“No pudimos celebrar el vivir sabroso”: Víctimas de asesinatos en Guapi
Los habitantes de Guapi, en el Cauca, vivieron una jornada electoral llena de dolor: nueve personas fueron asesinadas, otras más se encuentran desaparecidas y 35 familias se desplazaron. A pesar de ello, pudieron votar y Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron con el 94% de los votos en las elecciones del pasado domingo. Piden tanto al gobierno de Duque como a los actores armados un ¡Acuerdo Humanitario Ya! para la región pacífica.
María de los Ángeles Reyes Mesa
El 19 de junio las comunidades afrocolombianas que habitan las zonas rurales del municipio de Guapi, Cauca, se movilizaron al casco urbano para votar en la segunda vuelta presidencial. Tenían planeadas ollas comunitarias y actos culturales para esperar, con optimismo, los resultados de la jornada. “Queríamos replicar los resultados del plebiscito por la paz en el que 95% de nosotros votó por el sí. Ese mismo anhelo de la paz nos llevó a votar para vivir sabroso, el proyecto del Pacto Histórico”, dijo un líder de la región que hace parte de la Comisión Interétnica de la Verdad en el Pacífico (CIVP) y que pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad.
Sin embargo, antes de que se abrieran las urnas, hombres armados asesinaron a Roberto Carlos Rivas, un líder social que además era testigo electoral para el Pacto Histórico en el barrio San Martín. A media mañana se escucharon noticias de que también habían asesinado a Diana Paola Torres, una habitante de la zona rural del municipio que se disponía a salir a votar. Era una madre cabeza de familia y dejó siete hijos huérfanos. Esa misma noche, aparecieron los cuerpos de dos estudiantes de secundaria, Jhoan Roberto Caicero Orobio y Juan Manuel Cuero Mancilla que habrían sido retenidos por grupos armados en el corregimiento de El Limón desde el 17 de junio, también en la zona rural de Guapi.
Líderes de la región atribuyen estos asesinatos al hostigamiento que han hecho los grupos armados a los líderes sociales que se oponen a sus acciones criminales en el territorio. También afirman que puede tratarse de ajustes de cuentas entre el Eln y disidencias de las antiguas Farc que dejan en el medio a la población civil, acusándole de “colaborar” con uno u otro grupo.
En total, según Alí Bantú Ashanti, abogado defensor de Derechos Humanos, fueron nueve las personas asesinadas en el municipio entre el 19 y 20 de junio, y algunas de ellas estarían desaparecidas. Hasta ahora, lo que han identificado es que los hechos violentos no tienen una relación clara entre sí, sino que son producto del nivel de degradación de la guerra, que se agudizó durante la jornada electoral.
A pesar de la zozobra que vivió el pueblo el pasado fin de semana, en Guapi votaron 8.062 ciudadanos, y de esos, 7.521 lo hicieron por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, es decir el 94% de los votantes. Y aún así, el líder de la CIVP afirma que muchas personas se quedaron sin votar por miedo: “se escuchaban balaceras en los barrios, había rumores de más hombres armados en las calles y prefirieron quedarse en sus casas”.
Roberto Carlos Rivas era el encargado de montar, junto con su familia, algunas de las ollas comunitarias que no se pudieron hacer ese día. “No pudimos celebrar ese vivir sabroso, precisamente porque el abandono estatal y los grupos armados no nos lo permiten”, agregó el líder de la CIVP.
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Alertas y antecedentes de la violencia en el Pacífico
En febrero de este año la Defensoría del Pueblo había alertado el riesgo que existía para “los mecanismos de participación democrática en Guapi por la presencia de estructuras armadas en el territorio rural y el casco urbano del municipio”, se lee en la alerta emitida. Alí Bantú Ashanti, hace parte de un colectivo de más de 300 abogados llamado “Voto Pacífico”, que buscaba visibilizar las dificultades que tenían las comunidades de esta región para votar en las elecciones, y proponer mecanismos que garantizaran esa participación: “Toda la región estaba en riesgo por la presencia de grupos armados. Pero la gente fue muy práctica y dijo: ‘nos están matando salgamos o no salgamos a votar’ Así que decidieron salir, arriesgar su vida, votar”, dijo.
Bantú Ashanti también denuncia que la última vez que visitó Guapi, el 17 de junio, vio a muchos militares en el pueblo pero que “aún así, hubo una matanza contra la población civil”. Además, el colectivo de abogados al que pertenece denunció que, desde la primera vuelta, hubo varios enfrentamientos entre el Eln y el Ejército en Bagadó, Chocó, dos personas fueron asesinadas en un hospital también en Guapi y hubo desplazamientos masivos en el Bajo Atrato y en el pacífico nariñense. Tras los asesinatos del fin de semana del 19 de junio las calles de Guapi y López de Micay quedan vacías a partir de las 4:00 de la tarde porque hay enfrentamientos y el mensaje de los grupos es que no responden por la vida de la población civil, contó el líder de la CIVP.
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Por estos hechos, según otra habitante de Guapi que también pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, 35 familias de la comunidad de El Limón, de donde eran dos de los jóvenes asesinados el fin de semana, se desplazaron al casco urbano y a Timbiquí. “No hay garantías para vivir en el territorio”, dijo.
Además, las personas entrevistadas por Colombia+20 aseguraron que los grupos están utilizando a jóvenes de la comunidad para sus prácticas ilegales. “No decimos que sea reclutamiento forzado, porque es que seducen a los jóvenes y los involucran en sus odios. Entonces terminamos matándonos entre nosotros. Toman represalias contra sus familias, así no tengan nada que ver con la guerra” denunció el líder de la CIVP.
Esta denuncia coincide con reportes hechos por la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), donde se afirma que en el Cauca grupos armados están acudiendo a estas prácticas para involucrar a niños, niñas y jóvenes en las dinámicas del conflicto, aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que viven, sin que salgan de su núcleo familiar.
El líder de la CIVP también dijo que hay mucha esperanza en la comunidad por la elección de Gustavo Petro y la voluntad que mostró en su campaña para buscar salidas negociadas al conflicto e implementar el Acuerdo de Paz. También celebraron la voluntad del Eln de negociar con el nuevo gobierno apenas un día después de su elección. “Pero la situación no da espera. Nuestras vidas están en riesgo, estamos en confinamiento desde hace meses” dijo. Lo que piden es que el gobierno actual acoja las propuestas que ya han hecho varias organizaciones del Pacífico por un ¡Acuerdo Humanitario Ya! que garantice la vida y integridad de las comunidades.
El 19 de junio las comunidades afrocolombianas que habitan las zonas rurales del municipio de Guapi, Cauca, se movilizaron al casco urbano para votar en la segunda vuelta presidencial. Tenían planeadas ollas comunitarias y actos culturales para esperar, con optimismo, los resultados de la jornada. “Queríamos replicar los resultados del plebiscito por la paz en el que 95% de nosotros votó por el sí. Ese mismo anhelo de la paz nos llevó a votar para vivir sabroso, el proyecto del Pacto Histórico”, dijo un líder de la región que hace parte de la Comisión Interétnica de la Verdad en el Pacífico (CIVP) y que pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad.
Sin embargo, antes de que se abrieran las urnas, hombres armados asesinaron a Roberto Carlos Rivas, un líder social que además era testigo electoral para el Pacto Histórico en el barrio San Martín. A media mañana se escucharon noticias de que también habían asesinado a Diana Paola Torres, una habitante de la zona rural del municipio que se disponía a salir a votar. Era una madre cabeza de familia y dejó siete hijos huérfanos. Esa misma noche, aparecieron los cuerpos de dos estudiantes de secundaria, Jhoan Roberto Caicero Orobio y Juan Manuel Cuero Mancilla que habrían sido retenidos por grupos armados en el corregimiento de El Limón desde el 17 de junio, también en la zona rural de Guapi.
Líderes de la región atribuyen estos asesinatos al hostigamiento que han hecho los grupos armados a los líderes sociales que se oponen a sus acciones criminales en el territorio. También afirman que puede tratarse de ajustes de cuentas entre el Eln y disidencias de las antiguas Farc que dejan en el medio a la población civil, acusándole de “colaborar” con uno u otro grupo.
En total, según Alí Bantú Ashanti, abogado defensor de Derechos Humanos, fueron nueve las personas asesinadas en el municipio entre el 19 y 20 de junio, y algunas de ellas estarían desaparecidas. Hasta ahora, lo que han identificado es que los hechos violentos no tienen una relación clara entre sí, sino que son producto del nivel de degradación de la guerra, que se agudizó durante la jornada electoral.
A pesar de la zozobra que vivió el pueblo el pasado fin de semana, en Guapi votaron 8.062 ciudadanos, y de esos, 7.521 lo hicieron por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, es decir el 94% de los votantes. Y aún así, el líder de la CIVP afirma que muchas personas se quedaron sin votar por miedo: “se escuchaban balaceras en los barrios, había rumores de más hombres armados en las calles y prefirieron quedarse en sus casas”.
Roberto Carlos Rivas era el encargado de montar, junto con su familia, algunas de las ollas comunitarias que no se pudieron hacer ese día. “No pudimos celebrar ese vivir sabroso, precisamente porque el abandono estatal y los grupos armados no nos lo permiten”, agregó el líder de la CIVP.
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Alertas y antecedentes de la violencia en el Pacífico
En febrero de este año la Defensoría del Pueblo había alertado el riesgo que existía para “los mecanismos de participación democrática en Guapi por la presencia de estructuras armadas en el territorio rural y el casco urbano del municipio”, se lee en la alerta emitida. Alí Bantú Ashanti, hace parte de un colectivo de más de 300 abogados llamado “Voto Pacífico”, que buscaba visibilizar las dificultades que tenían las comunidades de esta región para votar en las elecciones, y proponer mecanismos que garantizaran esa participación: “Toda la región estaba en riesgo por la presencia de grupos armados. Pero la gente fue muy práctica y dijo: ‘nos están matando salgamos o no salgamos a votar’ Así que decidieron salir, arriesgar su vida, votar”, dijo.
Bantú Ashanti también denuncia que la última vez que visitó Guapi, el 17 de junio, vio a muchos militares en el pueblo pero que “aún así, hubo una matanza contra la población civil”. Además, el colectivo de abogados al que pertenece denunció que, desde la primera vuelta, hubo varios enfrentamientos entre el Eln y el Ejército en Bagadó, Chocó, dos personas fueron asesinadas en un hospital también en Guapi y hubo desplazamientos masivos en el Bajo Atrato y en el pacífico nariñense. Tras los asesinatos del fin de semana del 19 de junio las calles de Guapi y López de Micay quedan vacías a partir de las 4:00 de la tarde porque hay enfrentamientos y el mensaje de los grupos es que no responden por la vida de la población civil, contó el líder de la CIVP.
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Por estos hechos, según otra habitante de Guapi que también pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, 35 familias de la comunidad de El Limón, de donde eran dos de los jóvenes asesinados el fin de semana, se desplazaron al casco urbano y a Timbiquí. “No hay garantías para vivir en el territorio”, dijo.
Además, las personas entrevistadas por Colombia+20 aseguraron que los grupos están utilizando a jóvenes de la comunidad para sus prácticas ilegales. “No decimos que sea reclutamiento forzado, porque es que seducen a los jóvenes y los involucran en sus odios. Entonces terminamos matándonos entre nosotros. Toman represalias contra sus familias, así no tengan nada que ver con la guerra” denunció el líder de la CIVP.
Esta denuncia coincide con reportes hechos por la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), donde se afirma que en el Cauca grupos armados están acudiendo a estas prácticas para involucrar a niños, niñas y jóvenes en las dinámicas del conflicto, aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que viven, sin que salgan de su núcleo familiar.
El líder de la CIVP también dijo que hay mucha esperanza en la comunidad por la elección de Gustavo Petro y la voluntad que mostró en su campaña para buscar salidas negociadas al conflicto e implementar el Acuerdo de Paz. También celebraron la voluntad del Eln de negociar con el nuevo gobierno apenas un día después de su elección. “Pero la situación no da espera. Nuestras vidas están en riesgo, estamos en confinamiento desde hace meses” dijo. Lo que piden es que el gobierno actual acoja las propuestas que ya han hecho varias organizaciones del Pacífico por un ¡Acuerdo Humanitario Ya! que garantice la vida y integridad de las comunidades.