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La antigua guerrilla de las Farc no puso bloques, frentes o cuadrillas en San Andrés, pero aun así la isla sufrió las consecuencias del conflicto armado. Las décadas de guerra en el país dejaron centenares de víctimas en ese lugar, al menos 380 casos (700 personas), con distintos niveles de afectación y necesidades de reparación individuales y colectivas, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
En 2020, la CEV hizo el último registro de víctimas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y desde entonces no se ha vuelto a hablar de las afectaciones del conflicto en la zona insular. Por ello, la organización femenina Cane Roots se puso en la tarea de contarle al país lo que vivieron en esos años.
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“Aquí tuvimos homicidios selectivos, desaparecidos con subregistros, amenazas y crímenes que fueron invisibilizados por la institucionalidad. Las mujeres aquí les ponemos el alma a nuestras realidades, pero no podemos cumplir labores investigativas u otras funciones que debió hacer un Estado que nos dejó en el abandono por años”, dijo Lucía*, vocera de Cane Roots.
Desde esta organización no titubean al decir que en su departamento hubo graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se pueden desempolvar y analizar si se revisan las decenas de alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo hizo en la isla o si se abren más espacios para los isleños en el Sistema Integral para la Paz.
Justamente uno de los motivos de Cane Roots para realizar el informe sobre afectaciones del conflicto en el territorio sanandresano fue la Alerta Temprana 01 del 24 de enero de 2014, en la que se advertía sobre actividades ilegales de jóvenes como el narcotráfico, así como “la ausencia de políticas públicas de atención a víctimas y desplazados” provenientes de otras zonas de Colombia. También se hablaba de amenazas constantes a funcionarios judiciales y defensores que estuvieran investigando delitos conexos con el conflicto, señalando la facilidad que tenían los victimarios para encontrarlos en la isla.
“No podemos comparar el conflicto que hubo aquí con el de otras zonas del país… en San Andrés, más que en otros lugares, se intentaron esconder muchos hechos a causa del turismo, al que nunca le ha convenido que se cuenten verdades sobre cosas que pasaron aquí. Tampoco podemos olvidar que por nuestra ubicación geográfica estratégica fuimos blanco de varias disputas por narcotráfico, que eran una forma de representación de grupos armados. Todo esto dejó una huella en la isla que, si bien no es del todo visible, está siempre en nuestros recuerdos”, agregó Lucía.
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Los efectos colaterales
Desde Cane Roots, las mujeres también están convencidas de otra máxima: su territorio tiene una misma condición de víctima que la de las personas de San Andrés. “En algún punto muchos isleños nos acostumbramos a no salir de nuestras casas. Muy pocos denunciaban hechos relacionados con la guerra y, aunque no pareciera, había pánico colectivo por lo que nos pudiese llegar a pasar”, comentaron lideresas de esa organización.
Esta idea es compartida por Xiomara Balanta, magistrada de la JEP, quien en diciembre de 2021, cuando comenzó el runrún de la posible llegada de un informe de afectaciones desde la isla ante el Sistema Integral para la Paz, dijo ante la CEV que se prefirió guardar la imagen de San Andrés como un paraíso tropical y un destino vacacional, olvidando “la sangre derramada por los raizales en el marco de la violencia. Se desconocen su contexto, su historia y cómo esto ha generado una degradación cultural y ancestral”.
Otra lideresa raizal, que también optó por reservar su identidad para cuidarse de represalias, le dijo a Colombia+20 que el narcotráfico tuvo mucho que ver en esa guerra que padeció San Andrés.
“La herencia de la guerra, especialmente la basada en narcotráfico, se ve en los jóvenes que forman pandillas o apoyan los crímenes contra su misma gente. Esto ya se ha denunciado ante organizaciones sociales y lo tiene presente la Red Nacional de Información. Esperamos que el país sepa esto pronto, al detalle, así como las amenazas que nos enviaban desde el Urabá antiguos jefes de las Farc cuando aún estaban en armas. No estaban presencialmente acá, pero movían sus influencias para amedrentarnos. Esas conductas violentas ahora las replican algunos de nuestros muchachos, que en lugar de buscar oportunidades para salir adelante, quieren poder a toda costa”, detalló.
Lo que se espera del informe final de la CEV
A oídos de los comisionados Leyner Palacios y Carlos Ospina también llegaron las preocupaciones de mujeres raizales que insisten en que la degradación de la guerra caló en los jóvenes que de forma clandestina forman parte de bandas y pandillas transnacionales, que siembran zozobra en algunas zonas de San Andrés y sobre los cuales no recaen investigaciones rigurosas que puedan mitigar sus actividades.
Desde San Andrés esperan que el Informe Final de la CEV, que será emitido el próximo 27 de junio, contenga reflexiones y recomendaciones detalladas sobre lo que la guerra dejó en la isla. Hay un clamor generalizado para que la violencia armada no se repita; pero en caso de que esto no suceda, que al menos no sean hechos que con el tiempo se olviden o se les reste importancia.
“Debemos escucharnos para conocer lo que pasó aquí. Seguiremos abriendo espacios de diálogo sobre la guerra, porque solo con este tipo de ejercicios haremos que se sepa la realidad completa de San Andrés, no solo la que a unos les place escuchar y narrar”, sintetizó el colectivo Cane Roots ante la CEV.
*Cane Roots le pidió a este diario ser citado como colectivo o por medio de pseudónimos y no de manera individual, por temas de seguridad que pueden poner en riesgo su integridad en la isla.