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Desde que tiene memoria, Henry González Murillo ha escuchado de boca de sus padres, de sus maestros y de sus vecinos la lejana idea de un megaproyecto que le traería desarrollo a su olvidada comunidad de Nuquí, en Chocó. Por años escuchó al pueblo discutir de sus ventajas o desventajas, pero lo que oía nunca lo sintió cercano. Así fue hasta hace unos meses, cuando empezó a coger fuerza real la idea de construir un puerto de aguas profundas en Tribugá, corregimiento de su municipio. Sin embargo, entre más posible ve su construcción, menos ve la relación que pueda tener el proyecto con el desarrollo de su región.
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González Murillo nació en Nuquí hace 26 años y de allí tuvo que salir con su hermano para Ibagué en 1999 ante la violencia que empezaba a imperar en la zona. Sus padres tomaron la decisión de sacarlos del municipio cuando paramilitares de las AUC llegaron a la región. Fueron los años en los que dos masacres (2000 – 2001) marcaron la historia de este municipio chocoano donde el Estado no aparecía. En la primera, cuatro personas fueron asesinadas en el corregimiento de Arusí y en la segunda, otras cinco cayeron en el casco urbano de Nuquí.
Años después regresó a su pueblo para terminar el colegio y de allí solo volvió a salir para estudiar Biología en la Universidad del Tolima. Durante esos años, la percepción sobre lo que le habían contado del puerto de Tribugá le fue cambiando. “Anteriormente veíamos con buenos ojos la idea de un puerto. Nos vendieron la idea de que eso mejoraría la calidad de vida de los habitantes y admito que de niño tenía el anhelo de que el puerto alguna vez llegara. Fue después que me di cuenta que esa era la idea occidental del desarrollo”, cuenta hoy.
Ya graduado, retornó a Nuquí con la idea de hacer algo para tratar de incidir en la visión que se tenía sobre el puerto, del que cada vez empezó a escuchar con más frecuencia, particularmente durante la campaña presidencial de Iván Duque y luego con él en el poder. De hecho, su padre que es transportador en la región le contó de técnicos que habían venido de Asia en los últimos meses a hacer estudios y mediciones referentes a ese proyecto.
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Pero fue en esos meses de campaña presidencial cuando terminó de convencerse de que quería hacer incidencia contra la construcción del puerto. “Duque ofrecía el puerto como un proyecto de desarrollo no para el Chocó, sino para el Eje Cafetero. Hablaba de él como un impulso para la zona cafetera”, recuerda.
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“Estamos produciendo cortometrajes que tienen el objetivo de profundizar sobre el tema. Queremos llegarle a la gente que está de acuerdo con la construcción del puerto para que vea lo que perderíamos en caso de que lo hagan”, explica Mirna Angulo, habitante del corregimiento de Panguí, coordinadora del colectivo En Puja.
Camilo Pachón, un artista bogotano director del programa de formación Ambulante Más Allá, llegó a ese territorio hace unos años a través del trabajo que tenía en la zona la Fundación Más Arte y Más acción y hoy acompaña el proceso de los dos colectivos en “Postales del Futuro”. Para él, la intención es clara: “El arte es siempre una oportunidad de acercarse a las problemáticas y en este caso la idea es alzar la voz y que la comunidad se empodere desde lo audiovisual”.
En conjunto, el trabajo que vienen haciendo ambos colectivos apunta a poner contra las cuerdas la noción tradicional que se tiene de desarrollo. La de ellos, dicen, es la de la pesca artesanal, el ecoturismo y el cuidado de su ecosistema.
El trabajo que hoy están haciendo los jóvenes del colectivo en Nuquí tiene detrás una lucha emprendida desde hace casi tres décadas: la del Consejo Comunitario General Los Riscales, que desde los primeros años de 1990 defienden su territorio compuesto por 31.469 hectáreas.
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El camino emprendido por el consejo comunitario ha logrado consolidar varias figuras de protección en el territorio, reconocido como uno de los 24 puntos claves de biodiversidad a nivel global. Uno de sus principales logros ha sido que en 2014 se declararan en la zona más de 60.000 hectáreas como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), una figura de protección que permite darle un uso sostenible a los recursos del territorio, cuya riqueza ambiental ha sido validada por entidades tanto a nivel nacional como internacional. Riqueza que está basada en las especies de manglar que allí crecen, las tortugas que anidan en sus playas, los arrecifes de coral que solo se encuentran allí y la piangua, un molusco tradicional para las comunidades del Pacífico. Asimismo, y como es bien conocido en el país, por las ballenas jorobadas que es posible avistar durante el segundo semestre del año.
Es justamente esa riqueza ambiental la que hoy sienten en riesgo ante la eventual construcción del puerto de aguas profundas en Tribugá. Una preocupación que no solo han expresado los habitantes de la zona sino distintas organizaciones e incluso entidades gubernamentales. El centro de pensamiento Dejusticia recientemente cuestionó que el proyecto tenga una relación directa con el "desarrollo" del municipio y puso en consideración la experiencia adquirida de los casos de Tumaco y Buenaventura, donde hay un puerto pero la satisfacción de las necesidades básicas está muy por debajo del promedio nacional.
Ese centro advierte, por ejemplo, sobre la cobertura en el servicio de agua en Buenaventura. Mientras para 2016 el promedio nacional en cobertura de ese servicio a nivel urbano era de 97.7%, en esa ciudad se ubica en 76%; y si se analiza a nivel rural, el panorama es aún más preocupante. La cobertura de acueducto en el área rural en Buenaventura llega apenas al 16%, mientras que a nivel nacional se ubica en 74%.
La Procuraduría General advirtió recientemente sobre los riesgos ecológicos que conlleva el puerto y pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicar el principio de precaución frente al desarrollo de cualquier proyecto, obra y/o actividad en el Golfo de Tribugá. La entidad agregó que esta zona tiene especial importancia por la presencia de especies en peligro de extinción como los tiburones martillo y las tortugas marinas, existencia de playas para su anidación, lugar de paso de más de 1.500 ballenas jorobadas, muchas de las cuales lo utilizan como un lugar de apareamiento y sala cuna de sus crías.
Harry Mosquera, del corregimiento de Arusí, es el presidente de Los Riscales y una de las personas que ha liderado la defensa por el territorio. “Aunque el tema del puerto no es nuevo para nosotros, hoy está en la cima de la opinión pública porque quedó incluido en el Plan Plurianual de Inversiones, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo”, dice. Mosquera denuncia que su comunidad no ha tenido un espacio de diálogo para manifestar sus objeciones al proyecto, desconociendo así su labor en la zona y su derecho a la autodeterminación en su territorio colectivo.
El líder explica que además de los riesgos ambientales que ya han sido advertidos, el proyecto traería consigo una profunda ruptura a nivel cultural para un pueblo que tradicionalmente ha vivido de la pesca artesanal y más recientemente del ecoturismo. Ambos elementos hoy quedarían en duda ante la envergadura del puerto de Tribugá.
Mosquera expresa además uno de sus principales temores. La comunidad de Tribugá ha sido desplazada en dos ocasiones – en 2005 por paramilitares y en 2010 por el Eln – y muchos dicen que el puerto generaría un tercer desplazamiento, esta vez definitivo.
La puja por el proyecto continúa y este martes, 28 de mayo, habrá una audiencia pública en el Congreso sobre el tema. Líderes de la comunidad tendrán un lugar allí para decirle al país por qué se oponen de forma radical al puerto de aguas profundas de Tribugá.