Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El 4 de julio de 2020, Mateo López Mejía, un activista trans de Circasia (Quindío), participaba en un sancocho comunitario en el polideportivo de ese municipio, para repartir raciones de comida a personas en situación de calle. En medio de ese encuentro, un hombre armado se aproximó a donde se concentraban López Mejía y otras personas alrededor de un fogón y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones. El joven activista murió de inmediato. Defendía los derechos de la comunidad LGBTI en Circasia y había participado de la campaña política de la alcaldesa de ese municipio, Ana Yulieth Díaz Ubaque.
Ese mismo día, Zury Saday Varela, también defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, fue asesinada en el municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. De nacionalidad venezolana, llevaba 20 años viviendo allí y era reconocida por su liderazgo en temas LGBTI, informaron medios locales. Y apenas un mes después, el 4 de agosto y en ese mismo departamento, la lideresa trans Luisa Ávila Henao fue encontrada sin vida en un caño de Buga. Tres defensores de los derechos de la comunidad LGBTI asesinados en un mes.
Lea: En medio de la cuarentena, los asesinatos de líderes sociales aumentaron en un 61%
Esos casos quedaron registrados en el más reciente reporte del programa Somos Defensores, una de las organizaciones que más rigurosamente le hacen seguimiento a la situación de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. En ese documento, el programa mostró el panorama de esa población entre los meses de julio y septiembre, aún en medio de la pandemia por Covid-19. Los tres defensores LGBTI hacen parte de los 40 líderes sociales asesinados durante esos tres meses, según Somos Defensores, con lo cual se llega a un total de 135 líderes y defensores asesinados entre enero y septiembre de 2020. Esa cifra ya supera los asesinatos registrados durante todo el año 2019, en el que Somos Defensores confirmó 124 casos.
El reciente reporte documentó y verificó un total de 184 agresiones contra líderes y defensores entre julio y septiembre, incluyendo los 40 asesinatos. De hecho, estos últimos aumentaron en un 54% con relación al mismo periodo de 2019, cuando se presentaron 26 casos. Y de acuerdo con Somos Defensores, otro delito contra esa población que aumentó considerablemente fueron los atentados: de 8 casos presentados en esos tres meses en 2019 se pasó a 17 casos presentados este año.
Por el contrario, las amenazas presentaron una disminución del 17%, al pasar de 145 entre julio y septiembre de 2019, a 121 en ese mismo periodo de 2020. Sobre los métodos, el informe detalla que el panfleto fue la forma más recurrente de amenazar a los líderes (47% de los casos), seguido de los mensajes de texto (31%), los hostigamientos (11%) y las llamadas telefónicas (7%).
Le puede interesar: Violencia contra líderes sociales se agudizó un 85% en la pandemia: Crisis Group
El contraste entre la disminución de las amenazas con el aumento en los asesinatos, dice el informe, “evidencia que la violencia contra las personas defensoras se mantiene constante y con una tendencia preocupante de pasar de la generación de zozobra y miedo a la acción directa contra la vida”. Más aún, la tendencia constante se evidencia en el número de agresiones registradas tanto en 2019 como en 2020, que tuvieron una variación mínima: entre julio y septiembre del año pasado se registraron 183, frente a las 184 registradas este año.
Si bien en la mayoría de las agresiones el autor es desconocido (88 casos), en los casos en que se halló un presunto responsable la mayoría corresponde a grupos herederos del paramilitarismo, con 54 ataques. Les siguen las disidencias de las Farc con 20 agresiones y el Eln con 11. Asimismo, el documento denuncia que la Fuerza Pública es la presunta responsable de ocho ataques contra los defensores.
El documentó también analizó las zonas del país en las que se presentaron las agresiones contra esa población. Si bien hubo casos en 22 de los 32 departamentos del país (69% del territorio nacional), solo dos departamentos concentraron casi la mitad de las agresiones: Cauca, con 48 ataques, y Nariño, con 40. Ello, “pese a la militarización del territorio en zonas como el piedemonte y la costa pacífica, con lo cual se evidencia que un mayor pie de fuerza en los territorios no es garantía de entornos más seguros para el ejercicio de la labor de los liderazgos sociales”.