“En el Cauca estamos viviendo dos pandemias”: Gobernador

Algo se está haciendo mal en el Cauca y el Gobierno aún no sabe qué es. Lo dijo la misma ministra del Interior, Alicia Arango, durante el debate de control político que se realizó la semana pasada en el Congreso a raíz del recrudecimiento de la violencia en el departamento en medio de la cuarentena y la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los muertos se cuentan casi a diario en los municipios, hay comunidades confinadas y la crisis humanitaria, en un departamento que por décadas ha sido epicentro del conflicto armado, viene empeorando desde hace por lo menos un mes.

Desde las comunidades los líderes sociales han denunciado amenazas, ataques, asesinatos y masacres por parte de grupos ilegales que ahora, con el aislamiento obligatorio, han comenzado a ejercer controles sociales en las poblaciones, determinando incluso horarios y reglas para abastecerse o salir a la calle. Eso teniendo en cuenta que, según las autoridades, en el departamento hacen presencia por lo menos 10 estructuras ilegales -entre Eln, Clan del Golfo, disidencias de las Farc e incluso los Pelusos, disidencia del Epl- que pescando en río revuelto han aprovechado la emergencia para ampliar sus zonas de dominio entrando en disputas por los territorios.

El gobernador del departamento, Elías Larrahondo, reconoce que aunque el Cauca es uno de los departamentos con más presencia de Fuerza Pública en el país, la militarización no ha dado los resultados esperados y la crisis humanitaria está empeorando. El reclamo sigue siendo el mismo de las últimas décadas: atención e inversión social.

¿Cómo se explica la nueva ola de violencia que vive el departamento?

Desde comienzos del año se pudo evidenciar un poco el recrudecimiento del conflicto armado, pero es muy notorio que en los últimos 15 días se presentaron más casos: un muerto en Caloto, tres en Buenos Aires, cuatro en El Tambo y en la misma semana cuatro en Mercaderes. El Cauca históricamente ha tenido presencia de grupos al margen de la ley. Después de la firma del Acuerdo de Paz hubo una tensa calma y bajaron los enfrentamientos, pero los grupos se reacomodaron y con el problema que tenemos de cultivos ilícitos el tema del narcotráfico volvió a agarrar fuerza. Ahora hay presencia de varios grupos de disidencia de las Farc, el Eln y otros grupos armados organizados, que se disputan el territorio. El departamento tiene más de 7.000 hectáreas de coca, básicamente en toda la cordillera Occidental, pero también tiene 300 hectáreas de marihuana en municipios del norte, más hacia la cordillera Central. Esto ha generado que aumenten los enfrentamientos y hay desplazamientos, amenazas y muerte de líderes sociales que viven en estas zonas.

¿Tienen identificados a los grupos y cómo están operando?

Sí, sabemos que las disidencias de las Farc están operando de forma independiente. Entonces encontramos que en el norte de la cordillera Occidental, en los municipios de Suárez y Buenos Aires, funciona el grupo residual Jaime Martínez; mientras que hacia Caloto, Corinto, Miranda y Toribío opera la Dagoberto Ramos; hacia el sur, en los municipios de López de Micay, El Tambo y Argelia, hace presencia la Carlos Patiño. Eso en cuanto a disidencias. Respecto al Eln, sabemos que están en el norte, hacia los municipios de Toribío, Corinto y Miranda, en donde opera la Milton Hernández; hacia la zona del macizo está la Manuel Vásquez y en los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay opera la José María Becerra.

En algunos municipios hay denuncias de controles que están haciendo estos grupos en medio de la pandemia. ¿Qué están haciendo las autoridades en estos casos?

Sabemos que ha habido panfletos de estos grupos, sobre todo de las estructuras de disidencia de las Farc, a través de los cuales hacen llamados a las comunidades para que no salgan. No tenemos conocimiento de controles que ellos adelanten más allá del tránsito que hacen por estos sectores en los que delinquen.

¿Cómo se explica este fenómeno siendo el departamento uno de los más militarizados del país?

No se puede negar que la Fuerza Pública ha tenido resultados y que se ha ido avanzando en los golpes a estos grupos al margen de la ley, pero también desde el mismo Gobierno Nacional ha habido un reconocimiento de que no es suficiente lo que se hace en el departamento, porque las cifras muestran que se siguen presentando hechos de violencia. Nuestra reclamación desde el gobierno departamental es que se aumente la protección de los líderes sociales. Somos el departamento con el mayor número de líderes asesinados. En este año llevamos reportados 14, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Necesitamos inversión social en materia productiva, y ahora que vamos a encaminarnos a la reactivación económica, creo que es una oportunidad para formalizar las economías rurales y poder ir haciendo el tránsito de todos estos cultivos ilícitos a las cadenas productivas legales que tenemos acá en el departamento, como el café, la quinua, el aguacate y la papa.

¿Cómo está trabajando la Gobernación con las zonas rurales para atender la contingencia por el coronavirus?

El Cauca tiene la particularidad de los grupos étnicos y las organizaciones sociales, con ellos se está trabajando en unos puestos de prevención y de desinfección, lo que implica que para entrar a la gran mayoría de los municipios hay unos controles comunitarios con sus mecanismos de bioseguridad, haciendo desinfección a los vehículos, a la gente y haciendo control a los que no tengan relación con la comunidad. Para efectos de la pandemia, el CRIC ha concertado de manera directa con el Gobierno Nacional y firmaron un convenio en el que a ellos se les adjudicaban 137 mil ayudas. En el caso del Cauca, que es muy rural y la producción es muy agropecuaria, lo que hay que ver es cómo se puede avanzar con algunas cosechas, como la del café, que se viene ahorita en junio y de la que viven 90 mil familias del departamento. Entonces hay que entrar a concertar con ellos cómo se puede ir avanzando en esa materia teniendo todos los controles que han sido efectivos.

Y en términos de red hospitalaria ¿cómo se han preparado?

Tenemos tan solo dos hospitalizados de manera que eso nos ha permitido poder atender dentro de la red normal. El Cauca tiene en cada uno de sus municipios un hospital de primer nivel para la atención básica. Tenemos en el norte del departamento el Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao, que es de mediana complejidad; y en Popayán tenemos el Susana López, que es de mediana complejidad y el cabeza de red que es el San José. En estos momentos estamos haciendo dos cosas: uno hicimos un convenio con el Susana López para hacer una adecuación física y de dotación para 90 camas es un convenio de $12.500 millones en el cual el Susana aporta el 40% y la Gobernación, con recursos propios el 60%. El Gobierno Nacional anunció también la adjudicación de 83 respiradores para la adecuación dé las UCI y estos se entregarían unos a finales de mayo y unos en octubre. Esos son los alistamientos pero estamos trabajando muy fuerte en el tema de prevención. Producto de ello es que a la fecha solo reportemos 42 casos positivos. Tenemos cuatro muertos, pero no son cifras tan altas como las de otros departamentos como Nariño y el Valle. Creamos un comité de expertos con investigadores de la universidad del Cauca, gerentes de clínicas, epidemiólogos de acá de la región, con ellos permanentemente estamos mirando cuál es el comportamiento de la pandemia. Creamos también la sala Covid y estamos revisando los casos sospechosos que la gente nos reporte.

Algo se está haciendo mal en el Cauca y el Gobierno aún no sabe qué es. Lo dijo la misma ministra del Interior, Alicia Arango, durante el debate de control político que se realizó la semana pasada en el Congreso a raíz del recrudecimiento de la violencia en el departamento en medio de la cuarentena y la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los muertos se cuentan casi a diario en los municipios, hay comunidades confinadas y la crisis humanitaria, en un departamento que por décadas ha sido epicentro del conflicto armado, viene empeorando desde hace por lo menos un mes.

Desde las comunidades los líderes sociales han denunciado amenazas, ataques, asesinatos y masacres por parte de grupos ilegales que ahora, con el aislamiento obligatorio, han comenzado a ejercer controles sociales en las poblaciones, determinando incluso horarios y reglas para abastecerse o salir a la calle. Eso teniendo en cuenta que, según las autoridades, en el departamento hacen presencia por lo menos 10 estructuras ilegales -entre Eln, Clan del Golfo, disidencias de las Farc e incluso los Pelusos, disidencia del Epl- que pescando en río revuelto han aprovechado la emergencia para ampliar sus zonas de dominio entrando en disputas por los territorios.

El gobernador del departamento, Elías Larrahondo, reconoce que aunque el Cauca es uno de los departamentos con más presencia de Fuerza Pública en el país, la militarización no ha dado los resultados esperados y la crisis humanitaria está empeorando. El reclamo sigue siendo el mismo de las últimas décadas: atención e inversión social.

¿Cómo se explica la nueva ola de violencia que vive el departamento?

Desde comienzos del año se pudo evidenciar un poco el recrudecimiento del conflicto armado, pero es muy notorio que en los últimos 15 días se presentaron más casos: un muerto en Caloto, tres en Buenos Aires, cuatro en El Tambo y en la misma semana cuatro en Mercaderes. El Cauca históricamente ha tenido presencia de grupos al margen de la ley. Después de la firma del Acuerdo de Paz hubo una tensa calma y bajaron los enfrentamientos, pero los grupos se reacomodaron y con el problema que tenemos de cultivos ilícitos el tema del narcotráfico volvió a agarrar fuerza. Ahora hay presencia de varios grupos de disidencia de las Farc, el Eln y otros grupos armados organizados, que se disputan el territorio. El departamento tiene más de 7.000 hectáreas de coca, básicamente en toda la cordillera Occidental, pero también tiene 300 hectáreas de marihuana en municipios del norte, más hacia la cordillera Central. Esto ha generado que aumenten los enfrentamientos y hay desplazamientos, amenazas y muerte de líderes sociales que viven en estas zonas.

¿Tienen identificados a los grupos y cómo están operando?

Sí, sabemos que las disidencias de las Farc están operando de forma independiente. Entonces encontramos que en el norte de la cordillera Occidental, en los municipios de Suárez y Buenos Aires, funciona el grupo residual Jaime Martínez; mientras que hacia Caloto, Corinto, Miranda y Toribío opera la Dagoberto Ramos; hacia el sur, en los municipios de López de Micay, El Tambo y Argelia, hace presencia la Carlos Patiño. Eso en cuanto a disidencias. Respecto al Eln, sabemos que están en el norte, hacia los municipios de Toribío, Corinto y Miranda, en donde opera la Milton Hernández; hacia la zona del macizo está la Manuel Vásquez y en los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay opera la José María Becerra.

En algunos municipios hay denuncias de controles que están haciendo estos grupos en medio de la pandemia. ¿Qué están haciendo las autoridades en estos casos?

Sabemos que ha habido panfletos de estos grupos, sobre todo de las estructuras de disidencia de las Farc, a través de los cuales hacen llamados a las comunidades para que no salgan. No tenemos conocimiento de controles que ellos adelanten más allá del tránsito que hacen por estos sectores en los que delinquen.

¿Cómo se explica este fenómeno siendo el departamento uno de los más militarizados del país?

No se puede negar que la Fuerza Pública ha tenido resultados y que se ha ido avanzando en los golpes a estos grupos al margen de la ley, pero también desde el mismo Gobierno Nacional ha habido un reconocimiento de que no es suficiente lo que se hace en el departamento, porque las cifras muestran que se siguen presentando hechos de violencia. Nuestra reclamación desde el gobierno departamental es que se aumente la protección de los líderes sociales. Somos el departamento con el mayor número de líderes asesinados. En este año llevamos reportados 14, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Necesitamos inversión social en materia productiva, y ahora que vamos a encaminarnos a la reactivación económica, creo que es una oportunidad para formalizar las economías rurales y poder ir haciendo el tránsito de todos estos cultivos ilícitos a las cadenas productivas legales que tenemos acá en el departamento, como el café, la quinua, el aguacate y la papa.

¿Cómo está trabajando la Gobernación con las zonas rurales para atender la contingencia por el coronavirus?

El Cauca tiene la particularidad de los grupos étnicos y las organizaciones sociales, con ellos se está trabajando en unos puestos de prevención y de desinfección, lo que implica que para entrar a la gran mayoría de los municipios hay unos controles comunitarios con sus mecanismos de bioseguridad, haciendo desinfección a los vehículos, a la gente y haciendo control a los que no tengan relación con la comunidad. Para efectos de la pandemia, el CRIC ha concertado de manera directa con el Gobierno Nacional y firmaron un convenio en el que a ellos se les adjudicaban 137 mil ayudas. En el caso del Cauca, que es muy rural y la producción es muy agropecuaria, lo que hay que ver es cómo se puede avanzar con algunas cosechas, como la del café, que se viene ahorita en junio y de la que viven 90 mil familias del departamento. Entonces hay que entrar a concertar con ellos cómo se puede ir avanzando en esa materia teniendo todos los controles que han sido efectivos.

Y en términos de red hospitalaria ¿cómo se han preparado?

Tenemos tan solo dos hospitalizados de manera que eso nos ha permitido poder atender dentro de la red normal. El Cauca tiene en cada uno de sus municipios un hospital de primer nivel para la atención básica. Tenemos en el norte del departamento el Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao, que es de mediana complejidad; y en Popayán tenemos el Susana López, que es de mediana complejidad y el cabeza de red que es el San José. En estos momentos estamos haciendo dos cosas: uno hicimos un convenio con el Susana López para hacer una adecuación física y de dotación para 90 camas es un convenio de $12.500 millones en el cual el Susana aporta el 40% y la Gobernación, con recursos propios el 60%. El Gobierno Nacional anunció también la adjudicación de 83 respiradores para la adecuación dé las UCI y estos se entregarían unos a finales de mayo y unos en octubre. Esos son los alistamientos pero estamos trabajando muy fuerte en el tema de prevención. Producto de ello es que a la fecha solo reportemos 42 casos positivos. Tenemos cuatro muertos, pero no son cifras tan altas como las de otros departamentos como Nariño y el Valle. Creamos un comité de expertos con investigadores de la universidad del Cauca, gerentes de clínicas, epidemiólogos de acá de la región, con ellos permanentemente estamos mirando cuál es el comportamiento de la pandemia. Creamos también la sala Covid y estamos revisando los casos sospechosos que la gente nos reporte.