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Cuatro municipios del departamento de Córdoba (Montería, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure) concentraron el 20 % de los 1.020 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que se presentaron en todo el país desde la firma del Acuerdo de Paz. En total, 194 registros se dieron en esas zonas desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2020.
Algunas denuncias también apuntan a que en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta estos grupos tienen centros de entrenamiento como los que tenían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, que usaban fincas en la región para dar capacitaciones militares y de inteligencia a sus combatientes.
Estas cifras y denuncias fueron recogidas en una investigación publicada esta semana por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO), que también advierte que hay un 77 % de subregistro en los casos de reclutamiento forzado, es decir, que las cifras podrían ser mucho mayores a las reportadas. Para Julia Castellanos, del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico, la gravedad del hecho se suma a que no existen las garantías de seguridad para que las familias y jóvenes víctimas denuncien este crimen en territorios controlados por grupos armados ilegales.
Además, la Coalico ha denunciado que existen muchos vacíos en la ruta de atención a las víctimas de reclutamiento, haciendo que las familias prefieran, en la mayoría de los casos, no acudir a las autoridades. La situación en Córdoba es particularmente compleja, debido a que el departamento es centro de disputas entre el Eln y organizaciones criminales, como las Agc o Clan del Golfo, que quieren tener el control territorial para el comercio ilegal de drogas y armas, así como la trata de personas.
(Lea: Las Farc reclutaron sistemáticamente menores de edad, Procuraduría dice a la JEP)
José*, un líder juvenil de San José de Ure, denuncia que una de las formas como los grupos ganan control territorial es con el número de personas adheridas. En las cabeceras municipales, afirma el líder juvenil, atraen a los jóvenes con trabajos los fines de semana, en los que les pagan hasta $600.000, una cantidad de dinero que no conseguirían trabajando como vendedores, mensajeros o “panfleteros” de negocios comerciales. Además, explica que cada grupo paga diferentes sumas de dinero y así se “pelean” a los jóvenes. De acuerdo con José, las actividades que les delegan son sencillas: entregar panfletos o avisar quién entra y sale de determinado lugar. Sin embargo, eventualmente las obligaciones van cambiando al punto de que los jóvenes se ven obligados a abandonar el colegio y entrar “formalmente” a las filas del grupo.
Los profesores de secundaria han sido líderes en la prevención del reclutamiento desde sus aulas de clase, pero en algunas ocasiones eso les ha costado amenazas a ellos, a sus familias y a sus estudiantes. Javier Riveros, docente en Montelíbano, cuenta que algunos colegas denunciaban que para asistir a reuniones sobre derechos humanos tenían que pedir permiso a los rectores y también “al capo de la zona”. Además, afirman que sigue habiendo caminos cooptados por los grupos armados, como el que hay entre San José de Ure y el Nudo de Paramillo. Para pasar hay que pedir permiso a los jefes de estas organizaciones ilegales.
Comunidades indígenas, en alto riesgo
Las comunidades indígenas embera-katío y zenú, que habitan este territorio, se han visto especialmente afectadas por el reclutamiento forzado. Leyder Domicó, joven estudiante embera-katío, dice que para los jóvenes de su resguardo es muy tentador entrar a las filas de un grupo armado, porque después de la primaria es muy difícil continuar estudiando: “Para llegar a la secundaria más cercana hay que ir dos horas en carro hasta un corregimiento donde después hay que embarcarse hasta otro punto y de ahí caminar a Tierralta. El viaje no se hace en un día y es costoso”, explica. Las necesidades económicas en estas comunidades hacen que la opción de irse sea muy atractiva, a cambio de un salario que les ofrecen los grupos armados.
Además, las estructuras de liderazgo de varios pueblos indígenas se han debilitado porque le han hecho frente a la presencia constante de los grupos armados que limitan sus actividades tradicionales, y por eso se han convertido en blanco de amenazas y asesinatos. Leyder afirma que antes, cuando las Farc se llevaban a un joven, la Guardia Indígena Katío y los mayores lo iban a buscar, la guerrilla se los devolvía y el menor quedaba a merced de la justicia tradicional. Ahora los líderes no buscan a los adolescentes que se unen a las filas de los grupos y es muy difícil seguirles el rastro. Si los jóvenes vuelven, las familias prefieren salir del territorio por miedo a las represalias del grupo o a que los jóvenes sean reclutados de nuevo. Si vuelven, las familias prefieren salir del territorio por miedo a las represalias del grupo o a que los jóvenes sean reclutados de nuevo.
Aunque es difícil precisar las cifras, los expertos afirman que son recurrentes los casos en que niñas y mujeres jóvenes han entrado a formar parte de los grupos armados ilegales. Leyder dice haber visto casos así en su resguardo: “Niñas que se iban a los grupos, pues de lo contrario iban a terminar casándose y teniendo hijos desde muy jóvenes, y no querían eso”. Según Julia Castellanos, el reclutamiento de niñas y mujeres conlleva otros factores de riesgo, como la violencia sexual y reproductiva.
(Vea también: “Los retornos a colegios no están siendo seguros por los actores armados”: Coalico)
José, el líder juvenil de San José de Uré, también ha visto a familias enteras que han tenido que salir desplazadas de sus casas para proteger a sus hijos que se vincularon con los grupos inicialmente a través de actividades “sencillas”, pero que luego se negaron a ir a los campos de entrenamiento. Otras familias con hijos más pequeños también han decidido salir al ver que los grupos armados les regalan drogas a los jóvenes para atraerlos a las filas.
Julia Castellanos dice que la respuesta del Estado hasta ahora ha sido la presencia militar y que eso no es suficiente. En cambio, líderes como José y Leyder le están apostando al arte y el fortalecimiento cultural para mostrarles a otros jóvenes posibilidades de proyectos de vida fuera de la ilegalidad. Sin embargo, reclaman que necesitan apoyo institucional, y, sobre todo, que se implementen como es debido los Acuerdos y se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir en paz. Castellanos señala que, hasta ahora, la respuesta del Estado a esta problemática ha sido la presencia militar y que eso no es suficiente. Líderes como José y Leyder les están apostando al arte y fortalecimiento cultural para mostrarles a otros jóvenes posibilidades de proyectos de vida fuera de la ilegalidad. Sin embargo, reclaman que necesitan ayuda institucional y que se cumplan los Acuerdos de Paz.
*Algunos nombres en este texto fueron cambiados por motivos de seguridad.