En medio de la cuarentena, los asesinatos de líderes sociales aumentaron en un 61%

Durante los primeros seis meses de 2020, Colombia no sólo padeció los estragos de la pandemia de Covid-19 sino que también sufrió el incremento de la violencia que atenta, principalmente, contra los líderes y lidresas sociales. En el último informe de Somos Defensores, llamado El virus de la Violencia y que fue conocido por Colombia2020, la organización revela una crítica situación de inseguridad y vulnerabilidad de quienes ejercer su trabajo con las comunidades. De enero a junio de 2020, en medio de la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional, fueron asesinados 95 líderes y lideresas sociales, 36 más que en 2019. Eso se traduce en un aumento de un 61%.

Pero esta no es la única cifra que preocupa. Al menos 452 personas han sufrido algún tipo de acto intimidatorio por su labor. Atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas con panfletos hasta asesinatos hacen parte de la larga lista de acciones de los grupos armados en su contra.

(Puede interesarle: Violencia contra líderes sociales se agudizó un 85% en la pandemia: Crisis Group)

De esas 452 líderes y lideresas víctimas, 104 son comunitarios, 88 indígenas, 73 comunales, 54 campesinos, 49 defensores de los derechos humanos, 21 defensores de víctimas, 15 afrodescendientes, 12 sindicales, 15 académicos, 9 representantes LGBT, 6 juveniles y 6 ambientales. También cabe destacar que el el 72% son hombres (327 personas) y el 28% son mujeres (125 personas). Todos y todas están ubicados en 29 de los 32 departamentos dentro del territorio nacional.

La única cifra que disminuyó fue la de agresiones. Durante los primeros seis meses de 2020, según Somos Defensores, se registraron 463 acciones violentas, 128 agresiones menos que 2019, año en el que se presentaron 591. Sin embargo, en esta aparente mejoría en el número de casos hay que detenerse con cuidado, pues “se debe a un subregistro por las dificultades presentadas para realizar monitoreo durante la pandemia”, explica el documento.

Y que los números iban en ascenso, pues en 2017 se cometieron 336 agresiones y 2018 se presentaron 397. En este punto cabe aclarar que la cifra de las agresiones es mayor a la de personas afectadas, debido a que en ocasiones algunas de ellas fueron víctimas de más de un tipo de hecho.

Ahora bien, otro capítulo importante del informe es el de los presuntos responsables de los atentados y los homicidios. De acuerdo con la organización, en el 37% de los casos se desconoce la autoría, en el 30% se esclareció que provenían de grupos paramilitares (172 casos), en el 12% de la Fuerza Pública (54 ), en el 10% se determinó la responsabilidad de las disidencias de las FARC (48), en el 6% del ELN (27) y en el 5% de la Fiscalía (24).

Sobre este aspecto, el informe ve necesario aclarar que “debido a la reconfiguración de los grupos armados, que además pueden optar por tercerizar su accionar a través de estructuras criminales o bandas delincuenciales” se incrementa la dificultad para lograr una correcta identificación de los responsables.

Frente a las acciones de la Fuerza Pública, se muestra un incremento del 157% en la responsabilidad en relación con el mismo período de 2019. El tipo de agresión mayormente cometida por este actor fue la detención arbitraria (23 casos), seguido de la amenaza (17 casos), el asesinato (6 casos), la judicialización (4 casos), la desaparición forzada (2 casos) y el atentado (2 casos).

(Le puede interesar: Ni siquiera la pandemia logró frenar los homicidios contra líderes sociales)

A pesar de las preocupantes cifras que el informe El Virus de la Violencia arroja, Somos Defensores deja claro que la situación puede ser peor: “Necesario advertir que las cifras de las agresiones durante el periodo analizado presentan un subregistro más alto del habitual, que es preciso reconocer y tomar en cuenta”. Esto debido a las dificultades que se presentaron para la consecución de información, a raíz de los cuidados sociales por la pandemia de covid-19.

Para Somos Defensores, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, a través de las distintas instituciones (Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, entre otros) vinculadas a la protección de la ciudadanía y sus líderes son responsables por acción u omisión.

Dentro de dichas responsabilidades se encuentra la militarización de los territorios como la medida preferencial del Estado para hacerle frente a las amenazas y actos violentos, pero que “no garantizan realmente la protección y seguridad de las personas que realicen un trabajo de liderazgo en sus comunidades”, señala el documento.

Por otro lado, menciona las acciones pendientes del Gobierno en los territorios, que garanticen la lucha por los derechos humanos. La organización insiste en que se han usado mal los instrumentos y mecanismos para crear las condiciones de seguridad y que, además, siguen anclados en políticas de protección física y material, sin avanzar en garantías, que no solo cobijen a los líderes en particular sino también a las comunidades.

Además de describir las responsabilidades del Estado, Somos Defensores reconoce el interés y trabajo que tanto organizaciones internacionales como la sociedad civil generan para visibilizar la gravedad de la situación y reconocer la importancia de los líderes en sus territorios.

El informe fue consolidado por el programa no gubernamental de protección a Defensores de Derechos Humanos en Colombia, Somos Defensores, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; la Real Embajada de Noruega en Colombia, entre otras.

Durante los primeros seis meses de 2020, Colombia no sólo padeció los estragos de la pandemia de Covid-19 sino que también sufrió el incremento de la violencia que atenta, principalmente, contra los líderes y lidresas sociales. En el último informe de Somos Defensores, llamado El virus de la Violencia y que fue conocido por Colombia2020, la organización revela una crítica situación de inseguridad y vulnerabilidad de quienes ejercer su trabajo con las comunidades. De enero a junio de 2020, en medio de la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional, fueron asesinados 95 líderes y lideresas sociales, 36 más que en 2019. Eso se traduce en un aumento de un 61%.

Pero esta no es la única cifra que preocupa. Al menos 452 personas han sufrido algún tipo de acto intimidatorio por su labor. Atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas con panfletos hasta asesinatos hacen parte de la larga lista de acciones de los grupos armados en su contra.

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De esas 452 líderes y lideresas víctimas, 104 son comunitarios, 88 indígenas, 73 comunales, 54 campesinos, 49 defensores de los derechos humanos, 21 defensores de víctimas, 15 afrodescendientes, 12 sindicales, 15 académicos, 9 representantes LGBT, 6 juveniles y 6 ambientales. También cabe destacar que el el 72% son hombres (327 personas) y el 28% son mujeres (125 personas). Todos y todas están ubicados en 29 de los 32 departamentos dentro del territorio nacional.

La única cifra que disminuyó fue la de agresiones. Durante los primeros seis meses de 2020, según Somos Defensores, se registraron 463 acciones violentas, 128 agresiones menos que 2019, año en el que se presentaron 591. Sin embargo, en esta aparente mejoría en el número de casos hay que detenerse con cuidado, pues “se debe a un subregistro por las dificultades presentadas para realizar monitoreo durante la pandemia”, explica el documento.

Y que los números iban en ascenso, pues en 2017 se cometieron 336 agresiones y 2018 se presentaron 397. En este punto cabe aclarar que la cifra de las agresiones es mayor a la de personas afectadas, debido a que en ocasiones algunas de ellas fueron víctimas de más de un tipo de hecho.

Ahora bien, otro capítulo importante del informe es el de los presuntos responsables de los atentados y los homicidios. De acuerdo con la organización, en el 37% de los casos se desconoce la autoría, en el 30% se esclareció que provenían de grupos paramilitares (172 casos), en el 12% de la Fuerza Pública (54 ), en el 10% se determinó la responsabilidad de las disidencias de las FARC (48), en el 6% del ELN (27) y en el 5% de la Fiscalía (24).

Sobre este aspecto, el informe ve necesario aclarar que “debido a la reconfiguración de los grupos armados, que además pueden optar por tercerizar su accionar a través de estructuras criminales o bandas delincuenciales” se incrementa la dificultad para lograr una correcta identificación de los responsables.

Frente a las acciones de la Fuerza Pública, se muestra un incremento del 157% en la responsabilidad en relación con el mismo período de 2019. El tipo de agresión mayormente cometida por este actor fue la detención arbitraria (23 casos), seguido de la amenaza (17 casos), el asesinato (6 casos), la judicialización (4 casos), la desaparición forzada (2 casos) y el atentado (2 casos).

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A pesar de las preocupantes cifras que el informe El Virus de la Violencia arroja, Somos Defensores deja claro que la situación puede ser peor: “Necesario advertir que las cifras de las agresiones durante el periodo analizado presentan un subregistro más alto del habitual, que es preciso reconocer y tomar en cuenta”. Esto debido a las dificultades que se presentaron para la consecución de información, a raíz de los cuidados sociales por la pandemia de covid-19.

Para Somos Defensores, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, a través de las distintas instituciones (Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, entre otros) vinculadas a la protección de la ciudadanía y sus líderes son responsables por acción u omisión.

Dentro de dichas responsabilidades se encuentra la militarización de los territorios como la medida preferencial del Estado para hacerle frente a las amenazas y actos violentos, pero que “no garantizan realmente la protección y seguridad de las personas que realicen un trabajo de liderazgo en sus comunidades”, señala el documento.

Por otro lado, menciona las acciones pendientes del Gobierno en los territorios, que garanticen la lucha por los derechos humanos. La organización insiste en que se han usado mal los instrumentos y mecanismos para crear las condiciones de seguridad y que, además, siguen anclados en políticas de protección física y material, sin avanzar en garantías, que no solo cobijen a los líderes en particular sino también a las comunidades.

Además de describir las responsabilidades del Estado, Somos Defensores reconoce el interés y trabajo que tanto organizaciones internacionales como la sociedad civil generan para visibilizar la gravedad de la situación y reconocer la importancia de los líderes en sus territorios.

El informe fue consolidado por el programa no gubernamental de protección a Defensores de Derechos Humanos en Colombia, Somos Defensores, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; la Real Embajada de Noruega en Colombia, entre otras.