En los próximos cinco años se podrían pagar $5 billones en reparaciones por el conflicto

El costo del conflicto interno para este país ha sido inmenso: demasiadas vidas perdidas, demasiado tejido social dañado, demasiadas heridas. Y el costo ha sido también, inevitablemente, económico: el Estado ha tenido que asumir una responsabilidad financiera enorme por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Así lo demuestra un reporte interno de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado (Andje), organismo que se puso a hacer el ejercicio de calcular cuánto ha reconocido la justicia, a través de sus sentencias, en reparaciones como consecuencia de los actos de los dos principales grupos guerrilleros del país: las Farc y el Eln.

Para hacer la estimación, la Andje tuvo en cuenta las sentencias que, durante los últimos 20 años, se han proferido en distintas instancias: el Consejo de Estado (que tiene la última palabra en los casos de indemnizaciones), los tribunales y los jueces administrativos. De entrada hay un dato relevante que habla de los ritmos de la justicia colombiana: la entidad encontró 3.349 casos que han pasado por el sistema judicial y que tienen que ver con acciones de las guerrillas, de los cuales solo están terminados 982 (el 29 %). Los otros 2.367 procesos están todavía en trámite y, de esos, el 82 % (1.947 expedientes) se encuentran en juzgados. Es decir, ni siquiera cuentan con fallo de primera instancia.

(Puede interesarle: Casi $116 billones costaría reparar a las víctimas)

Por los procesos finalizados, del erario han salido $1,7 billones, mientras las pretensiones de los expedientes que van andando en primera o segunda instancia casi quintuplican esa cifra: están por los $7,8 billones. Una cantidad cercana a lo que aspira recoger el gobierno Duque con la Ley de Financiamiento. No es seguro que los jueces ordenen pagar todo ese dinero, pero, según el estudio de la Agencia, teniendo en cuenta cómo se han proferido los fallos hasta hoy, podría anticiparse que “en el quinquenio 2020-2025 hay una alta probabilidad de que el Estado colombiano asuma condenas por valor de 5 billones de pesos con ocasión de hechos culpables dañosos endilgables a las Farc y el Eln”.

Ese es el precio que han pagado y tendrán que pagar los contribuyentes por cuenta de lo que ha hecho la guerrilla en el país. Especialmente las Farc, pues en 118 sentencias del Consejo de Estado, ese grupo armado ilegal —que renunció a las armas con un Acuerdo de Paz en 2016— fue el responsable del 95 % de los hechos por los que la nación ha resultado condenada. La Agencia tuvo en cuenta que, entre 2016 y 2018, la Fiscalía abrió procesos de extinción de dominio sobre 1.670 bienes que, se supone, son de las Farc y representan unos $2,3 billones. Es mucho, pero si las Farc hubieran declarado ese dinero, advierte el documento, solo cubrirían los montos de las condenas que ya han sido emitidas.

“Adicionalmente —continúa el reporte—, todos los activos objeto de extinción de dominio solo cubrirían el 29,9 % de las pretensiones pendientes de resolver en procesos activos. En consecuencia, deben habilitarse herramientas jurídicas que permitan al Estado perseguir los activos de los protagonistas”. Por eso mismo, una de las recomendaciones del documento es que, cuando alguien solicite una reparación directa por una acción cometida por un grupo armado ilegal, las entidades estatales argumenten que se están afectando las arcas públicas por asumir una obligación “que en principio no tendría que haber soportado el Estado, sino también el particular que ocasionó (…) el daño”.

(Lea también: "Casi un millón de personas han sido indemnizadas con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras": Gobierno)

El Estado ha terminado condenado en estos últimos 20 años por varias razones. En el 72 % de los casos analizados se determinó que hubo “falla del servicio”, lo que significa que las autoridades actuaron con negligencia o sin previsión, dejando a los ciudadanos “en situación de extrema desprotección”. Por ejemplo, recuerda el informe, así fue como se fallaron las demandas de las víctimas del Palacio de Justicia: “Una vez demostrados los daños, el juez administrativo no admitió el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, pues fue la actitud considerada ‘reprochable’ de la administración la que permitió la toma y provocó la muerte de varios rehenes”.

Las sentencias tienen que ver también con el “daño especial”, que se da cuando una actividad legítima del Estado desemboca en que una persona deba soportar cargas excesivas. Así se falló en 1994 el caso de una mujer que iba pasando por el DAS justo cuando explotó la bomba que puso ahí el cartel de Medellín. Fue un precedente importante: en la sentencia se dijo que el Estado era responsable porque los ciudadanos del común no debían soportar las consecuencias del conflicto armado y que el actuar lícito del organismo no liberaba al Estado de su deber de indemnizar los daños que se causaran en nombre de la defensa del orden institucional.

Otro camino es el “riesgo excepcional”: cuando el Estado, aun actuando legítimamente, genera un riesgo para los ciudadanos que termina volviéndose realidad. Es propio de las épocas de perturbación de orden público. Un ejemplo es la reparación que se le otorgó a un hombre cuya esposa murió en un atentado contra el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS condenado hoy por el crimen de Luis Carlos Galán. En general, plantea el reporte, “el Consejo de Estado viene presentando una tendencia condenatoria al Estado colombiano por hechos culpables dañosos de autoría de grupos armados al margen de la ley”.

En el documento se resalta que, de los fallos del Consejo de Estado en los últimos 20 años, en la mayoría (el 78 %) se han reconocido daños inmateriales. Sobre todas estas indemnizaciones, la postura es crítica: “Se configura la responsabilidad del daño (…) sin tener en cuenta que este fue causado por los hechos de un ‘enemigo del Estado’”. Ello, sostiene el reporte, genera un “desequilibrio desproporcionado”, haciendo de este el “único país donde se condena en responsabilidad objetiva por actos de terrorismo”. Según el reporte, esa “tendencia condenatoria y ‘expansiva’” ha sido rechazada hasta por consejeros de Estado que lo advierten en sus salvamentos de voto.

(Puede interesarle: Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley de Víctimas)

Así las cosas, la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado concluye que la nación –es decir, el dinero de los contribuyentes– ha venido asumiendo la responsabilidad de hechos incluso cuando existen factores que la exoneran. En las últimas dos décadas, de 118 fallos del Consejo de Estado, solo 11 resultaron en absolución del Estado y, además, que acciones de las Farc o el Eln se consideren fallas del servicio “indica que el uso de título de imputación no es empleado de manera correcta por los falladores”. Por eso se sugieren capacitaciones masivas a los despachos judiciales y a los abogados que defienden al Estado, sobre todo en las entidades más demandadas: Ejército y Policía.

El costo del conflicto interno para este país ha sido inmenso: demasiadas vidas perdidas, demasiado tejido social dañado, demasiadas heridas. Y el costo ha sido también, inevitablemente, económico: el Estado ha tenido que asumir una responsabilidad financiera enorme por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Así lo demuestra un reporte interno de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado (Andje), organismo que se puso a hacer el ejercicio de calcular cuánto ha reconocido la justicia, a través de sus sentencias, en reparaciones como consecuencia de los actos de los dos principales grupos guerrilleros del país: las Farc y el Eln.

Para hacer la estimación, la Andje tuvo en cuenta las sentencias que, durante los últimos 20 años, se han proferido en distintas instancias: el Consejo de Estado (que tiene la última palabra en los casos de indemnizaciones), los tribunales y los jueces administrativos. De entrada hay un dato relevante que habla de los ritmos de la justicia colombiana: la entidad encontró 3.349 casos que han pasado por el sistema judicial y que tienen que ver con acciones de las guerrillas, de los cuales solo están terminados 982 (el 29 %). Los otros 2.367 procesos están todavía en trámite y, de esos, el 82 % (1.947 expedientes) se encuentran en juzgados. Es decir, ni siquiera cuentan con fallo de primera instancia.

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Por los procesos finalizados, del erario han salido $1,7 billones, mientras las pretensiones de los expedientes que van andando en primera o segunda instancia casi quintuplican esa cifra: están por los $7,8 billones. Una cantidad cercana a lo que aspira recoger el gobierno Duque con la Ley de Financiamiento. No es seguro que los jueces ordenen pagar todo ese dinero, pero, según el estudio de la Agencia, teniendo en cuenta cómo se han proferido los fallos hasta hoy, podría anticiparse que “en el quinquenio 2020-2025 hay una alta probabilidad de que el Estado colombiano asuma condenas por valor de 5 billones de pesos con ocasión de hechos culpables dañosos endilgables a las Farc y el Eln”.

Ese es el precio que han pagado y tendrán que pagar los contribuyentes por cuenta de lo que ha hecho la guerrilla en el país. Especialmente las Farc, pues en 118 sentencias del Consejo de Estado, ese grupo armado ilegal —que renunció a las armas con un Acuerdo de Paz en 2016— fue el responsable del 95 % de los hechos por los que la nación ha resultado condenada. La Agencia tuvo en cuenta que, entre 2016 y 2018, la Fiscalía abrió procesos de extinción de dominio sobre 1.670 bienes que, se supone, son de las Farc y representan unos $2,3 billones. Es mucho, pero si las Farc hubieran declarado ese dinero, advierte el documento, solo cubrirían los montos de las condenas que ya han sido emitidas.

“Adicionalmente —continúa el reporte—, todos los activos objeto de extinción de dominio solo cubrirían el 29,9 % de las pretensiones pendientes de resolver en procesos activos. En consecuencia, deben habilitarse herramientas jurídicas que permitan al Estado perseguir los activos de los protagonistas”. Por eso mismo, una de las recomendaciones del documento es que, cuando alguien solicite una reparación directa por una acción cometida por un grupo armado ilegal, las entidades estatales argumenten que se están afectando las arcas públicas por asumir una obligación “que en principio no tendría que haber soportado el Estado, sino también el particular que ocasionó (…) el daño”.

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El Estado ha terminado condenado en estos últimos 20 años por varias razones. En el 72 % de los casos analizados se determinó que hubo “falla del servicio”, lo que significa que las autoridades actuaron con negligencia o sin previsión, dejando a los ciudadanos “en situación de extrema desprotección”. Por ejemplo, recuerda el informe, así fue como se fallaron las demandas de las víctimas del Palacio de Justicia: “Una vez demostrados los daños, el juez administrativo no admitió el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, pues fue la actitud considerada ‘reprochable’ de la administración la que permitió la toma y provocó la muerte de varios rehenes”.

Las sentencias tienen que ver también con el “daño especial”, que se da cuando una actividad legítima del Estado desemboca en que una persona deba soportar cargas excesivas. Así se falló en 1994 el caso de una mujer que iba pasando por el DAS justo cuando explotó la bomba que puso ahí el cartel de Medellín. Fue un precedente importante: en la sentencia se dijo que el Estado era responsable porque los ciudadanos del común no debían soportar las consecuencias del conflicto armado y que el actuar lícito del organismo no liberaba al Estado de su deber de indemnizar los daños que se causaran en nombre de la defensa del orden institucional.

Otro camino es el “riesgo excepcional”: cuando el Estado, aun actuando legítimamente, genera un riesgo para los ciudadanos que termina volviéndose realidad. Es propio de las épocas de perturbación de orden público. Un ejemplo es la reparación que se le otorgó a un hombre cuya esposa murió en un atentado contra el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS condenado hoy por el crimen de Luis Carlos Galán. En general, plantea el reporte, “el Consejo de Estado viene presentando una tendencia condenatoria al Estado colombiano por hechos culpables dañosos de autoría de grupos armados al margen de la ley”.

En el documento se resalta que, de los fallos del Consejo de Estado en los últimos 20 años, en la mayoría (el 78 %) se han reconocido daños inmateriales. Sobre todas estas indemnizaciones, la postura es crítica: “Se configura la responsabilidad del daño (…) sin tener en cuenta que este fue causado por los hechos de un ‘enemigo del Estado’”. Ello, sostiene el reporte, genera un “desequilibrio desproporcionado”, haciendo de este el “único país donde se condena en responsabilidad objetiva por actos de terrorismo”. Según el reporte, esa “tendencia condenatoria y ‘expansiva’” ha sido rechazada hasta por consejeros de Estado que lo advierten en sus salvamentos de voto.

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Así las cosas, la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado concluye que la nación –es decir, el dinero de los contribuyentes– ha venido asumiendo la responsabilidad de hechos incluso cuando existen factores que la exoneran. En las últimas dos décadas, de 118 fallos del Consejo de Estado, solo 11 resultaron en absolución del Estado y, además, que acciones de las Farc o el Eln se consideren fallas del servicio “indica que el uso de título de imputación no es empleado de manera correcta por los falladores”. Por eso se sugieren capacitaciones masivas a los despachos judiciales y a los abogados que defienden al Estado, sobre todo en las entidades más demandadas: Ejército y Policía.