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Con el asesinato de Mario Chilhueso Cruz en zona rural de Buenos Aires (norte del Cauca),ya son tres los homicidios contra líderes sociales que se han registrado en menos de 72 horas en este departamento del sur de Colombia. El domingo pasado, a las 5 de la mañana, su cuerpo recibió múltiples impactos de bala, en la cabeza y el cuello, mientras recogía las mulas con las que viajaría hacia la región del Naya esa madrugada. Campesinos de la zona lo encontraron tirado en el potrero y avisaron a las autoridades. Chilhueso era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas de Buenos Aires (ASTCAP) y del movimiento social Marcha Patriótica, cuyos integrantes denunciaron los hechos y pidieron apoyo a las autoridades tras el impacto que ha generado en el resto de los líderes sociales que pertenecen a estas organizaciones.
El viernes 17 de abril también fue ultimado a tiros el esposo de la presidenta del comité de deportes del Tambo (Cauca) e integrante de la Asociación Nacional Campesina (CNA), por sicarios que llegaron a su vivienda. Andrés Adrelio Cansimanse era campesino de la vereda Honduras en donde finalmente murió. Horas más tarde, pero unos kilómetros más adentro de la selva que cubre al Tambo, fue asesinado Teodomiro Sotello Anacona, líder del consejo comunitario afrodescendiente Renacer del Micay; también integrante del CNA y vocero de la mesa alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito. A Sotello lo mataron delante de su familia y trabajadores.
(También lea: “Dígales que la orden es tumbarlos”: ultimátum a tres líderes sociales de Putumayo)
El pasado domingo, en horas de la noche y después de estos lamentables hechos, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, escribió a través de su cuenta de Twitter otro hecho contra líderes sociales en el Cauca, lo que refleja el panorama que están viviendo estos defensores de sus comunidades:
— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) April 20, 2020 Por todo esto, Colombia2020 habló con Cristian Delgado, vocero de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes del suroccidente colombiano, quien ha venido denunciando estos hechos y otras agresiones contra dirigentes sociales luego del proceso de paz. Con él hablamos sobre quiénes son los asesinos y cuáles son las razones para que las agresiones contra los líderes no se detengan.
¿Quién era Mario Chilhueso Cruz, el líder asesinado en Buenos Aires el domingo pasado?
Era un líder campesino y defensor de derechos humanos, que vivía en el municipio de Buenos Aires, en la vereda Los Robles. Trabajaba como arriero de mulas hacia la región del Naya y por su liderazgo fue nombrado presidente de una de las asociaciones campesinas de la región. Chilhueso reportó algunas situaciones de amenazas precisamente por impulsar zonas de reserva campesina al interior de esta región. Recientemente, por un convenio que hubo con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) se estaba adelantando un proceso de restitución de tierras. Había sido delegado para participar en las reuniones de la coordinación de la Marcha Patriótica en el Cauca. Antes de asesinarlo, le mandaron razones de que lo iban a acribillar, de que se tenía que ir de la zona. Un día me contó que saliendo en mula del Naya se encontró una persona desconocida que lo abordó y quien, mientras lo amenazó, dejó caer al piso su arma de fuego con la que le sentenció su muerte. Hace poco, también reportó amenazas ante la Defensoría del Pueblo.
¿Existe alguna hipótesis sobre los móviles del crimen?
No que yo sepa. Sin embargo, hay que señalar que en esa históricamente ha hecho presencia la Fuerza de Despliegue Rápido de Ejercito y otras tropas oficiales. Además, existen múltiples actores armados: se habla de presencia de la Nueva Marquetalia, de la columna Jaime Martínez de las disidencias y, hasta, del ELN y del EPL.
¿Cuál es la situación de los líderes sociales en Buenos Aires (Cauca) luego de este homicidio?
Hay preocupación porque no es el único hecho que ha empañado de miedo ese territorio. Allá también se han registrado en los últimos meses homicidios contra excombatientes de las Farc asentados en el Espacio de Reincorporación de la vereda La Elvira, que está cerca a la vereda Los Robles donde vivía Mario Chilhueso, y cuya ubicación estratégica es camino obligado para entrar a la región del Naya y al Pacífico caucano a lomo de mula. Este también es un corredor que comunica con los municipios de El Tambo y Argelia, a través del cañón del río Micay. Solo en el último mes en el Cauca se han registrado cuatro homicidios contra defensores de derechos humanos, lo cual constituye a este departamento como el más violento contra esta población.
¿Quiénes son los líderes asesinados y por qué los están matando?
Mario Chilhueso Cruz, asesinado el domingo 19 de abril; Andrés Adrelio Cansimanse y Teodomiro Sotello Anacona, asesinados el 17 de abril; y, Hamilton Gasca Ortega, asesinado el 4 de este mes en Piamonte junto con dos de sus hijos. Las organizaciones sociales del Cauca hemos señalado que son defensores del Acuerdo de Paz los que están siendo asesinados; los que vienen socializando el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, los que defienden la tierra y el territorio.
¿Qué se sabe de los otros dos líderes asesinados en El Tambo (Cauca) el viernes pasado?
Sabemos que eran integrantes del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario, que eran defensores de derechos humanos que, según la información de la zona, fueron asesinados por integrantes de grupos armados residuales. Hay que señalar que en este momento existe una disputa fuerte por el control territorial entre grupos armados ilegales en una zona de control militar, lo cual es una contradicción porque se supone que si existe un control militar no debería haber presencia y control de grupos armados irregulares. Pero estos territorios no solo necesitan presencia militar, sino presencia del Estado de manera integral, en eso seguiremos insistiendo.
¿Quiénes están detrás las amenazas, por ejemplo, contra los líderes sociales en Argelia (Cauca)? El Ministro de Defensa dijo que la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo evacuaron a dos de ellos por su inminente riesgo.
Hemos venido insistiendo que quienes están detrás de estos crímenes son los traficantes de la vida, son personas que están azuzando para que asesinen a los líderes sociales en los territorios con unos intereses políticos y económicos, legales e ilegales. En este momento lo que existe en estos territorios es una disputa de poder, y en esa disputa, no hay que centrarse solamente en quien dispara, sino en quien paga y azuza para que eso suceda. Hay muchas versiones, el problema es cómo probarlo. La gente en los territorios se pregunta: ¿cómo hizo el ELN para permanecer tanto tiempo en Argelia, sino fue pagándole al Ejército? ¿Cómo hicieron las disidencias para entrar a Argelia sino fue por un narco del municipio del Patía que le dio plata a un militar a Bogotá? El problema es que no hay como probarlo, pero, como decían los abuelos, “cuando el río suena es porque piedras lleva”.
La organización Somos Defensores afirma que las amenazas contra líderes en el primer trimestre de 2019 fueron cerca de 207, doblando las del año 2018. Estas amenazas, dice la organización, se están materializando hoy en muchos territorios. ¿Qué tanto de esto ocurre en el Cauca?
En el Cauca ha cambiado el modus operandi de amenazas y asesinatos a los líderes sociales. Antes, era a través de panfletos que circulaban por las redes sociales, pero ya casi no se ven. Y eso ha cambiado porque los grupos armados ahora abordan al líder, al defensor y le dicen que se tiene que ir del territorio. O salen comunicados de estructuras que se presentan como ilegales, o son ilegales, y hacen señalamientos contra los líderes y los pone en grave riesgo. Ese tipo de agresiones si se han incrementado tanto en el norte del Cauca, como en los municipios de Suárez y Buenos Aires, como en el sur del Cauca.
¿El Estado está garantizando la protección a los líderes sociales amenazados en el Cauca?
No hay implementación de la normativa en materia de garantías, las medidas de protección material tienen serias dificultades para materializarse en el departamento, el Estado se niega a avanzar en las medidas de protección colectivas y la ministra del Interior, Alicia Arango, está desfigurando lo que habíamos construido en esa materia. No hay un reconocimiento a las medidas comunitarias como las guardias indígenas y cimarronas, por ejemplo. Y, frente a esquemas de seguridad urgentes para algunos líderes, los tramites son engorrosos para que se adopten. Como miembros de la mesa de concertación que tenemos los movimientos sociales del Cauca con el Gobierno, venimos desde hace diez meses insistiendo en una reunión con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque los funcionarios de menos rango dicen que no pueden tomar decisiones; incluso, hemos insistido en unas reuniones virtuales para comentarle la situación, pero no ha sido posible.