neutra.

La tierra

Pero sería ingenuo decir que sólo la presión de los armados impide que las comunidades sustituyan. También hay desacuerdos sobre la propiedad de la tierra y ese es otro gran escollo. Por ejemplo, en los territorios del consejo comunitario de Alta Mira y Frontera hay colonos que llegaron de la mano de las Farc a repoblar ese territorio. La aceptación política de la exguerrilla por este suceso quedó explícita cuando en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno se comprometieron a devolver tierras que pertenecen a los negros.

Eso se suma a la incertidumbre que ya tienen los colonos que están dentro del consejo comunitario y quieren sustituir. A pesar de tener la voluntad de hacerlo, no han firmado las actas de sustitución por temor a que no se llegue a un acuerdo con los afros con respecto a la tierra y tengan que salir de la zona. Las comunidades, aunque matan el hambre con la coca, han cargado con problemas de seguridad y de estigmatización tan fuertes que por las cercanías el río Mira, a quien se le pregunta por la sustitución, dice que la quiere adelantar. La oposición está del lado de los grandes carteles y de los conflictos por la tierra. Sin embargo, hechos como la masacre del 5 de octubre minan la confianza de los labriegos con el Estado, y quizás no haya nada más necesario para adelantar la sustitución.

Por lo pronto, lo que más preocupa, tanto a las instituciones como a los habitantes de la región, es que los choques con las fuerzas estatales persisten. El pasado jueves, el gobernador Romero trinó: “¡Hoy alertamos al país! En Cumbitara está ocurriendo lo mismo que en Tumaco. Hay un cordón humanitario impidiendo la erradicación forzada”. Al cierre de esta edición, los choques violentos entre los policías antinarcóticos y algunos cocaleros ya eran noticia en los municipios nariñenses de Cumbitara y Sotomayor.

*El viaje a la zona de la masacre fue posible gracias al apoyo de Somos Defensores y Asociación Minga