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“La coca en esta región es la mata que mata el hambre”, asegura Valdiri Valdez, una campesina de 48 años. Su finca queda en el corregimiento de El Palmar, municipio de Leiva (Nariño). En su parcela cultiva café, aguacate hass, mandarinas, incluso fique, pero lo único que le ha permitido subsistir ha sido la coca. De la que tiene unos 500 arbustos.
Valdiri raspa la rama de la coca del centro del tallo hacia fuera. “A mí como madre me duele cómo destruye la cocaína”, dice esta mujer, aunque es claro que las ganancias exorbitantes de los narcotraficantes no han llegado hasta allá. Las paredes de su casa intercalan tablas y huecos. No tiene acueducto ni alcantarillado. Tampoco se pudo dar el “lujo” de criar a su hija por falta de recursos.
En 2004, 2006 y 2008 llegaron las avionetas a rociar glifosato a la cordillera Occidental nariñense. Los cultivos de pan coger también murieron en las erradicaciones forzadas. “El Estado no se dio cuenta de que el campesino tenía tres, cuatro o cinco hijos y nos dejó aguantando hambre”, rememora con amargura Valdiri.
El 29 de diciembre de 2007 paramilitares que no se desmovilizaron junto al bloque Libertadores del Sur, que entregó las armas en 2005, llegaron hasta ese corregimiento. De la macabra lista de 10 personas que iban a asesinar sólo encontraron a cinco, cuatro eran líderes de la comunidad y uno era un adolescente de 14 años: Leonilda Grijalva, Omeyer Padilla, Rigoberto Díaz, Henry Díaz y Davison Patiño.
Pocos días después de la tragedia se dio la última fumigación con glifosato. Los campesinos protestaron por la falta de alternativas para subsistir. El gobernador recién posesionado, Antonio Navarro Wolff, logró que el gobierno de Álvaro Uribe detuviera las fumigaciones para darle paso a un proyecto de sustitución de cultivos llamado “Sí se puede”.
Los resultados del programa fueron motivo de esperanza. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en Leiva se redujeron un 96 %. Sin embargo, cuando finalizó la administración de Navarro el programa terminó. “Ese proyecto ayudó mucho, pero al final fracasó porque no se le hizo seguimiento”, afirma Jayer Muñoz, líder de la comunidad de El Palmar. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, tiene una versión similar: “El gobierno de Navarro consiguió recursos de cooperación internacional, pero cuando se acabaron esos recursos pasaron esas cosas”.
La coca está volviendo a El Palmar. Al lado y lado de la carretera que lleva de Pasto hasta allá no son visibles los cultivos, pero basta adentrase en las fincas 10 minutos para ver coca en abundancia.
La historia de Valdiri es una fotografía de esa realidad que afecta a miles de familias campesinas de esta región. Aunque las autoridades locales no saben cuántas. También perdieron la cuenta de los proyectos productivos de sustitución de coca que han intentado sin éxito.
Gracias a uno de esos proyectos, Valdiri sembró café. Para 2014 vendió 1.500 kilos del grano. El entusiasmo, sin embargo, se fue apagando. Para 2016 sólo vendió 700 kilos, de los cuales 500 eran de “pasilla”, un grano de mala calidad que se lo pagaron a $1.200. La debacle llegó por un hongo llamado Ojo de gallo, que hace que la pepa y las hojas del árbol de café se caigan. “En 15 días perdimos la mitad de la cosecha”, cuenta.
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El hongo no dio tregua. Por eso el año pasado decidió tumbar las plantas de café para darle paso a la coca, que resiste al hongo y a otras plagas. En esta región húmeda es fácil entender por qué prefieren la coca al café. Una mata de café saca su primera cosecha tras dos años, un arbusto de coca está listo para ser raspado tres meses después de la siembra. Esto quiere decir que al año la coca da tres o cuatro cosechas, mientras que el café da solamente una.
Otra clave para entender esta realidad está en la comercialización. Con los cultivos lícitos trabajan a pérdida. Transportar 10 arrobas de café hasta la cabecera municipal de Leiva cuesta $10 mil. La hoja de coca la compran directamente en las fincas.
Recientemente la llegada de los compradores de coca a las fincas se ha complicado por la salida del frente 29 de las Farc, que operaba en el corregimiento. Esa estructura armada prestaba seguridad para que la delincuencia común no atracara a los compradores que siempre cargan grandes sumas de dinero.
Coca y paz
Valdiri ve en el punto cuatro sobre drogas ilícitas del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, una esperanza para despedirse de una vez por todas de la coca. El documento dispone que el Estado debe crear el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para que los campesinos dejen la coca. También les otorga un tratamiento penal diferencial para que no sean criminalizados. Tema que quedó en firme con la aprobación de la justicia transicional esta semana en el Congreso, aunque requiere una ley para ser realidad.
“Nos acogimos al proceso de La Habana y queremos que nos escuchen. Nosotros nos pondremos a erradicar si el Estado nos da unos proyectos productivos rentables, con mercados asegurados”, asegura Valdiri.
Pero el miedo y la incertidumbre rondan al corregimiento. Los palmarenses temen que, tras la salida de las Farc, otros grupos armados ilegales se disputen el control de ese territorio. Un fenómeno que ha empezado a darse en otros municipios del departamento, como Ricaurte, donde se afirma que el Eln se ha posicionado.
“Necesitamos que nos cumplan con la sustitución y no nos dejen a nuestra suerte, porque nos ilusionan y se van”, concluye ValdirI.