Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un par de años antes de su asesinato, el pasado 18 de mayo, el líder comunal del municipio de Becerril en el Cesar, Aramis Arenas, se atrevió a denunciar públicamente a un grupo de cuatreros que azotaban a campesinos y ganaderos locales.
Tras su denuncia, las autoridades los capturaron, pero al poco tiempo algunos de ellos fueron liberados. Amigos de Arenas y las autoridades creen que su muerte fue una retaliación. A él y a un familiar los encontraron acribillados en un potrero de su finca en el corregimiento de Estados Unidos.
Fue el primer asesinato de un líder en el Cesar después de mucho tiempo. Pero, en la región, el hecho es un viejo y conocido síntoma de que las cosas pueden empeorar.
Aunque los niveles actuales de violencia se alejan bastante de la peor época del paramilitarismo, el alto número de amenazas y algunos asesinatos de líderes sociales no solo en Cesar, sino también en Magdalena y La Guajira, empiezan a preocupar, según lo pudo establecer una investigación del portal 360-grados.co.
Los datos de la Policía Nacional, entre 2010 y 2018, muestran el aumento y la persistencia de las amenazas, en especial en Cesar y Magdalena, en donde se están concentrando las disputas entre grupos armados ilegales.
Cesar es el caso más alarmante, ya que pasó de 910 denuncias de amenazas en 2017 a 2.114 en 2018, un aumento del 132%. Mientras que, en Magdalena, saltaron de 1.102 denuncias en 2017 a 1.321 en 2018, es decir, un repunte de 19%. Allí, como consecuencia del repunte de las amenazas, en los primeros cuatro meses del año el desplazamiento forzado tuvo un incremento del 94% (259 denuncias), según datos de la Fiscalía.
En Cesar llama la atención el pulso que actualmente mantienen el gobierno departamental y los sectores sociales por el volúmen de las amenazas. La Gobernación asegura que hay 40 líderes amenazados, mientras que defensores de derechos humanos afirman que son entre 240 y 300. A esto se suma la dificultad para identificar a los responsables de las intimidaciones que se dan, sin excepción, en los 25 municipios de Cesar. Las amenazas se atribuyen a guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y políticos.
Allí también preocupan hechos que recuerdan lo que se vivió hace una década. El robo de ganado y las extorsiones, ya provocó que algunos ganaderos y comerciantes en Becerril organizaran un grupo de seguridad privada que tiene un retén en el sitio conocido como Casablanca, una vereda entre los municipios de Becerril y La Jagua.
Este grupo se formó, según cuenta un habitante de la región, luego de varias reuniones en las que pidieron dinero para comprar armas cortas, radios y celulares, con la idea de vigilar la entrada y salida de personas en veredas donde se han presentado robos. Algunos se negaron, pero varios aportaron.
Otros sectores también están sufriendo el recrudecimiento de las intimidaciones. En 2019, cinco sindicalistas del sector minero y un líder campesino fueron amenazados un par de días después de reunirse con una delegación de diplomáticos y funcionarios de ONG´s provenientes de los Países Bajos, a la que también asistieron representantes de empresas carboneras y del Gobierno Nacional.
“Nos quejamos de la situación laboral y de las enfermedades del trabajo; a los pocos días llegó la amenaza”, relata un sindicalista que estuvo presente. Circuló un panfleto, reivindicado por las Águilas Negras, en el que se declaraba “objetivo militar” a los sindicalistas. Les dieron 48 horas para salir del país so pena de asesinarlos. Sin embargo, persiste la duda de la autoría. La Policía del Cesar no cree que el panfleto, por sus características, fuera de un grupo armado ilegal, según afirmaciones al diario El Pilón.
En el otro extremo del Caribe, en el Magdalena, también han aparecido numerosos panfletos amenazantes y se ha registrado el asesinato de cuatro líderes sociales entre 2019 y lo corrido del 2020: el de Maritza Quiroz, líder de restitución de tierras; el del guardaparques Wilton Orrego; el del presidente de la junta de acción comunal de Quebrada del Sol, Joaquín Trujillo, y, el más reciente, el del ambientalista Alejandro Llinás, ocurrido hace dos meses, en la vereda Calabazo del corregimiento de Guachaca (Santa Marta).
El crimen de Llinás ha sido el único reconocido por Los Pachenca, a través de un pasquín que tuvo amplia difusión en los medios de comunicación. Los demás están en la impunidad.
El poderío de las AGC
La violencia en la región se mantiene viva por la disputa que tienen las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (llamadas por el Gobierno como el Clan del Golfo) con grupos armados como Los Pachenca ( que ahora se hacen llamar Autodefensas Conquistadores de la Sierra) y bandas delincuenciales locales, por el control del narcotráfico. Esto se debe a que en estos territorios del Caribe se lucran de la cadena completa: siembra, procesamiento, transporte, comercialización (distribución y exportación) y lavado de activos.
El accionar de estos grupos preocupa, en especial, a los líderes sociales, sindicales y campesinos que ven que aquellos que supuestamente participaron del desarme paramilitar, siguen activos y ganando control territorial. El mayor temor es que se reactive el Bloque Norte de las Autodefensas.
Las AGC es el grupo con mayor presencia. Hoy controla los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y buena parte de los puertos naturales de la península de La Guajira, en alianza con organizaciones delincuenciales guajiras, según confirmaron fuentes de Fiscalía.
Su centro de operaciones se encuentra en Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Desde allí operaba Gustavo Adolfo Álvarez Téllez, o ‘Tavo’, jefe para los cuatro departamentos y con línea directa con Otoniel, máximo jefe de la organización.
Y, aunque Álvarez Téllez fue capturado recientemente por la DEA y la policía antinarcóticos en una finca de Cereté, en Córdoba, donde pasaba la cuarentena por el COVID-19, pronto fue reemplazado por Armando Alcides Quiroga, o ‘Mayimbu’, y Marlon Gregorio Celis o ‘Loquillo’, encargado del ala militar.
En el caso del Magdalena, las AGC también mantiene una guerra con Los Pachenca y otra organización conocida como La Silla, según información de la policía metropolitana de Santa Marta. Este último grupo negoció su entrega a la DEA, pero algunos de sus miembros se adhirieron a las AGC, ofreciéndole el manejo de las ‘ollas’ y la extorsión. De igual forma, el control que tenía La Silla en Valledupar, lo asumió esta organización.
Las AGC también ha recurrido a viejos socios para consolidar sus negocios. “Trabaja con exmiembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, del Bloque Norte y antiguos combatientes del Bloque Central Bolívar, ambos pertenecientes a las AUC”, dice una fuente de inteligencia que pidió el anonimato.
La lista incluye paramilitares bastante conocidos en la Costa Caribe. Está Rigoberto Rojas, o‘Rigo’ o ‘El Escorpión’ y Jhon Jairo Esquivel, o “El Tigre”, capturados en noviembre de 2019. El primero fue señalado, recientemente, de secuestrar a una nieta de Gabriel García Márquez para cobrar la pérdida de un cargamento de droga de propiedad de las AGC, el cual fue incautado en la finca bananera que ella administraba. Y, el segundo, está sindicado de participar en varias masacres, una de ella es la de El Salado.
Otra prueba del reencauche de antiguos paramilitares es el caso de ‘El Cubano’, un exmiembro del grupo de Los Nevados (comandado por los Mellizos Mejía Múnera), quien murió en combate el 19 de febrero de este año y lideraba una banda de sicarios que operaba en los alrededores de Tamalameque y El Banco, con nexos con las AGC.
Rearmes y disputas entre bandidos
La importancia de Los Pachenca en la región no es menor. Si bien, buena parte de su cúpula está en la cárcel (entre ellos Hernán Giraldo, extraditado y preso en Estados Unidos), este grupo ha logrado mantener el control en ciertas zonas a través de mandos medios, incluso con familiares del exjefe paramilitar.
Su jefe actual, según fuentes militares, es Deimer Patiño, conocido como ‘80’, un exparamilitar que no se desmovilizó y que asumió el mando después de la muerte, hace ya un año, de Jesús María Aguirre o ‘Chucho Mercancía’ o ‘Chucho Pachenca’, en el corregimiento de Guachaca (Santa Marta).
Los Pachenca se han consolidado en zonas como la Troncal del Caribe (corredor de 80 kilómetros que une a Santa Marta con el corregimiento de Palomino–Dibulla–La Guajira) y en la baja Guajira. Allí se han aliado con clanes guajiros que tradicionalmente han estado involucrados con el contrabando y el narcotráfico.
Amenazas y asesinatos selectivos de líderes sociales revelan que el conflicto armado en el Magdalena, Cesar y La Guajira sigue vivo, con viejos y nuevos actores. que, al parecer, estuvo auspiciado por políticos de El Copey, según fuentes de inteligencia. Su
También han intentado ingresar al Cesar, según dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Lo hicieron en 2018, a través de un grupo al mando de ‘Checheo’ que, al parecer, estuvo auspiciado por políticos de El Copey, según fuentes de inteligencia. Su intención era controlar la ruta de acceso a la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de Chimila y Pueblo Bello, y conectarse con el sur de La Guajira.
Las AGC y los Pachenca también tienen alianzas en la media y alta Guajira con Los Curicheros y Los Pingüinos, grupos delincuenciales de vieja data, enemigos entre sí, señalados por las autoridades como responsables de secuestros. Los Curicheros son el “brazo armado” de la estructura que lideraba Marcos Figueroa, hoy preso, y Los Pingüinos hacen parte de la casta Pushaina, que se encuentra en el territorio conocido como Kaiwa en la media Guajira. A este grupo se le señala de tener nexos con familias vinculadas a la política local de Manaure y Maicao.
Finalmente, hay que mencionar la presencia de reductos del EPL (llamados por el Gobierno como Los Pelusos) y el ELN, que mantienen una fuerte disputa. El ELN reactivó su frente de Guerra Norte que hace presencia en el sur de Cesar y La Guajira. Precisamente, en estas regiones se hizo sentir con rigor en el mes de febrero, con un paro armado en el que bloquearon vías, hostigaron a la Fuerza Pública y atentaron contra la infraestructura de comunicaciones y petrolera.