En aumento violencia política en municipios priorizados para la paz
Desde octubre de 2018, el 70 % de los asesinatos de líderes políticos y sociales han ocurrido en las regiones en que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Sebastián Forero Rueda / @SebastianForerr
El próximo 27 de octubre el país vivirá las primeras elecciones locales y regionales desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. Será también la primera vez que integrantes de la antigua guerrilla y hoy partido político apuesten por una alcaldía o una gobernación, luego de haber probado sus fuerzas ya en unas elecciones legislativas. Si bien las ocasiones en que los ciudadanos han acudido a las urnas desde que las Farc dejaron las armas se han producido en un escenario más pacífico de lo que fue en otros tiempos, la antesala de esta campaña electoral que ya está en marcha manda un mensaje de alerta.
La advertencia ya la hizo la Misión de Observación Electoral (MOE), que alertó sobre el hecho de que las agresiones a líderes políticos en el marco de la campaña electoral empezaron antes de lo que se registró en las elecciones de 2015. Para entonces, los primeros hechos violentos empezaron a registrarse en febrero mientras que en la actual campaña la entidad ha registrado agresiones desde noviembre de 2018 (un mes después de que iniciara el calendario electoral) y asesinatos a precandidatos desde enero.
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Uno de esos primeros homicidios contra un precandidato a alcaldía se registró el primero de febrero con el asesinato de Herney Castrillón Gutiérrez, quien aspiraba al cargo en San José de Uré, sur de Córdoba. Su caso era sintomático: la violencia política en el marco de la campaña electoral parece estar concentrándose justamente en aquellas zonas que el Acuerdo de Paz priorizó para la transformación del territorio, debido a las afectaciones especiales que sufrieron por el conflicto armado.
El mecanismo derivado de lo pactado en La Habana para la priorización de esos territorios fueron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), estipulados en el primer punto del Acuerdo. En total fueron 16 a nivel nacional las zonas priorizadas para ejecutar esos programas, que obedecen a aquellas que para el país son simbólicas de la guerra: los Montes de María, el Catatumbo, el norte del Cauca y el Urabá antioqueño, por poner algunos ejemplos.
Así, esas zonas se convierten en el centro de la atención de la institucionalidad estatal, al menos por la siguiente década, tiempo estipulado para revertir la deuda histórica del Estado con esos territorios. Sin embargo, el más reciente informe de la MOE sobre violencia política, con corte al 28 de marzo, reveló que del total de los asesinatos contra líderes políticos y sociales el 70 % han ocurrido en las zonas PDET. 12 de esas 16 regiones han presentado algún tipo de agresión considerada por la entidad como violencia política, es decir, aquella dirigida a quienes ejercen un liderazgo social en el territorio y a quienes aspiran a cargos de elección popular o son dirigentes de partidos, colectividades o movimientos políticos.
Cuatro son las regiones señaladas por la MOE como críticas, todas ellas coincidentes con zonas priorizadas para la construcción de paz. La más alarmante, el norte del Cauca, que registra 19 agresiones, nueve de ellas asesinatos, desde el 27 de octubre de 2018. No se quedan atrás el Catatumbo (escenario de confrontación armada entre el Eln y el Epl durante casi todo el año pasado), el sur de Córdoba y el norte de Chocó.
No es nuevo que sean estos territorios los que estén concentrando los indicadores más altos de violencia en el país, pero esta sí ha venido en aumento en estas zonas. “Venimos haciendo el seguimiento desde enero de 2016 y durante todo ese año, en 2017 y en 2018, el porcentaje de las víctimas totales de violencia contra líderes en estas regiones era del 30 %. Si mirábamos solo los atentados y los asesinatos, la cifra aumentaba al 50 %. Pero esa proporción ha aumentado durante la campaña electoral. Ahora hablamos del 50 % de la violencia contra líderes concentrada en las regiones PDET y el 70 % de los hechos letales (asesinatos) a nivel nacional, ocurridos en estas zonas”, explica Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE.
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Para Vargas, la situación refleja “la ingenuidad del gobierno anterior y la inacción del gobierno actual”. Por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, porque lo estipulado en el Acuerdo de La Habana traía una apuesta muy ambiciosa para ejecutar en un período muy corto. Y a su vez, el gobierno Duque aún no pone en marcha varias de las principales reformas acordadas, como la reforma rural integral, cuyo atraso en su implementación incide considerablemente en la violencia ejercida en el campo.
Pero, además, en el Acuerdo de Paz se habían dejado explícitos varios mecanismos para dar garantías de seguridad en el ejercicio de la política y brindar protección a quienes ejercen liderazgos sociales en los territorios. Mecanismos cuyo funcionamiento hoy es incierto. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Garantías, que según han denunciado distintas plataformas de derechos humanos, ha sido convertida en un órgano consultivo y no tiene una incidencia real, o el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado en el decreto 895 de 2017, que hoy no está funcionando.
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Por su parte, el mecanismo que sí ha impulsado el Gobierno para la protección de líderes sociales, el Plan de Acción Oportuna (PAO), ha sido fuertemente criticado desde distintos sectores básicamente por su énfasis militarista y por excluir a la sociedad civil de la formulación de la política pública para protección. En ese contexto, el recargado papel que se le deja a la Unidad Nacional de Protección (UNP) es peligroso, advierte Vargas, porque “si la UNP vive desbordada, esa situación va a ser aún peor en época electoral”.
Frente a ese panorama, el consejero para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, aseguró que la directriz del presidente ha sido la de la intervención integral en los territorios, en este caso de las regiones PDET. “La intervención integral está plasmada en la política de paz con legalidad, en la política de seguridad y en la de la lucha contra las drogas. En eso este gobierno ha sido claro”.
Primeras elecciones regionales de la Farc
Hace poco menos de una semana, Joaquín Gómez, excomandante histórico de las Farc que hoy lidera la reincorporación de la exguerrilla en La Guajira, denunció ante la Procuraduría ser víctima de una persecución por parte de inteligencia militar y de presuntos intentos de montajes judiciales en su contra. El hecho manda un mensaje de alerta teniendo en cuenta que se trata de quien ha sonado ya con fuerza como aspirante a la Gobernación de La Guajira.A su vez, de acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, al menos 100 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016. Centenar que se cumplió con el asesinato a manos del Ejército Nacional de Dimar Torres, en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander.
Frente a ese panorama, la visión desde el partido político de la exguerrilla no es muy optimista. “Realmente estamos muy preocupados en el partido por las condiciones de seguridad, porque es evidente que entre más se comienzan a aproximar las campañas, se va deteriorando el ambiente de seguridad en los territorios”, explica Carlos Antonio Lozada, senador de la Farc.
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Para el congresista, el actual contexto no ofrece garantías reales de seguridad no solo para los integrantes de su partido, sino “en general para los movimientos locales, comunitarios y alternativos, que son los que finalmente tienen gran incidencia en las elecciones de octubre”. En ese contexto, Lozada aseguró que van a pedir un recurso de amparo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual están ultimando los detalles jurídicos requeridos.
Por otra parte, Lozada explicó que en medio de ese contexto siguen avanzando en la estrategia de campaña de cara a las elecciones y para ello, dijo, ya cuentan con direcciones departamentales de partido en 25 departamentos, que plantean extender a nivel municipal. Sin embargo, dejó ver que en términos de convergencias se han enfrentado a una difícil situación. “Incluso en los sectores que nos acompañan en la lucha por la paz hemos encontrado resistencias para avanzar en acuerdos con nosotros porque se cae en el cálculo matemático electoral y se llega a la conclusión de que ser aliado de las Farc quita votos”.
El próximo 27 de octubre el país vivirá las primeras elecciones locales y regionales desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. Será también la primera vez que integrantes de la antigua guerrilla y hoy partido político apuesten por una alcaldía o una gobernación, luego de haber probado sus fuerzas ya en unas elecciones legislativas. Si bien las ocasiones en que los ciudadanos han acudido a las urnas desde que las Farc dejaron las armas se han producido en un escenario más pacífico de lo que fue en otros tiempos, la antesala de esta campaña electoral que ya está en marcha manda un mensaje de alerta.
La advertencia ya la hizo la Misión de Observación Electoral (MOE), que alertó sobre el hecho de que las agresiones a líderes políticos en el marco de la campaña electoral empezaron antes de lo que se registró en las elecciones de 2015. Para entonces, los primeros hechos violentos empezaron a registrarse en febrero mientras que en la actual campaña la entidad ha registrado agresiones desde noviembre de 2018 (un mes después de que iniciara el calendario electoral) y asesinatos a precandidatos desde enero.
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Uno de esos primeros homicidios contra un precandidato a alcaldía se registró el primero de febrero con el asesinato de Herney Castrillón Gutiérrez, quien aspiraba al cargo en San José de Uré, sur de Córdoba. Su caso era sintomático: la violencia política en el marco de la campaña electoral parece estar concentrándose justamente en aquellas zonas que el Acuerdo de Paz priorizó para la transformación del territorio, debido a las afectaciones especiales que sufrieron por el conflicto armado.
El mecanismo derivado de lo pactado en La Habana para la priorización de esos territorios fueron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), estipulados en el primer punto del Acuerdo. En total fueron 16 a nivel nacional las zonas priorizadas para ejecutar esos programas, que obedecen a aquellas que para el país son simbólicas de la guerra: los Montes de María, el Catatumbo, el norte del Cauca y el Urabá antioqueño, por poner algunos ejemplos.
Así, esas zonas se convierten en el centro de la atención de la institucionalidad estatal, al menos por la siguiente década, tiempo estipulado para revertir la deuda histórica del Estado con esos territorios. Sin embargo, el más reciente informe de la MOE sobre violencia política, con corte al 28 de marzo, reveló que del total de los asesinatos contra líderes políticos y sociales el 70 % han ocurrido en las zonas PDET. 12 de esas 16 regiones han presentado algún tipo de agresión considerada por la entidad como violencia política, es decir, aquella dirigida a quienes ejercen un liderazgo social en el territorio y a quienes aspiran a cargos de elección popular o son dirigentes de partidos, colectividades o movimientos políticos.
Cuatro son las regiones señaladas por la MOE como críticas, todas ellas coincidentes con zonas priorizadas para la construcción de paz. La más alarmante, el norte del Cauca, que registra 19 agresiones, nueve de ellas asesinatos, desde el 27 de octubre de 2018. No se quedan atrás el Catatumbo (escenario de confrontación armada entre el Eln y el Epl durante casi todo el año pasado), el sur de Córdoba y el norte de Chocó.
No es nuevo que sean estos territorios los que estén concentrando los indicadores más altos de violencia en el país, pero esta sí ha venido en aumento en estas zonas. “Venimos haciendo el seguimiento desde enero de 2016 y durante todo ese año, en 2017 y en 2018, el porcentaje de las víctimas totales de violencia contra líderes en estas regiones era del 30 %. Si mirábamos solo los atentados y los asesinatos, la cifra aumentaba al 50 %. Pero esa proporción ha aumentado durante la campaña electoral. Ahora hablamos del 50 % de la violencia contra líderes concentrada en las regiones PDET y el 70 % de los hechos letales (asesinatos) a nivel nacional, ocurridos en estas zonas”, explica Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE.
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Para Vargas, la situación refleja “la ingenuidad del gobierno anterior y la inacción del gobierno actual”. Por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, porque lo estipulado en el Acuerdo de La Habana traía una apuesta muy ambiciosa para ejecutar en un período muy corto. Y a su vez, el gobierno Duque aún no pone en marcha varias de las principales reformas acordadas, como la reforma rural integral, cuyo atraso en su implementación incide considerablemente en la violencia ejercida en el campo.
Pero, además, en el Acuerdo de Paz se habían dejado explícitos varios mecanismos para dar garantías de seguridad en el ejercicio de la política y brindar protección a quienes ejercen liderazgos sociales en los territorios. Mecanismos cuyo funcionamiento hoy es incierto. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Garantías, que según han denunciado distintas plataformas de derechos humanos, ha sido convertida en un órgano consultivo y no tiene una incidencia real, o el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado en el decreto 895 de 2017, que hoy no está funcionando.
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Por su parte, el mecanismo que sí ha impulsado el Gobierno para la protección de líderes sociales, el Plan de Acción Oportuna (PAO), ha sido fuertemente criticado desde distintos sectores básicamente por su énfasis militarista y por excluir a la sociedad civil de la formulación de la política pública para protección. En ese contexto, el recargado papel que se le deja a la Unidad Nacional de Protección (UNP) es peligroso, advierte Vargas, porque “si la UNP vive desbordada, esa situación va a ser aún peor en época electoral”.
Frente a ese panorama, el consejero para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, aseguró que la directriz del presidente ha sido la de la intervención integral en los territorios, en este caso de las regiones PDET. “La intervención integral está plasmada en la política de paz con legalidad, en la política de seguridad y en la de la lucha contra las drogas. En eso este gobierno ha sido claro”.
Primeras elecciones regionales de la Farc
Hace poco menos de una semana, Joaquín Gómez, excomandante histórico de las Farc que hoy lidera la reincorporación de la exguerrilla en La Guajira, denunció ante la Procuraduría ser víctima de una persecución por parte de inteligencia militar y de presuntos intentos de montajes judiciales en su contra. El hecho manda un mensaje de alerta teniendo en cuenta que se trata de quien ha sonado ya con fuerza como aspirante a la Gobernación de La Guajira.A su vez, de acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, al menos 100 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016. Centenar que se cumplió con el asesinato a manos del Ejército Nacional de Dimar Torres, en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander.
Frente a ese panorama, la visión desde el partido político de la exguerrilla no es muy optimista. “Realmente estamos muy preocupados en el partido por las condiciones de seguridad, porque es evidente que entre más se comienzan a aproximar las campañas, se va deteriorando el ambiente de seguridad en los territorios”, explica Carlos Antonio Lozada, senador de la Farc.
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Para el congresista, el actual contexto no ofrece garantías reales de seguridad no solo para los integrantes de su partido, sino “en general para los movimientos locales, comunitarios y alternativos, que son los que finalmente tienen gran incidencia en las elecciones de octubre”. En ese contexto, Lozada aseguró que van a pedir un recurso de amparo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual están ultimando los detalles jurídicos requeridos.
Por otra parte, Lozada explicó que en medio de ese contexto siguen avanzando en la estrategia de campaña de cara a las elecciones y para ello, dijo, ya cuentan con direcciones departamentales de partido en 25 departamentos, que plantean extender a nivel municipal. Sin embargo, dejó ver que en términos de convergencias se han enfrentado a una difícil situación. “Incluso en los sectores que nos acompañan en la lucha por la paz hemos encontrado resistencias para avanzar en acuerdos con nosotros porque se cae en el cálculo matemático electoral y se llega a la conclusión de que ser aliado de las Farc quita votos”.