En acto público, Ejército pidió perdón por dos “falsos positivos” cometidos en Cesar

Euclides Navarro Rincón tenía 25 años cuando terminó de prestar servicio militar en el Batallón Energético y Vial No. 2, ubicado en el municipio La Jagua de Ibirico (sur del Cesar). Su padre, Hermes Navarro, lo había enviado al Ejército para que ocupara su tiempo libre mientras le salía trabajo en las minas de carbón que atraviesan el municipio. Seis meses después de que le entregaran su libreta militar, fue asesinado por soldados que lo registraron como “miembro de un grupo armado ilegal dado de baja en combate”.

Lo mismo le pasó a Adelmis Fuentes Torres, un amigo de Euclides y quien el 14 de febrero del 2007 lo acompañó a una cita en la que les prometieron ayudarles a conseguir empleo. El encuentro fue en el barrio 17 de febrero donde, posteriormente, fueron asesinados por uniformados que luego, en los reportes militares, registraron como “guerrilleros”.

“Por fortuna, vecinos y habitantes de la zona fueron testigos del homicidio y el mismo día de los hechos se ubicaron a las afueras del hospital municipal para evitar que fueran enterrados como N.N”, cuenta Hermes Navarro. Desde ese día, las dos familias han emprendido una batalla larga para que se haga justicia por estos casos. En la mañana de este sábado, como parte de la medida de reparación integral que ordenó un Juzgado Administrativo de Valledupar, miembros del Batallón, en cabeza ahora del teniente coronel Bernardo Antonio Rozo, pidieron perdón públicamente a estas familias por los hechos cometidos hace 13 años.

(Le puede interesar: Organizaciones sociales piden a la JEP que las versiones de los militares sean públicas)

En la ceremonia, realizada a las 8:00 a.m. y que tuvo una duración de una hora, los integrantes del Ejército citaron a los familiares de las víctimas y, en presencia de la alcaldía y habitantes del municipio, reconocieron las dos ejecuciones extrajudiciales por las que hay tres militares condenados desde 2018.

El comandante Rozo, en diálogo con este diario, aseguró que “más que acatar una orden judicial es un gesto que hoy nos exige a nosotros el cambio, la evolución de la misma situación a nivel nacional. Este conflicto nos dejó muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas (...) Esto es una institución de muchísimos años, como Ejército debemos defender los derechos de los ciudadanos, entonces en el día de hoy, en un acto que se hace a forma de desagravio, intentamos reconstruir la fe y la confianza de estas familias”.

“Uno debe perdonar, entonces yo ya los perdoné, pero igual eso no me va devolver a mi hijo nunca”, dijo Hermes Navarro, horas después de la ceremonia. En la fotografía que llevó para la ceremonia, Euclides aparece Euclides, irónicamente, vestido de militar. “Yo no entiendo cómo me pudieron hacer eso y cómo me querían hacer creer que mi hijo fue guerrillero cuando recién salía del mismo Batallón”, agregó.

(Vea: Informe revela la sistematicidad de los “falsos positivos” en el Eje Cafetero)

Este campesino, de 66 años, narró que el mismo día que asesinaron a su hijo logró interponer una demanda contra las Fuerzas Militares por lo ocurrido: “A mí me decían que no denunciara nada porque me podían matar, pero si ya me mataron mi hijo ya qué importa si me matan a mí”. Desde entonces, un abogado particular se ofreció a llevar el caso de su hijo y el de Adelmis con el fin de demandar también contra el Estado por los hechos de ese día.

Una de las particularidades de ambos casos es que las familias lograron recuperar los cuerpos de los dos jóvenes en el hospital municipal, al que acudieron los soldados con las víctimas después del homicidio. “Ellos llevaron los cuerpos allá a que les hicieran esos estudios y los ingresaron como N.N., diciendo que habían sido dados de baja en combate como para tener una evidencia y que eso les diera algún reconocimiento o estrella en el uniforme”. Sin embargo, ese día, ante el murmullo de los vecinos, ambas familias llegaron hasta el centro médico para impedir que los cuerpos fueran sepultados como no identificados.

Para Hermes, es un leve alivio que se haya hecho justicia. El Ministerio de Defensa, cumpliendo la orden judicial, reconoció a través de un aviso de prensa que “los señores Euclides Navarron Rincón y Adelmis Fuentes Torres no hacían parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte no se produjo por la acción de frentes guerrilleros o paramilitares, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial por miembros del Ejército Nacional, adscritos al Pelotón Buitre 1 del Batallón Plan Energético y Vial No. 2″.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, explicó que este acto para las víctimas del conflicto armado de la región “representa un proceso de reconciliación y paz por parte de la Fuerza Pública, de reconocer que se cometieron excesos”. También, confirmó que las familias de los dos jóvenes son campesinos de la región que se dedican a las labores de la agricultura y que han vivido otro tipo de victimizaciones en el conflicto armado.

De acuerdo con el comandante actual del Batallón, esta es la primera vez que esta unidad militar debe ofrecer excusas por un hecho relacionado con “falsos positivos”, aunque admite que en otros batallones del Ejército se han llevado a cabo actos similares por el mismo delito.

Sin embargo, el proceso judicial no ha terminado. De acuerdo con Nohemí Fuentes, hermana de Adelmis, el paso que sigue ahora será la indemnización económica que deberán recibir las familias y que tendrá que asumir el Ministerio de Defensa. El rubro se sigue definiendo en los tribunales de Valledupar.

Euclides Navarro Rincón tenía 25 años cuando terminó de prestar servicio militar en el Batallón Energético y Vial No. 2, ubicado en el municipio La Jagua de Ibirico (sur del Cesar). Su padre, Hermes Navarro, lo había enviado al Ejército para que ocupara su tiempo libre mientras le salía trabajo en las minas de carbón que atraviesan el municipio. Seis meses después de que le entregaran su libreta militar, fue asesinado por soldados que lo registraron como “miembro de un grupo armado ilegal dado de baja en combate”.

Lo mismo le pasó a Adelmis Fuentes Torres, un amigo de Euclides y quien el 14 de febrero del 2007 lo acompañó a una cita en la que les prometieron ayudarles a conseguir empleo. El encuentro fue en el barrio 17 de febrero donde, posteriormente, fueron asesinados por uniformados que luego, en los reportes militares, registraron como “guerrilleros”.

“Por fortuna, vecinos y habitantes de la zona fueron testigos del homicidio y el mismo día de los hechos se ubicaron a las afueras del hospital municipal para evitar que fueran enterrados como N.N”, cuenta Hermes Navarro. Desde ese día, las dos familias han emprendido una batalla larga para que se haga justicia por estos casos. En la mañana de este sábado, como parte de la medida de reparación integral que ordenó un Juzgado Administrativo de Valledupar, miembros del Batallón, en cabeza ahora del teniente coronel Bernardo Antonio Rozo, pidieron perdón públicamente a estas familias por los hechos cometidos hace 13 años.

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En la ceremonia, realizada a las 8:00 a.m. y que tuvo una duración de una hora, los integrantes del Ejército citaron a los familiares de las víctimas y, en presencia de la alcaldía y habitantes del municipio, reconocieron las dos ejecuciones extrajudiciales por las que hay tres militares condenados desde 2018.

El comandante Rozo, en diálogo con este diario, aseguró que “más que acatar una orden judicial es un gesto que hoy nos exige a nosotros el cambio, la evolución de la misma situación a nivel nacional. Este conflicto nos dejó muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas (...) Esto es una institución de muchísimos años, como Ejército debemos defender los derechos de los ciudadanos, entonces en el día de hoy, en un acto que se hace a forma de desagravio, intentamos reconstruir la fe y la confianza de estas familias”.

“Uno debe perdonar, entonces yo ya los perdoné, pero igual eso no me va devolver a mi hijo nunca”, dijo Hermes Navarro, horas después de la ceremonia. En la fotografía que llevó para la ceremonia, Euclides aparece Euclides, irónicamente, vestido de militar. “Yo no entiendo cómo me pudieron hacer eso y cómo me querían hacer creer que mi hijo fue guerrillero cuando recién salía del mismo Batallón”, agregó.

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Este campesino, de 66 años, narró que el mismo día que asesinaron a su hijo logró interponer una demanda contra las Fuerzas Militares por lo ocurrido: “A mí me decían que no denunciara nada porque me podían matar, pero si ya me mataron mi hijo ya qué importa si me matan a mí”. Desde entonces, un abogado particular se ofreció a llevar el caso de su hijo y el de Adelmis con el fin de demandar también contra el Estado por los hechos de ese día.

Una de las particularidades de ambos casos es que las familias lograron recuperar los cuerpos de los dos jóvenes en el hospital municipal, al que acudieron los soldados con las víctimas después del homicidio. “Ellos llevaron los cuerpos allá a que les hicieran esos estudios y los ingresaron como N.N., diciendo que habían sido dados de baja en combate como para tener una evidencia y que eso les diera algún reconocimiento o estrella en el uniforme”. Sin embargo, ese día, ante el murmullo de los vecinos, ambas familias llegaron hasta el centro médico para impedir que los cuerpos fueran sepultados como no identificados.

Para Hermes, es un leve alivio que se haya hecho justicia. El Ministerio de Defensa, cumpliendo la orden judicial, reconoció a través de un aviso de prensa que “los señores Euclides Navarron Rincón y Adelmis Fuentes Torres no hacían parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte no se produjo por la acción de frentes guerrilleros o paramilitares, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial por miembros del Ejército Nacional, adscritos al Pelotón Buitre 1 del Batallón Plan Energético y Vial No. 2″.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, explicó que este acto para las víctimas del conflicto armado de la región “representa un proceso de reconciliación y paz por parte de la Fuerza Pública, de reconocer que se cometieron excesos”. También, confirmó que las familias de los dos jóvenes son campesinos de la región que se dedican a las labores de la agricultura y que han vivido otro tipo de victimizaciones en el conflicto armado.

De acuerdo con el comandante actual del Batallón, esta es la primera vez que esta unidad militar debe ofrecer excusas por un hecho relacionado con “falsos positivos”, aunque admite que en otros batallones del Ejército se han llevado a cabo actos similares por el mismo delito.

Sin embargo, el proceso judicial no ha terminado. De acuerdo con Nohemí Fuentes, hermana de Adelmis, el paso que sigue ahora será la indemnización económica que deberán recibir las familias y que tendrá que asumir el Ministerio de Defensa. El rubro se sigue definiendo en los tribunales de Valledupar.