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Entre realizaciones económicas, sociales o culturales, la sociedad colombiana de los últimos tiempos guarda también una extensa memoria de guerra y paz. Con una lista de actores armados tan larga como la sumatoria de pactos o reincidentes en la guerra. Por eso, además de las llamadas disidencias de las Farc, de los que prefirieron quedarse en el narcotráfico y la extorsión tras la firma de la paz en 2016, ahora se suma el grupo encabezado por Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (El Paisa) y Henry Castellanos (Romaña), que, en contravía de la historia, le vuelven a apostar a la violencia.
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Al amparo de la Ley 35 de 1982 (ley de amnistía) y de los diálogos de paz, las Farc, el Epl y el M-19 firmaron pactos de cese al fuego en 1984 con el gobierno de Belisario Betancur. Al año siguiente, producto de incumplimientos bilaterales, el M-19 se lanzó a la disparatada toma del Palacio de Justicia. Luego vino la retoma militar y el holocausto. El M-19 quedó liquidado políticamente y, en adelante, no tuvo otro camino que aceptar que los tiempos de guerra habían pasado y era momento de apostar todas las cartas a la paz.
A pesar de que su último comandante, Carlos Pizarro, fue asesinado 49 días después de que el M-19 entregara sus armas, se persistió en la paz y, al año siguiente, fue mayoría en la Constituyente que creó la carta política de 1991. Pero entre el Cauca y Valle, en oposición a la salida negociada, apareció la disidencia del Movimiento Jaime Bateman Cayón. Intentó la guerra sin éxito y tampoco prosperó su intento de dialogar con el gobierno Samper. Entre la presión del Ejército, las Farc y el rechazo de las comunidades indígenas, el movimiento quedó disuelto.
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En el contexto de la Constituyente se sellaron tres procesos de paz: con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en enero, el Epl en marzo y el Quintín Lame —de origen indígena— en mayo. Aunque la mayoría le apostaron a la paz, no faltaron los disidentes. En particular, el Epl, que había dejado sus armas después de 23 años de lucha guerrillera, se desdobló en varias reincidencias. La principal fue liderada por Francisco Caraballo, quien declaró la guerra a sus excompañeros, constituidos en partido político, hasta que fue capturado por el Ejército en 1994.
Otro grupo se apartó del nuevo movimiento político Esperanza, Paz y Libertad para tratar de reagruparse en Urabá. Sin embargo, terminó cambiando de bando y entró a colaborar con las autodefensas de Carlos Castaño. Las Farc los convirtieron en objetivo militar, con un violento episodio que recuerda el desenlace: la masacre de La Chinita, en Apartadó (Antioquia), donde murieron 37 exintegrantes del Epl. Además de la cooptación paramilitar, esos desmovilizados del Epl terminaron fuera de la guerra, en el exilio o judicializados por la Fiscalía.
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Otro exintegrante del Epl, Hugo Carvajal Aguilar, alias El Nene, creó su propio grupo, el Frente Ramón Gilberto Barbosa, para operar entre Santander y la vía hacia la costa. Su accionar terminó en enero de 2000, cuando fue abatido por el Ejército. En la región del Catatumbo, otro excombatiente del Epl, Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, creó el Frente Libardo Mora Toro, que se convirtió en banda del narcotráfico y su líder fue abatido en 2015. Hoy, esa disidencia reciclada no es más que una de las tantas bandas del narcotráfico.
Hacia 1994 se concretaron dos acuerdos de paz: con el frente Francisco Garnica, que se apartó de las directrices de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que se apartó del Eln con una opción contraria a la guerra absoluta. A pesar del asesinato de dos de sus negociadores en pleno diálogo —Carlos Prada y Evelio Bolaños—, en abril de 1994 en Flor del Monte (Sucre), la CRS dio el paso a la paz. Algunos de sus dirigentes continúan desde entonces en el accionar político.
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A pesar de que en la era Samper se dieron avances con el Eln y se intentó negociar con las Farc, pudo más el escándalo del proceso 8.000 por la narcofinanciación de la campaña presidencial. En los tiempos de Andrés Pastrana hubo casi cuatro años de fallida negociación con las Farc en la zona del Caguán (Caquetá) y con el Eln, sin desmilitarización ni resultados. Cuando llegó Álvaro Uribe a la presidencia, se voltearon las cargas y el Ejecutivo estructuró un ambiguo y accidentado proceso de paz con los grupos de autodefensas.
Basado en el nuevo modelo de verdad, justicia y reparación, el proceso derivó en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Aunque ya se habían detectado mafiosos colados, cuando la Corte Constitucional ajustó la ley a los derechos de las víctimas y truncó el salto libre de las autodefensas a la política, se activaron los disidentes. En mayo de 2008, cuando el gobierno extraditó a los principales jefes paramilitares a Estados Unidos, muchos decidieron volver a la violencia y el delito.
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Primero se les llamó “bandas criminales” (Bacrim). Urabeños, rebautizados por el Estado como Clan Úsuga o Clan del Golfo, aunque ellos se hagan llamar Autodefensas Gaitanistas, en busca de ropaje político. Del bloque Centauros surgió el Ejército Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), comandado por alias Cuchillo. Tras su muerte, nacieron el bloque Meta y Los Puntilleros. Los Rastrojos, Los Caparrapos, La Constru, La Oficina, Los Pachenca, La Cordillera y Los Buitragueños no son más que disidentes de la paz y reincidentes del narcotráfico.
Algunos frentes de las Farc también se involucraron en el negocio ilícito y eso explica por qué algunas estructuras no quisieron sumarse al tratado de paz de 2016. Hoy delinquen como disidencias, con hombres del antiguo frente primero, con incidencia en Guaviare; del frente séptimo, entre Meta y Caquetá; del frente 62, en Caquetá; del frente décimo en Arauca; del frente sexto entre Valle y Cauca, y del frente 18 en Antioquia.
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Según la Fundación Ideas para la Paz, estos frentes de guerra podrían ser los que Iván Márquez quiera liderar. Pero también hay disidencias como el frente Oliver Sinisterra, o las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), que son narcotráfico puro. Lo mismo se dice de los disidentes del frente 48 en Putumayo, del frente 33 en Catatumbo y del frente Carlos Patiño en el sur del Cauca. Bajo la mampara de la “segunda Marquetalia”, Iván Márquez y demás amenazan con unirse al Eln y aplicar una nueva modalidad operativa.
En las condiciones actuales del país, esa perspectiva tiene nombre propio: terrorismo. Y más allá de esa perspectiva, lo que plantea esa disidencia no es otra cosa que violencia enclavada en los anacronismos de la lucha armada, mientras sus antiguos compañeros se juegan la vida por la paz.