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Los embera eyabida, que habitan el resguardo indígena Urada Jiguamiandó (en el Bajo Atrato chocoano), llevan décadas haciéndole frente al conflicto armado y defendiendo su territorio de quienes han intentado desplazarlos para su explotación, ya sea con fines de extracción minero-energética o quienes buscan convertirlo en un corredor para la siembra de cultivos de uso ilícito, como la coca. Esta posición de “erradicación 100%”, respaldada por siete comunidades indígenas de las ocho que habitan en el resguardo, siempre los ha puesto en peligro pero hoy las amenazas en su contra buscan concretarse. Por eso piden a las autoridades locales y al Gobierno que activen medidas de protección y garantías para los liderazgos indígenas que han recibido, recientemente, intimidaciones de muerte.
En un documento enviado al alcalde del municipio del Carmen del Darién, Pedro Jose Mena, el cabildo mayor embera del resguardo Urada Jiguamiandó relató cómo, el pasado 20 de julio, el gobernador local de la comunidad indígena de Padadó, Luis Eduardo Siniguí, fue amenazado de muerte por respaldar las operaciones de erradicación manual de coca dentro del resguardo.
Según el relato, en la mañana del 19 de julio, Siniguí recibió la visita de 13 hombres —algunos de ellos, según denuncian, asociados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)—, quienes llegaron buscando a los gobernadores indígenas que apoyan la erradicación de la hoja de coca, e instaron directamente al gobernador local por su liderazgo en este proceso.
El gobernador Siniguí les dejó en firme su posición. “En nombre de las autoridades estamos protegiendo nuestro territorio. Desde la asamblea de las autoridades indígenas, rechazamos rotundamente los cultivos de coca dentro de nuestro resguardo”, aseguró. Como respuesta, uno de los hombres amenazó a Siniguí diciéndole “arranquen, y nosotros lo matamos”, según le relató a este diario uno de los miembros del cabildo indígena.
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Como resultado de este incidente, se convocó para el día siguiente una reunión con la Fuerza Pública y los gobernadores locales de las ocho comunidades que habitan en el resguardo (Urada, Alto Guyayabal, Jaima-Coredocito, Bidoquera-Ancadia, Dearade, Nuevo Cañaveral, Ibudo y Paradó). Cabe recordar que una de ellas (Urada) se opone a la erradicación de los cultivos mientras que las siete restantes, apoyan este proceso.
De acuerdo con el documento dirigido al alcalde, los representantes del Ejército tenían conocimiento de la amenaza y la notificaron a la Defensoría del Pueblo y a sus superiores, sin embargo, estos últimos no llegaron al lugar para mediar entre las comunidades indígenas. Siendo así, se levantó el encuentro y no se llegó a un acuerdo con la comunidad Urada, quienes se retiraron de la reunión.
Albeiro Casama, uno de los gobernadores del Cabildo Mayor, reiteró que “como organización no estamos de acuerdo que el cultivo ilícito esté dentro del resguardo. Cuando hay hoja de coca, hemos aprendido, hay amenazas y violencia”. Sin embargo, esta misma posición no la comparten algunos indígenas de la comunidad Urada, quienes “respaldarían a los cocaleros, que son colonos”, según los testimonios de otros indígenas.
Este incidente no es el primero en el resguardo, según relata Casama, las comunidades han vivido en medio de esta disputa desde hace cerca de 11 años. Sin embargo, es ahora, cuando “es más peligroso salir” que los liderazgos embera temen que en un futuro las amenazas por defender que sus terrenos estén libres de la hoja de coca se materialicen y resquebrajen a las comunidades indígenas que habitan en el resguardo.
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La petición directa de las comunidades es que se activen las garantías necesarias de protección, tanto del gobernador Siniguí como de las comunidades indígenas que respaldan un territorio ancestral libre de un cultivo ilícito.”Instamos la garantía y protección de las comunidades, los líderes y las autoridades indígenas al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, la Defensora del Pueblo (…) lo más urgente posible”, solicitan en el documento.
Hasta este 29 de julio, una semana después de haber relatado las amenazas y enviado la solicitud, el cabildo mayor no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.
Un peligro ya anunciado
En 2017, el Juzgado Primero Civil del circuito especializado en restitución de tierras ordenó a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Defensa medidas de protección colectivas e individuales en el resguardo indígena de Uradá Jiguamiandó. Entre estas últimas se ordenó “garantizar las condiciones de seguridad de los líderes de las comunidades indígenas” entre ellos Luis Eduardo Siniqui, gobernador de Padadó, quien hoy, tres años después, sigue en peligro.
En aquel documento, también se ordenó la protección a los líderes del Cabildo Mayor (Argemiro Bailarín, Blanca Nubia Cuñapa, Yorando Bailarín) y a los gobernadores locales Abelardo Curapia, Darío Dogarí, Edwin Bailarín, Laurencio Rubiano, Armando Siniqui, y Leonardo Bailarín.
De igual forma, se ordenó a la Fiscalía y a las unidades de la Fuerza Pública, que tienen injerencia en el área del resguardo, que realizaran de manera urgente las investigaciones pertinentes para identificar y judicializar a los responsables de las amenazas que llevan recibiendo los líderes indígenas.
Como si fuera poco, a los pueblos que habitan en estas tierras no solo los ha impactado el conflicto armado y de frente la incursión paramilitar, también lo ha hecho la invasión de sus territorios, el contrabando, la minería extensiva, los cultivos ilícitos y la tala indiscriminada de árboles. Más de una vez, frente a las autoridades nacionales e internacionales, la asamblea indígena ha pedido por la protección de los pueblos y la soberanía de sus tierras, antes de que sea demasiado tarde.