En Yurumanguí siguen esperando la protección colectiva

Reunidos en una especie de salón, unos siete líderes del Consejo Comunitario del río Yurumanguí, ubicado en zona rural al sur de Buenaventura (Valle del Cauca), hablaban jocosamente de las medidas de protección que el Estado les otorgó. Los chalecos antibalas, los guardaespaldas y los celulares de poco sirven en esta región cuando allí operan con armas largas dos grupos disidentes de las Farc: las Fuerzas Unidas del Pacífico (Fup) y la columna móvil Jaime Martínez. Y los teléfonos móviles no sirven de nada. En esta zona selvática, cercada por los ríos Naya y Cajambre, no hay señal para hacer llamadas.

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“Nosotros tenemos una cosa, nos reímos de todo”, dijo uno de ellos. A pesar de esa manera de asumir sus problemas, saben que su situación de seguridad es preocupante. La Defensoría del Pueblo, en una Nota de Seguimiento emitida el 22 de mayo del 2017, le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “considerar la situación de riesgo colectivo y de los líderes adscritos al Consejo Comunitario de Yurumanguí, los cuales habrían sido objeto de amenazas por oponerse a la siembra de cultivos ilícitos y al desarrollo de la minería ilegal, para determinar la necesidad de tomar medidas de protección colectivas”.

A ese llamado se sumó una sentencia de la Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras, del Tribunal Superior de Cali. El fallo, proferido el 18 de diciembre de 2017, obligó a la UNP a “brindar las medidas de seguridad que sean necesarias”. A pesar de esos llamados, quienes ejercen liderazgo en Yurumanguí no se sienten seguros.

Para la protección colectiva los líderes sugieren, por ejemplo, una lancha para poder movilizarse rápidamente por el río en cualquier contingencia. Sin embargo, denuncian que el Estado no ha avanzado en ese tema. “No hay nada concreto para Yurumanguí”, dijo uno de ellos.

La UNP asignó unos 15 esquemas individuales de protección a los líderes que constan de chalecos, celulares y guardaespaldas. Al preguntar por qué no se han implementado las medidas de protección colectiva, la oficina de prensa de esa entidad contestó que se han presentado situaciones urgentes en el Pacífico, por ejemplo en Tumaco (Nariño). Explicaron que la protección colectiva requiere de un proceso para determinar qué medidas se van a implementar. Para eso se necesita suplir una fase de concertación con las comunidades. Al indagar en qué fase de la concertación van, la entidad reconoció que no se ha adelantado ni siquiera la primera reunión con los líderes. “Ese primer encuentro se tiene que dar en el primer trimestre del 2019”, se comprometieron.

“Nosotros tenemos que ajustar ese tipo medidas, pero esas son las que tenemos como Unidad”, dijo la oficina sobre la asignación de chalecos antibalas y teléfonos celulares. “Es importante aclarar que las medidas de protección no las define la UNP, sino el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas; nosotros simplemente las implementamos”, se defendieron los voceros.

¿Por qué están en riesgo los líderes de Yurumanguí?

Las comunidades negras de ese río están empecinadas en la defensa de su territorio. Al llegar a la comunidad de San Antonio se puede ver un mural que dice “Yurumanguireño que se respete no consume ni cultiva coca”. En el 2007, sin acompañamiento estatal, los habitantes de ese río erradicaron manualmente 25 hectáreas de ese cultivo de uso ilícito que llegó a la región a escondidas de las comunidades. Estaban ubicadas en la zona baja del afluente, en los esteros de Esterón, Guachal y Expensa.

En el 2016 hicieron otra erradicación en San José y este año hicieron una cerca a la quebrada La Piña, en San Antonio. “Personas foráneas que tienen conexión con gente de acá del río han intentado introducir los cultivos de uso ilícito”, cuenta Arbey Díaz, secretario general de la Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumanguí (Aponury).

A eso se suma que tampoco dejan entrar la minería mecanizada al río. Díaz relata que en dos ocasiones han decomisado maquinaria que les pertenecía a foráneos que querían sacar oro de las partes altas del río, sobre todo en la vereda Juntas. “Uno baja al río y se toma un vaso de agua sin ningún inconveniente”, afirma con orgullo.

Por estas acciones los líderes han recibido amenazas. Según integrantes del Consejo Comunitario, los amedrentamientos provendrían de los foráneos que han intentado entrar con la coca y la minería a esa región. Por eso creen que una protección efectiva depende de que el Estado les garantice el goce de su territorio. “Si el Estado quitara las matas (de coca) y sacara las retroexcavadoras no lo tendríamos que hacer nosotros”, resume uno de los líderes.

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Otros riesgos se ciernen sobre las comunidades. Una hoja pegada en la pared de la escuela ubicada en la comunidad de San José, en el río Yurumanguí, devela que la paz no llegó a esa zona de Buenaventura. “Columna móvil Jaime Martínez de las Farc-Ep. Comunicado: les informamos a la opinión pública y al pueblo colombiano en general la presencia y el por qué seguimos alzados en armas”, arranca el documento que tiene fecha del 27 de agosto del 2018. Según el panfleto, esa estructura armada hace parte del frente primero de las Farc, que se declaró en disidencia antes de que finalizara el proceso de paz entre esa guerrilla y el Estado.

En el 2018 el río se llenó de tensión. Tanto la columna móvil Jaime Martínez como las Fup intentaron controlar el afluente. En ambos grupos hay jóvenes de las comunidades de Yurumanguí, por lo cual hubo temor de represalias contra las familias. Esas rencillas se manifestaron con más fuerza en septiembre, cuando hombres armados llegaron hasta las veredas San Antonio, Veneral, Papayo y Primavera, y entraron a algunas casas a buscar personas del otro actor armado.

Los líderes comunitarios del río Yurumanguí no ocultan su decepción frente a los resultados del proceso de paz en esa región. El acuerdo que firmaron el Estado y las Farc en el 2016 era visto con ilusión. “Ahora estamos en otra fase del conflicto”, dice uno de ellos.

Otros pendientes

Así resumen en Yurumanguí su relación con el Estado durante casi treinta años: “Es como cuando un papá reconoce al hijo, pero no le da nada”. Esa situación de desprotección pareció cambiar con la sentencia del Tribunal Superior de Cali y las órdenes que esta contiene. Sin embargo, un año después, el balance de las comunidades no es esperanzador.

Recuerdan que los derechos para los pueblos afrocolombianos hacen parte de la historia reciente de Colombia. Según cuentan los habitantes del río Yurumanguí, sus ancestros negros llegaron a esas tierras hacia 1676. Fueron traídos como esclavos por el español Pedro Agustín de Valencia con el fin de explotar minas de oro. En esa región se quedaron.

“En la historia de Colombia no aparecimos sino hasta el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991”, enfatiza uno de los líderes. Dicho artículo obligó al Congreso a expedir una ley que les reconociera a las comunidades negras de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras baldías que habían ocupado. En 1993 se promulgó la ley 70, que dio cumplimiento a la obligación que había quedado consignada en la carta magna.

A pesar de ese avance, los años finales de los 90 y la primera década del 2000 fueron trágicos para 13 comunidades del Yurumanguí. La vereda El Firme desapareció, todos sus habitantes se desplazaron, algunos a veredas vecinas y otros al casco urbano de Buenaventura. El 29 de abril del 2001 llegaron hasta esa comunidad uniformados pertenecientes al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), decapitaron y descuartizaron a ocho personas, robaron a varios pobladores y violaron a una mujer. Desde ese día El Firme permanece deshabitada. Por eso, cuando los líderes trazan el mapa de las comunidades del río siempre hablan de El Firme como un caso especial, porque ya no está pero hace parte de la memoria histórica de los habitantes de la región.

Otros actores armados también afectaron a las comunidades. En la región hizo presencia desde finales de los años 90 el frente 30 de las Farc. Esa guerrilla impidió entre 1998 y 1999 la movilidad de funcionarios estatales que intentaban delimitar el territorio para la titulación al Consejo Comunitario. Por otra parte, también denuncian afectaciones de la Fuerza Pública en medio de combates en los cuales hubo proyectiles que impactaron las casas de civiles y helicópteros que sobrevolaron a baja altura las comunidades, ocasionando daños en las viviendas.

“Tuvimos mucho optimismo con la sentencia”, dijo uno de los líderes de la comunidad. El fallo representó un avance. Por un lado, zanjó a favor de las comunidades un pleito que tenían con la empresa minera Pacific Mines SAS y la familia Dussán, en el que estos últimos reclamaban derechos de propiedad sobre algunos predios del Consejo Comunitario. El Tribunal les dio la razón a las comunidades, por lo que las tierras quedaron en sus manos. También reconoció como víctima del conflicto armado al Consejo Comunitario de la cuenca del río Yurumanguí, compuesto por cerca de 2.900 habitantes.

Los líderes de Yurumanguí vieron que varias de sus comunidades se despoblaron parcialmente por cuenta de la guerra, por eso pidieron que el Estado implementara un plan de retorno. El Tribunal le ordenó a la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Buenaventura y el Ministerio del Interior adelantar ese proceso.

Consultada por Colombia 2020, la Unidad respondió que se reunieron con los integrantes del Consejo Comunitario el 4 de abril del 2018. “Se socializó la ruta para el acompañamiento al retorno, tanto para los hogares como para los casos individuales, tal y como lo solicita el juez”, expresaron. La entidad aseguró que el retorno está programado para el primer semestre de 2019 “siempre y cuando se cuente con la propuesta establecida por el Consejo Comunitario para una intervención interinstitucional articulada. La Unidad para las Víctimas tiene los recursos listos para este proceso de retorno, se garantizará el traslado de enseres y el transporte de familias que aún se encuentran fuera de su territorio”, respondieron.

Otra preocupación es que la comunidad sospecha que hay minas antipersona sembradas en el territorio. El 20 de mayo del 2010 un grupo de infantes de marina cayó en un campo minado en la vereda Veneral del Carmen. Según Graciano Caicedo, representante legal del Consejo Comunitario, los habitantes de esa vereda no van a la zona llamada Cementerio por temor a caer en una mina. “La comunidad está confinada, no puede entrar a sus cultivos por miedo a algún artefacto”, enfatiza.

La sentencia obliga a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersona “dar prioridad al territorio de la cuenca del río Yurumanguí para realizar el desminado humanitario”. Sin embargo, al ser consultada esa entidad respondieron que no tienen reportados accidentes por esos artefactos en dicho afluente.

“Teniendo en cuenta que en el territorio del Consejo Comunitario río Yurumaguí no se registran eventos por MAP/MUSE, y que el municipio de Buenaventura no cuenta con condiciones de seguridad para adelantar el proceso de desminado humanitario, actualmente no se ha construido el Plan de Desminado para dicha zona”, dicen. Para el 2019 esa Comisión tiene proyectado hacer una reunión con los líderes de la comunidad con el fin de caracterizar las afectaciones por ese tipo de artefactos y estructurarán un Plan de Atención.

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“El negro desde la Colonia está luchando por su libertad”, aseguran los líderes. No están dispuestos a abandonar esa lucha inspirada en las cadenas que rompieron sus ancestros, pero que parecen persistir con otras formas, como la guerra.

“Vida, alegría, esperanza y libertad”, es la proclama del Consejo Comunitario del río Yurumanguí. Es precisamente eso lo que esperan encontrar cuando el Estado cumpla sus obligaciones y los grupos armados desistan de una guerra que tiene agotadas a las comunidades.

Reunidos en una especie de salón, unos siete líderes del Consejo Comunitario del río Yurumanguí, ubicado en zona rural al sur de Buenaventura (Valle del Cauca), hablaban jocosamente de las medidas de protección que el Estado les otorgó. Los chalecos antibalas, los guardaespaldas y los celulares de poco sirven en esta región cuando allí operan con armas largas dos grupos disidentes de las Farc: las Fuerzas Unidas del Pacífico (Fup) y la columna móvil Jaime Martínez. Y los teléfonos móviles no sirven de nada. En esta zona selvática, cercada por los ríos Naya y Cajambre, no hay señal para hacer llamadas.

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“Nosotros tenemos una cosa, nos reímos de todo”, dijo uno de ellos. A pesar de esa manera de asumir sus problemas, saben que su situación de seguridad es preocupante. La Defensoría del Pueblo, en una Nota de Seguimiento emitida el 22 de mayo del 2017, le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “considerar la situación de riesgo colectivo y de los líderes adscritos al Consejo Comunitario de Yurumanguí, los cuales habrían sido objeto de amenazas por oponerse a la siembra de cultivos ilícitos y al desarrollo de la minería ilegal, para determinar la necesidad de tomar medidas de protección colectivas”.

A ese llamado se sumó una sentencia de la Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras, del Tribunal Superior de Cali. El fallo, proferido el 18 de diciembre de 2017, obligó a la UNP a “brindar las medidas de seguridad que sean necesarias”. A pesar de esos llamados, quienes ejercen liderazgo en Yurumanguí no se sienten seguros.

Para la protección colectiva los líderes sugieren, por ejemplo, una lancha para poder movilizarse rápidamente por el río en cualquier contingencia. Sin embargo, denuncian que el Estado no ha avanzado en ese tema. “No hay nada concreto para Yurumanguí”, dijo uno de ellos.

La UNP asignó unos 15 esquemas individuales de protección a los líderes que constan de chalecos, celulares y guardaespaldas. Al preguntar por qué no se han implementado las medidas de protección colectiva, la oficina de prensa de esa entidad contestó que se han presentado situaciones urgentes en el Pacífico, por ejemplo en Tumaco (Nariño). Explicaron que la protección colectiva requiere de un proceso para determinar qué medidas se van a implementar. Para eso se necesita suplir una fase de concertación con las comunidades. Al indagar en qué fase de la concertación van, la entidad reconoció que no se ha adelantado ni siquiera la primera reunión con los líderes. “Ese primer encuentro se tiene que dar en el primer trimestre del 2019”, se comprometieron.

“Nosotros tenemos que ajustar ese tipo medidas, pero esas son las que tenemos como Unidad”, dijo la oficina sobre la asignación de chalecos antibalas y teléfonos celulares. “Es importante aclarar que las medidas de protección no las define la UNP, sino el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas; nosotros simplemente las implementamos”, se defendieron los voceros.

¿Por qué están en riesgo los líderes de Yurumanguí?

Las comunidades negras de ese río están empecinadas en la defensa de su territorio. Al llegar a la comunidad de San Antonio se puede ver un mural que dice “Yurumanguireño que se respete no consume ni cultiva coca”. En el 2007, sin acompañamiento estatal, los habitantes de ese río erradicaron manualmente 25 hectáreas de ese cultivo de uso ilícito que llegó a la región a escondidas de las comunidades. Estaban ubicadas en la zona baja del afluente, en los esteros de Esterón, Guachal y Expensa.

En el 2016 hicieron otra erradicación en San José y este año hicieron una cerca a la quebrada La Piña, en San Antonio. “Personas foráneas que tienen conexión con gente de acá del río han intentado introducir los cultivos de uso ilícito”, cuenta Arbey Díaz, secretario general de la Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumanguí (Aponury).

A eso se suma que tampoco dejan entrar la minería mecanizada al río. Díaz relata que en dos ocasiones han decomisado maquinaria que les pertenecía a foráneos que querían sacar oro de las partes altas del río, sobre todo en la vereda Juntas. “Uno baja al río y se toma un vaso de agua sin ningún inconveniente”, afirma con orgullo.

Por estas acciones los líderes han recibido amenazas. Según integrantes del Consejo Comunitario, los amedrentamientos provendrían de los foráneos que han intentado entrar con la coca y la minería a esa región. Por eso creen que una protección efectiva depende de que el Estado les garantice el goce de su territorio. “Si el Estado quitara las matas (de coca) y sacara las retroexcavadoras no lo tendríamos que hacer nosotros”, resume uno de los líderes.

Vea: Los niños defienden su territorio, el legado de Temístocles Machado

Otros riesgos se ciernen sobre las comunidades. Una hoja pegada en la pared de la escuela ubicada en la comunidad de San José, en el río Yurumanguí, devela que la paz no llegó a esa zona de Buenaventura. “Columna móvil Jaime Martínez de las Farc-Ep. Comunicado: les informamos a la opinión pública y al pueblo colombiano en general la presencia y el por qué seguimos alzados en armas”, arranca el documento que tiene fecha del 27 de agosto del 2018. Según el panfleto, esa estructura armada hace parte del frente primero de las Farc, que se declaró en disidencia antes de que finalizara el proceso de paz entre esa guerrilla y el Estado.

En el 2018 el río se llenó de tensión. Tanto la columna móvil Jaime Martínez como las Fup intentaron controlar el afluente. En ambos grupos hay jóvenes de las comunidades de Yurumanguí, por lo cual hubo temor de represalias contra las familias. Esas rencillas se manifestaron con más fuerza en septiembre, cuando hombres armados llegaron hasta las veredas San Antonio, Veneral, Papayo y Primavera, y entraron a algunas casas a buscar personas del otro actor armado.

Los líderes comunitarios del río Yurumanguí no ocultan su decepción frente a los resultados del proceso de paz en esa región. El acuerdo que firmaron el Estado y las Farc en el 2016 era visto con ilusión. “Ahora estamos en otra fase del conflicto”, dice uno de ellos.

Otros pendientes

Así resumen en Yurumanguí su relación con el Estado durante casi treinta años: “Es como cuando un papá reconoce al hijo, pero no le da nada”. Esa situación de desprotección pareció cambiar con la sentencia del Tribunal Superior de Cali y las órdenes que esta contiene. Sin embargo, un año después, el balance de las comunidades no es esperanzador.

Recuerdan que los derechos para los pueblos afrocolombianos hacen parte de la historia reciente de Colombia. Según cuentan los habitantes del río Yurumanguí, sus ancestros negros llegaron a esas tierras hacia 1676. Fueron traídos como esclavos por el español Pedro Agustín de Valencia con el fin de explotar minas de oro. En esa región se quedaron.

“En la historia de Colombia no aparecimos sino hasta el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991”, enfatiza uno de los líderes. Dicho artículo obligó al Congreso a expedir una ley que les reconociera a las comunidades negras de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras baldías que habían ocupado. En 1993 se promulgó la ley 70, que dio cumplimiento a la obligación que había quedado consignada en la carta magna.

A pesar de ese avance, los años finales de los 90 y la primera década del 2000 fueron trágicos para 13 comunidades del Yurumanguí. La vereda El Firme desapareció, todos sus habitantes se desplazaron, algunos a veredas vecinas y otros al casco urbano de Buenaventura. El 29 de abril del 2001 llegaron hasta esa comunidad uniformados pertenecientes al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), decapitaron y descuartizaron a ocho personas, robaron a varios pobladores y violaron a una mujer. Desde ese día El Firme permanece deshabitada. Por eso, cuando los líderes trazan el mapa de las comunidades del río siempre hablan de El Firme como un caso especial, porque ya no está pero hace parte de la memoria histórica de los habitantes de la región.

Otros actores armados también afectaron a las comunidades. En la región hizo presencia desde finales de los años 90 el frente 30 de las Farc. Esa guerrilla impidió entre 1998 y 1999 la movilidad de funcionarios estatales que intentaban delimitar el territorio para la titulación al Consejo Comunitario. Por otra parte, también denuncian afectaciones de la Fuerza Pública en medio de combates en los cuales hubo proyectiles que impactaron las casas de civiles y helicópteros que sobrevolaron a baja altura las comunidades, ocasionando daños en las viviendas.

“Tuvimos mucho optimismo con la sentencia”, dijo uno de los líderes de la comunidad. El fallo representó un avance. Por un lado, zanjó a favor de las comunidades un pleito que tenían con la empresa minera Pacific Mines SAS y la familia Dussán, en el que estos últimos reclamaban derechos de propiedad sobre algunos predios del Consejo Comunitario. El Tribunal les dio la razón a las comunidades, por lo que las tierras quedaron en sus manos. También reconoció como víctima del conflicto armado al Consejo Comunitario de la cuenca del río Yurumanguí, compuesto por cerca de 2.900 habitantes.

Los líderes de Yurumanguí vieron que varias de sus comunidades se despoblaron parcialmente por cuenta de la guerra, por eso pidieron que el Estado implementara un plan de retorno. El Tribunal le ordenó a la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Buenaventura y el Ministerio del Interior adelantar ese proceso.

Consultada por Colombia 2020, la Unidad respondió que se reunieron con los integrantes del Consejo Comunitario el 4 de abril del 2018. “Se socializó la ruta para el acompañamiento al retorno, tanto para los hogares como para los casos individuales, tal y como lo solicita el juez”, expresaron. La entidad aseguró que el retorno está programado para el primer semestre de 2019 “siempre y cuando se cuente con la propuesta establecida por el Consejo Comunitario para una intervención interinstitucional articulada. La Unidad para las Víctimas tiene los recursos listos para este proceso de retorno, se garantizará el traslado de enseres y el transporte de familias que aún se encuentran fuera de su territorio”, respondieron.

Otra preocupación es que la comunidad sospecha que hay minas antipersona sembradas en el territorio. El 20 de mayo del 2010 un grupo de infantes de marina cayó en un campo minado en la vereda Veneral del Carmen. Según Graciano Caicedo, representante legal del Consejo Comunitario, los habitantes de esa vereda no van a la zona llamada Cementerio por temor a caer en una mina. “La comunidad está confinada, no puede entrar a sus cultivos por miedo a algún artefacto”, enfatiza.

La sentencia obliga a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersona “dar prioridad al territorio de la cuenca del río Yurumanguí para realizar el desminado humanitario”. Sin embargo, al ser consultada esa entidad respondieron que no tienen reportados accidentes por esos artefactos en dicho afluente.

“Teniendo en cuenta que en el territorio del Consejo Comunitario río Yurumaguí no se registran eventos por MAP/MUSE, y que el municipio de Buenaventura no cuenta con condiciones de seguridad para adelantar el proceso de desminado humanitario, actualmente no se ha construido el Plan de Desminado para dicha zona”, dicen. Para el 2019 esa Comisión tiene proyectado hacer una reunión con los líderes de la comunidad con el fin de caracterizar las afectaciones por ese tipo de artefactos y estructurarán un Plan de Atención.

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“El negro desde la Colonia está luchando por su libertad”, aseguran los líderes. No están dispuestos a abandonar esa lucha inspirada en las cadenas que rompieron sus ancestros, pero que parecen persistir con otras formas, como la guerra.

“Vida, alegría, esperanza y libertad”, es la proclama del Consejo Comunitario del río Yurumanguí. Es precisamente eso lo que esperan encontrar cuando el Estado cumpla sus obligaciones y los grupos armados desistan de una guerra que tiene agotadas a las comunidades.