El pasado 27 de mayo, la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC) y liderada por Iván Mordisco, emitió un comunicado donde lanza una amenaza sobre las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre al “sugerir” a los candidatos locales que rechacen los apoyos de “partidos tradicionales o guerreristas”.
En el comunicado, el grupo armado también afirmaba que habrían “sanciones” a los actos de corrupción como compra o venta de votos, entrega de materiales de construcción, la compra de los registradores municipales, maquinaria agrícola, ofrecimiento de puestos o falsas promesas. Arrestos y multas económicas serían algunos de los “castigos” que interpondría esa disidencia que invocó la “ley 003 del 2000″ creada hace 23 años por las extintas FARC.
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La advertencia de la disidencia se dio tras la suspensión temporal del cese al fuego con esa disidencia por parte del Gobierno en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, área de mayor influencia y operación de este grupo, tras conocerse la noticia del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en Putumayo.
“A seis meses del calendario electoral de 2023, tenemos 634 hechos registrados; es un incremento del 141%”
Diego Alejandro Rubiano, investigador del Observatorio Político de la MOE
Ante esa amenaza, al menos 81 municipios de 23 departamentos del país se encuentran en riesgo extremo electoral por la presencia y las hechos armados de varias estructuras de las disidencias de las FARC, según el monitoreo de la Misión de Observación Electoral (MOE). Las acciones tenidas en cuenta por las MOE son del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera y el Comando Coordinador de Occidente.
El 62% de los municipios se ubican en los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
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Según Diego Alejandro Rubiano, investigador del Observatorio Político de la MOE, se ha identificado un aumento y recrudecimiento de la violencia desde el anterior periodo electoral, principalmente por parte de estas disidencias, en acciones bélicas y amedrentamientos.
“Mientras en los seis primeros meses del calendario electoral de hace cuatro años, en 2019 hablábamos en total de cerca de 300 acciones armadas cometidas por grupos armados ilegales. Para este mismo periodo, o sea, a seis meses del calendario electoral de 2023, tenemos 634 hechos registrados; es un incremento del 141%”, explicó Rubiano.
¿Cuál es el análisis territorial?
El departamento del Cauca encabeza la lista con 18 municipios en situación de riesgo extremo. Según la MOE, esto responde a la presencia y conflictividad entre diferentes grupos armados ilegales como el Comando Coordinador de Occidente, disidencias de las FARC, el ELN y grupos asociados al Clan del Golfo; que buscan el control de las rutas del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.
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Uno de esos municipios es Argelia donde la población resiste a las fuertes olas de desplazamientos forzados, amenazas y masacres que han vivido por la disputa entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Este equipo periodístico habló hace un mes con algunos líderes de la zona, quienes sienten que el gobierno les incumplió la promesa de pacificar su municipio y no ven voluntad de paz por parte de los grupos armados ilegales.
“Mal contadas han sido afectadas hasta la fecha más de 12.000 familias, en el último año han asesinado a 16 líderes sociales y todas las violaciones a los derechos humanos han quedado impunes. No sé de qué otra manera podemos llamar la atención del presidente Gustavo Petro para que de verdad haga acciones contundentes”, señaló un líder que omitió su nombre por cuestiones de seguridad.
Las dinámicas que se viven en Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, departamentos que se ubican en los primeros cinco lugares de la lista, responden a estos patrones de economías ilícitas resaltadas por la MOE.
El último informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 62% de los cultivos de coca del país se encuentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. En estos mismos lugares es que se han concentrado los diversos grupos armados ilegales, tras la salida de las FARC con el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
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Otro de los patrones identificados por la MOE es que las disidencias de las FARC están buscando fortalecerse en regiones donde históricamente la extinta FARC-EP tuvo fuerte presencia, como lo es el suroccidente del país. Por ejemplo, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y parte del Amazonas eran territorios del antiguo Bloque Sur de las FARC. Este patrón también se presenta en Tolima donde los municipios de Chaparral y Planadas fueron identificados con situación de riesgo extremo.
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Aunque las dinámicas de la guerra de las disidencias de las FARC han sido principalmente rurales, la MOE reconoció nuevos patrones en lo urbano, principalmente en el caso de Buenaventura, donde el Gobierno también lleva a cabo una débil tregua de paz entre los grupos Shottar y Espartanos.
“La mayoría de los hechos que hemos registrado en el departamento del Valle del Cauca son en Buenaventura, es una dinámica más nueva de control y disputa urbana del territorio que no se veía tanto de las guerrilla porque históricamente han sido más rurales”, resaltó Rubiano.
Vichada y Guainía también llamaron la atención del equipo investigador de la MOE pues se muestra información clara sobre la expansión territorial y nuevos enclaves estratégicos que están creando las disidencias en el país.
¿Qué acciones se pueden tomar para frenar los riesgos?
“Estamos a cinco meses de las elecciones del próximo 29 de octubre y es un momento en el que aún hay chance de tener acciones concretas para poder garantizar un proceso electoral libre, transparente y con plenas garantías para candidatos y ciudadanía”, afirmó Diego Alejandro Rubiano, investigador del Observatorio Político de la MOE.
Esto se puede hacer a través de Comisiones de Seguimiento Electoral, que son un espacio de coordinación institucional para asegurar y garantizar los procesos electorales. Se identifican los riesgos, los hechos que están afectando los procesos electorales en los territorios y cómo se van a atender. Allí participan no solo la MOE, sino también partidos políticos y población civil tanto a nivel territorial como nacional.
“Aún hay chance de tener acciones concretas para poder garantizar un proceso electoral libre, transparente y con plenas garantías”
Diego Alejandro Rubiano, investigador del Observatorio Político de la MOE
Esta propuesta fue realizada por la MOE el pasado 29 de mayo, a través de un comunicado en el que recomendaron priorizar estas comisiones en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo porque son donde el Estado Mayor Central señaló acciones para restringir y coaccionar la participación de organizaciones políticas en el proceso electoral.
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La Misión de Observación Electoral también añadió en el comunicado su preocupación y rechazo a “cualquier tipo de acción armada que afecte tanto la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones libres en materia electoral, como cualquier tipo de afectación que puedan sufrir de las diferentes candidaturas que se inscriban para las elecciones que se llevarán a realizarse en el mes de octubre de 2023″.
A pesar de este panorama y los comunicados emitidos por el Estado Mayor Central tras la suspensión del cese al fuego, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le aseguró a Colombia+20 que los canales entre el gobierno y el EMC no se han cerrado y que “continúa desarrollando acciones conforme a sus competencias para resolver la crisis y lograr establecer la mesa de diálogos”.
Frente a los procesos de acercamientos de paz con las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinador de Occidente aún no se conoce información oficial, aunque las organizaciones de víctimas le han insistido al Gobierno hacerlo lo más pronto posible para frenar las crisis humanitarias que se viven en los territorios a causa de la guerra.