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A menos de una semana de terminar el primer trimestre del año, los hechos de violencia de actores armados y los desencuentros políticos en medio de la paz total confirman el pronóstico de que el 2023 sería un año desafiante en seguridad en Colombia. Uno de los puntos que sigue generando alarmas es el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos: según la Base de Datos de Violencia Sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), durante 2022 fueron asesinados al menos 212 aproximadamente uno cada dos días), y solo en los primeros dos meses del 2023 se registraron 20 homicidios contra esta población.
Desde el año pasado, la CCJ y la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que las elecciones regionales que se celebrarán en octubre próximo “plantean un reto” para el gobierno de Gustavo Petro, en tanto el proceso incluirá “aproximadamente 120.000 candidatos dispersos por los 1.121 municipios y corregimientos departamentales de Colombia, así como una red de líderes sociales y comunales que apuestan por sus candidatos para poder garantizar representación en lo local”. La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que estas organizaciones documentaron 110 asesinatos y tres desapariciones forzadas de líderes durante el período electoral del año pasado, lo que representó un incremento en la violencia.
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Una de las causas de ese aumento —según el informe “La democracia en el punto de mira”, producido por la MOE y la CCJ— es el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz y sus mecanismos de seguridad, entre ellos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), una instancia contemplada en el punto tres del pacto que tiene como fin formular una política para “el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.
El lento despegue de la CNGS en el gobierno Petro
Las deudas con esta Comisión vienen de la presidencia de Iván Duque, cuatro años en los que no se avanzó en la formulación de la política pública, a pesar de las denuncias de las organizaciones sociales, los llamados de atención de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y los jalones de orejas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Para subsanar esa situación, en octubre de 2022 el presidente Petro relanzó, con bombos y platillos, la CNGS y aseguró que, como está establecido por decreto, la instancia se reuniría una vez al mes. Sin embargo, desde entonces, el pleno de la Comisión Nacional de Garantías solo se ha encontrado tres veces.
“El avance ha sido más lento de lo que todos hubiéramos querido, incluyendo al Gobierno. Al no ponerse en práctica la política de desmantelamiento, se permite que proliferen los grupos ilegales, que se expandan con sus formas de violencia, que incluyen los asesinatos no solo de líderes y lideresas, sino de firmantes de paz”, le dijo a Colombia+20 la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien es delegada por las plataformas de derechos humanos ante la CNGS.
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El pasado 28 de febrero, tras un ultimátum al Gobierno para que se presentara la política de desmantelamiento, los magistrados del alto tribunal le expresaron al actual comisionado para la Paz, Danilo Rueda, su preocupación ante la posibilidad de que la política de paz total de Petro le quite fuerza a la implementación del Acuerdo con las FARC. Aunque Rueda negó que eso ocurra y ratificó que lo negociado en La Habana es la base de la apuesta del Gobierno, los miembros de la CNGS han asegurado que el Ejecutivo tiene una visión limitada de su rol y mandato.
“La Comisión no responde solo a los retos de seguridad derivados del Acuerdo de Paz, sino que tiene potencial para contribuir a la materialización de la paz total. La política permitiría que quienes entreguen las armas y comparezcan a la justicia resulten efectivamente desmantelados y que no se vaya a repetir dentro de un tiempo el fenómeno de rearme. Además, le permite al Gobierno contar con una instancia donde participan varias instituciones del Estado, la sociedad y la comunidad internacional, con funciones de asesoría para formular recomendaciones, entre muchas otras a las que se les puede sacar el jugo”, dice Rodríguez.
La importancia de vincular a esta instancia del Acuerdo con las propuestas de Petro es tal que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, la resaltó en su último informe sobre la implementación del Acuerdo Final: “La coherencia entre esta política [de desmantelamiento] y los enfoques para el sometimiento de los actores armados a la justicia en el marco de la política de paz total es clave para que se logre reducir la violencia en las regiones afectadas por el conflicto”.
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Una violencia que no se detiene. De acuerdo con el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), revelado la semana pasada, el año pasado hubo 123.220 víctimas de desplazamiento, 39.404 persona confinadas y 209 casos de desaparición relacionados con conflictos armados. A eso se suman 50 asesinatos de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y los más de 200 homicidios de líderes y defensores documentados por la CCJ.
La radiografía de los asesinatos de líderes
Jesusita Tuta Moreno, reconocida lideresa afro del Chocó; Jorge Eliécer Mejía, joven guardia indígena del Cauca; Javier Usechi, ambientalista; Jorge Tafur y Teófilo Acuña, históricos reclamantes de tierra del Magdalena Medio, así como Óscar Parada Torres, activista de los derechos LGBTQ, son apenas seis de los 212 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2022.
Colombia+20 conoció el informe que la Comisión Colombiana de Juristas publicará en las próximas semanas sobre estos hechos de violencia, en el que se evidencia que los grupos armados ilegales siguen “declarando blanco de ataque” a estos activistas, a quienes “ven como una barrera para su control y expansión”. En promedio, cada mes fueron asesinados 17 líderes; un homicidio cada dos días.
Los departamentos con mayor número de asesinatos de esta población fueron Cauca (con 25 homicidios), Antioquia (24), Nariño (23), Putumayo (19), Valle (17) Arauca (14), Bolívar (10), Norte de Santander (9) y Chocó (8). El municipio más afectado, según los registros de la CCJ, fue Tumaco, con 10 casos.
“Uno de los principales factores de persistencia de estos asesinatos son las disputas territoriales entre los grupos armados, que estigmatizan a los defensores como aliados de la estructura contraria. Otro tema que han denunciado las comunidades y que está generando afectaciones es que, bajo la política de paz total y los ceses al fuego, muchos grupos aumentaron su control e incrementaron las amenazas”, dice Andrea Garzón, coordinadora de Investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas.
Entre las 212 víctimas se encuentran 191 hombres, 17 mujeres y cuatro personas con orientaciones sexuales diversas. Hubo 16 sectores de defensa de derechos afectados, de los cuales el más golpeado fue el comunal, con 62 asesinatos (29 %), seguido del sector indígena, con 40 casos (19 %), el comunitario, con 25 homicidios (12 %) y el político, con 20 personas asesinadas (9 %).
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Sobre los crímenes contra la población étnica, el informe asegura que “las circunstancias de homicidios, en su mayoría, están asociadas a la denuncia y oposición que realizan los líderes y lideresas a la cooptación de sus territorios ancestrales por parte de grupos armados ilegales”. Además, pone de relieve que los paros armados anunciados por el ELN y el Clan del Golfo (o AGC) exacerbaron el riesgo y expusieron a las comunidades a “restricciones a la movilidad, confinamientos, masacres, asesinatos selectivos y retenes armados ilegales, entre otros hechos relacionados con el objetivo de expansión territorial por parte de grupos”.
En el grueso de los casos (182, el 86 %) se desconoce el presunto autor. De los 30 casos con victimario identificado, en al menos 10 la responsabilidad sería de las disidencias de las FARC (cinco son atribuidos al grupo Comandos de Frontera, tres a la columna móvil Jaime Martínez, un caso al Frente 62 de la disidencia Jorge Briceño Suárez y otro al frente Carlos Patiño). Otros siete líderes habrían sido asesinados por el Clan del Golfo (o AGC); tres, por el ELN y otros cuatro son atribuidos a agentes del Estado. Según la información de la Base de Datos de Violencia Sociopolítica, 19 de las 212 personas defensoras de derechos asesinadas habían recibido amenazas previas a su homicidio. Siete de cada 10 víctimas fueron asesinadas con arma de fuego y hubo 95 crímenes cometidos en las casas o sitios de trabajo de estas personas.
“Hay que apuntarle a una estrategia integral, que la política pública de desmantelamiento pueda identificar qué no se ha hecho por parte del Estado, qué se ha hecho mal y que se ataque lo que ha hecho falta: las investigaciones a terceros, a financiadores, a quienes de fondo se benefician del accionar de los grupos para que se reduzca una impunidad no del gatillero, sino del fenómeno criminal”, agrega Garzón.
Elecciones, un catalizador del riesgo para los líderes
De acuerdo con el análisis de la CCJ, la mayor concentración de homicidios contra líderes y defensores se presentó en el primer semestre del año, lo cual estaría asociado con la campaña electoral y las votaciones al Congreso y la Presidencia de la República.
“Esa coincidencia refuerza la hipótesis de que los actores generadores de violencia cuentan con un interés de influir o impactar los procesos electorales desarrollados en el país; lo que resulta en una afectación no solo de la participación de los liderazgos, sino también en la participación electoral de la población en general, con ello, de su representatividad”, se lee en el informe “Democracia en el punto de mira”, de la MOE y la CCJ.
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Hace apenas dos semanas, la Misión de Observación Electoral alertó que el 2022 fue el año con más agresiones contra líderes tras la firma del Acuerdo de Paz, con 589 hechos violentos (en 2017 se documentaron 266; en 2018, 332; en 2019, 551; en 2020, 563, y en 2021, 539). Además, el año pasado registró la situación más grave en cuanto al accionar y presencia de grupos armados ilegales, pues se documentaron 1.191 acciones armadas y amedrentamientos en 27 de los 32 departamentos del país.
De hecho, la Misión alertó que tras el inicio del período electoral 2023 —que comenzó el pasado 29 de octubre con la inscripción de cédulas— se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia.
Por todo eso, el llamado de las organizaciones de la sociedad civil al gobierno Petro es que se redoblen los esfuerzos para prevenir los riesgos y proteger la vida de las comunidades y sus líderes. Se trata, una vez más, de poner la lupa en lo que se acordó tras años de discusión en La Habana y acelerar su implementación.
