En 2020 hubo 165 víctimas de minas y van cinco en lo que va de este año
Así lo documenta Descontamina, de la Oficina del Alto Comisionado para la paz. Las víctimas de 2021 son de Nariño y Arauca, y dos de ellas fallecieron.
Entre el 6 y el 12 de enero, ocurrieron los primeros cinco accidentes con minas antipersonal en el país. El primer caso ocurrió en el resguardo del pueblo Awá, Inda Zapaleta, en el municipio de Tumaco (Nariño), según información de la Campaña Colombiana contra las Minas.
Wiliam Alexander Roa, de 32 años, fue la persona que sufrió el accidente mientras raspaba hoja de coca. Producto de la explosión perdió su pierna derecha. En este municipio no hay desminado humanitario debido a la fuerte presencia de actores armados en la zona. Es además, uno de los lugares con más cultivos de coca. En 2019, tenía 11.830 héctareas registradas por el Observatorio de Drogas de Colombia.
(Le puede interesar: Más de 150 resguardos indígenas en Colombia están cercados por minas antipersonal)
El segundo accidente registrado ocurrió el 10 de enero en la vereda Peñas Blancas, en el corregimiento de Santa Cruz del municipio de Policarpa, también en Nariño. Tres jóvenes, Cristian, de 14 años, Joseph, de 16, y Eduardo (a quien cambiamos el nombre por protección), de 17 años, sufrieron el accidente cuando también estaban raspando hoja de coca. Tanto Cristian como Eduardo murieron por la gravedad de las heridas, mientras que Eduardo ya está de regreso con su familia, pero con afectaciones psicológicas.
Los menores de edad eran oriundos de Buesaco, también en Nariño, y se dedicaban a la agricultura. Según información ofrecida a medios en el momento, las autoridades locales abrieron una investigación para encontrar a las personas que los contrataron para este trabajo.
El tercer caso fue el de una niña de 12 años en Saravena (Arauca), ocurrido el 12 de enero. De acuerdo con información de la familia, su madre y ella se encontraban en la plaza central y cuando fue a montar su bicicleta explotó un artefacto en sus pies.
La niña y su familia son migrantes venezolanos que requieren ayuda para vivienda y alimentación en este municipio. Su madre era trabajadora informal y ahora está al cuidado de la niña, quién fue llevaba a un hospital de Bogotá para ser atendida por especialistas por la afectación en un pie y las esquirlas en su cuerpo.
El parque queda ubicado cerca a la estación de la Policía del municipio, así que las primeras hipótesis para explicar la presencia de un artefacto explosivo allí es un posible atentado por parte del ELN o las disidencias, según lo explicó esta autoridad.
(Vea también: Sobrevivientes de minas antipersonal enseñan desde su experiencia a prevenir accidentes en campos minados)
Otras versiones apuntan a la posibilidad de que a algún actor armado, legal o ilegal, se le haya caído munición o una granada sin notarlo, y el resultado fue la afectación de la niña.
De acuerdo con Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana contra las Minas y quien llamó la atención sobre estos hechos en su columna El embeleso de la estupidez, una de las razones por las que siguen ocurriendo accidentes con minas y artefactos explosivos es porque “el Gobierno no controla la totalidad del territorio y al no hacerlo, pues pasa que el que tenga la pistola más grande termina siendo el jefe de esa zona”. Añade que en zonas de Nariño y Arauca, como en las que ocurrieron estos casos, no se puede entrar a hacer desminando por la presencia de actores armados.
A corte de 31 de diciembre de 2020, Descontamina Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, registró un total de 165 víctimas de minas antipersonal en todo el país. La información contrasta con el último reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) que registró 181 víctimas de artefactos explosivos, entre enero y junio de 2020. El 78% de las víctimas son de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca.
(Lea también: Colombia tendrá hasta 2025 para eliminar minas antipersonal del territorio)
La diferencia entre las cifras se debe a que el Ejecutivo solo registra los accidentes certificados por autoridades locales, mientras que el CICR recoge toda la información apenas ocurren los accidentes. Además, Descontamina tampoco incluye a los actores armados ilegales afectados por las minas.
Actualmente, para levantar las minas antipersonales en territorio colombiano, hoy también existen cinco operadores civiles de desminado humanitario. El más reciente informe semestral que hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Mapp-OEA denunció que estos no han podido continuar con su labor por el aumento de enfrentamientos de grupos ilegales, como las disidencias de las Farc, el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros y el Epl.
En el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta, por la confrontación entre Eln y Epl, los grupos instalan minas antipersonales para impedir acciones del contrario o de la Fuerza Pública, lo que ha generado desplazamientos de la población en Sardinata.
Según el documento, en Antioquia, Chocó y Nariño el incremento se debe a la confrontación entre los grupos armados, mientras que en otros departamentos, como Cauca y Putumayo, se utiliza como estrategia para proteger los cultivos de uso ilícito. Así también ocurre en municipios antioqueños, como Tarazá e Ituango, donde miembros de la Fuerza Pública murieron en medio de labores de erradicación forzada de los cultivos.
Según el Gobierno, 154 municipio han sido declarados libres de minas antipersonal por la actual administración del presidente Iván Duque. En otros 133 municipios han realizado labores de desminado humanitario por las condiciones de seguridad. Descontamina agrega que en los lugares más afectados se hicieron 4.801 actividades de Educación en el Riesgo de Minas en las que participaron 40.187 personas.
Entre el 6 y el 12 de enero, ocurrieron los primeros cinco accidentes con minas antipersonal en el país. El primer caso ocurrió en el resguardo del pueblo Awá, Inda Zapaleta, en el municipio de Tumaco (Nariño), según información de la Campaña Colombiana contra las Minas.
Wiliam Alexander Roa, de 32 años, fue la persona que sufrió el accidente mientras raspaba hoja de coca. Producto de la explosión perdió su pierna derecha. En este municipio no hay desminado humanitario debido a la fuerte presencia de actores armados en la zona. Es además, uno de los lugares con más cultivos de coca. En 2019, tenía 11.830 héctareas registradas por el Observatorio de Drogas de Colombia.
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El segundo accidente registrado ocurrió el 10 de enero en la vereda Peñas Blancas, en el corregimiento de Santa Cruz del municipio de Policarpa, también en Nariño. Tres jóvenes, Cristian, de 14 años, Joseph, de 16, y Eduardo (a quien cambiamos el nombre por protección), de 17 años, sufrieron el accidente cuando también estaban raspando hoja de coca. Tanto Cristian como Eduardo murieron por la gravedad de las heridas, mientras que Eduardo ya está de regreso con su familia, pero con afectaciones psicológicas.
Los menores de edad eran oriundos de Buesaco, también en Nariño, y se dedicaban a la agricultura. Según información ofrecida a medios en el momento, las autoridades locales abrieron una investigación para encontrar a las personas que los contrataron para este trabajo.
El tercer caso fue el de una niña de 12 años en Saravena (Arauca), ocurrido el 12 de enero. De acuerdo con información de la familia, su madre y ella se encontraban en la plaza central y cuando fue a montar su bicicleta explotó un artefacto en sus pies.
La niña y su familia son migrantes venezolanos que requieren ayuda para vivienda y alimentación en este municipio. Su madre era trabajadora informal y ahora está al cuidado de la niña, quién fue llevaba a un hospital de Bogotá para ser atendida por especialistas por la afectación en un pie y las esquirlas en su cuerpo.
El parque queda ubicado cerca a la estación de la Policía del municipio, así que las primeras hipótesis para explicar la presencia de un artefacto explosivo allí es un posible atentado por parte del ELN o las disidencias, según lo explicó esta autoridad.
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Otras versiones apuntan a la posibilidad de que a algún actor armado, legal o ilegal, se le haya caído munición o una granada sin notarlo, y el resultado fue la afectación de la niña.
De acuerdo con Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana contra las Minas y quien llamó la atención sobre estos hechos en su columna El embeleso de la estupidez, una de las razones por las que siguen ocurriendo accidentes con minas y artefactos explosivos es porque “el Gobierno no controla la totalidad del territorio y al no hacerlo, pues pasa que el que tenga la pistola más grande termina siendo el jefe de esa zona”. Añade que en zonas de Nariño y Arauca, como en las que ocurrieron estos casos, no se puede entrar a hacer desminando por la presencia de actores armados.
A corte de 31 de diciembre de 2020, Descontamina Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, registró un total de 165 víctimas de minas antipersonal en todo el país. La información contrasta con el último reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) que registró 181 víctimas de artefactos explosivos, entre enero y junio de 2020. El 78% de las víctimas son de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca.
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La diferencia entre las cifras se debe a que el Ejecutivo solo registra los accidentes certificados por autoridades locales, mientras que el CICR recoge toda la información apenas ocurren los accidentes. Además, Descontamina tampoco incluye a los actores armados ilegales afectados por las minas.
Actualmente, para levantar las minas antipersonales en territorio colombiano, hoy también existen cinco operadores civiles de desminado humanitario. El más reciente informe semestral que hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Mapp-OEA denunció que estos no han podido continuar con su labor por el aumento de enfrentamientos de grupos ilegales, como las disidencias de las Farc, el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros y el Epl.
En el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta, por la confrontación entre Eln y Epl, los grupos instalan minas antipersonales para impedir acciones del contrario o de la Fuerza Pública, lo que ha generado desplazamientos de la población en Sardinata.
Según el documento, en Antioquia, Chocó y Nariño el incremento se debe a la confrontación entre los grupos armados, mientras que en otros departamentos, como Cauca y Putumayo, se utiliza como estrategia para proteger los cultivos de uso ilícito. Así también ocurre en municipios antioqueños, como Tarazá e Ituango, donde miembros de la Fuerza Pública murieron en medio de labores de erradicación forzada de los cultivos.
Según el Gobierno, 154 municipio han sido declarados libres de minas antipersonal por la actual administración del presidente Iván Duque. En otros 133 municipios han realizado labores de desminado humanitario por las condiciones de seguridad. Descontamina agrega que en los lugares más afectados se hicieron 4.801 actividades de Educación en el Riesgo de Minas en las que participaron 40.187 personas.